Hegemonía
podrida, buitres gordos
Tortilla
con Sal
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por tortilla en Jue, 06/19/2014 - 13:46, 18 de junio 2014
En su intervención en la Cumbre del Grupo de 77 más China en Santa Cruz, Bolivia, el 15 de junio pasado, la Presidenta Cristina Kirchner de Argentina dijo, "Aquí se habló y se habla y se rechaza, nosotros también lo hacemos con mucho énfasis y fuerza, el embargo sobre Cuba, pero también los países que tienen deuda que supera el 100 por ciento de su PBI, también tienen una forma de embargo sobre las posibilidades de crecimiento y de desarrollo de sus economías." Así la Presidenta argentina describió de manera acertada la injusticia fundamental del sistema financiero internacional, un sistema depredador dominado por una élite corporativa, propietaria del gobierno de Estados Unidos y sus gobiernos aliados.
Un poco de historia
Desde 1971, todos los países del mundo han tenido que poder obtener dólares para poder comprar insumos esenciales, como el petróleo, o para cancelar sus obligaciones financieras internacionales, como préstamos o títulos de valor. Por ese motivo se habla de la hegemonía del dólar. Aun el éxito de poderes comerciales y financieros como Japón en la década de los 1980s o de Europa en la década de los 1990s, de China en la década 2000 siempre ha dependido de una u otra manera de su relación con el mercado de consumo de Estados Unidos y de la hegemonía del dólar.
La primacía del poder económico de los Estados Unidos a nivel global se estableció al final de la Segunda Guerra Mundial en 1945. En aquel momento, el acuerdo de Bretton Woods asignó al dólar estadounidense la función de moneda de reserva a nivel mundial, respaldado por el oro. A la vez, las autoridades estadounidenses tomaron efectivo control de las instituciones financieras internacionales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Estos acontecimientos dieron un dominio comercial y financiero mundial sin precedentes a las empresas, corporaciones y bancos estadounidenses.
Al final de la década de los 1960s, esa ventaja se vio amenazada por motivo de los enormes costos de las políticas de agresión de Estados Unidos en el contexto de su Guerra Fría contra la Unión Soviética. Ese contexto agudizó por mucho el dilema de la contradicción entre un manejo estable del flujo de dólares a la economía doméstica estadounidense y el suministro adecuado de dólares para satisfacer la demanda internacional. Por ese motivo en 1971, el Presidente Nixon abandonó el sistema de un dólar respaldado por el oro. Su decisión implicó una devaluación del dólar, favorable para la economía doméstica de Estados Unidos.
A la misma vez, para garantizar la demanda por el dólar a nivel internacional, las autoridades estadounidenses acordaron con los Estados árabes exportadores del petróleo que ellos solamente aceptarían dólares como moneda para la cancelación de sus ventas. En cambio, Estados Unidos y sus aliados garantizaron protegerlos y apoyarlos militarmente. Este arreglo se confirmó en enero 1980 cuando el Presidente Carter enunció la llamada Doctrina Carter. Fue un arreglo que garantizó el papel dominante del dólar y permitió a Estados Unidos mantener el poder económico que necesitaba para ganar la Guerra Fría y finalmente forzar el colapso de la Unión Soviética.
La década perdida y el triunfo del neoliberalismo
Entre las muchas secuelas de este dominio del dólar fue el auge sin precedentes del endeudamiento de los países del mundo mayoritario en los años 1970s. El endeudamiento ocurrió por motivo de la combinación de un dramático aumento de los precios del petróleo y la fuerte subida de las tasas de interés en los mercados financieros internacionales. En América Latina, la situación fue complicada todavía más por la caída del valor de las monedas latinoamericanas contra el dólar.
La espiral viciosa fue tan brutal que aun un país productor de petróleo como México tuvo que declarar en 1982 un cese del pago de sus deudas. En resumen, la situación para los países de América Latina en la década de los 1980s fue tal que tenían que pagar más por sus importaciones, más en intereses sobre la deuda, y más para comprar los mismos dólares que necesitaba para pagar las importaciones y los intereses de la deuda. El impacto en las economías de América Latina y el Caribe fue catastrófico. Con razón se habla de los años 1980s como una década perdida.
La disolución de la Unión Soviética en 1991 se interpretó como el triunfo de la doctrina del neoliberalismo. De hecho esta doctrina es nada más que una receta para extender sin límites el poder de las grandes corporaciones de Estados Unidos y sus aliados. Ese triunfo ideológico inició un proceso de doble filo para los poderes occidentales. Por un lado abrieron mercados y fronteras para promover el libre movimiento de enormes flujos de dinero y así fortalecer grandemente el poder de inversión de las corporaciones occidentales.
Sin embargo, al mismo tiempo, esta desregulación global de los mercados internacionales agudizó la tendencia inherente en los mercados financieros internacionales hacia la especulación desestabilizadora. Desde 1991 ha habido una cadena permanente de crisis tras crisis en el sistema financiero internacional. Todas fueron provocadas, de una u otra manera, por la especulación financiera en mercados internacionales manipulados por los bancos centrales y las corruptas corporaciones financieras transnacionales.
Primero ocurrió la crisis de 1994 en México, después en 1997, la de los mercados de Tailandia, Indonesia y Corea del Sur. Luego, la Federación Rusa tuvo que declarar en 1998 que no pudo pagar sus deudas. La crisis en Rusia provocó el colapso del prestigioso fondo de inversiones estadounidense Long Term Capital Management. Y esa quiebra forzó la intervención de la Reserva Federal, lo cual prefiguró en pequeña escala el eventual colapso de todo el sistema financiera internacional de 2008.
El caso de Argentina
Las repetidas debacles del sistema financiero internacional de la década de los 1990s culminaron en América Latina con una crisis generalizada. Sus efectos en Brasil en 1998 condujeron a la devaluación del la moneda brasileña, el real. En su turno, la recesión económica brasileña contribuyó a profundizar los problemas de la economía en Argentina.
Al fin de 1999, el segundo gobierno del Presidente Carlos Menem había dejado al nuevo gobierno entrante de Fernando de la Rúa dos problemas fundamentales en la economía, un alto nivel de endeudamiento y un alto déficit fiscal. El alto nivel de endeudamiento se debía a la política de pegar el valor del peso argentino (antes el austral) al dólar. En el año 2000 el gobierno pagó más de US$11 mil millones en intereses sobre su deuda, equivalente a alrededor de 25% de sus ingresos fiscales.
La crisis siguió y se profundizó. Fue tan profunda en 2002 que la inflación llegó a ser de 41%, el desempleo alcanzó alrededor de 25%, la pobreza aumentó a más de 55% de la población y el valor real de los salarios cayó por más de 20%. Durante 2001 y 2002 el gobierno inició varios intentos de reestructurar la deuda externa sin resultados sostenibles. A lo largo de 2001, el gobierno argentino tuvo que pagar cada vez más altas tasas de interés para poder financiar sus deudas. Se encontró en una trampa de endeudamiento.
Cada préstamo lo hizo más difícil para el gobierno salir de sus deudas porque las tasas de interés en los mercados internacionales subieron a niveles imposibles a pagar. A pesar de los esfuerzos en conjunto con el FMI y otros actores, como el gobierno de España, a inicios de 2002 el gobierno argentino declaró que no pudo pagar sus deudas que en ese momento sumaron a más de US$140 mil millones. En ese momento, el pago de intereses fue equivalente a más del 50% del valor de las exportaciones anuales.
Néstor Kirchner y el canje de la deuda externa
Al asumir el Presidente Néstor Kirchner el gobierno en mayo 2003, el pueblo argentino enfrentó una severa contracción económica y un nivel de deuda externa de más de US$170 mil millones. El gobierno se dedicó a reactivar la economía por medio de políticas más activas de parte del Estado. Entre otras medidas, el gobierno tomó control de varias empresas que se habían privatizado en los gobiernos de Carlos Menem. También promovió una política monetaria que fomentó mayor competitividad en las empresas argentinas.
En 2005, el gobierno argentino canceló el total de su deuda con el Fondo Monetario Internacional de más de US$9.7 mil millones. Al mismo tiempo, procedió a negociar una reestructuración de la deuda de Argentina con las inversionistas extranjeras. El fondo de la negociación fue la naturaleza desleal y odiosa de mucho de la deuda soberana contratada por Argentina desde 1976 por motivo de las políticas de los gobiernos anteriores.
Aparte de las prácticas corruptas de la dictadura militar que dirigió el país entre 1976-1983, toda la política monetaria de los dos períodos de gobierno de Carlos Menem dependía de una sobrevaloración de la moneda argentina financiado por un insostenible endeudamiento externo. Se descubrió que 90% del dinero prestado de fuentes externas se había vuelto a colocar en el extranjero. Además, los gobiernos anteriores habían asumido de manera ilegal gran parte de la deuda empresarial que incluía la deuda de los sucursales locales de varios de los grandes bancos norteamericanos y europeos.
Estas prácticas fueron aprobadas por las autoridades internacionales como el FMI y por los principales bancos centrales occidentales, especialmente la Reserva Federal de los Estados Unidos. Sin embargo, la reestructuración de la deuda argentina tuvo un antecedente en el primer gobierno de Carlos Menem por medio de lo que se llaman los Bonos Brady. Estos bonos eran un mecanismo impulsado en 1992 por el entonces Secretario del Tesoro estadounidense para salvar las inversiones de los acreedores corporativos internacionales, principalmente los grandes bancos estadounidenses.
En 2005, el Presidente Néstor Kirchner logró renegociar el 76% de los diversos tipos de la deuda externa de Argentina. Este proceso estableció un precedente muy importante en términos de la jurisprudencia económica de las relaciones internacionales. El gobierno ofreció un canje de tres diferentes tipos de nuevos bonos con fecha de inicio de 31 de diciembre 2003 en cambio por los títulos de valores viejos. Los acreedores participantes en el acuerdo aceptaron un descuento de hasta 55% del valor de su inversión original y una extensión del plazo de pago.
El canje negociado por el Presidente Néstor Kirchner fue solo un componente de la reactivación de la economía argentina. El componente esencial para iniciar la liberación de Argentina de la estrangulación de la deuda externa fue el crecimiento económico. Esto superó el 7% entre 2003 y 2007 de tal manera que la proporción de la deuda externa como porcentaje del Producto Interno Bruto nacional ha disminuido progresivamente hasta la fecha. Aparte del apoyo de Brasil dentro del marco de bloque económico de Mercosur, Argentina también ha podido contar con la solidaridad de la Republica Bolivariana de Venezuela que ha comprado más de US$3 mil millones de los bonos argentinos.
En 2010, la Presidenta Cristina Kirchner logró ampliar la reestructuración de la deuda argentina para incluir 93% de los acreedores. Esta iniciativa dejó solo 7% de los acreedores de Argentina que no aceptaron los términos de la reestructuración que les habría garantizado recuperar el 55% del valor de la deuda en sus manos. Este 7% de los acreedores son los fondos especulativos que quieren todo el valor nominal de los bonos argentinos inmediatamente en un solo pago.
Los buitres atacan
El viernes 13 de junio pasado la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norte América rehusó una apelación de parte de Argentina en relación a la sentencia de una corte federal en su contra. La Segunda Corte Circuito de Apelaciones de Nueva York había ordenado que Argentina debe pagar a dos fondos especulativos, Aurelius Capital y NML Capital, entre otros especuladores, la cantidad de casi US$1,5 mil millones a acreedores con títulos de valores argentinos que no participaron en el acuerdo de canje de 2005. Estos especuladores compraron los bonos argentinos en momentos cuando los precios tocaban fondo y luego esperaban la recuperación de la economía argentina para así cobrar en los juzgados el valor nominal completo de los bonos.
Este tipo de fondo especulativo se llama fondo buitre porque usa una estrategia abiertamente depredadora, buscando las oportunidades de atacar a naciones y empresas débiles para sacar el máximo valor posible. Muchas veces los ataques terminan en un acuerdo extrajudicial para que las dos partes eviten el riesgo de pérdidas mayores por motivo de una eventual sentencia desfavorable. En otros casos, un litigio contra un país altamente endeudado puede atrasar millones de dólares de potencial alivio de la deuda externa por motivo de detalles oscuros de la ley relevante en la materia. De esa manera los fondos buitres chantajean a los países endeudados.
El FMI ha calculado que un típico litigio de ese tipo rinde una ganancia a favor del fondo buitre litigante de más de 300%. Muchos países no permiten litigios en su jurisdicción de parte de los fondos buitres porque sus leyes no permiten ese tipo de descarada extorsión. También muchos países reconocen diferentes tipos de figuras jurídicas que prohíben litigios por terceras partes que se entrometen de manera ilegítima en contratos entre otros, especialmente si se trata de una manera desleal de sacar ventaja monetaria.
Los fondos buitres ahora explotan la desregulación financiera que ha ocurrido desde 1991 para hacer negocios de instrumentos de deuda de que nunca fueron parte y solo figuran como contrapartes por una compra desleal con fines depredadores. En este caso, el gobierno de Argentina se ha defendido en el sistema legal de los Estados Unidos para evitar un ataque generalizado en los mercados internacionales contra su integridad financiera. El rechazo de la apelación de Argentina por la Corte Suprema de los Estados Unidos deja vigente la sentencia del juez federal de Nueva York, Thomas Griesa, que permite a los especuladores a proceder a embargos y otras medidas contra el Estado argentino.
De hecho el litigio es absurdo dado que el Estado Argentino
no contrató deuda con ninguno de los fondos buitres litigantes. El aspecto
repugnante del caso es cómo especuladores despiadados explotan el derecho
financiero para violar los principios fundamentales de las normas de
reestructuración de la deuda soberana establecidas durante décadas. La aceptación de parte
de 92%, la enorme mayoría, de los acreedores de Argentina de la canje de 2005
constituye un reconocimiento del carácter ilegítimo de los términos de la gran
mayoría de la deuda sujeta al canje. En términos estrictamente legales la mejor
opción para el gobierno argentino parece ser de buscar cómo ganar tiempo hasta
el fin del año 2014, cuando caduca el período contemplado en la
reestructuración de la deuda de país que permite a acreedores forzar una
negociación de mejores términos.
El gobierno de la Presidenta Christina Kirchner está en un dilema. Quiere honrar su compromiso de pago con la gran mayoría de los acreedores de la deuda Argentina. Pero si paga a ellos sin pagar al mismo tiempo lo que piden los fondos buitres, va a tener que pagar hasta US$15 mil millones más para no enfrentar litigios en base a una discriminación contra los acreedores que aceptaron los canjes de 2005 y 2010. En cambio, si Argentina no paga a los fondos buitres, el sistema jurídico estadounidense aplicará sanciones contra los bienes e intereses del Estado argentino.
Eso quiere decir que los fondos buitres podrían embargar los pagos de Argentina a sus acreedores en Estados Unidos que aceptaron el canje de 2005 en el momento que el pago entra el sistema bancaria estadounidense. De manera perversa, en efecto, eso sería interpretado como un cese de pagos de parte de Argentina y abriría un escenario muy desfavorable para la economía argentina. Una posible alternativa sería buscar un mecanismo de pagar los acreedores dentro de la jurisdicción de Argentina.
La reacción
En Argentina, la reacción al rehúso de la Corte Suprema estadounidense de considerar una apelación contra la sentencia del juez Griesa ha sido un respaldo casi unánime a la gestión del gobierno de la Presidenta Cristina Kirchner para evitar tener que pagar a los fondos buitres. La agencia argentina de noticias Telam cita varios comentarios sobre la gravedad de la situación en el escenario internacional. Guillermo Wierzba del Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina (CEFIDAR) advirtió que la decisión de la Corte estadounidense "va a traer consecuencias para el resto de las reestructuraciones de deuda que se hagan a nivel internacional".
El presidente del banco de inversión Puente, Federico Tomasevich, consideró que "es un problemón para todo el mundo financiero", porque invalida desde el vamos cualquier intento de reestructuración." Ex presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) José Ignacio de Mendiguren, nota que con el fallo de la Corte estadounidense "lo que está en discusión es qué país del mundo va a poder reestructurar una deuda a futuro".
A nivel internacional países tan diversos como México, Francia y Brasil han intervenido al lado de Argentina. El mismo Fondo Monetario Internacional ha comentado que ese organismo “está seriamente preocupado por las amplias consecuencias que esta decisión judicial podría causar al proceso de reestructuraciones de deuda". Muchos países en Europa podrían ser afectados por la decisión de la justicia estadounidense en contra de Argentina. Se preguntan qué pasará si se requiere estructurar la deuda de países como Grecia, Portugal, Italia, Irlanda o Bélgica todos con altos niveles de endeudamiento que muchos observadores piensan son insostenibles.
Dentro de la región, el Presidente José Mujica de Uruguay ha comentado "No es problema solo de la Argentina. Directamente le pega a la Argentina, pero indirectamente nos pega a todos. Hoy o mañana nos pueden hacer lo mismo a cualquiera". Igual que la Presidenta Cristina Kirchner, el Presidente Mujica señala la dimensión global del asalto de los buitres de Wall Street contra Argentina. Se trata de un ataque contra el legítimo derecho de un pueblo soberano a su desarrollo humano.
La verdadera soberanía de un pueblo consiste en el poder de financiar sus obligaciones financieras con su propia moneda. Por más de 60 años desde 1945, el único pueblo libre para hacer eso ha sido el de los Estados Unidos de Norte América. Ahora, paulatinamente, se está cambiando. El dólar ya no es el medio monetario principal en el comercio internacional. Las materias primas y las importaciones ya no se pagan solamente en dólares. Los bonos y títulos de valores del Tesoro estadounidense tienen cada vez menos compradores.
El comercio entre Argentina y Brasil se conduce en sus respectivas monedas nacionales. China y Argentina tienen acuerdos comerciales en la moneda china, el yuan. En 2013, Argentina negoció con China un mecanismo para respaldar el peso argentino con un canje por yuan. Ha sido notable la fortaleza de la economía Argentina en comparación a las de Estados Unidos y Europa frente a la crisis de 2008 y sus secuelas.
Es posible que esta decisión judicial estadounidense a favor de los fondos buitres contra Argentina impulse una aceleración en la creación de estructuras financieras internacionales más democráticas y equitativas. No es difícil imaginar que los países de la Unasur fomentarían iniciativas para proteger sus países miembros de las decisiones arbitrarias de jueces estadounidenses en contra de los intereses de pueblos enteros. Tampoco se debe de excluir la posibilidad de una iniciativa radical a nivel de poderes globales como China y la Federación Rusa junto con Brasil.
De hecho es imposible evitar el fondo político del ataque de los fondos buitres contra Argentina. Durante décadas hasta 2005, las corporaciones financieras transnacionales norteamericanas y europeos saquearon los pueblos de América Latina por medio de préstamos depredadores y manipulación financiera desleal con dictaduras ilegítimas y gobiernos corruptos. Argentina puso fin a ese capítulo vergonzoso de su historia en 2005. Ahora el capitalismo salvaje busca su venganza por un puñal de dólares en perjuicio no solo de Argentina sino de cualquier país que busca liberarse de la mano muerta del dólar.
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