Portada de antigua versión de Revista Libre Pensamiento
Mostrando entradas con la etiqueta Tortilla con Sal. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Tortilla con Sal. Mostrar todas las entradas

lunes, 17 de abril de 2017

Nicaragua y la zombi política regional estadounidense Tortilla con sal


Nicaragua y la zombi política regional estadounidense
Tortilla con Sal

Enviado por tortilla en Sáb, 15/04/2017 - 17:37



En noviembre 2008, la noche de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, un reportero aquí en Nicaragua preguntó al entonces embajador estadounidense, Robert Callahan, qué cambios se podrían esperar en la política regional del nuevo Presidente Barack Obama. Callahan, veterano de la diplomacia de escuadrones de muerte estadounidense desde Honduras a Iraq, dijo que no iba a haber cambios porque la política estadounidense en la región ha sido la misma durante décadas. Tal como decía, pocas semanas después del falso mensaje de buena voluntad del Presidente Obama en la Cumbre de las Américas en Trinidad y Tobago, su gobierno apoyaba el golpe de estado militar en Honduras. Como preveía Callahan, desde 2008 hasta la fecha, aparte de un cambio superficial hacia Cuba, la política regional de Estados Unidos ha sido prácticamente idéntica a la de los cincuenta años anteriores.

Ahora, las élites gobernantes estadounidenses actúan para asegurar que el Presidente Trump, igual que sus predecesores, se adhiera a la Doctrina Monroe la cual han sufrido tanto América Latina y el Caribe desde la época de Simón Bolívar. En el caso de Nicaragua, los ejemplos más recientes de los esfuerzos de las élites estadounidenses para imponer su agenda a la política regional del Presidente Trump han sido el NICA Act de los Republicanos de extrema derecha en el Congreso estadounidense y el ataque de guerra psicológica del Washington Post del pasado 8 de abril “La Unión Soviética peleó la Guerra Fría en Nicaragua. Ahora la Rusia de Putin está de regreso”. El ataque del Washington Post es un señal preocupante que la ala del partido Demócrata de las élites estadounidenses trabajará con los extremistas del partido Republicano para atacar a Nicaragua como hicieron durante la guerra terrorista contra Nicaragua de los años 1980s.

Enterrado dentro de repetidas distorsiones del fondo histórico y contemporáneo, el reportaje del Washington Post alega falsamente que Nicaragua amenaza a los intereses estadounidenses porque recibe equipamiento ruso para sus fuerzas armadas y también alberga una estación terrestre del sistema ruso de posicionamiento global GLONASS. El reportaje reconoce las anteriores iniciativas rusas de cooperación para el desarrollo de Nicaragua, pero alega erróneamente que “En años recientes la relación se ha militarizado”. Y para hacer más agudo el mensaje propagandístico, el reportaje omite mucho contexto esencial, porque, mientras Nicaragua ha tenido mayor crecimiento económico que los demás países centroamericanos, su presupuesto nacional queda modesto en comparación con los de sus países vecinos. Los respectivos presupuestos de defensa y de seguridad de los cinco principales países centroamericanos para el año 2017 son :


Las cifras contradicen el reportaje taimado y sesgado del Washington Post. Costa Rica gasta más per capita en la seguridad y la defensa que cualquier de los otros países centroamericanos y Nicaragua gasta lo menos. Costa Rica camufla sus recursos de defensa al denominarlos “Fuerzas de Seguridad Pública”, pero aquellas unidades ocupan armamento militar y reciben entrenamiento de las fuerzas armadas de, entre otros países, Colombia e Israel. Las fuerzas armadas de Nicaragua son similares a las de sus vecinos al norte. El país tiene más tanques y artillería, pero éstos son un legado de la larga guerra de la década de los 1980s. En cambio El Salvador, Honduras y Guatemala tienen más aviones y Honduras, Guatemala y Costa Rica, más botes guardacostas. Los números de efectivos para cada país son bastante similares:


Sin embargo, para Nicaragua las fuerzas armadas de sus países vecinos son mucho más formidables de lo que parecen a primera vista porque comparten bases, instalaciones y acuerdos de cooperación militar con las fuerzas armadas estadounidenses. En Honduras, Soto Cano es la base de la Fuerza de Tarea Conjunta estadounidense “Bravo” y Estados Unidos también tiene instalaciones en Catarasca en la Mosquitia, en Puerto Lempira y Puerto Castillo en la costa caribeña y en Guanaja, una de las Islas de la Bahía de Honduras. En Guatemala, los militares estadounidenses han construido por lo menos cuatro bases con sus homólogos guatemaltecos en San José, Champerico, Tecun Uman and Poptu. En El Salvador, la Fuerza de Tarea Conjunta estadounidense “Águila” ocupa la base de Comalapa. De igual importancia, Costa Rica mantiene un acuerdo que autoriza a Estados Unidos desplegar en su territorio nacional 7000 soldados y más de 40 buques de guerra.

Supuestamente, estas instalaciones militares y acuerdos de cooperación militar forman parte de la mal llamada “guerra contra las drogas” estadounidense. Pero la experiencia de Venezuela y Bolivia es que las autoridades estadounidenses a menudo protegen a los que consideran narcotraficantes útiles, como hacían por ejemplo con narcotraficantes asociados del ex Presidente Álvaro Uribe en Colombia. De igual manera, la “guerra contra el terror” estadounidense ha protegido en Libia, Siria e Iraq a terroristas entrenados, equipados y armados por las agencias del mismo gobierno estadounidense. Entonces, es lógico que, desde la perspectiva de los movimientos progresistas en América Latina y el Caribe, la telaraña de bases militares estadounidenses parece ser una red de control militar en la región y también una cabeza de puente para posibles intervenciones militares. Nada de este contexto esencial figura en el reportaje del Washington Post porque demuestra que es el gobierno de los Estados Unidos, no la Federación Rusa, el que interviene militarmente en la región.

El Washington Post hace sonar la alarma que una diminuta estación terrestre en Nicaragua del sistema ruso de posicionamiento global GLONASS constituye una amenaza por su posible capacidad de vigilancia a los intereses estadounidenses en la región. Pero el reportaje omite el enorme aparato de vigilancia regional de los Estados Unidos. También omite que el sistema satelital GLONASS implica avances tecnológicos muy importantes para Nicaragua y la región. Por ejemplo, análisis geodésicos para mejorar los sistemas catastrales de la región, mejor control del tráfico marítimo y fluvial, mejor información para la industria pesquera y mejor control de la generación y distribución de la energía eléctrica. Además en tiempos de huracanes y actividad sísmica o volcánica, el sistema satelital ayudará el monitoreo y mitigación de riesgo a la población y garantizará las comunicaciones. A largo plazo, GLONASS ayudará a Nicaragua y la región en el monitoreo de los efectos locales del cambio climático por medio de imágenes de alta resolución que permitirán ayudar a las actividades agropecuarias adaptarse a cambios en los patrones del tiempo.

La cooperación para el desarrollo de parte de Estados Unidos no brinda esta transferencia de tecnología. Pero GLONASS estará disponible no solamente para las instituciones del sector público sino también para la empresa privada, incluyendo las empresas e inversionistas estadounidenses. El Washington Post no menciona ninguna de los beneficios a nivel de región de la transferencia de la tecnología satelital rusa a Nicaragua. En cambio ofrece apoyo moral a la iniciativa destructiva del NICA Act promovida por la extrema derecha de la legislativa estadounidense. Se sabe bien que Nicaragua es un pequeño país vulnerable que a nivel internacional no puede darse el lujo de tener malas relaciones con nadie. Actualmente, tiene valiosas relaciones de cooperación para el desarrollo con Taiwan, Corea del Sur y Japón e importantes acuerdos comerciales con la Unión Europea, Estados Unidos, Corea del Sur, Chile y México. Nicaragua mantiene relaciones cordiales con casi todos los países aliados con los Estados Unidos, tal como lo hace con los países aliados de la Federación Rusa.

Nicaragua ha hecho más que los otros países centroamericanos para promover la paz y la seguridad por medio del Sistema de Integración de Centro América (SICA) que incluye Belice, Panamá y República Dominicana. Como miembro de la Alianza Bolivariana de nuestras Américas (ALBA) y de Petrocaribe, Nicaragua ha trabajado también sin descanso a favor de la integración regional por medio de la cooperación pacífica y el comercio justo y complementario. Desde el año 2007, en un contexto económico adverso dominado por otra crisis más del capitalismo corporativo occidental, el crecimiento económico de Nicaragua ha superado lo de todos sus vecinos. La sociedad y economía de Nicaragua se han transformado por medio de políticas, inspiradas por el socialismo, que promueven el diálogo, la solidaridad y la unidad nacional. La más reciente caricatura de Nicaragua en el Washington Post no explica nada de Nicaragua, pero refleja fielmente que la zombi política regional estadounidense se ha estancado profundamente en el corazón de la oscuridad del imperialismo del Siglo 19, incapaz de encararse al alba de un mundo multipolar.

Tortilla con Sal, El 19 Digital, 15 de abril 2017

http://tortillaconsal.com/tortilla/es/node/19649

miércoles, 24 de agosto de 2016

La ideología y los sueños húmedos de la derecha nicaragüense


La ideología y los sueños húmedos de la derecha nicaragüense
Por Tortilla con Sal

23 agosto de 2016

Entre los restos del naufragio de la oposición de derecha al gobierno sandinista de Nicaragua es difícil distinguir algún asomo de programa económico independiente de la ideología imperialista en bancarrota de los Estados Unidos. El académico y ex embajador de Nicaragua en los EEUU y Canadá, Arturo Cruz, trató de mitigar un poco esa limitación mostrando algún vestigio de rigor intelectual en un ensayo de 2013 titulado "La reforma política en Centroamérica: ¿Está en riesgo la institucionalidad democrática?". Hace poco, Cruz revivió sus argumentos en una serie de charlas con el título de “La caja chica se complica”.

En síntesis, el argumento de Cruz explica el éxito ampliamente reconocido de la gestión del Gobierno Sandinista como el resultado de su habilidad para combinar unas políticas de libre mercado sanas con su capacidad para satisfacer las crecientes demandas, tanto de las propias bases sandinistas, como las de los amplios sectores del pueblo que antes apoyaban a los partidos de la derecha liberal, en un sistema que Cruz etiqueta como "populismo responsable". Sin embargo, dice Cruz, con el virtual colapso de la ayuda Venezolana a causa de la crisis económica y la caída de los precios del petróleo, al Gobierno Sandinista ya no le alcanza la "caja chica", necesaria para hacer funcionar el sistema, lo que podría dar lugar a un período en el que su control del poder político sería puesto a prueba. El académico se ve obligado a hacer una serie de omisiones a la hora de probar su punto; en realidad, su serie de charlas debería haber llevado el título de "Yo, haciendo de tripas corazón".

El argumento de Cruz sirve como una apología de la clase capitalista de Nicaragua y su expresión política derechista en un período histórico en el que las clases populares empobrecidas han emergido como sujetos económicos, además de políticos e ideológicos. En 200 años de historia independiente, las élites capitalistas centroamericanas han sido incapaces de formular un proyecto político propio y soberano, dependiendo mayormente de las redes imperiales de influencia política y económica. Ahora la derecha política de Nicaragua necesita argumentos contra la emergencia de una sociedad revolucionaria y soberana. Los argumentos de Cruz ofrecen un alibi poco convincente para ese fracaso histórico de la burguesía, tanto en lo político como en lo intelectual. Cruz tiene una visión elitista de las mayorías empobrecidas del pueblo nicaragüense como una masa de "clientes" con poco sentido de la ciudadanía y cero conciencia estratégica de sus necesidades. Este es un extracto de lo que Cruz escribía allá por el año 2013:

"Hoy, las expectativas de consumo de los nicaragüenses son indiscutiblemente modestas (lo que debería facilitar la repartición de aquello que es escaso), pero también son inmediatas, ancladas al presente, con poca consideración para el futuro, sin capacidad para un mínimo de abstracción. El cliente -contrario al ciudadano, que espera mucho de su gobierno, pero no lo que él puede resolver con su ingreso familiar-, está atento a lo más básico, a la libra de frijoles, a la lámina de zinc, convencido que la función principal del gobierno es servirle de muleta."

Más claro, echarle agua: Le importa un comino que las familias empobrecidas vivan en la miseria más deshumanizadora, lo importante, según Cruz, es que miren más allá de su hambre y de sus techos con goteras y que se comporten como "verdaderos ciudadanos". A decir verdad, éste argumento de Cruz explica en gran medida por qué el apoyo a los partidos de derecha en Nicaragua ha colapsado.

Lo que Cruz hace es refritar una distorsión hace ya tiempo desacreditada acerca del uso que hace Nicaragua del financiamiento para el desarrollo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). Si hay algo que ese financiamiento para el desarrollo no es, es precisamente una "caja chica" para tapar agujeros, sino más bien un marco bien regulado para el comercio justo basado en principios solidarios. Parte de ese marco implica que la mitad de las importaciones nicaragüenses de petróleo venezolano son pagadas al contado mientras que el resto es pagado a lo largo de 20 años a una tasa de interés concesional, liberando así recursos para combatir la pobreza. Hasta el FMI se vio obligado a admitir que el financiamiento al desarrollo del ALBA no aumenta las obligaciones de deuda soberana del país. El financiamiento del ALBA a Nicaragua ha sido estructurado de una manera equivalente a un programa de gasto deficitario (déficit spending) imposible de realizar dentro de los mecanismos de ayuda al desarrollo y deuda dominantes en Occidente.

Ideólogos académicos como Arturo Cruz, tal vez de manera deliberada, omiten reconocer que la compleja estrategia socialista de redistribución de la riqueza y de reducción de la pobreza del Gobierno Sandinista es un proyecto dirigido a fortalecer las bases económicas del país así como el ingreso nacional. Esta estrategia ha creado un creciente mercado interno para las empresas nicaragüenses al mismo tiempo que ha generado muy necesarias inversiones productivas, por ejemplo, para acabar con la dependencia de Nicaragua del petróleo para la generación de electricidad. Lo más probable es que el propio Cruz conozca esto muy bien, y que la élite que representa, que por años se ha beneficiado de estas políticas, también lo sepa. Lo que les molesta es la amenaza a su averiada ideología de libre mercado que representa la democratización económica implementada por el gobierno del Presidente Daniel Ortega. De ahí su reconfortante, auto-justificador pero en última instancia fallido recurso a una falsa distinción entre clientes y ciudadanos.

La oposición derechista de Nicaragua se reconforta de manera perversa con las intratables dificultades que Venezuela está enfrentando gracias a la dramática caída de los precios del petróleo, la guerra económica del imperio y errores propios (que, por ejemplo, discutimos aquí), las que no son un secreto para nadie. Sin embargo, en el caso de Nicaragua, una de las prioridades políticas de la Segunda Fase de la Revolución Sandinista iniciada a partir del año 2007, fue precisamente la de diversificar las relaciones comerciales y de desarrollo. Esa política partía de la experiencia de los problemas derivados del bloqueo económico de los Estados Unidos en los años 80s del siglo pasado, por ejemplo, la excesiva dependencia de la ayuda de la Unión Soviética y sus aliados. Comprometido con el principio de un naciente mundo multipolar, el Presidente Daniel Ortega, desde el inicio de su segunda presidencia en 2007, desarrolló relaciones independientes con un muy diverso conjunto de naciones dispuestas a llevar adelante proyectos de desarrollo en el país. Esa política también creó mercados de exportación que las clases capitalistas nunca antes habían tenido.

Pero la omisión más importante sobre la economía realmente existente en Nicaragua que hace gente como el ex-embajador Cruz, es la de su democratización, el papel jugado por gente común y corriente que se organiza económicamente a nivel de base. A pesar de haber perdido el poder político en 1990, la Primera Fase de la Revolución Sandinista tuvo un impacto económico muy significativo para el país en términos históricos. La Revolución no solo extirpó el tumor económicamente debilitante del imperio de la familia Somoza, sino también, de manera efectiva y dramática, llevó adelante la redistribución de la riqueza. Ni la pérdida del poder político en 1990 ni el subsecuente período de gobiernos neoliberales disfuncionales entre 1990 y 2007 pudieron eliminar esos logros históricos. Bajo el régimen de Somoza, las propiedades de 50 manzanas o más constituían la mitad de la tierra arable del país. Hoy, ese número es sólo de el 18%, el resto permaneciendo en las manos de pequeños agricultores y cooperativas, tanto de sandinistas como de ex-contras.

La unidades familiares, asociativas y cooperativas en Nicaragua, referidas como una "economía popular, no-capitalista" son uno de los principales actores económicos en el país, contribuyendo con cerca de un 53% del PIB calculado según la producción (y con más del 60% del PIB basado en el ingreso disponible), a la vez que emplea a un 70% de la fuerza de trabajo. En Nicaragua, donde 90% de los alimentos consumidos son de origen nacional, 85% de la comida es producida por cooperativas. En el sector servicios, actividades como el transporte público están totalmente controladas por cooperativas. Con 50,000 socios, el banco cooperativo CARUNA se ha convertido en un importante recurso financiero, independiente del sector financiero privado. En el comercio minorista, los mercados populares son los principales distribuidores de bienes importados a la población. En esos mercados, los comerciantes organizados trabajan codo a codo con las autoridades (por ejemplo, combatiendo movidas especulativas o garantizando la seguridad en todos los sentidos) a la vez que concentran la mayor parte de las remesas familiares que los nicaragüenses fuera del país le envían a sus familiares, haciendo así una realidad de la vieja consigna revolucionaria de "¡Solo el pueblo salva al pueblo!"

Como lo escribe el científico social nicaragüense Orlando Núñez, "si el socialismo es definido como el control de los productores asociados sobre la economía, entonces Nicaragua cuenta con una fuerte base para emprender el camino" de construir dicho orden social. (1)

Esas son las realidades que académicos de derecha como Arturo Cruz ignoran cuando hablan acerca del futuro de la economía nicaragüense. Le esquivan el bulto al fracaso estratégico de la oposición derechista derivado de la evidente realidad de que el libre mercado capitalista excluye a las mayorías empobrecidas del país. Por el momento, la clase empresarial de Nicaragua, siguiendo el dinero, continúa apoyando el exitoso programa de democratización económica inclusiva del Gobierno Sandinista, con más diversificación del comercio exterior y un ritmo sostenido de inversión en infraestructura de todo tipo. Los argumentos de Cruz, esencialmente son una pobre disculpa por las políticas que destruyeron la economía de Nicaragua durante 17 años hasta que Daniel Ortega llegó al gobierno por segunda vez en enero de 2007 y le dio vuelta al país. Ahora, junto con la de su socio del ALBA, Bolivia, Nicaragua consistentemente se ubica entre las economías con mejor desempeño en América Latina.

(1) “La tempestad política de la izquierda latinoamericana”, Orlando Núñez Soto, Revista Correo #44, March-April, 2016.

miércoles, 4 de febrero de 2015

Nicaragua eight years on - Revolution and the Right to Development

Nicaragua eight years on - Revolution and the Right to Development
Tortilla con Sal

Enviado por tortilla en Sáb, 10/01/2015 - 21:40

Tortilla con Sal, January 10th 2015

The UN Declaration on the Right to Development was approved by 146 votes in 1986 with only the United States voting against. That same year, the International Court of Justice condemned the US government for its terrorist aggression against Nicaragua. Although, now, the hope that international law and its institutions might be a force for progress looks ridiculously forlorn, back then it still seemed a reasonable prospect. But, since 1986, Western governments have acted deliberately to manipulate and undermine international law and institutions so as to defend their steadily declining global power and privilege.

The Right to Development and the West

Reading the Right to Development Declaration now, the contrast with what has happened over the last twenty five years is sharp and sobering. The Declaration reaffirms the right of peoples to self-determination and full sovereignty over their natural wealth and resources. It posits the right and duty of States to formulate development policies aimed at the constant improvement of the well-being of the entire population based on their active, free and meaningful participation and on an equitable and fair distribution of resources.

The Declaration requires countries to provide effective international co-operation helping developing countries to foster their comprehensive development while also insisting that all States protect their peoples against illegitimate foreign interference and threats of war. The Declaration affirms that civil, political, economic, social and cultural rights are indivisible and interdependent and recommends popular participation in all spheres as important both for economic and social development and for the full realization of human rights. It also urges all States to promote international peace and security.

For people in most of North America and Europe, the Right to Development is litle more than a vain and fast-receding mirage. In their own countries, they suffer sharpening deprivation of social and economic rights resulting from economic policies deliberately designed to promote inequality. Overseas, their governments base foreign policy on crude intervention in other countries' internal affairs and vicious militarist aggression.

Western societies are marked by increasing racism and the manipulation of fears over terrorism to justify repressive restrictions of civil and political rights. That terrorism has been and continues to be promoted and supported by the same Western governments who claim to be fighting it. Western governments, dominated by corporate elites, can legitimately be accused of deliberately fomenting global instability and domestic inequality against the best interests of their own peoples

Nicaragua and its Sandinista government

On January 10th 2007, the Frente Sandinista de Liberación Nacional entered government in Nicaragua for the first time since losing the elections of 1990. The peaceful transfer of power to a right wing government in 1990 was made possible by the commitment of then outgoing President Daniel Ortega to democratic legitimacy. Now, in 2014, the combined opposition forces of the main right-wing political parties and their completely marginalized phoney Left allies, who won the 1990 elections backed by the US government's terrorist menace of unending military aggression, can barely even muster 10% electoral support nationally. The Frente Sandinista has a large majority in the National Assembly, while President Ortega and Rosario Murillo, effectively his Prime Minister, enjoy unprecedented popularity.

It is easy to list the social and economic achievements of President Ortega's governments since 2007. Persistently above average economic growth in an overwhelmingly adverse regional and international context has increased Nicaragua's gross domestic product at annual rates well above those of its neighbours. But it is the categorical emphasis in the redistribution of that wealth that sets Nicaragua apart and explains the prolific and very public declarations of support from multilateral organizations like UNESCO, the UN Food and Agriculture Organization and the Panamerican Health Organization, among many, many others.

In fundamental material terms, since January 2007, Nicaragua has made dramatic progress in terms of road, port and airport infrastructure. It has completely reversed previous failed neoliberal energy policies in favour of energy generated from renewable resources. Health and education services, previously undergoing creeping privatization have been reversed in favour of guaranteeing universal free access. The government's focus has consistently been on poverty reduction and empowerment of previously marginalized families and people.

Impoverished families have benefited hugely from government programmes improving housing and community infrastructure, providing microcredit to urban women-led micro-businesses, devoting productive resources to rural families or guaranteeing affordable public transport and electricity. Above all the main beneficiaries have been women in Nicaragua who have been empowered and affirmed at every level. Nicaragua is realizing the Frente Sandinista's historic revolutionary programme thanks to President Ortega's deep, acute strategic vision, to the practical example and drive of Rosario Murillo and to the moral commitment of innumerable colleagues at every level of national and local government.

Regional significance

These and many other achievements are all worth noting in detail. But the most striking thing about the achievements of the Sandinista government in Nicaragua is their revolutionary significance in an international context marked by virulent reactionary policies in the United States and Europe. Nicaragua and its fellow member countries of the ALBA Bolivarian Alliance (Bolivia, Cuba, Ecuador, Venezuela and a growing number of small Caribbean island nations) have effectively reaffirmed the Right to Development and put into practice all its principles and provisions. In particular, Nicaragua's record in relation to the Right to Development has been exemplary.

Given the depressed international economic context since 2007 and given Nicaragua's deepening impoverishment up until then, the turnaround effected by President Ortega and his colleagues in just eight years in domestic terms has been truly revolutionary. The Sandinista government has astutely combined traditional trade and development relationships with a commitment to developing new trade, investment and cooperation ties with a broad range of other countries around the world. The Interoceanic Canal is the most vivid example of that commitment.

In its foreign policy, Nicaragua's Sandinista government has given a consistently strong moral example via its persistent efforts, for example, to negotiate its differences with Costa Rica and Colombia. When those efforts have failed, Nicaragua has consistently and openly insisted on the peaceful resolution of differences through the mechanisms of international law. Despite being a small country, the moral force of Nicaragua's example in terms of international relations is extremely strong and explains why world leaders like Vladmir Putin and Dilma Rousseff, among many others, regard President Daniel Ortega so highly.

Nicaragua's next Presidential election will be in November 2016. In all likelihood the Frente Sandinista will win by a huge margin just as it did in 2011, when Daniel Ortega won the Presidency with well over 60% of the vote. By 2020, Nicaragua will be transformed by major infrastructure projects enabling the country to eliminate extreme poverty in the short term. These projects include not only the Interoceanic Canal and its auxiliary projects, but also a regional oil refinery on the Pacific Coast and the major hydroelectric Tumarin project on the Caribbean Coast.

In the medium and long term, Nicaragua's revolutionary implementation of the principles and provisions of the 1986 Declaration of the Right to Development is a powerful force for regional stability in Central America. As a result of the Sandinista government's policies since January 2007, Nicaragua is internationally regarded as a bulwark against the insidious corruption and terrifying violence promoted by regional organized crime and drugs trafficking. The achievements of President Ortega and his colleagues since January 2007 are self-evidently cause for optimism among the people of Nicaragua.

They are also a clear example to countries of Central America and the Caribbean of what a small, historically impoverished and exploited country can do under a government driven by a true revolutionary commitment to improve the lives of its people. Daniel Ortega, Rosario Murillo and their colleagues have put into practice the revolutionary vision and example of Fidel Castro and Hugo Chávez. They have also demonstrated how that socialist vision and example vindicate the 1986 UN Declaration of the Right to Development.

domingo, 11 de enero de 2015

Nicaragua eight years on - Revolution and the Right to Development

Nicaragua eight years on - Revolution and the Right to Development
Tortilla con Sal

Enviado por tortilla en Sáb, 10/01/2015 - 21:40

Tortilla con Sal, January 10th 2015

The UN Declaration on the Right to Development was approved by 146 votes in 1986 with only the United States voting against. That same year, the International Court of Justice condemned the US government for its terrorist aggression against Nicaragua. Although, now, the hope that international law and its institutions might be a force for progress looks ridiculously forlorn, back then it still seemed a reasonable prospect. But, since 1986, Western governments have acted deliberately to manipulate and undermine international law and institutions so as to defend their steadily declining global power and privilege.

The Right to Development and the West

Reading the Right to Development Declaration now, the contrast with what has happened over the last twenty five years is sharp and sobering. The Declaration reaffirms the right of peoples to self-determination and full sovereignty over their natural wealth and resources. It posits the right and duty of States to formulate development policies aimed at the constant improvement of the well-being of the entire population based on their active, free and meaningful participation and on an equitable and fair distribution of resources.

The Declaration requires countries to provide effective international co-operation helping developing countries to foster their comprehensive development while also insisting that all States protect their peoples against illegitimate foreign interference and threats of war. The Declaration affirms that civil, political, economic, social and cultural rights are indivisible and interdependent and recommends popular participation in all spheres as important both for economic and social development and for the full realization of human rights. It also urges all States to promote international peace and security.

For people in most of North America and Europe, the Right to Development is litle more than a vain and fast-receding mirage. In their own countries, they suffer sharpening deprivation of social and economic rights resulting from economic policies deliberately designed to promote inequality. Overseas, their governments base foreign policy on crude intervention in other countries' internal affairs and vicious militarist aggression. Western societies are marked by increasing racism and the manipulation of fears over terrorism to justify repressive restrictions of civil and political rights. That terrorism has been and continues to be promoted and supported by the same Western governments who claim to be fighting it. Western governments, dominated by corporate elites, can legitimately be accused of deliberately fomenting global instability and domestic inequality against the best interests of their own peoples

Nicaragua and its Sandinista government

On January 10th 2007, the Frente Sandinista de Liberación Nacional entered government in Nicaragua for the first time since losing the elections of 1990. The peaceful transfer of power to a right wing government in 1990 was made possible by the commitment of then outgoing President Daniel Ortega to democratic legitimacy. Now, in 2014, the combined opposition forces of the main right-wing political parties and their completely marginalized phoney Left allies, who won the 1990 elections backed by the US government's terrorist menace of unending military aggression, can barely even muster 10% electoral support nationally. The Frente Sandinista has a large majority in the National Assembly, while President Ortega and Rosario Murillo, effectively his Prime Minister, enjoy unprecedented popularity.

It is easy to list the social and economic achievements of President Ortega's governments since 2007. Persistently above average economic growth in an overwhelmingly adverse regional and international context has increased Nicaragua's gross domestic product at annual rates well above those of its neighbours. But it is the categorical emphasis in the redistribution of that wealth that sets Nicaragua apart and explains the prolific and very public declarations of support from multilateral organizations like UNESCO, the UN Food and Agriculture Organization and the Panamerican Health Organization, among many, many others.

In fundamental material terms, since January 2007, Nicaragua has made dramatic progress in terms of road, port and airport infrastructure. It has completely reversed previous failed neoliberal energy policies in favour of energy generated from renewable resources. Health and education services, previously undergoing creeping privatization have been reversed in favour of guaranteeing universal free access. The government's focus has consistently been on poverty reduction and empowerment of previously marginalized families and people.

Impoverished families have benefited hugely from government programmes improving housing and community infrastructure, providing microcredit to urban women-led micro-businesses, devoting productive resources to rural families or guaranteeing affordable public transport and electricity. Above all the main beneficiaries have been women in Nicaragua who have been empowered and affirmed at every level. Nicaragua is realizing the Frente Sandinista's  historic revolutionary programme thanks to President Ortega's deep, acute strategic vision, to the practical example and drive of Rosario Murillo and to the moral commitment of innumerable colleagues at every level of national and local government.

Regional significance

These and many other achievements are all worth noting in detail. But the most striking thing about the achievements of the Sandinista government in Nicaragua is their revolutionary significance in an international context marked by virulent reactionary policies in the United States and Europe. Nicaragua and its fellow members countries of the ALBA Bolivarian Alliance (Bolivia, Cuba, Ecuador, Venezuela and a growing number of small Caribbean island nations) have effectively reaffirmed the Right to Development and put into practice all its principles and provisions. In particular, Nicaragua's record in relation to the Right to Development has been exemplary.

Given the depressed international economic context since 2007 and given Nicaragua's deepening impoverishment up until then, the turn around effected by President Ortega and his colleagues in just eight years in domestic terms has been truly revolutionary. The Sandinista government has astutely combined traditional trade and development relationships with a commitment to developing new trade, investment and cooperation ties with a broad range of other countries around the world. The Interoceanic Canal is the most vivid example of that commitment.

In its foreign policy, Nicaragua's Sandinista government has given a consistently strong moral example via its persistent efforts, for example, to negotiate its differences with Costa Rica and Colombia. When those efforts have failed, Nicaragua has consistently and openly insisted on the peaceful resolution of differences through the mechanisms of international law. Despite being a small country, the moral force of Nicaragua's example in terms of international relations is extremely strong and explains why world leaders like Vladmir Putin and Dilma Rousseff, among many others, regard President Daniel Ortega so highly.

Nicaragua's next Presidential election will be in November 2016. In all likelihood the Frente Sandinista will win by a huge margin just as it did in 2011, when Daniel Ortega won the Presidency with well over 60% of the vote. By 2020, Nicaragua will be transformed by major infrastructure projects enabling the country to eliminate extreme poverty in the short term. These projects include, not only the Interoceanic Canal and its auxiliary projects, but also a regional oil refinery on the Pacific Coast and the major hydroelectric Tumarin project on the Caribbean Coast.

In the medium and long term, Nicaragua's revolutionary implementation of the principles and provisions of the 1986 Declaration of the Right to Development is a powerful force for regional stability in Central America. As a result of the Sandinista government's policies since January 2007, Nicaragua is internationally regarded as a bulwark against the insidious corruption and terrifying violence promoted by regional organized crime and drugs trafficking. The achievements of President Ortega and his colleagues since January 2007 are self-evidently cause for optimism among the people of Nicaragua.

They are also a clear example to countries of Central America and the Caribbean of what a small, historically impoverished and exploited country can do under a government driven by a true revolutionary commitment to improve the lives of its people. Daniel Ortega, Rosario Murillo and their colleagues have put into practice the revolutionary vision and example of Fidel Castro and Hugo Chávez. They have also demonstrated how that socialist vision and example vindicate the 1986 UN Declaration of the Right to Development.




lunes, 8 de diciembre de 2014

Nicaragua's Canal, shallow science and phony environmentalism

Nicaragua's Canal, shallow science and phony environmentalism
Tortilla con Sal

Enviado por tortilla en Dom, 07/12/2014 - 10:23

Tortilla con Sal, December 6th 2014

Western media coverage of Nicaragua's interoceanic canal has been almost uniformly hostile and often woefully ill-informed since the project was announced in 2013. The most recent attacks have focused on the alleged disaster the canal represents for Nicaragua's natural environment, mixed in with largely gratuitous attacks on the Nicaraguan government and the Canal's Chinese main contractor, HKND. A casual reader could be forgiven for concluding that the project is hopelessly misconceived and highly likely to ruin an untouched natural environment.

For example, the Smithsonian magazine has published critical articles by Matthew Shaer and Rachel Nuwer very similar to other reports, for example by James Griffith in the Global Post or in the mainstream corporate media. These consistently inaccurate reports attack the Canal based on superficially authoritative, allegedly science-based arguments. One group, the Association for Tropical Biology and Conservation has produced a resolution against the Canal while other scientists have published criticism in environmentalist publications, for example in Nature magazine. 

Some specific criticisms by environmentalists have already been accepted and incorporated into the Canal's still developing planning stages. But the wider general arguments are often confused, flawed on matters of fact, generally unscientific and blatantly biased in what they argue and almost without exception downright dishonest in terms of what they omit. The article by Matthew Shaer is a good place to start.

The article's first couple of paragraphs set the tone and include a couple of subtle, misleading falsehoods. Shaer begins by complaining that the environmental studies of the Canal have yet to be released. This is true, because they are not yet finished. Shaer ignores that fact, eliding his text quickly into the falsehood that work on the excavation of the Canal is scheduled to begin in December. That is not true

In fact, work will begin in December on two of the Canal's auxiliary projects, a deep-water port on Nicaragua's Pacific Coast and related highway infrastructure. Both projects are necessary to receive the massive machinery expected, much later, to excavate the Canal. The other auxiliary projects are on Nicaragua's Pacific Coast, an international airport, a manufacturing and commercial zone, a tourism complex, and, on Nicaragua's Caribbean Coast, a second deep-water port.

The Nicaraguan government and HKND, the Chinese company managing this huge set of projects have consistently repeated and demonstrated their commitment to listen to criticisms so as to minimize environmental and social impacts. This means it is extremely unlikely that work on the Canal itself will begin before the environmental and social studies are complete. Shaer thus begins his article by misleading his readers over the environmental studies and then falsely claiming that work excavating the Canal will go ahead in any case.

Shaer compounds that intellectual sleight of hand by unfairly stating that the Nicaraguan government has “dodged neighboring Costa Rica’s request to share disaster plans”. On the contrary, a true and fair account of the matter would explain that Costa Rica and Nicaragua have been involved for years in a bitter legal dispute over Nicaragua's Rio San Juan, currently before the International Court of Justice. Throughout that time Costa Rica has resolutely and repeatedly refused persistent requests from the Nicaraguan government to negotiate the two countries' respective concerns.

The countries' differences include complaints from Costa Rica about alleged Nicaraguan infringement of a few hectares of territory in the Rio San Juan delta, claimed by Costa Rica. Nicaragua cites long term environmental depredation resulting from Costa Rican government policies and irresponsible practices by mining companies and farmers in Costa Rican territory close to Nicaragua's Rio San Juan. Rather than negotiate a settlement, the Costa Rican authorities deliberately provoked further environmental damage to the Rio San Juan by recklessly building a poorly conceived and badly implemented highway along the Costa Rican side of the river. That project ended in a notorious corruption scandal much to the discredit of the government of then President Laura Chinchilla.

Nicaragua has presented that grievance as well to the International Court of Justice. Self-evidently, the Nicaraguan government has decided to take its time considering Costa Rica's complaints in relation to the Canal. From a Nicaraguan point of view, Shaer's language that Nicaragua has “dodged”a request from its homely “neighbour” effectively whitewashes Costa Rica's disgraceful environmentally damaging behaviour in relation to the Rio San Juan over the last decade and more.

Shaer then summarizes complaints by critics relating to the Canal's overall economic benefits. “The canal’s true costs/benefits can’t be calculated as long as the costs to Nicaragua’s forests, waterways and wildlife remain hidden.” For anyone familiar with Nicaragua's environmental problems and genuinely concerned about them that statement is deeply disingenuous. Nicaragua's fundamental environmental problems are intimately and inextricably bound up with its problems of economic development.

Contrary to Schaer's assertion, Nicaragua is not a pristine paradise about to be violated by a poorly planned Canal. Nicaragua already suffers chronic and accelerating deforestation.




Also, Nicaragua's major water resources, Lake Nicaragua and the Rio San Juan already suffer chronic, steadily worsening problems of sedimentation and contamination.

In that pressingly urgent context, a more correct and honest formulation of Shaer's complaint would be very different. The Canal's true cost/benefits can only be calculated by factoring in the costs of the massive irreparable damage that will undoubtedly occur if the Canal is not, in fact, built. Shaer's premise, derived from other foreign and Nicaraguan critics of the Canal, is completely false because he deliberately omits Nicaragua's already tremendously depressing existing environmental reality. Neither Shaer nor any other of the Canal's opponents for environmental have engaged the positive environmental arguments for the Canal.

By the end of 2014, studies of the Canal project will have lasted two years. The Dutch Ecorys companyconducted pre-feasibility studies from December 2012 until June 2013. On the basis of those studies, HKND has funded more detailed studies, still to be completed, costing well over US$100 million over eighteen months. That two year process contradicts critics who complain that the Canal project has been rushed and poorly conceived. Those critics invariably omit the participation throughout that period of appraisal and evaluation of some of the world's most successful engineering construction and consultancy companies.

Nicaragua's government argues that the final route of the Canal, announced in July this year, is a more costly route chosen precisely so as to minimize environmental damage and social disruption. Even so, Shaer sceptically skims over the government's economic arguments for the Canal without stating what they are and what they mean for Nicaragua's natural environment. In fact, based on the experience gained from the widening of Panama's canal, the Nicaraguan government argues that over a ten year period the overall Canal project will at the very least double Nicaragua's gross domestic product.

From an environmental point of view, that fact is significant for two main reasons. Firstly, if Nicaragua doubles its GDP over the next ten years, the government's current and future redistributive policies will enable it to eliminate extreme poverty in Nicaragua. Extreme poverty is one of the main causes forcing rural families to migrate eastwards, advancing the agricultural frontier into very important protected areas like Bosawas and Indio Maíz, with all that implies for Nicaragua's woodlands and water resources. Secondly, the likely increased revenue for the government will finally enable the Nicaraguan authorities to reverse current deforestation and improve decades-long inadequate and under-funded water resource management.

Water resource management has been problematic for the Nicaraguan authorities for decades. Efficient and responsible water resource management is vital for the operation of the Canal's reservoirs and locks. The issue of water management is a theme on which critics of the Canal are perhaps even more dishonest than in relation to the issue of deforestation. Schaer makes the inaccurate claim that Lake Nicaragua “provides most Nicaraguans with drinking water”.

This is just silly. Almost a third of Nicaragua's population live in Managua and get their water from lakes and reservoirs around the capital. The population around Lake Nicaragua is barely 240,000 out of Nicaragua's total population of six million. As well as this kind of inaccuracy, Shaer's article offers hypothetical disaster scenarios suggesting the Nicaraguan Canal is at risk from catastrophic damage by a massive hurricane or earthquake. That is true. It is also true of population centres and infrastructure around the world in innumerable areas at risk from natural phenomena, from San Francisco to Venice to Dhaka to Tohoku. The job of the engineers and actuaries working on the Canal projects is to manage and minimize those risks the same as their global counterparts do in other vulnerable areas around the world.

Shaer also states that the Nicaraguan Canal is being built for boats that could not currently dock at ports in the US. He seems to be unaware of major new port infrastructure developments to receive post-Panamax container ships and tankers all along the US Atlantic coast. New York, Baltimore, Miami, Savannah andCharleston are all either now completing, shortly will complete or contemplate completing port development to accommodate those ships. By 2020, when the Nicaraguan Canal should be in full operation, port authorities in North America and Europe will have had six years to develop the necessary infrastructure.

If Shaer's article is generally inaccurate and tendentious, Rachel Nuwer's latest article and an earlier article attacking the Canal are even more so. Unlike Matthew Shaer, Rachel Nuwer correctly notes that the final environmental and social feasibility studies are unlikely to be completed for another four months. Even so, in her latest article, she goes ahead and states as fact, presumably on the basis of clairvoyance, the outcomes these uncompleted studies may have to acknowledge.

Nuwer sources much of her reports on a resolution of the Association for Tropical Biology and Conservation. This document, currently dated October 2014, purports to be based on scientific criteria. But its authors betray their clear political ideological bias when they state “The development of the Canal violates the Nicaraguan Constitution and its fundamental principles, including Law 28 of 1987 and Law 445 of 2003, which recognize and guarantee the inalienability of indigenous’ and afro-descendants’ lands, which cannot be sold, donated nor leased.”

Nicaragua is a sovereign country whose laws and constitution are interpreted by its Supreme Court, not by a relatively obscure foreign organization claiming to be scientific. In Nicaragua, various legal challenges to the Canal were made through the second half of 2013 and all were rejected by the country's Supreme Court. Not to acknowledge that fact in a document dated October 2014 suggests that the authors are politically biased because their arguments mirror those of Nicaragua's tiny minority political opposition, currently with under 10% support nationally.

That political bias is clear too in the rest of the Association's document. Despite knowing the route of the Canal, the resolution dispays a graphic with a false route that would indeed result in very serious environmental damage and social disruption of indigenous communities. 


But that is not the route that has been chosen as was made clear in July 2014. This is:


The language the Association chooses is deliberately jaundiced and hostile. The map of the fake route the Association publishes is entitled “Nicaragua Carve-Up”, remarkably unscientific language, clearly implying, on the basis of no evidence whatsoever, that the Canal project is corrupt.

Rachel Nuwer reproduces the numerous inaccuracies and hyperbole in the Association's report. Like Shaer and other critics of the Canal, for example, the authors of the article in Nature magazine, Nuwer too seems to start from the false premise that Nicaragua's natural environment is currently pristine and is under threat from the Canal and its auxiliary projects. Nuwer apparently accepts as gospel truth the Association's assertion that:

“The canal development is estimated to impact some 4,000 km2 of forest, coastline and wetlands that include the San Miguelito Wetland (a site protected by the Ramsar Convention, of which Nicaragua is a signatory), the Cerro Silva Natural Reserve, the Rio San Juan Biosphere Reserve, which comprises 7 protected areas, including the Guatuzos Wildlife Refuge, Indio Maiz Biological Reserve, and the Solentiname Archipelago.”·This assertion is grossly false.

In fact ,the final route of the Canal has been deliberately sited so as to avoid precisely the Rio San Juan Biosphere Reserve, the Guatuzos Wildlife Refuge, the Indio Maiz Biological Reserve and the Solentiname Archipelago. The Cerro Silva Natural Reserve is already at grave risk as the Nicaraguan government's Natural Resources Ministry management plan for that protected area indicates. The Cerro Silva reserve's main problems are, encroachment by cattle farming, local population growth, erosion and sedimentation affecting water resources, clandestine logging and hunting, poor environmental awareness among the population, and inadequate resources to implement conservation policies. The report states :

"The institutional and civil capacity of the region to address these macro-problems is very limited. The lack of national capital and external capital interest in sustainable exploitation of the area's natural resources is self-evident. The regional institutional framework lacks resources to do more than work on planning and the major part of those resources are used in never-ending reconstruction of institutional administrative infrastructure in a still very weak legal framework that leads to lack of attention to specific cases of, for example, logging, agricultural fires, and contamination from chemical waste."

When complete, the Canal project will in fact protect the Cerro Silva conservation area by improving woodland and water resource management and reducing encroachment by rural families engaged in subsistence farming and relentless piecemeal logging. It may be true that the San Miguelito wetlands will be marginally affected by the Canal but those effects are likely to be enormously outweighed by the protection from the advance of the agricultural frontier driven by poverty the Canal will finally afford to Cerro Silva, the Indio Maiz Biological Reserve and the Rio San Juan area.

One looks in vain among the environmentalist attacks on the Canal for an acknowledgment of the substantial and important arguments in favour of the Canal. Likewise, the Association for Tropical Biology and Conservation suggest in their resolution that Nicaragua is water impoverished. It states “The Yale Centre for Environmental Law and Policy Environmental Performance Index (EPI) has identified Nicaragua as a country with “water stress”, meaning that the volume of water available to the population is inadequate and ranks Nicaragua 136 out of 163 countries surveyed for water scarcity.”

This information is insanely counterfactual. Nicaragua's water resources are among the most abundant between the Great Lakes of North America and the Guarani Aquifer in South America. It may indeed be true, for reasons relating to historically inadequate, underfunded water resource management, that Nicaragua makes poor use of its water resources. But that is very different to saying that Nicaragua suffers from a lack of water.

For example, the Wikipedia entry on Nicaragua's water resources states, “Nicaragua has ample water supplies in rivers, groundwater, lagoons, and significant rainfall. Distribution of rainfall is uneven though with more rain falling on an annual basis in the Caribbean lowlands and much lower amounts falling in the inland areas. Significant water resources management challenges include contaminated surface water from untreated domestic and industrial wastewater, and poor overall management of the available water resources.”

What that view of Nicaragua's water resources clearly implies is that the Association for Tropical Biology and Conservation's phony science deliberately cherry picked available information to favour its biased point of view. The Nicaraguan government and the proponents of the Canal argue that the Canal will fundamentally improve Nicaragua's water resource management. That fact and the fact of water abundance in Nicaragua are ruthlessly omitted from both the Association for Tropical Biology and Conservation's resolution and from Rachel Nuwer's article.

Nuwer repeats the falsehood that Lake Nicaragua is where “most of the country’s drinking water comes from”. She repeats the spurious accusation by Jorge A. Huete-Perez, and Axel Meyer, in their Nature magazine article that the Canal will affect the Bosawas biosphere reserve, even though the Canal will pass hundreds of kilometres to the south of that reserve. Nuwer reports as fact the outrageous lie in relation to indigenous communities that “No proof has emerged that their rights have been taken into consideration or allocations have been made to make up for disruptions to their lives,”

In fact, the Canal's 2013 legislation explicitly guarantees in its Article 12 the indemnity process for any communities displaced by the Canal. The Canal project has been coordinated with both the relevant indigenous governing institutions and local communities. Hundreds of government and HKND personnel have spent months conducting a population census, measuring properties, gathering concerns and criticisms along the likely final route of the Canal. The government and HKND presentation of November 20th 2014 explicitly stated this, confirming the final route of the Canal has been altered as a result of the census and associated consultations.

While Nuwer's poor reporting is clear, that does not mean opposition to the Canal does not exist. It would be surprising if it did not. But it remains to be seen whether the minority grass roots opposition to the Canal survives the process associated with indemnification negotiations. Both the Nicaraguan government and HKND have explicitly stated that their commitment is to ensure that no community affected will be worse off economically as a result of the Canal. That information is glaringly absent from Rachel Nuwer's report. Nuwer does raise legitimate concerns about the potential for creeping salination of the lake and the possible appearance of invasive foreign species. Another concern relates to the migration of wildlife across the Canal. Those concerns may well be addressed in the final environmental impact studies the conclusions of which her article pre-empts in a most prejudicial way.

Shifting from the environmental angle, Nuwer repeats the view by critics of the Canal that the HKND company and its owner Wang Jing are unproven. She cites extremely hostile articles from pro-US Asian media outlets like the the South China Morning Post and the Bangkok Post questioning Wang Jing's track record and the success of his Xinwei multinational telecommunications company. But the conclusion of any critically minded interpretation of those articles is that Xinwei operates with mixed success in a number of countries, has an extensive, solid domestic base in China and has good relations with the Chinese government. This is a typical profile of many multinational businesses around the world.

If the Canal's opponents have set out to dig up dirt and scandal in relation to HKND and its boss Wang Jing, they have signally failed. Similarly to James Griffith's Global Post report slighting Wang Jing's business record, all Rachel Nuwer and her pro-US sources have discovered is that Xinwei is a domestically strong company struggling to do well in cut-throat foreign communications markets. Similarly, Nuwer quotes the hostile opinion against the Canal by one shipping analyst but omits the positive opinion of one of the biggest shipping companies in the world, Maersk. It may indeed be true that Wang Jing's Xinwei company has hit a brick wall in terms of its business model overseas.

But Xinwei is not HKND. Nuwer seems oblivious to the self-evident fact that the Nicaraguan Canal marks a diversification of Wang Jing's businesses away from telecommunications. She ignores that the HKND team of contractors includes some of the biggest, most successful engineering construction companies in the world. On commercial and economic grounds, her arguments against the Canal are either trivial speculation, or tautological non sequiturs. On environmental grounds, her sources are inaccurate or prejudiced and she evades opposing environmental arguments in favour of the Canal by omitting them.

Nuwer writes, “at worst, Nicaragua will get a massive canal that might bring environmental devastation to the country and could perhaps even 'reignite the civil violence that has long blighted the region,' theNature authors write. At best, on the other hand, plans will simply fall through, like many of Wang’s other ventures.” Apart from yet another gratuitous slight against Wang Jing, belittling his proven successes, that summary ignores the integral economic nature of the Canal and its auxiliary projects, two deep water ports, an international airport, a major tourism complex and an industrial and commercial zone.

The articles published recently by the Smithsonian magazine attacking Nicaragua's Canal have been overtaken by events. While critics of the Canal will may well continue their negative sniping campaign, HKND and it sub-contractors have already incorporated legitimate criticisms into their planning, for example in relation to protecting vulnerable mangrove areas and re-siting port infrastructure. In coordination with the Nicaraguan government's National Canal Commission which is overseeing the whole project, work will start on a couple of the Canal's auxiliary projects in December.

Almost all critics of Nicaragua's Canal have overlooked the Canal's urgent strategic importance for global trading interests. For the Chinese government and its allies - Russia, India, Brazil and South Africa – the Nicaraguan Canal dramatically increases options for their international commerce. Likewise, for the Atlantic elites of North America and Europe, the Canal will facilitate their vision of the Trans Pacific Partnership and the Transatlantic Trade and Investment Partnership should those far-reaching corporate welfare schemes every come to fruition.

On a regional level, the Canal enhances Nicaragua's strategic location and role as part of the Venezuelan and Cuban led Bolivarian Alliance cooperation and development bloc's planning for Central America and the Caribbean. The Nicaraguan Canal will transform not just Nicaragua's economy but that of the whole Central American and Caribbean region. The Canal itself is just one part of a complex set of global infrastructure initiatives by various countries

Elsewhere, plans are advanced for another Suez Canal running parallel to the existing one. In South America, China is planning a transcontinental rail link with Peru and Brazil and, possibly, Bolivia. China plans similar far-reaching infrastructure projects across Africa and Central Asia and is also undertaking major projects with Russia and some of the ASEAN countries. All this is relevant to discussion around Nicaragua's Canal, contradicting Rachel Nuwer's uncritical recycling of criticism by Canal opponents that it will be an economic white elephant.

However, the truly damning argument against the intellectual integrity of opponents of the Canal is that they deliberately omit discussion of the urgent current threats to Nicaragua's natural environment and refuse to engage the environmental arguments of the Canal's proponents. Matthew Shaer, Rachel Nuwer and the opponents of the Nicaraguan Canal whose arguments they repeat propose next to nothing worth serious consideration in defence of Nicaragua's chronically deteriorating natural environment. Still less have they any viable proposal to reduce the country's persistent intractable poverty.

By contrast, the track record of Nicaragua's Sandinista government is one of outstanding economic success, demonstrated concern for the country's natural environment and indigenous peoples and overwhelming international recognition for its redistributive poverty reduction programs. President Daniel Ortega and his colleagues have kept every important promise they have made to the people of Nicaragua. Defending Nicaragua's natural environment and reducing poverty in the country are ultimately the same thing. If Nicaragua's Canal can be built it will do both.


Seguidores

Vistas de página en total