domingo, 23 de marzo de 2014
Manipulación genética, manipulación
institucional, manipulación científica
La
decisión que nunca se tomó
José
A. Estévez Araújo
El día
11 de febrero de 2014 el Consejo de Ministros de la Unión Europea tenía que
decidir acerca de la autorización del cultivo de una simiente de maíz
transgénico desarrollada por la empresa DuPont
Pioneer. Desde el año 1998 no se ha autorizado el cultivo de ninguna variedad de
maíz transgénico en la Unión Europea. Varios países miembros (Austria, Polonia,
Grecia, Hungría, Francia, Luxemburgo, Alemania, Bulgaria, Italia e Irlanda) han
prohibido incluso plantar en sus campos la única variedad de maíz transgénico
autorizada por la UE. Por ello no es extraño que en la votación final
del Consejo sólo 5 países miembros estuvieran a favor de la autorización del
nuevo Organismo Genéticamente Modificado (OGM). Diecinueve estados se
manifestaron en contra y los restantes se abstuvieron.
Ese
resultado parece que debería conllevar un rechazo de la autorización del maíz
GM de DuPont Pioneer. Máxime al estar recogido el principio de precaución en la
normativa de la UE. Sin embargo, la Comisión Europea manifestó que estaba
obligada a autorizar el maíz puesto que los votos de los diecinueve países
miembros no alcanzaban la mayoría cualificada requerida en este caso. La
mayoría cualificada no es, pues, necesaria para aprobar la autorización de un
OGM por parte del órgano que representa a los estados miembros, como parecería
natural, sino que es precisa para rechazar la previa aprobación por parte del
órgano tecnocrático de la UE. Además, hay que tener en cuenta que el
Parlamento Europeo también se había manifestado en contra de permitir el maíz
transgénico.
Posteriormente,
poniendo en práctica una de esas artimañas jurídicas a que nos tiene habituados
la UE, Francia propuso que el Consejo adoptara la decisión de no haber adoptado
decisión alguna. Eso liberaría a la Comisión de la obligación compulsiva de
autorizar el cultivo del producto de DuPont Pioneer y permitiría rechazar la
petición. Tras un par de días de discusiones el Consejo votó, finalmente, no
haber votado el 11 de febrero. La Comisión queda, desde entonces, con las manos
libres para decidir a favor o en contra de la autorización del cultivo del maíz
transgénico. Sin embargo, en el momento de escribir este texto (24 de febrero
de 2014) las previsiones más pesimistas barajan la posibilidad de que la
Comisión espere hasta las elecciones europeas de mayo de este año para,
después, proceder a autorizar el maíz, conocido técnicamente como Pioneer 1507.
La
colonización de la EFSA por la industria
El
affaire del maíz de Pioneer pone de manifiesto la importancia determinante de
los dictámenes de la EFSA a la hora de decidir acerca de la autorización de
nuevos transgénicos en la UE. La EFSA (Autoridad Europea para la Seguridad
Alimentaria) es la agencia europea encargada de dictaminar acerca de la
seguridad de los alimentos. Este organismo es responsable de la evaluación del
riesgo de todas las cuestiones relacionadas con la alimentación y la seguridad
de los piensos, incluyendo plantas genéticamente modificadas, plaguicidas y
aditivos alimentarios. Un estudio reciente, publicado por el Observatorio de
las Corporaciones Europeas (CEO por sus siglas en inglés), que es una
organización totalmente independiente, pone de manifiesto el grado de
colonización de la EFSA por parte de la industria privada. El trabajo se titula
“Mal provecho. El problema de la independencia de la Autoridad Europea para la
Seguridad Alimentaria” (“Unhappy meal. The European Food Safety Authority’s
independence problem”) y fue publicado en octubre de 2013
(http://corporateeurope.org/efsa/2013/10/unhappy-meal-european-food-safety-authoritys-independence-problem).
Los
resultados de la investigación del CEO producen “consternación” según sus
propios autores. En términos generales, casi el sesenta por ciento de los expertos de la
EFSA tienen conflictos de intereses con el sector privado (122 de 209).
Todas
las comisiones menos una están dominadas por expertos con conflictos de
intereses. Por ejemplo, en la comisión encargada de los productos dietéticos,
17 de sus 20 miembros los tienen. Todos los Presidentes de esas comisiones
menos dos tienen vinculaciones con la industria. Algunos de los
expertos acumulan 10 o más conflictos de intereses. La palma se la lleva un
miembro del panel de aditivos que tiene 24. A pesar de que la EFSA ha renovado
recientemente su política para mejorar su independencia, estas reformas no
parecen haber tenido éxito.
La EFSA
se defiende diciendo que un solo miembro del panel no puede manipular a los
restantes 10 o 20 integrantes del mismo. La decisión colegiada debe neutralizar
cualquier interés individual. Realmente, es verdad que resulta difícil que un individuo
pueda imponer sus puntos de vista “interesados” a todos sus colegas de
comisión. Pero este argumento pierde toda su fuerza si más de la mitad de sus
componentes de la misma tienen conflictos de interés con la industria que
regulan.
La
situación de colonización que revela el informe es, en buena parte,
consecuencia de la inadecuación de las propias normas sobre incompatibilidades
de la EFSA. La determinación de lo que es un conflicto de interés resulta
demasiado estrecha. Los mecanismos para determinar su existencia son
inadecuados. Hay aspectos importantes que no están regulados con precisión por
las normas sobre incompatibilidades: algunos de los criterios establecidos en
dichas normas son muy vagos existiendo así un amplio poder discrecional a la
hora de su aplicación a un caso concreto.
El
problema más importante que tienen los mecanismos de determinación de la
existencia de conflictos de intereses en la EFSA es que las declaraciones de los
propios candidatos a expertos acerca de sus actividades son el único dato que
se toma en cuenta para establecer si existe tal conflicto o no. No se realiza
ninguna investigación independiente por parte de la propia EFSA o de algún otro
organismo para determinar la existencia de vinculaciones distintas de las
señaladas en las declaraciones.
Es de suponer que se exigirían responsabilidades en caso de descubrirse a
posteriori alguna falsedad en las declaraciones de los expertos. Pero hay que
tener en cuenta también la opacidad existente en muchos casos en este tipo de
vinculaciones. Las relaciones entre el experto y la industria pueden ser
secretas o estar encubiertas. A este respecto, los autores del informe señalan
el caso de supuestas organizaciones “sin ánimo de lucro” que son en realidad
fachadas para Think Thanks de la industria, o auténticos lobbies. Un caso
bastante claro es el del Instituto de Ciencias de la Vida (ILSI en sus siglas
en inglés), financiado por industrias alimentarias y del sector del agrobussiness
pero que se presenta como una ONG. Nadie desde la EFSA investiga la verdadera
naturaleza de ese tipo de organizaciones por lo que la relación de los expertos
con ellas no se considera fuente de conflicto de intereses.
Un
problema fundamental de las normas relativas a conflictos de intereses en el
seno de la agencia es que no se considera que los haya si el experto está
vinculado a la industria agroalimentaria, pero forma parte de un panel que no
se ocupa específicamente de cuestiones que afecten a la empresa con la que se
encuentra vinculado.
El caso
de Mr. Bach es expresivo de la laxitud en la apreciación de la discrepancia
entre los intereses de la industria con la que el experto está relacionado y
las competencias del panel del que forma parte. El Sr. Bach forma parte de la
comisión encargada, entre otras cosas, de los aditivos para la alimentación
animal. A su vez, trabaja como asesor de la Asociación Americana de Soja, un
lobby de la agrobussiness relacionada con esa leguminosa, que es un componente
abundantemente utilizado en los piensos para animales. Este
científico ha realizado trabajos de asesoramiento acerca de dietas animales
para dicha asociación en países como Marruecos, Turquía o Polonia. Los
representantes de la EFSA defienden haber autorizado a Mr. Bach para formar
parte de la comisión de aditivos argumentando que la misma no tiene competencia
sobre la soja. Pero la idea de que los aditivos de la soja no son lo mismo que
la soja en sí parece uno de esos argumentos escolásticos medievales acerca de
la diferencia entre la forma y la sustancia. Y resulta inverosímil que el lobby
de la soja no vaya a tener interés en el tema de los aditivos permitidos para
dicho vegetal en los piensos para animales.
Como se
ha señalado más arriba, en la EFSA, la determinación de los conflictos de
intereses se hace no tanto por la aplicación de reglas generales prefijadas
cuanto por decisiones caso por caso en base a criterios relativamente vagos e
imprecisos. Así, por ejemplo, la constatación de un potencial conflicto de
intereses no determina por sí sola el rechazo de la candidatura de un experto.
La normativa obliga a rechazarle únicamente en el caso de que tenga “un
potencial conflicto de intereses de carácter general que conduzca regularmente a
su exclusión [...] de las reuniones del grupo científico”. Es decir que
la existencia de un conflicto de intereses puede determinar únicamente que el
experto esté obligado a ausentarse de las reuniones en los casos en que estén
en juego específicamente intereses de las empresas con que se encuentra
vinculado. Sólo se le ha de rechazar en el caso de que se “prevea” la exclusión
“regular” de las reuniones del experto por el potencial conflicto de intereses.
Obviamente, ahí hay suficientes términos vagos como para proporcionar un amplio
margen de discrecionalidad al encargado de tomar la decisión. Y eso ha dado
lugar a la aceptación de candidaturas muy problemáticas.
Es
importante señalar, por último, que la normativa de la EFSA no exige haber
estado desvinculado durante un periodo de tiempo de la industria para que el
experto pueda formar parte de la Agencia. Como dice expresivamente el informe del CEO:
“[los expertos] pueden sentarse en el consejo científico asesor de una
organización financiada por la industria hasta el día en que asistan a la
primera reunión del panel” (p. 19). Tampoco existen suficientes
limitaciones en el caso inverso, de paso de la EFSA a la industria privada.
Esto favorece enormemente el fenómeno de las puertas giratorias en este campo.
Unos
encuentros muy privados
La
influencia de los lobbies sobre las decisiones de la UE no sólo tiene lugar por
medio de su presencia dentro de los órganos comunitarios. Se instrumenta
también por medio de contactos informales fuera de las instituciones europeas.
Estos contactos pueden producirse en el marco de asociaciones privadas, como el
lobby financiero G-30, uno de cuyos miembros es el Presidente del Banco Central
Europeo sin que eso resulte, sorprendentemente, incompatible. Las relaciones pueden
establecerse, también, en congresos o conferencias organizados por el sector
privado a los que son invitados los miembros de los órganos decisorios de la
UE.
Unos
días antes de la votación del Consejo sobre el maíz transgénico, el 22 de
enero, el lobby de la federación de las empresas biotecnológicas europeas
(EuropaBio) organizó un acto dirigido a explicar los beneficios para los
consumidores de los organismos genéticamente modificados. Ninguna organización
de consumidores fue, sin embargo, invitada, a un acto calificado como
“confidencial”. Sí
estaba presente la autoridad más directamente responsable de la regulación de
los OGM en Europa, la Directora General para la Salud y los Consumidores de la
Comisión Europea, no sólo como asistente, sino como ponente. Curiosamente,
también era ponente un representante de la empresa Pioneer, solicitante de la
autorización del maíz transgénico.
El
resto de los 144 participantes y 15 oradores estaba compuesto fundamentalmente
por mandados de las empresas biotecnológicas y por políticos de la Unión
Europea y de diversos países. Estaban presentes cinco miembros de la Comisión
además de la Directora General antes mencionada así como varios parlamentarios
europeos. Entre los políticos, destacaban los representantes de los países más
proclives a los cultivos transgénicos, entre ellos, España. Fue una ocasión perfecta para un
amigable intercambio de impresiones entre quienes dirigen las instituciones
“públicas” y quienes se supone que deben ser regulados por ellas, justo antes
de la adopción de una decisión especialmente importante (v.
http://corporateeurope.org/agribusiness/2014/02/biotech-lobby-shuns-consumers-gmo-consumer-benefit-event).
La
colonización de la ciencia por la industria biotecnológica: el caso Séralini
El
ámbito de la determinación de los posibles riesgos de las nuevas tecnologías,
como la ingeniería genética y sus productos, los organismos genéticamente
modificados, es uno de los muchos terrenos en los que la ciencia opera con
previsiones estadísticas. En estas esferas, la determinación de lo que es una
evidencia científica fundada tiene un cierto grado de convencionalismo y
ambigüedad, por ejemplo en el establecimiento del porcentaje de error
aceptable. Por otro lado, la determinación de los riesgos es un terreno rodeado
de grandes dosis de incertidumbre en el caso de productos que van a ser
sembrados a gran escala y a ser destinados a la alimentación de animales y
seres humanos. Las variables susceptibles de ser relevantes y los factores que
pueden interactuar son muy numerosas resultando así enormemente complicado
prever los posibles riesgos. Esa complejidad crece exponencialmente en función
del aumento de los periodos de tiempo considerados.
En un
terreno rodeado de tanta incertidumbre y, sin embargo, de interés tan vital
para las industrias biotecnológicas, no es extraño que las empresas intenten
influir en la determinación de lo que vaya a ser considerado como evidencia
fundada por parte de la comunidad científica. El campo de la ciencia se
convierte así en uno de los terrenos de lucha de las corporaciones
biotecnológicas para intentar imponer sus intereses. En este campo, las
empresas hacen uso de muchos” incentivos”, desde la financiación de
investigaciones destinadas a construir evidencias sobre la inocuidad de los
productos transgénicos, hasta la subvención de congresos para promocionar sus
supuestos efectos benéficos. Uno de esos medios utilizados por las industrias
biotecnológicas en el campo de batalla de la ciencia son las revistas
científicas. El control de los comités de redacción de las publicaciones
académicas favorece la difusión de trabajos favorables a los intereses de las
empresas que comercializan OGM’s y pone trabas a los estudios que
les resultan perjudiciales. El recientemente ocurrido “caso Séralini” es una
buena prueba de ello.
Giles-Éric
Séralini, catedrático de Biología Molecular de la Universidad de Caen
(Francia), llevó a cabo, junto con su equipo, un experimento con
ratas entre 2008 y 2011 para estudiar los riesgos del consumo de un maíz
transgénico comercializado por la empresa Monsanto, así como del herbicida
Roundup distribuido también por dicha empresa. Monsanto comercializa diversas
especies de semillas genéticamente modificadas para ser más resistentes a su
propio herbicida, entre ellas buena parte de la soja cultivada en el continente
americano. Ello convierte a Roundup en el herbicida más utilizado en el mundo.
Por tanto, la evaluación de los efectos sobre la salud del consumo de plantas
que hayan sido rociadas con él y lo hayan absorbido es especialmente importante
para los consumidores.
Séralini
y su equipo hicieron públicos los resultados de su estudio en un artículo publicado
en una revista científica de referencia, Food
and Chemical Toxicology, en otoño de 2012: “Long term toxicity of a Roundup
herbicide and a Roundup-tolerant genetically modified maize” (Toxicidad a largo plazo del herbicida
Roundup y de un maíz modificado genéticamente resistente al Roundup). Posteriormente,
Séralini publicó un libro en francés titulado significativamente: “¡Todos cobayas! OGM’s, pesticidas,
productos químicos”. En él se hace un relato del estudio realizado así como
una valoración de las consecuencias sociales de los resultados del mismo.
Para la
realización del experimento se formaron cuatro grupos de ratas. Uno funcionó
como grupo de control siguiendo una dieta normal. De los otros tres, uno fue
alimentado con el maíz transgénico NK603, otro con el maíz transgénico más el
herbicida Roundup y el tercero con el herbicida Roundup. Las novedad del
experimento residía fundamentalmente en dos características: por un lado, en su
duración, pues los experimentos realizados anteriormente por la empresa
Monsanto no superaron los 90 días; por otro lado, se expuso a las ratas al
herbicida Roundup completo y no sólo a su principio activo, el glifosato, como
en los experimentos anteriores. La razón es que el herbicida tiene algunos
componentes destinados a facilitar su absorción.
Los
resultados del experimento fueron demoledores para los productos fabricados por
Monsanto. La exposición a largo plazo de las ratas al maíz transgénico y al
herbicida aumentó su mortalidad, determinó el desarrollo de tumores,
especialmente de cánceres de mama en las ratas hembras, y provocó numerosos
trastornos de salud en los ejemplares de ambos sexos. Las fotografías de los pobres bichos,
que pueden verse en la página web de Séralini, son espeluznantes. La trascendencia
de los resultados del estudio es tal que, como dice Ricardo Bachmann, “Desde la
publicación del artículo de Séralini et al se ha reabierto el debate sobre la
inocuidad de los OMG” (v. BACHMANN, Ricardo Ignacio: “Normas de seguridad
alimentaria de la Unión Europea: presumiendo la inocuidad de los organismos
modificados genéticamente”, en Actualidad Jurídica Ambiental, 4 de febrero de
2013).
La
comercialización del maíz transgénico objeto del experimento de Séralini en la
Unión Europea había sido aprobada por la Comisión el año 2005. La decisión se
basaba en un dictamen emitido por la EFSA el año 2003 considerando dicho OGM
inocuo para la salud.
La reacción de la agencia europea encargada de la seguridad alimentaria a la
publicación del artículo de Séralini debería haber sido, pues, la de revisar su
dictamen de 2003. Eso lo exige no sólo el principio de precaución, sino el más
mínimo sentido de la responsabilidad, máxime por el hecho de que son estudios
de las propias empresas los que sirven de base para los dictámenes de la EFSA.
Y el trabajo de Séralini puso radicalmente en cuestión los experimentos
llevados a cabo por Monsanto.
Sin
embargo, la colonización de la EFSA por los lobbies examinada más arriba hizo
que esta adoptara una respuesta totalmente diferente: la Agencia lanzó una dura crítica
contra el trabajo de Séralini considerando que sus conclusiones no eran
científicamente válidas. Esta crítica fue publicada en el diario de la
EFSA junto con un emplazamiento al investigador francés para hacer frente a las
acusaciones. Séralini y su equipo publicaron una respuesta conjunta a las
críticas que habían recibido demostrando su falta de fundamento. El texto se
publicó en la misma revista que el artículo originario (Food and Chemical
Toxicology), con el título “Answers to critics: Why there is a long term
toxicity due to a Roundup-tolerant genetically modified maize and to a Roundup
herbicide” (“Respuestas a los críticos:
¿Por qué existe una toxicidad a largo plazo debida a un maíz modificado
genéticamente tolerante a Roundup y al herbicida Roundup?”) [1]
La
revista en la que se publicó el artículo de Séralini, Food and Chemical
Toxicology, pertenece al grupo Elsevier, una de las distribuidoras más
importantes de revistas científicas del mundo, de las que comercializa casi
3000 títulos. En
noviembre de 2013, la dirección de la revista decidió “despublicar” el artículo
de Séralini, un hecho realmente insólito. Si visitamos la página web de
Elsevier correspondiente a dicha publicación, podemos comprobar que
efectivamente el artículo consta como “retirado [2]”.
La
única explicación posible de esta inusitada decisión es la presión de la
industria biotecnológica sobre la revista. De hecho el propio Séralini culpa de
la retirada a la campaña de prensa contra su trabajo orquestada por Monsanto y
a otra circunstancia: el hecho de haber entrado en el comité editorial de la
revista (en calidad de editor asociado encargado precisamente
de la publicación de artículos sobre biotecnologías), Richard Goodman ex investigador
de Monsanto. Su incorporación a Food and Chemical Toxicology se
produjo pocos meses antes de la decisión de la revista de retirar el artículo y
Goodman no es el único miembro del comité editorial con vínculos con la
industria biotecnológica [3].
Coda
Uno de
los argumentos utilizados habitualmente para justificar el predominio de
expertos procedentes del sector privado en los órganos reguladores o en las
revistas académicas es que éstos son los mejores o los únicos suficientemente
preparados en ese campo concreto. Esa es una justificación que también se usa
frecuentemente para fundamentar las prácticas de autorregulación. En muchas
ocasiones dichas argumentaciones se encuentran revestidas de la jerga de la
“teoría de sistemas” y la “complejidad”. La sociedad se habría vuelto
excesivamente compleja para ser regulada desde un organismo central teniendo
cada subsistema su propia lógica interna. En esta sociedad “compleja”, el
estado habría perdido la capacidad y los conocimientos necesarios para la
regulación, siendo por ello preciso instaurar mecanismos de autorregulación o
de gobernanza. Sin embargo, y a pesar de la colonización de la investigación
pública por parte de las empresas privadas, existe un número suficiente de
expertos totalmente independientes, tanto en Estados Unidos como en Europa,
para satisfacer las necesidades de la regulación en muchos campos.
Como
dice el informe del CEO “los expertos independientes pueden ser una especie
amenazada, pero aún no se han extinguido” (p. 31). De hecho, en la propia EFSA, 64 de los expertos
miembros de sus diferentes comités no tienen ningún conflicto de intereses ni
siquiera en base a los criterios más estrictos del propio CEO. Por otro lado, en
Estados Unidos, un estudio reciente demuestra que el 47% de los científicos
universitarios son independientes de la industria privada en el campo de las
ciencias de la vida (V. Zinner y otros: “Participation of Academic
Scientists In Relationships With Industry”, en Health Affairs, 28, no.6, 2009,
pp. 1814-1825). Estos investigadores no han recibido dinero alguno de la
industria por asesorías, como conferenciantes o en forma de subvenciones. Este
tipo de expertos deberían ser los que llevasen la batuta en los órganos
reguladores como la EFSA y en revistas como Food and Chemical Toxicology y no
los vinculados a Monsanto, Syngenta, DuPont Pioneer o cualquier otra
multinacional directamente interesada en la difusión de los transgénicos.
Notas:
[1]
Puede consultarse libremente en:
José A. Estévez Araújo
Mientras Tanto
