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jueves, 11 de febrero de 2016

Ser niño pobre y judicializado en Chile: La responsabilidad del SENAME y el rol de las Ocas


Reportaje

Por Cristian Allendes

A inicios de 2000 el Servicio Nacional de Menores generó un proceso de licitaciones para ejecutar programas de intervención. El juego estaba armado y los competidores también. Todos querían un pedazo de la torta, mientras que en la población, los mecanismos de control ya llenaban sus listas con nombres de niños pobres.

CRISTIAN ALLENDES 

HOY 11:02 

Desde su creación en el año 1979 bajo decreto de Ley nº 2.465, el Servicio Nacional de Menores (SENAME) es el organismo estatal, dependiente del Ministerio de Justicia, encargado de proteger y promover la restitución de los derechos vulnerados y violentados de niños, niñas y adolescente (NNA) del país que se encuentran en situación de pobreza o extrema pobreza. Esto, con la idea de reinsertarlos en el ámbito socio político cultural, mediante programas que son ejecutados de manera directa por el organismo estatal o por organizaciones sociales, corporaciones o fundaciones bajo la calidad jurídica de colaboradores acreditados del servicio (Ocas).

El SENAME opera de acuerdo a los requerimientos provenientes de los distintos tribunales de familia del país, quienes reciben denuncias por maltrato leve o grave, por negligencia parental o deserción escolar realizadas por instituciones de la comunidad como escuela o consultorio. De igual modo, reciben denuncias por demanda espontánea realizada por los propios padres o adultos al momento en que las capacidades y mecanismos de control y cuidado no dan resultados. Por ende, todo NNA que es ingresado a algún programa del SENAME viene derivado desde el Tribunal de Familia y a pesar de sus cortas edades ya cargan sobre sus hombros con un proceso judicial. Por lo tanto, será necesario que sus vidas se judicialicen para optar a los “beneficios” que entrega el Estado.

Las Ocas y su rol en la promoción y protección de los derechos del niño

Luego de iniciadas las primeras protestas nacionales contra de la dictadura cívico-militar (1983-84) comienzan a aparecer en el entorno comunitario, agrupaciones de jóvenes organizados con el objetivo de crear centros escolares comunitarios, centros demostrativos de huertas orgánicas, instalación de comedores populares y espacios de contención espiritual y emocional. Muchas de estas agrupaciones y organizaciones no gubernamentales (ONG’s), se mantuvieron gracias al apoyo económico provenientes del extranjero o por la autogestión de sus miembros. Dado que eran pilares de lucha y resistencia contra la dictadura, no recibieron ningún tipo de financiamiento estatal. Pero este escenario, comienza a sufrir grandes transformaciones a partir de los primeros años de la década de los 90. Para el mundo, Chile había logrado la tan anhelada democracia, se había derrotado diplomáticamente al dictador, el pueblo volvía a ser libre. ¿Libre?

Con este nuevo escenario, el aporte extranjero disminuyó considerablemente, teniendo las organizaciones sociales que buscar nuevos recursos que permitieran seguir financiando los proyectos y trabajos ya implementados con arraigo en el ADN de la comunidad. Es aquí, a mediados de los años 90 (96-97) donde surgen los primeros organismos colaboradores acreditados del Sename. Al principio, y dado que no existían en demasía, el financiamiento estatal era expedito y con la ratificación de la Convención de los Derechos de Infancia por parte de Chile, el SENAME comienza a visualizar la necesidad de abordar la situación-problema de la infancia desde un enfoque con mayor énfasis en lo comunitario y territorial, centrándose en la participación y protagonismo infanto-adolescente. Así, todo se veía bien y tenía sentido. Pero en el camino algo sucedió y todo cambió, con la salvedad de que el niño seguía siendo pobre.


El SENAME y su juego de las licitaciones. 

¿Quién se hace cargo?

A inicios del año 2000, y dado que el número de organizaciones sociales, ONG, fundaciones y corporaciones que querían postular al financiamiento estatal para el trabajo con NNA se había incrementado, el SENAME generó un proceso de licitaciones, una especie de concurso donde todas las organizaciones debían presentar sus proyectos y esperar a ser los elegidos por el servicio para poder ejecutar un programa de intervención. Producto de esto, muchas de las organizaciones que nacieron en la década de los 80 fueron desapareciendo paulatinamente, dado que sus miembros se negaron a ser financiados por el Estado, disolviéndose por falta de recursos. Otras se fueron transformando en grandes corporaciones y fundaciones. También se abrió la puerta a corporaciones internacionales. El juego estaba armado y los competidores también. Todos querían un pedazo de la torta, mientras que en la población, los mecanismos de control ya llenaban sus listas con nombres de niños pobres. La cosa sería más o menos así: el Estado a través del SENAME ponía los fondos (millonarios), las organizaciones sociales ofertan sus capacidades y competencias, mientras que en las instituciones territoriales (escuela, consultorio u otro) se expandía el discurso de la protección, del interés superior del niño, de denunciar cualquier anomalía, inclusive la mugre, el piñil o los piojos. Todo servía para elaborar la denuncia a los Tribunales y su derivación a las Ocas. Nuevamente, ser pobre se transformó en un elemento a sancionar y judicializar.

Producto de este juego de licitaciones, los programas fueron perdiendo presencia en lo territorial, alejándose de lo comunitario y del contexto cotidiano del niño. Se confundió protección con sanción. De igual manera, los tiempos de intervención disminuyeron drásticamente en programas como los PPF (Programas de Prevención Focalizada) y los PIE (Programas de Intervención Especializada) no superando los 18 meses de proceso, a diferencia de los 3 años o más que duraban los CIJ (Centros Infanto Juveniles), previos al proceso de licitación. Con la disminución de los plazos, se comenzaron a apurar las intervenciones con los niños, incentivando la atención de box y no territorial, con la idea de lograr una reparación a la situación de vulneración presente. Al término de este plazo se visualizaba la necesidad de egresar o derivar. Cabe destacar que la autorización para egresar o derivar al niño proviene de los Tribunales de Familia, quienes deciden el término o no del proceso interventivo.

Y aquí me quiero detener. Uno de los principales problemas que genera la licitación, es la poca estabilidad de los programas ejecutados y por ende la inestabilidad en la situación de los trabajadores y de los procesos interventivos de los niños atendidos, dado que dependen de si la institución u organización se adjudica el mismo proyecto en la siguiente licitación. Si no es así, los casos y la información de los niños debe ser derivada a la institución ganadora, traspasando a los niños como si fuesen mercancía, no respetando sentimientos ni opiniones, no respetando los vínculos terapéuticos que se generan entre los NNA y los trabajadores, teniendo el niño que enfrentar a un nuevo profesional, abrir nuevamente su situación y la causal por la cual fue derivado, es decir, volver a contar su historia de maltrato, de abuso, de violencia, de pobreza. Si eso es protección, no me puedo imaginar lo antagónico. Por lo general, estos niños mantienen una trayectoria institucionalizada desde temprana edad.

La transformación de las Ocas en empresas sociales

Con las licitaciones, las que alguna vez fueron pilares de lucha y solidaridad, se fueron convirtiendo en empresas sociales. El objetivo era lograr a toda costa el financiamiento estatal. Para ello, muchas se profesionalizaron en la elaboración de proyectos contratando profesionales especializados, mientras que las más chicas rezaban para no perder la certificación de organismos colaboradores. Algunas simplemente utilizaron contactos o información privilegiada, como fue el caso de la Corporación Cercap, que en la licitación del año 2013, logró adjudicarse 13 de los 14 proyectos presentados al SENAME. Claro que dentro de su directorio, figuraba un antiguo supervisor técnico del propio SENAME. Cuando los mismos trabajadores de las Ocas comenzaron a cuestionar el proceso de licitación y a identificar irregularidades al interior de estas, la relación se quebró. El cuestionamiento hacia el proceso de licitación tenía que ver exclusivamente con la poca estabilidad laboral que esta ofrecía, debido a que los proyectos no duraban más de un año, teniendo que estar cada 15 meses con la incertidumbre de mantenerse o no con empleabilidad. Pero también y tal vez mucho más importante, fue cuestionar la poca seriedad que se estaría ofreciendo a los niños ingresados a las Ocas, debido al poco tiempo con que se cuenta para llevar adelante un proceso exitoso de intervención y a la constante derivación y traspaso de casos hacia las Ocas que se adjudicaban los proyectos.


Pero estos cuestionamientos no cayeron bien entre las directivas de las Ocas, no siendo capaces de levantar una queja hacia el servicio por lo antes señalado, acogiéndose sin mayor complicación, a lo dictaminado desde el SENAME, es decir, se aceptan las condiciones o simplemente quedas afuera. El escenario actual hizo competir a las distintas Ocas para obtener fondos públicos y ejecutar las políticas públicas en infancia, que debiese ser responsabilidad del Estado. Si bien se presentaban como organizaciones sin fines de lucro, sus nuevas prácticas y los constantes quiebres con los trabajadores, hace pensar que tan sólo es una declaración escrita en papel. Las nuevas organizaciones se han alzado como “expertos garantes en derechos”, sometiendo la protección de los derechos de infancia a la especulación del mercado y al mejor postor.

El negocio es redondo. El niño pobre se convirtió en un codiciado sujeto. A nivel económico, el SENAME paga una subvención promedio de 100 mil pesos por niño atendido y el promedio de ingresos por institución es de 80 plazas. En varias de estas Ocas, los trabajadores decidieron organizarse en sindicatos con la idea de resguardar sus intereses laborales, optar por mejores condiciones en el trabajo y denunciar las constantes malas prácticas en que han incurrido ciertas organizaciones.

Uno de los casos con mayor repercusión en el ámbito, fue lo sucedido en la Corporación SEDEJ durante el año 2015, donde los trabajadores del PIE Entrecerros de la Serena, denunciaron al SENAME las prácticas realizadas por la coordinadora del programa, quien además era miembro del Directorio, de subir información falsa a la plataforma web del SENAME (Senainfo.cl), configurándose en grave abandono de deberes, mal uso de instrumento público y malversación de fondos públicos. Se elaboró una comisión investigadora dirigida por la Representante Legal de la Corporación, cuyo resultado fue desestimar la denuncia, no aceptando las declaraciones juradas de las adultas responsables que afirmaron no haber recibido ningún tipo de atención desde la corporación durante los meses denunciados, contradiciendo las intervenciones subidas a la plataforma web. La investigación de la comisión concluyó que existían roces personales entre la coordinadora del programa y el trabajador que realizó la denuncia, apuntándolo como un pésimo trabajador, siendo posteriormente despedido. La denuncia fue acogida por el SENAME el 27 de mayo del 2015.

Otro caso a señalar, ocurrió durante el mes de enero de este año en la ciudad de Valparaíso. Por solicitud de la Directiva de la OCF Centro Juvenil el Puerto, realizada en octubre del 2015, argumentando serios problemas con los trabajadores sindicalizados y por resolución del SENAME, se define el cierre del programa para el día 31 de enero, siendo que este tenía fecha de término para el 30 de abril, dejando tan solo 12 días hábiles para realizar el proceso de cierre con los cerca de 80 niños que hasta ese momento estaban siendo atendidos en el centro. La situación es compleja, dado que para la directiva del centro y para el SENAME regional, poco importó el abrupto cierre de los procesos con los niños, quienes en su mayoría debieron ser traspasados al otro PIE de la ciudad. Con estas acciones, acogidas por el organismo estatal que vela por la protección de los derechos humanos de los niños, queda la interrogante de que si las cosas se están haciendo bien o si llegamos a la instancia donde los niños pobres en verdad a nadie les importa y son meramente un producto de intercambio quedando a la deriva a la espera de que los tribunales decidan sus vidas. O, si realmente las Ocas apuestan por restituir los derechos de los niños o los agudizan aún más.

¿Protección o criminalización del niño pobre? 

¿Por qué para proteger hay que judicializar?


Cuando se habla de niño pobre, se hace para diferenciar la realidad existente entre las dos clases de niños que habitan en el país. Además se habla de niños pobres para referirse a los niños que viven en condiciones de exclusión, a los que son juzgados por estar desescolarizados, a los que son perseguidos desde los 14 años para enfrentar a la justicia y los juzgados de Garantía por algún delito menor cometido. También se hace para señalar que la protección, desde la mirada estatal, es solo para los niños en condiciones de pobreza o extrema pobreza o para aquellos cuyos padres no poseen las condiciones mínimas (económicas y de afecto) para cuidarlos como corresponde. Entonces hablamos de niño pobre cuando nos referimos a aquel que para el Estado no es sinónimo de inversión, sino más bien de aquel que para el Estado significa un gasto dentro del presupuesto nacional.

Desde mi experiencia en el territorio puedo decir además, que el niño pobre viene judicializado desde su “cuna”, debido a que forma parte de un grupo de sujetos que ya están sancionados socialmente. Estos niños provienen de las familias de “flaytes”, “delincuentes”, trabajadores sin estudios ni profesión, de familias que optan a cualquier bono o programa social para recibir el dinero extra para lograr sobrevivir, mientras las instituciones y el SENAME señalan, mediante estadísticas, los logros de tener en algún tipo de programa de “protección” un gran porcentaje de estos niños pobres que ni siquiera figuran en los estudios del Instituto de Derechos Humanos, porque no son mapuche.

Es decir, con esto el SENAME considera como éxito los mecanismos utilizados para brindar la protección judicializada a los niños, con estudios elaborados desde la oficina nacional. ¿Por qué entonces se judicializa a estos niños para brindarles protección? ¿Por qué en algunos casos la protección significa alejarlos de sus familias, sentenciando a los niños a vivir en hogares del SENAME? ¿Por qué ser pobre significa que presentas limitaciones para cuidar a tu hijo? Basta con participar directamente en una audiencia en el Tribunal de Familia para entender que en estos casos, poco y nada importa la relación de afecto que puedan tener estos niños con sus padres, ya que es la autoridad del juez o la jueza quien determina el futuro de los niños que participan en programas del SENAME.

http://www.elciudadano.cl/2016/02/10/255364/ser-nino-pobre-y-judicializado-en-chile-la-responsabilidad-del-sename-y-el-rol-de-las-ocas/

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