Reformas laborales del gobierno

Reformas laborales del gobierno

Juan J. Paz y Miño Cepeda

EL TELÉGRAFO - Primer Diario Público

Ecuador, lunes 01 de diciembre de 2014

Las reformas laborales que impulsó el exministro Francisco Vacas tuvieron una clara orientación proempresarial y afectaban a los trabajadores. Pero no se puede decir lo mismo de las que ha presentado el nuevo ministro Carlos Marx Carrasco, pues es evidente que dan un giro a favor de los trabajadores.

En efecto, se propone, en resumen: que el contrato de trabajo normal sea indefinido (subsisten otras modalidades contractuales); la solidaridad común, en materia laboral, de las ‘empresas vinculadas’; que el desahucio o notificación para cesar el trabajo solo sea de iniciativa del trabajador; que sea ineficaz, y por tanto nulo, el despido intempestivo de dirigentes sindicales y de trabajadoras embarazadas (antes solo se les indemnizaba); que las directivas sindicales se elegirán por el voto directo y secreto de los trabajadores; y la mensualización de las remuneraciones adicionales (13.º y 14.º sueldos), pero a voluntad del trabajador. Se suma la importante reforma de la seguridad social, porque incorpora al régimen de pensiones por vejez, invalidez y muerte, a las trabajadoras del hogar; y, aunque no se las incluye para las prestaciones en salud (algo que habrá que modificar con el tiempo), el Gobierno ha aclarado que seguirán atendidas por el Ministerio de Salud.

Los empresarios han puesto el grito en el cielo porque una de las reformas propone que las remuneraciones de los gerentes y directivos no podrán exceder un máximo que determinará anualmente el Ministerio rector del trabajo. Algunos dirigentes laborales han puesto el grito en el cielo porque otra reforma propone limitar el reparto de utilidades a no más de 25 salarios básicos unificados (SBU), al mismo tiempo que el excedente (por ley hay que repartir el 15% de las utilidades) servirá para financiar el régimen de las prestaciones solidarias del seguro social.

Me parece ‘tibia’ la limitación de remuneraciones de gerentes y directivos empresariales. Es discutible la limitación de utilidades, aunque también implica un cambio de conceptos a favor de la solidaridad colectiva sobre el beneficio individual. A pesar del rescate de la seguridad social, deteriorada durante la vigencia del modelo empresarial-neoliberal (1982-2006), es lento el avance de su universalización, algo dispuesto por la Constitución de 2008. A su vez, es urgente comenzar a controlar y regular a las aseguradoras privadas, que con frecuencia obran impunemente solo a favor del capital. Una acelerada redistribución de la riqueza requerirá incrementar el impuesto a la renta de las capas más ricas. Será importante proponer un nuevo Código del Trabajo, que imponga la hegemonía del ser humano sobre el capital, en lugar de introducir simples reformas parciales.

Sin embargo, aunque las reformas propuestas por el Gobierno aún quedan cortas frente a lo que hay por conquistar, no es justificable el rechazo total, en bloque, de todas ellas, sin hacer siquiera distinciones y análisis, con objetividad y sin pasiones, de lo que cada una significa para los mismos trabajadores.