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lunes, 22 de diciembre de 2014

La injerencia de EEUU en México tras la masacre de Iguala

La injerencia de EEUU en México tras la masacre de Iguala
PIA

Agentes del FBI investigando en Iguala, promesas de “cooperación” del embajador de Estados Unidos en el estado de Guerrero y fuerte respaldo a la militarización anunciada por el Ejecutivo Nacional de México. Anuncios de “ayuda en seguridad” desde Washington lanzadas bajo la Iniciativa Mérida que abrazó el ex presidente Felipe Calderón y continúa Enrique Peña Nieto.

Internacional | PIA | 22-12-2014

En el marco de la Iniciativa Mérida, poco días después de la masacre y secuestro de los estudiantes de Ayotzinapa, llegaron a Iguala efectivos de la Oficina Federal de Investigación (FBI) de Estados Unidos para llevar a cabo tareas forenses, confirmó el subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, Sergio Alcocer, citó La Jornada. Agregó que la injerencia de los federales estadounidenses era reconocida por el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, que lleva a cabo la investigación desde el Gobierno Nacional, con fuertes críticas de familiares de los normalistas y organizaciones políticas locales.

La semana pasada, el embajador de EEUU en México, Anthony Wayne, se reunió con el gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez –designado por Peña Nieto tras la masacre-. “Los dos hablaron sobre las posibilidades de asistencia por parte del gobierno de los Estados Unidos a Guerrero bajo la Iniciativa Mérida que trabaja en coordinación con el gobierno federal”, sostuvo la embajada en un comunicado. El argumento de Wayne, fue que su país “apoya los esfuerzos de Guerrero para construir una cultura de paz y de estado de derecho en ese Estado”.

Semanas atrás, un medio estadounidense confirmó un caso que supera el asesoramiento para pasar a la acción en territorio mexicano: Agentes del Departamento de Justicia de Estados Unidos participan encubiertos en operativos en México, armados y vestidos con uniformes como militares de la Marina. De acuerdo a un artículo del The Wall Street Journal (WSJ). Las “operaciones antinarcóticos” se llevan a cabo alrededor de cuatro veces al año y en ella intervienen efectivos especialistas del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos que depende del Departamento de Justicia. A su vez, cuentan con apoyo de agentes del Federal Bureau of Investigation (FBI) y la Drug Enforcement Administration (DEA).

La Iniciativa Mérida fue firmada en 2008 por el entonces presidente mexicano Felipe Calderón y su homólogo estadounidense Gergoe W. Bush, y prevé un fondo de dinero que hasta el momento alcanzó los 1,2 mil millones de dólares a México en equipamiento de seguridad, precisó la embajada de EEUU. Además de la militarización, apuesta a una fuerte injerencia en la estructura institucional, principalmente en materia judicial y de seguridad.

En términos de militarización, “se expresa en guerra irregular con espionaje, contraespionaje, fuerzas especiales y contrainsurgencia ante un enemigo interno que opera entre los civiles, como dice el Pentágono, asignando a las Fuerzas Armadas de México tareas de represión interna, sin mayor efecto sobre lo que dice querer erradicar”, explica el investigador mexicano John Saxe-Fernández.

En ese marco, a principios de diciembre el Gobierno de Enrique Peña Nieto lanzó un “plan de seguridad especial de seguridad” combina al Ejército, la Marina y la Policía Federal en la región conocida como Tierra Caliente que abarca 36 municipios de Guerrero, Michoacán, Estado de México y Morelos identificados como de “alta criminalidad”. La nueva fase de militarización coordinada por la Secretaría de Defensa –bajo el argumento de “lucha contra el crimen organizado”- fue rápidamente respaldado por el gobierno de Estados Unidos a través de la portavoz del Departamento de Estado, Marie Harf.

El operativo había sido anunciado por el presidente Peña Nieto el pasado 27 de noviembre en la presentación de diez medidas que giraron en torno a seguridad y reformas en la administración institucional. Acorralado por la movilización popular que exige su renuncia tras la masacre y desaparición de estudiantes de Ayotzinapa, los anuncios del Ejecutivo Nacional prometieron mayor presencia policial y carga la responsabilidad sobre las alcaldías en un intento por distender la crisis de autoridad política.


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