30-S y la restauración conservadora

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30-S y la restauración conservadora

Juan J. Paz y Miño Cepeda

EL TELÉGRAFO - Primer Diario Público

Ecuador, lunes 29 de septiembre de 2014

El 30 de septiembre de 2010, aprovechando la insubordinación policial, una serie de actores políticos intentaron que culminara con éxito el golpe de Estado contra el gobierno del presidente Rafael Correa, algo que confabulaban desde tiempo atrás.

La jornada se desarrolló en un proceso acumulativo: temprano, la insubordinación policial estalló a escala nacional; a media mañana el Presidente era retenido en el hospital de la policía; al mismo tiempo el Palacio Legislativo fue cercado y se impidió su funcionamiento; quedaron suspendidas clases y actividades en todo el país; en distintas ciudades hubo saqueos; la ciudadanía quedó desprotegida; en Quito empezaron a movilizarse los actores políticos del golpe; conforme avanzó la tarde, intentaron acallar a los medios públicos; asambleístas de oposición, en lugar de defender la democracia y la institucionalidad, salieron a solicitar “amnistía” para todos los comprometidos; por la noche se evidenció el intento de asesinar al Presidente; y solo con la intervención de las Fuerzas Armadas y del sector de policía leal a la Constitución, fue rescatado el Presidente. Desde luego, en el plano internacional se unió la firme posición de los gobiernos latinoamericanos, que desde el primer momento estuvieron claros en condenar la intentona golpista.

Los acontecimientos del 30-S fueron la primera manifestación del propósito de restauración conservadora. Todavía camuflada, sin dejar evidencias contundentes. Por eso, aunque la justicia ecuatoriana apenas ha podido determinar y juzgar a algunos comprometidos, especialmente policías, ante el país los responsables históricos de aquella jornada han quedado retratados.

Pero hoy la restauración conservadora ha dejado de camuflarse. Avanza a pasos acelerados y fija claramente posiciones. Ante todo tiene en su mira a la economía: sostiene que habrá que disminuir el gasto público, derogar las leyes económicas que afectan a los “sectores productivos”, fomentar la competencia, destinar recursos estatales a la promoción empresarial y alentar al sector privado. Es decir, retornar al esquema de economía empresarial que tanto daño hizo al país desde inicios de la década de 1980. En materia política, comienzan las reuniones incluso entre fuerzas otrora enemigas; se forman las primeras alianzas por la “libertad”, la “democracia” y los “derechos”; se realizan foros y debates entre “líderes”; se reúnen alcaldes opositores. En materia constitucional ya no hay empacho alguno en sostener que se requerirá una nueva asamblea que acabe con la Constitución de 2008.

Lo peor es que en todo ello colaboran aquellos sectores que sostienen que la restauración conservadora viene del mismo gobierno, argumento del que aprovechan los reales restauradores. Y la situación llega a ser sorprendente, cuando un exbanquero y excandidato presidencial, así como un dirigente de la Cámara de Comercio, e incluso otros políticos de oposición, saludan y aplauden las movilizaciones populares y de los trabajadores, y hablan de “volver a la democracia”.