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martes, 1 de julio de 2014

Pese a la oposición de EEUU y la UE, la ONU aprobó la creación de un Tratado contra violaciones de DDHH por parte de las multinacionales

Pese a la oposición de EEUU y la UE, la ONU aprobó la creación de un Tratado contra violaciones de DDHH por parte de las multinacionales
 Prensa Internacional Alternativa

La propuesta impulsada por Ecuador y decenas de organizaciones sociales y políticas, tuvo el respaldo de la Declaración del Tribunal Permanente de los Pueblos que condenó por “crímenes contra la humanidad y el ambiente” a corporaciones como Chevron, Shell, Mekorot y Glencore. Más de 610 organizaciones de 95 países han exigido a la ONU la aprobación de la resolución.

Internacional | PIA (Prensa Internacional Alternativa) | 29-06-2014

Pese a la oposición de Estados Unidos y la Unión Europea, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas logró aprobar en Suiza la creación de un grupo intergubernamental para elaborar un Tratado de carácter vinculante para las empresas multinacionales en materia de Derechos Humanos. La propuesta impulsada por Ecuador y decenas de organizaciones sociales y políticas, tuvo el respaldo de la Declaración del Tribunal Permanente de los Pueblos que condenó por “crímenes contra la humanidad y el ambiente” a corporaciones como Chevron, Shell, Mekorot y Glencore.

El objetivo del Tratado que comenzará a diseñarse tras la aprobación de la resolución de la ONU es que obligue a las Corporaciones Transnacionales (ETNs) a respetar las normas internacionales en materia de derechos humanos e instaure responsabilidades civiles y penales en el caso de que incurran en violaciones, y señale las obligaciones de los Estados con relación a la regulación y control de las ETNs. De ese modo, complementará los mecanismos universales, regionales y nacionales.

“La propuesta conjunta ecuatoriana-sudafricana logró ser aprobada, a pesar de la fuerte oposición y presión política que ejercieron Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y la Unión Europea sobre los demás países miembros del Consejo”, destacó la cancillería de Ecuador, luego de informar que la resolución tuvo 20 votos a favor, 13 en contra y 14 abstenciones.

La iniciativa fue respaldada por una campaña mundial “Paremos el crimen corporativo y la impunidad” en la que decenas de organizaciones políticas y sociales participaron desde el lunes pasado en denuncia de la “intensificación y proliferación de atroces violaciones empresariales contra los derechos humanos y crímenes ecológicos”.

La resolución contó con el apoyo de Bolivia, Nicaragua y El Salvador; y el voto favorable de Rusia, China, India, Cuba, Venezuela, Argelia, Benín, Burkina Faso, Congo, Costa de Marfil, Etiopía, Indonesia, Kazajstán, Kenia, Marruecos, Namibia, Pakistán, Filipinas, Vietnam, Sudáfrica y Ecuador.

Declaración del Tribunal Permanente de los Pueblos

En paralelo a la 26° Sesión del Consejo de la ONU en Ginebra – Suiza- , en el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP)se presentaron testimonios contra empresas por sus crímenes: Chevron en la Amazonia Ecuatorial; Shell en Nigeria; Glencore en Filipinas, Zambia, República Democrática del Congo, Perú y Colombia; Pacific Rim en El Salvador; Lonmin en Sudáfrica; Coca-cola en Colombia; Mekorot en Palestina; e Hidralia en Guatemala.

“Esta audiencia constata una vez más que las violaciones perpetradas por ETNs no constituyen casos aislados y sin conexión, más si prácticas sistemáticas que se repiten alrededor del mundo, como expresión de la arquitectura de la impunidad”, destacó en su sentencia el TPP tras la audiencia del pasado lunes.

Luego precisaron que los Estados sede de las empresas acusadas “mantienen su complicidad a través de las acciones y omisiones en la promoción y en el mantenimiento de los abusos perpetrados. Entre ellos destacaron a Suiza, Estados Unidos, Canadá, Israel y países de la Unión Europea.

El TPP señaló que la “arquitectura de la impunidad” de las ETNs se sustenta en la complicidad de tribunales de arbitraje como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial.

En ese sentido, la sentencia exige que los crímenes de las multinacionales no sean recurridos ante paneles arbitrales internacionales, sino que se refuerce la competencia de los Estados. “Los tribunales nacionales deben resolver los conflictos y los gobiernos y parlamentos deben consultar en audiencias públicas con movimientos sociales, sindicatos, ONG y pueblos autóctonos”, indicaron.

También destacaron que el incumplimiento de los derechos humanos, es favorecido desde hace décadas por organizaciones como la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los Tratados de Libre Comercio (TLC) que promueven.
En la Declaración de la audiencia, sistematizaron los siguientes rasgos y consecuencias de los crímenes corporativos:

- Daños para la vida: medioambiente, amenazas a la soberanía alimentaria, amenazas a la Salud pública

- Privatización de bienes públicos y agua y despojo de tierras

- Destrucción y acaparamiento de las tierras y los territorios ancestrales de los pueblos indígenas y afrodescendientes

- Ataque a los derechos de las mujeres y los derechos laborales y explotación del trabajo infantil

- Persecución de defensores y defensoras de los derechos humanos

- Violencia, la represión y criminalización contra los movimientos sociales y sindicales, pueblos en resistencia y masacres “como la de los trabajadores de Marikana” en Sudáfrica. “La ejecución de las mismas se llevan a cabo por medio de grupos policiales y militares, paramilitares y de empresas de seguridad privada, así como también otras instituciones de los Estados receptores”, señalaron.

- El acceso a la justicia y a la reparación por parte de las víctimas se ve gravemente afectado por la falta de recursos, así como por implicaciones políticas y de seguridad, y aún más por las asimetría de condiciones de litigar.

- Jurisdicción: la instrumentalización de las reglas sobre jurisdicción y competencia representa un obstáculo más a la justiciabilidad de los derechos de los pueblos.

- Complicidad de los Estados sede: “la Audiencia permitió constatar que los Estados sede de las empresas acusadas (Suiza, Estados Unidos, Canadá, Israel y países de la Unión Europea) mantienen su complicidad a través de las acciones y omisiones en la promoción y en el mantenimiento de los abusos perpetrados”, precisaron.





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