Introducción
Los
intentos por privatizar las semillas continúan desplegándose globalmente de las
manos de los gigantes corporativos del agronegocio. Detrás de ellos hay un
objetivo claro de apropiarse de las semillas de manera monopólica y de
convertir la práctica histórica y milenaria de mantener y reproducir semillas
en un delito. América Latina no está libre de tales ataques.
Aunque
la agresión tiene actualmente como punta de lanza las leyes UPOV, lo que en
realidad se vive es una andanada de leyes, decretos y regulaciones que incluyen
patentes sobre eventos biotecnológicos, normas sanitarias, normas de
comercialización, leyes de certificación, registros varios, reglas tributarias,
las
mal llamadas “buenas prácticas agrícolas”, programas de investigación,
políticas de establecimiento de mercados de semillas y más.
Ya
en el año 2005 decíamos: “Observadas hoy en día, todas las leyes de
semillas refieren a la represión. Tratan acerca de lo que los agricultores no
pueden hacer. Dictan qué tipo de semillas no pueden venderse, no pueden
intercambiarse y en algunos casos incluso no pueden usarse. ¡Todo en nombre de
la regulación comercial y la protección de los productores agrícolas! En
este sentido, las leyes de semillas se complementan con los regímenes de
derechos de propiedad intelectual (DPI) como la protección de variedades
vegetales y las patentes. Los dos tipos de leyes — regulaciones para la
comercialización y derechos de propiedad— se refuerzan mutuamente.1
Si
algo ha cambiado desde entonces, es que las estrategias de privatización se han
multiplicado y se han hecho más extremas y ambiciosas. Lo que empresas y
gobiernos no esperaban es que simultáneamente se han multiplicado las
resistencias desplegadas a nivel nacional y regional.
¿Que
es UPOV?
La
Unión Internacional para la Protección
de las Obtenciones Vegetales (UPOV) es una organización intergubernamental
con sede en Ginebra (Suiza). La UPOV fue creada por el Convenio Internacional
para la Protección de las Obtenciones Vegetales. El Convenio fue adoptado en
París en 1961, y fue revisado en 1972, 1978 y 1991. Según su propia definición
“la misión de la UPOV es proporcionar y fomentar un sistema eficaz para la protección
de las variedades vegetales, con miras al desarrollo de nuevas variedades
vegetales para beneficio de la sociedad”.2 En el lenguaje de UPOV,
"protección" significa privatización.
La
historia de UPOV muestra una expansión permanente y aparentemente sin límite de
los derechos de las empresas semilleras junto a una reducción también
permanente y sin límites de los derechos y libertades de agricultores y
campesinos. El Convenio original otorgaba derechos de propiedad solamente sobre
variedades que hubiesen sido desarrolladas por quien solicitaba la
privatización, concedía poco más que el derecho exclusivo de comercializar una
variedad privatizada y no establecía sanciones específicas. Con
las sucesivas transformaciones en 1972, 1978 y 1991, UPOV actualmente concede
propiedad sobre variedades "descubiertas" y otorga derechos
monopólicos sobre la producción, comercialización, exportación, importación,
además de permitir a las empresas pedir la confiscación de cultivos,
plantaciones, cosechas y productos derivados de la cosecha. Asimismo, establece
que las empresas pueden demandar penalmente, lo que implica penas de cárcel.
El
Convenio UPOV 91 es el que hoy se está intentando imponer en todo el mundo bajo
el pretexto de la “protección”. Sin embargo en el presente está ampliamente
demostrado que UPOV 91 niega los derechos de los agricultores tanto a nivel
particular como en su sentido más amplio al cercenar su derecho a guardar
semilla para la siembra y permitir a las corporaciones adueñarse de la
biodiversidad, logrando un control comercial completo sobre las semillas y los
conocimientos de las comunidades. Además los criterios de protección de obtenciones
en UPOV exacerban la erosión de la biodiversidad por promover la uniformidad de
las semillas. Esto es tremendamente peligroso pues la uniformidad
conduce a pérdidas de cosecha y a mayor inseguridad alimentaria. Finalmente la
privatización de las semillas afecta negativamente a la investigación y el
intercambio de conocimientos.
En
América Latina y el Caribe son miembros de UPOV Argentina, Bolivia (Estado
Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago y
Uruguay. De estos, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Perú son los
únicos que en este momento aplican UPOV 91. 3
El
saco sin fondo de las ambiciones empresariales
Las
leyes de semillas que hoy buscan imponerse son una aplicación irrestricta y a
menudo ampliada de UPOV 91. Por lo tanto,
a) Permiten la privatización de variedades “descubiertas”,
lo que además de ser absurdo desde el punto de vista de los supuestos
principios de la propiedad intelectual (que dice privatizar sólo lo inventado),
es un absurdo en el ámbito de las semillas, ya que toda variedad vegetal es
obra humana.
En
otras palabras, las nuevas leyes permiten a las empresas o centros de
investigación apropiarse del trabajo ajeno, más específicamente de las semillas
campesinas. Este robo se ve facilitado por el hecho que la circulación
de una variedad por circuitos locales campesinos no impide que quien se apropie
de ella la defina como “nueva”.
b) El robo luego es llevado hasta límites impensables cuando
las nuevas leyes expanden la propiedad otorgada a toda variedad “similar”, sin
importar cuánto tiempo ella haya existido. Es decir, las leyes UPOV buscan imponer
un robo con retroactividad. Una cláusula como ésta fue incluida en la resolución
970 del ICA en Colombia, inclusión que fue uno de los detonantes del Paro
Agrario que se llevó a cabo en Colombia y que obligó al gobierno colombiano a
retirar tal resolución.
c) Las sanciones contra quienes no obedezcan el absurdo
aumentan significativamente, permitiendo la confiscación no sólo de las
semillas que se consideren “ilegales”, sino también de los cultivos,
plantaciones, cosechas y productos elaborados que provengan de tales semillas. Los procedimientos
judiciales para tales confiscaciones serán del tipo sumario, lo que significa
que se harán de manera rápida y con poca exigencia de pruebas. La experiencia
práctica permite temer fundamentadamente que las empresas desplegarán
estrategias de acusaciones múltiples sin mayores pruebas para amedrentar a
campesinos y agricultores “díscolos”. La situación se agrava más aún por el
hecho que al empresariado se le otorga explícitamente la posibilidad de
perseguir penalmente a los agricultores, imponiendo penas de cárcel.
Este
es el corazón de las leyes UPOV. Otros elementos altamente dañinos también han
sido introducidos en algunas propuestas de ley. El proyecto chileno inicialmente
entregaba el control de la aplicación de la ley a las empresas semilleras,
creando de facto una policía privada. El proyecto argentino crea un
registro obligatorio de usuarios de semillas, lo que significa que todo el que
quiera sembrar debe registrarse.
Pero
los intentos de privatización van más allá de UPOV. La certificación y las
leyes de comercialización han sido centrales en la privatización de semillas de
México y Colombia. Brasil está utilizando normas de comercialización. En
Argentina avanza la privatización de eventos biotecnológicos y en todo el Cono
Sur las empresas están creando su mundo legal paralelo a través de la
imposición de contratos privados para cobro de regalías. A ello se agregan casi
universalmente las políticas crediticias y de asistencia técnica que exigen el
uso de semillas provenientes de las empresas o de los centros de investigación.
Todos
estos mecanismos actúan conjuntamente y complementándose para desde distintos
frentes intentar el fin último del control absoluto de las semillas.
La
resistencia crece y se multiplica
Pero también es en América Latina donde las resistencias se
están expresando de manera más contundente y donde los pueblos han logrado
frenar en muchos países estos intentos de doblegar su autonomía. A continuación hacemos
un recorrido por la situación en los diferentes países donde el protagonismo
popular y campesino ha sido clave para detener estos avances corporativos y
donde las luchas hoy continúan cada día.
Chile
La
ofensiva de UPOV en Chile difiere poco de lo que está intentando imponer en
muchos otros países. Diversos artículos facilitan la apropiación de semillas
locales por parte de las empresas, criminalizan el uso de semillas propias por
parte del campesinado, e imponen elementos absurdos como que aquellas empresas
que registran alguna variedad como propia luego pueden impedir el uso de
cualquier semilla que se le parezca. Y la amenaza de la confiscación de
semillas, cultivos y plantaciones es parte de las nuevas que se imponen a las
familias campesinas que osen continuar haciendo lo que han hecho toda su vida.
Lo
que las empresas y el gobierno no esperaban es la reacción social que poco a
poco se ha ido construyendo en Chile. La ley de semillas de acuerdo a UPOV 91
fue aprobada en primer trámite en el año 2010, a pesar de la fuerte oposición
de diversas organizaciones campesinas — especialmente de ANAMURI y de la
CLOC-VC —, así como de grupos de la sociedad civil.
A
pesar de esta primera derrota, las organizaciones siguieron informando y
denunciando los contenidos de la ley, por lo que cuando Chile adhirió al
Convenio UPOV 91, la oposición fue muchísimo más amplia y activa, lo que llevó
a un grupo de senadores a solicitar que el Tribunal Constitucional declarara la
inconstitucionalidad de esta adhesión. Aquí se sufrió una nueva derrota, pero
el trabajo de información siguió y se amplió, entre otros medios, a través de
las muchas movilizaciones sociales que se han realizado en el país desde 2011.
Actualmente,
el rechazo a la privatización de las semillas y a la Ley UPOV 91 es una
preocupación nacional y transversal que hasta hace poco había impedido que la
ley fuese aprobada en segundo trámite. Sin embargo, el gobierno de derecha
—bajo la presión del gobierno de Estados Unidos— le dio urgencia a este segundo
trámite, intentando empujarla sin que las organizaciones pudiesen reaccionar.
La movilización esta vez fue a nivel nacional y por todo tipo de medios, desde
marchas en todo el país que causaron gran impacto, a campañas de información
por internet, a programas de radio, entrevistas por televisión, a talleres de
información en comunidades rurales, universidades, reuniones con autoridades
religiosas, conversaciones e intercambio de información con senadores, etc.
El
impacto de miles de personas movilizándose, presionando a senadores y
protestando, fue suficientemente fuerte como para romper al menos parcialmente
el férreo cerco informativo que se vive en Chile y para convencer a una mayoría
de los senadores (21 de 38) a comprometerse a votar en contra del proyecto de
ley.
Ante
esta nueva situación, el gobierno retiró la ley de la votación, con el fin de
postergarla hasta después de las elecciones que se harán en noviembre de 2013,
cuando varios de los senadores actualmente comprometidos contra la ley habrán
cesado sus labores parlamentarias.
A
la fecha en que se escribe esta nota, comienzos de octubre de 2013, las
organizaciones campesinas y de la sociedad civil seguirán movilizándose para
exigir que el voto de rechazo se haga efectivo a la brevedad.
Argentina
El
Proyecto de modificación de la Ley de Semillas en Argentina es fruto de un
lobby concreto de Monsanto que comenzó en el 2003 cuando la empresa comenzó a
solicitar que se cambiara la Ley de Semillas para garantizar la “seguridad
jurídica” de sus inversiones en transgénicos. En ese entonces no encontró ecos
en el gobierno y anunció que se retiraba del país no introduciendo nuevos
eventos. En su lucha por el cobro de regalías, Monsanto frenó embarques enteros
de soja transgénica en puertos de Europa con demandas judiciales porque
contenían genes de su propiedad y Argentina no admitía el pago de regalías.
Finalmente esta demanda fue ganada por Argentina cuando los tribunales europeos
desestimaron la demanda de Monsanto.
Si
bien durante los últimos años de la década pasada el gobierno anunció en varias
ocasiones que iba a presentar una nueva Ley de Semillas al Congreso fue recién
en el año 2012 que se produce un radical cambio de postura sobre el tema. En
junio del 2012 la presidenta Cristina Fernández anuncia en el Consejo de las
Américas que a partir de sus conversaciones con Monsanto la empresa volvería a
realizar inversiones en el país con eje en una planta de procesamiento de maíz
transgénico en el Barrio Malvinas Argentinas en la Ciudad de Córdoba.
A
los pocos meses, en una conferencia de prensa conjunta, el Ministro de
Agricultura Norberto Yahuar y Pablo Vaqueros, Presidente de Monsanto Argentina
anunciaron la aprobación y lanzamiento de la nueva soja transgénica RR2
“Intacta” (resistente al glifosato e insecticida) y la modificación de la Ley
de Semillas para proteger a los inversores por “los grandes gastos que tienen”.
El compromiso allí explicitado fue presentar la Ley al Congreso antes de fines
del 2012 para que fuera tratada y aprobada.
La
reacción de las organizaciones sociales no se hizo esperar y fue mucho más
contundente cuando se hizo público que el borrador en discusión estaba siendo
negociado en secreto dentro del Ministerio de Agricultura por las grandes
cámaras semilleras y los grandes terratenientes del país. El rechazo a la
modificación de la Ley de Semillas se extendió ampliamente en la sociedad y
diferente colectivos incluyeron la demanda en diferentes actividades,
movilizaciones, charlas y documentos.
Los
análisis de las organizaciones sociales de una copia filtrada del proyecto en
discusión encontraron que el mismo introducía, a partir de modificaciones en el
articulado de la Ley vigente (que data del año 1973), casi todos los contenidos
de UPOV 91 y las restricciones que esta norma impone.
El
Movimiento Nacional Campesino Indígena junto a Amigos de la Tierra y GRAIN
comenzó una campaña de recolección de firmas que hacia fines de noviembre
contaba ya con más de 500 adhesiones de organizaciones sociales y más de 3 mil
500 firmantes particulares.
El
documento “10 motivos para luchar contra el proyecto de ley que pretende
privatizar las semillas en la Argentina”4 expresa que “la ley propuesta
no protege los conocimientos ni la biodiversidad; sólo fomenta la privatización
y protege la propiedad sobre lo que es un patrimonio colectivo de los pueblos,
especialmente de las comunidades campesinas y los pueblos indígenas. De esta
forma expande un principio inaceptable, el de que es posible y aceptable
privatizar los conocimientos y diversas formas de vida” y que “Abre las puertas
para que se profundice la expropiación y privatización de la biodiversidad
agrícola y silvestre de Argentina. El proyecto de ley hace posible la mayor
privatización de los recursos genéticos y de la biodiversidad nativa de
Argentina al expandir los llamados derechos de obtentor sobre las especies
vegetales”. Además “ilegaliza o restringe gravemente prácticas que han estado
en vigencia desde los inicios de la agricultura, como es el seleccionar,
mejorar, obtener, guardar, multiplicar e intercambiar semilla libremente a
partir de la cosecha anterior”.
El
documento concluye con un llamado a “Rechazar un proyecto de ley que atenta
gravemente contra el conjunto de los habitantes de nuestro país. La agricultura
tiene un carácter eminentemente social, puesto que tiene la función de
sustentar y alimentar a toda la población. Poner en riesgo la seguridad y
soberanía alimentaria de Argentina a través de la concesión de nuevos
privilegios para las empresas transnacionales que están en el negocio agrícola
es avanzar por el camino de la pérdida de soberanía para nuestro pueblo”.
El
extendido rechazo que muy pronto encontró eco en varios sectores del
oficialismo produjo que el Proyecto nunca ingresara al Parlamento, lo que fue
entendido por las organizaciones como una victoria parcial. Durante los
primeros meses del año 2013 el Ministro de Agricultura expresó que por ser un
año electoral el Proyecto no sería enviado al Congreso pero ante evidentes
nuevas presiones de Monsanto a las pocas semanas el Secretario de Agricultura anunció
que ni bien concluyeran las elecciones el Proyecto ingresaría al Congreso.
Mientras
tanto Monsanto no permanece en actitud de espera si no que mantiene su ofensiva
obligando a los compradores de la nueva soja transgénica rr2 “intacta” a firmar
un “contrato de regalías extendidas”. Monsanto informa en su página web para
esta soja5 que "Los
productores que deseen optar, a su criterio y decisión, por utilizar
semillas de soja conteniendo la tecnología intacta rr2 deberán suscribir con
Monsanto una licencia limitada de uso de la tecnología". Una particular
manera de entender el “criterio propio y decisión” de los productores que ronda
la ilegalidad.
La
movilización y la atención de la sociedad sigue de cerca cada paso que se da
tratando de avanzar con La ley y hoy está presente en la lucha que los vecinos
de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida y las Madres de Barrio Ituzaingó
Anexo están dando en el Bloqueo a la Planta que Monsanto está intentando
construir allí y que lleva mas de tres semanas de bloqueo.
Colombia
En
abril del año 2102 el Congreso de la República de Colombia aprobó la Ley 1518
por medio de la cual se aprobó el "Convenio Internacional para la
Protección de las Obtenciones Vegetales" cumpliendo los “deberes” que el
Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos le imponía para proteger los
intereses de las grandes corporaciones del agronegocio.
La
organizaciones sociales denunciaron rápidamente que la aprobación se había
realizado desconociendo disposiciones de rango superior y desarrollos
normativos y jurisprudenciales internacionales que consagran las obligaciones
del Estado de garantizar y respetar los derechos de quienes están bajo su
jurisdicción y específicamente la obligación de velar por la soberanía y
seguridad alimentaria de la población.
Según
el Grupo Semillas y la Campaña Semillas de Identidad el Convenio Internacional
fue ratificado “sin garantizar el derecho fundamental a la consulta previa de
las minorías étnicas” y su objetivo principal es buscar “la concesión y
consecuente protección de derechos de obtentor de géneros y especies vegetales
estableciendo, por un lado, determinadas condiciones que no pueden cumplir las
variedades nativas y criollas porque el mejoramiento genético que han realizado
los agricultores se basa en un enfoque y principios totalmente diferentes al
que realizan los fitomejoradores modernos, y por otro, los alcances de su
reconocimiento protegiendo intereses económicos de algunos e imponiendo el uso
de semillas protegidas legalmente por requerimiento de las empresas
transnacionales”.6
A
partir de este análisis diversas organizaciones realizaron una presentación
ante la Corte Constitucional logrando en diciembre del 2012 que la Corte
Constitucional declarara INEXEQUIBLE la Ley 1518. 7 De esta manera se logró frenar
el avance de UPOV 91 bajo el argumento de la falta de consulta previa a los
pueblos indígenas y tribales sobre medidas legislativas o administrativas que
los afecten directamente, bajo el amparo del Convenio 169 de la OIT, en cuyo
artículo 6º se establece la obligatoriedad de dicha consulta. Si bien la
amenaza de la aprobación de UPOV aún permanece, hasta el momento no se ha
puesto en marcha el proceso de consulta requerido por la Corte. Esto produjo la
preocupación de los Estados Unidos que hizo conocer a través de los medios su
“pleno derecho de pedir que Colombia compense los perjuicios ocasionados por la
decisión de la Corte Constitucional colombiana de declarar inexequible las
Leyes 1518 y 1520, que establecieron una serie de normas requeridas para la
firma del Tratado de Libre Comercio con ese país”.8
Pero
durante el año 2013 los acontecimientos ligados a las luchas campesinas
volvieron a poner a las semillas en el centro de la escena. Fue a partir de la
difusión del Documental “9.70 la historia de la semilla privatizada”9 de la joven directora Victoria
Solano, que se comenzó a multiplicar entre la sociedad el impacto de las normas
que privatizan las semillas.
La
disposición 9.70 del ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) data del año 2010
y pretende controlar la producción, uso y comercialización de semillas en el
país. Esta resolución aplica los conceptos de la propiedad intelectual a las
semillas y fue promulgada como requisito para la aprobación del Tratado de
Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos. “El documental analiza
los impactos de la resolución tomando como ejemplo el caso Campoalegre, un
pueblo al sur de Colombia donde se aplicó la resolución. En el 2011 el
Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, llegó hasta el municipio e incautó 70
toneladas de arroz, luego volvió con fuerza pública, y finalmente destruyó la
semilla en un basurero por considerarla ilegal” exponen sus autores.
El
fuerte impacto público que tuvo el documental coincidió con el inicio de las
movilizaciones campesinas del 19 de agosto que conmovieron al país y
rápidamente el rechazo a la disposición 9.70 se sumó a los múltiples reclamos
campesinos. A partir de estas luchas la norma 9.70 fue “congelada por dos
años”, lo que representa un inmenso triunfo de las organizaciones campesinas y
sociales de Colombia. Sin embargo, en el presente resulta claro que lo que el
pueblo de Colombia exige es que esta resolución sea completamente derogada de
la misma forma que cualquier intento de imponer UPOV 91 por otras vías.10
Venezuela
En
Venezuela está en la pauta para el tratamiento de la Asamblea Nacional un
proyecto de modificación de la Ley de Semillas que ha provocado mucha
preocupación en las organizaciones sociales. Por un lado este Proyecto de Ley
plantea una situación muy compleja pues pretende reglamentar la prohibición de
los transgénicos en Venezuela y al mismo tiempo legislar las cuestiones de
propiedad intelectual.
La
Campaña Venezuela Libre de Transgénicos11 ha venido dando seguimiento a
este proyecto y realizado observaciones proponiendo la “prohibición de las
semillas transgénicas en el país, la prohibición de cualquier figura de derecho
de propiedad intelectual o patentes sobre las semillas, y la solicitud de
ampliar el debate de la ley desde la construcción colectiva con los colectivos
y movimientos populares revolucionarios”.
Las
declaraciones públicas de los impulsores de la ley hablan de que la misma
prohibirá los transgénicos en Venezuela pero la campaña ha expresado sus
preocupaciones en relación al “articulado de la propuesta de ley que continúa
reconociendo derechos de obtentor (figura de propiedad intelectual sobre la
semilla), no define claramente los mecanismos de control y sanción de las
semillas transgénicas, establece fiscalizaciones rigurosas a la semilla
campesina, establece sanciones que pueden criminalizar las prácticas de
intercambio tradicionales, aún no establece mecanismos de participación del
poder popular, entre otros, todos aspectos que consideramos elementos de lucha
del movimiento popular en el debate de esta ley”.
El
compromiso de un amplio debate público y la fuerte movilización de los
movimientos sociales abre las puertas para que se produzcan en el proyecto
modificaciones que respondan a las demandas que se están realizando.
México
Tras
la puesta en vigor del TLCAN, se fue articulando un escenario de leyes
combinadas 12 que incluyó a “la ley de Variedades
Vegetales” (1996) 13, la puesta en vigor de la ley de
Bioseguridad de 2005 14 y la nueva ley de Semillas,
de 2007 15 mediante las cuales el
sistema jurídico mexicano dio un paso muy grande hacia el registro, la
certificación, el patentamiento y privatización de las semillas, buscando
imponer semillas de laboratorio diseñadas y criminalizando la custodia e
intercambio de semillas nativas por los canales de confianza que durante siglos
fueron la base de los sistemas alimentarios indígenas, campesinos, a nivel
nacional.
Aunque
México no se ha suscrito a la versión 1991 del Convenio, ya su ley de Semillas
de 2007 explícitamente promueve la criminalización de las semillas nativas,
criterios inconsistentes con el comportamiento de las semillas en la vida
cotidiana de las comunidades estableciendo criterios abstractos de calidad y
una “estabilidad” que implicaría un congelamiento de sus características, casi
que la “obligación de no seguir evolucionando”.16
Esto,
junto con la Ley de Variedades Vegetales, de 1996 (parte de las obligaciones de
ser miembro de UPOV) y su reglamento de 1998, abrió la explotación y
aprovechamiento privados de variedades vegetales y materiales de propagación y
su concesión pagada y venta mediante reglamentaciones muy favorables a las
corporaciones.
En
2012, un sinnúmero de organizaciones campesinas y de la sociedad civil lograron
detener el intento de que la Ley Federal de Variedades Vegetales se reformara
hacia lineamientos más afines con UPOV 91. La reforma habría sido muy grave,
porque concedía a los obtentores privados “el beneficio exclusivo [monopólico]
procedente de ventas de semillas u otros materiales vegetales hasta por 15
años, o 18 en el caso de plantas perennes, ornamentales, forestales —aun cuando
las plantas que se utilicen para desarrollar nuevas variedades sean del dominio
público”.17 Se incluían los organismos
genéticamente modificados en coherencia con la ley de Bioseguridad, “lo cual es
absurdo dado que los OGM son creados por la introducción de material genético
que no es vegetal”.18
La
Ley de Variedades Vegetales recargada habría sido clave para potenciar a la ley
de Semillas de 2007, pues habría promovido una policía de las semillas, un
sistema de fiscalización y decomiso de las semillas no certificadas,
clasificadas absurdamente como “piratas”, por no contar con factura, registro o
certificación, pese a haberse guardado e intercambiado por lo menos hace 6 mil
años. La reforma de la Ley de Variedades está pospuesta, pero seria un error
pensar que está desactivada su aprobación.19
En
el resto de América Latina y el Caribe la situación difiere según existan o no
Tratados de Libre Comercio (TLC) firmados con los Estados Unidos. Es el caso de
Costa Rica y República Dominicana que por la firma del CAFTA (Tratado de Libre
Comercio entre Centroamérica-República Dominicana y Estados Unidos) han debido
cambiar sus legislaciones para adaptarse al TLC o de Perú que también ha
firmado un TLC con EEUU. En el resto del Continente y aunque en estos momentos
no haya ofensivas las presiones para la adhesión a UPOV 91 son permanentes y es
muy posible que en algunos países, como Paraguay, por ejemplo, en los próximos
meses se produzcan embates en esa dirección.
Las
resistencias dan sus frutos
Lo
sorprendente en un contexto de avance del agronegocio en toda la región es que
las resistencias al control corporativo de las semillas han dado sus frutos en
casi todos los países donde se han presentado estas ofensivas.
En
Argentina el Proyecto de Ley de Semillas no salió de su ámbito de discusión
secreto en el Ministerio de Agricultura y jamás tomó estado parlamentario.
En
Chile las organizaciones lograron que una mayoría de los senadores se
comprometieran a votar contra el Proyecto de Ley Monsanto.
En
Colombia la movilización campesina logró que la Resolución 9.70 fuera frenada.
En
Venezuela existen firmes compromisos para que los principios que impulsó Hugo
Chávez no sean traicionados.
También
en México las luchas sociales impidieron que Ley Federal de Variedades
Vegetales se reformara hacia lineamientos más afines con UPOV 91.
Todo
esto para el mes de octubre del 2013. No sabemos que ocurrirá en los próximos
meses. Pero está claro que estas victorias no significan que las batallas
contra la apropiación estén ganadas. Los movimientos sociales son muy
conscientes de que la situación actual plantea el desafío de seguir construyendo
articulaciones, conciencia y nuevos aliados para enfrentar los embates que
habrá de aquí en adelante y seguir defendiendo a las semillas como Patrimonio
de los Pueblos al Servicio de la Humanidad; poniéndole el cuerpo a esta hermosa
consigna de la Campaña de la Semilla de la Vía Campesina.
4 “10 motivos para luchar
contra el proyecto de ley que pretende privatizar las semillas en la Argentina”, MNCI, CLOC-VC
Argentina, GRAIN, AT, ACBIO, 2 de octubre, 2012
10“Resolución 970 del ICA:
congelar, derogar y reconstruir de manera democrática”, Grupo Semillas, 9 de
junio, 2013
15“Ley Federal de
Producción, certificación y comercio de Semillas” (pdf), Gobierno de
Mexico, 15 de junio, 2007
17“Mexican farmers block Monsanto law to privatize seeds and plants”, Occupy Monsanto, 14 de junio, 2012
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