Fonseca y la insipiencia académica
José Carlos Bermejo Barrera
Enviado por admin1 o Xov, 12/12/2013 - 01:08
Suele decirse en los EE.UU. que si hay dos términos contradictorios,
estos son “inteligencia militar” y “administración universitaria”. En España,
si tenemos en cuenta la evolución de nuestras universidades, habría que
intercambiar los adjetivos. Y es que vivimos cada vez más bajo la tiranía de las
palabras vacías. Decía Harry Truman que los evaluadores no
quieren aprender nada nuevo, porque si lo hiciesen tendrían que dejar de ser
evaluadores. Y Truman sí que sabía lo que eran la gestión y el poder;
no en vano decidió lanzar dos bombas atómicas para poner de rodillas al
emperador del Japón.
Las universidades de Bolonia están en manos de pedagogos que saben
enseñar cómo se enseña pero que no saben enseñar nada; de evaluadores capaces
de evaluarlo todo menos a sí mismos; y de gestores incapaces de gobernar, pero
maestros en generar déficits y desvirtuar las leyes, con universidades que,
desde que comenzó la crisis en 2008, han incrementado sus plantillas de
profesores a la vez que están perdiendo alumnos, en las que quien gobierna
pretende monopolizar el uso de la palabra y tener autoridad para decir siempre
qué es verdad y qué es mentira. En las universidades de Bolonia todo es
verdad, está claro que la verdad es verdad y como es verdad que la mentira es
mentira, por lo tanto también puede ser considerada verdad.
La capacidad demostrada de desvirtuar leyes cuando se desea se ha
puesto de manifiesto en el intento de la USC de no aplicar el Real Decreto que regula la carga docente de los profesores, y que permitiría hacer un cálculo de las necesidades reales de
plantilla. En él se establecen tres clases de profesores en función de sus
méritos investigadores: los que tienen que impartir 160 horas de clase al año,
los de 240 y los de 320. El criterio puede ser discutible, pero precisamente es
lo que no se discute. No se discute que la docencia es lo último
que debe desear un profesor, y que se puede intentar escapar de ella sumando
puntos a partir de una serie de parámetros, que en el borrador ya no son solo
los sexenios del ministro Wert, o lo que es lo mismo, los méritos
investigadores que personalmente cada profesor ha acumulado a lo largo de su
vida académica, sino toda clase de servicios. El borrador de la normativa que
pretende implantar la USC para regular el trabajo de sus profesores eleva al
paroxismo el ansia de no impartir clase a costa de lo que sea.
Lo malo no es que se desprecie la docencia, que le correspondería en
el caso ideal a los profesores que no tengan méritos de ningún tipo, sino que
la norma revela un espíritu profundamente autoritario, solo mitigable con la
desidia y la ineficiencia que caracteriza a nuestra administración académica. Se
afirma que es necesario controlar todas las horas de trabajo de los profesores
a lo largo de todo el año, y no solo su dedicación docente, en una universidad
que ha renunciado a controlar la presencia de los profesores en su puesto de
trabajo durante sus 37,5 horas semanales. Pero es que además se sostiene que la
medición en horas sirve para todo: es lo mismo estar sentado una hora
dormitando en una Junta de facultad que impartiendo una clase magistral, traduciendo
un texto anglosajón o demostrando un teorema, porque la gestión, la
investigación y la docencia son medibles por el mismo patrón de desgravación
docente. Aparte de desvirtuar intencionadamente un Real Decreto con
cuya filosofía se está plenamente de acuerdo, se introducen parámetros que no
se le hubiesen ocurrido ni a Franz Kafka, como el que afirma que un profesor
debe indicar los libros y artículos que lee cada año; o que es un mérito
viajar, si se hace durante más de seis semanas, o que es una actividad básica
de investigación la pertenencia a equipos de prevención de riesgos (¿bomberos
voluntarios?); y así hasta 22 ítems de “docencia e investigación básica”.
Todo tendrá que ser declarado, todo tendrá que ser computado, medido e
informatizado. ¿Por quién? Por dos clases de profesores: los pedagogos, que
darán clase a todos los demás profesores, pero a los que nadie puede dar clase,
porque son los únicos que saben cómo se enseña; y por los profesores gestores,
que no solo controlan el sistema, sino que a su vez están exentos de control. Por eso se explica que el equipo rectoral en su totalidad tenga una
desgravación de 320 horas de docencia. Por supuesto, los profesores que
ejercerán a partir de ahora la llamada “gestión de base” no podrán criticar la
“gestión de altura” de las autoridades que pretenden controlarles cada una de
las horas de su permanencia en el centro.
El borrador de la normativa ofrece un ejemplo de lenguaje vacío, de
delirio administrativo, que se puede contemplar en la maravillosa tabla que se adjunta, en donde el
uso de siglas y números pretende conseguir darle a este dislate una apariencia
científica. Decía el viejo Séneca que de todos los tipos de esclavitud, la más
indigna es aquella que es voluntaria. Si los profesores de la USC aceptan llenar
páginas y páginas explicando su participación en todos y cada uno de estos
delirantes ítems y justificando toda su labor científica, docente y
administrativa ante unas autoridades que por otra parte ya deberían conocerla,
pero que exigen el acto de sumisión voluntaria obligando a declarar todo esto
cada año, entonces podríamos decir que habrán perdido su dignidad. No
han hecho falta dos bombas atómicas para ponerlos de rodillas. Solo un
reglamento. Y si además lo hacen sabiendo que no importa, porque en realidad no
se cumple, como tantas cosas, y es solo una verdad de mentira, entonces es que
también habrán perdido la decencia.
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