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jueves, 19 de septiembre de 2013

De Siria a Colombia: la amenaza del mal ejemplo

De Siria a Colombia: la amenaza del mal ejemplo

Toni Solo 


16 septiembre de 2013


El 19 de noviembre 2012, después de once años de litigio, la Corte Internacional de Justicia falló en la disputa sobre el territorio marítimo entre Colombia y Nicaragua, en que Nicaragua, entre otras cosas, reclamó la jurisdicción sobre las islas de San Andrés y Providencia y los cayos vecinos. La Corte negó la jurisdicción a Nicaragua sobre las islas, pero reconoció su derecho a alrededor de 90,000 km2 de territorio marítimo usurpado unilateralmente por Colombia durante casi un siglo. El 9 de septiembre del año en curso, el Presidente Juan Manuel Santos declaró que su gobierno no va a implementar el fallo de la Corte.

En su declaración el Presidente Santos mencionó varios pretextos en base a que su gobierno no iba a cumplir con la sentencia de la Corte Internacional de Justicia. Citó el conflicto del fallo con la Constitución colombiana; los derechos de las y los isleños de la zona; y también la preocupación sobre la reserva marítima Seaflower. Además, el Presidente Santos argumentó que la plataforma continental colombiana incluya aquella de San Andres y Providencia. Ninguno de estos argumentos resiste un escrutinio bien informado. Hasta los más destacados juristas colombianos reconocen los errores irremediables de la argumentación de su gobierno para no cumplir con el fallo de la CIJ.


Como Estado firmante del Tratado de Soluciones Pacíficas de 1948, acordado en Bogotá, Colombia aceptaba la jurisdicción de la Corte Internacional de la Justicia y su primacía sobre el derecho interno colombiano. Durante once años Colombia tenía todas las oportunidades posibles para presentar sus pruebas a la Corte. De hecho ganó en lo que refiere a la jurisdicción sobre San Andrés. Aun así, el 28 de noviembre de 2012, después del fallo de la CIJ, el gobierno colombiano anunció su retiro del Tratado de Bogotá. Pero esa declaración no anula la obligación de Colombia de acatar la sentencia de la CIJ del 19 de noviembre 2013.

De igual manera, la tardada preocupación del Presidente Santos por los derechos de las y los isleños de San Andrés y Providencia viene tras décadas de abandono de aquellos territorios por las autoridades colombianas. El Presidente Ortega ya ha declarado que Nicaragua reconoce los derechos, entre otros de pescar, de las y los isleños en lo que ahora son aguas nicaragüenses. Conforme con  el derecho internacional Colombia no tiene argumentos en ese respecto. Lo mismo se aplica en la parte de la reserva marítima Seaflower, una reserva administrada por la UNESCO, que se ubica ahora bajo la jurisdicción de Nicaragua. De todas maneras, Nicaragua ya ha confirmado que tiene toda la voluntad de tratar de estos asuntos subsidiarios en un tratado bilateral con las autoridades colombianas.

La mala fe del gobierno colombiano está más clara todavía en relación a los argumentos del Presidente Santos sobre la plataforma continental de Colombia. Después del fallo de la CIJ, Nicaragua ha seguido el proceso correspondiente para definir hasta qué distancia llegue su propio plataforma continental en el mar Caribe. Para adelantarse al probable resultado de ese proceso, el gobierno colombiano argumenta que las islas de San Andrés y Providencia implica para Colombia los mismos derechos de los Estados archipiélagos del mundo. Sin embargo, bajo el Derecho del Mar internacional, solo países exclusivamente insulares tienen derecho del estatus de un Estado archipiélago. Es evidente que Colombia es un Estado costero y no un Estado archipiélago.

Los motivos subyacentes de la negativa de Colombia de acatar el fallo de la Corte Internacional de la Justicia se ven más fácilmente cuando se consideran en el actual contexto global. Desde el fin de la Unión Soviética, los Estados Unidos y sus aliados se han esforzado deliberadamente en desmantelar el sistema de derecho internacional que se ha desarrollado desde la Segunda Guerra Mundial y la fundación de las Naciones Unidas en 1948. Aquel proceso llegó a su colmo en 2011 con la intervención de tropas de la ONU bajo control francés en Costa Marfil y la destrucción por la OTAN de Libia. Las secuelas de aquellas hechos ahora se desencadenan en Siria.

Aquella historia en sí también hace sentido de una manera más profunda y coherente desde una perspectiva económica. En el mismo período, hubo un cambio enfático de parte de las oligarquías occidentales de las actividades económicas productivas hacia el despojo de rentas y la especulación. La cultura política en Estados Unidos y su economía, quizás aún más que las de sus homólogos europeos, ahora son completamente corrompidas por un sistema de mercados financieros y de materias primas controlados por las gigantescas corporaciones transnacionales en directa colusión con los principales Bancos Centrales del mundo.

Prestigiosos corporaciones internacionales de Estados Unidos y de Europa han sido condenados por haber intervenido de una manera cínica y desleal en los mercados internacionales. Diversas corporaciones de primer rango han tenido que pagar considerables multas por haber lavado decenas de miles millones de dólares. Pero aquellas infracciones son la mera punta de un sistema global profundamente criminal que depende en gran parte del lavado de dinero ilícito en escala masiva.

Está muy claro que la lógica que el sistema financiera occidental aplica contra la regulación es la misma lógica con que se ha buscado durante los últimos treinta años deshacer el sistema de derecho internacional basado en la ONU. Esa sistema, hasta el fin de la Unión Soviética, ofrecía a las pequeñas naciones del mundo algún grado de protección contra los países más poderosos. Entonces, hace mucho sentido juzgar en ese contexto global la negativa del Presidente Juan Manuel Santos a obedecer la sentencia de la CIJ del 19 de noviembre 2012.

En América Latina, Colombia es el aliado más fiel de los Estados Unidos y de Israel, dos Estados que han abusado y despreciado de manera serial el derecho internacional y el sistema de la ONU: El gobierno de Estados Unidos tiene por lo menos seis bases militares en Colombia y ha apoyado las fuerzas armadas de Colombia con miles de millones de dólares para suministros bélicos. El sistema financiero colombiano juega un papel importante como intermediario en América Latina y el Caribe en el lavado de dinero para las grandes instituciones financieras de Estados Unidos y Europa.

Con su característica generosidad, el Presidente Daniel Ortega ha tratado de una manera mesurada la negativa renegada del Presidente Santos de aceptar el fallo de la CIJ y lo ha tratado dentro del contexto de la inminente campaña electoral presidencial en Colombia. Pero hay otro factor importante que nadie menciona, que es el uso de las rutas que cruzan el Caribe por la transnacional industria colombiana de la droga. Aquellas rutas ahora corren el riesgo de ser interceptadas por las fuerzas armadas nicaragüenses apoyados y asesorados por la Federación Rusa.

La protección de las rutas caribeñas de los carteles narcóticos transnacionales cabe bien dentro del maligno desprecio del gobierno estadounidense hacia el derecho internacional. Las dos derivan de la dominación de la política de los Estados Unidos por una corrupta y despiadada oligarquía corporativa. Un ejemplo reciente de los lazos regionales de la oligarquía norteamericana fue la venta por HSBC, el deshonrado gigante corporativo del lavado de dinero, de sus operaciones en Perú, Colombia, Uruguay y Paraguay al Banco GNB Sudameris por US$400 millones. Banco GNB Sudameris es parte del Grupo  Gilinski.

En los primeros años de la década 1990s, este grupo financiero basado en Colombia compró las operaciones en las Américas del Banco de Comercio y Crédito Internacional (BCCI). Lo renombraron Banco Andino y lo vendieron dentro de unos pocos años. BCCI fue el banco que facilitó las transacciones Iran-Contra, entre muchas otras transacciones ilícitas durante la década de los años 1980s. Con la ganancia de la venta del Banco Andino, el Grupo Gilinski aprovechó la privatización del Estado colombiano del Banco de Colombia, tachado en aquel entonces por sus relaciones con el narcotráfico. Con la compra de los activos regionales de HSBC, el Grupo Gilinski confirma su preferencia para el reciclaje de los activos de entidades financieras ligadas al lavado de dinero

George Soros, el notorio representante de los grandes intereses financieros internacionales, apoyó al Grupo Gilinski con la compra del Banco de Colombia por medio de un préstamo personal de US$50 millones. Los reportajes relevantes sugieren que Soros, en cambio, recibió activos equivalentes al 9% del nuevo banco. Soros apoya a una plétora de ONGs que actúan en todo el mundo para desestabilizar los gobiernos blancos del gobierno estadounidense, incluso los gobiernos de Venezuela y Nicaragua.

Entre los activos del Grupo Gilinski en Estados Unidos está el Eagle National Bank de Miami, que antes, en los años 1980s, tenía conexiones con los narcotraficantes colombianos. En marzo 2005, la Reserva Federal impuso un embargo legal en las transacciones entre Eagle National y otras instituciones financieras controladas por el Grupo Gilinski. El embargo no se levantó hasta 2009. Otros intereses financieros colombianos demuestran trayectorias similares a la del Grupo Gilinski.

Este contexto indica el motivo fundamental más plausible del rechazo por Colombia del fallo de la CIJ, apoyado por las autoridades similarmente corruptas de Panamá y Costa Rica. Tampoco es probable que Colombia haya rechazado la sentencia de la CIJ sin la aprobación del gobierno del Presidente Barack Obama. Entonces, en varios sentidos, el caso entre Colombia y Nicaragua con respecto a sus respectivos territorios marítimos es otro teatro más del conflicto entre los poderes imperiales en declive de la OTAN y la determinación de Rusia y de China de avanzar sus intereses con cada vez más confianza.

Existen intereses poderosas tanto en Panamá como en Costa Rica que resienten la propuesta Canal Interoceanico en Nicaragua. Actualmente, este ambicioso proyecto está en una fase avanzada de estudios de factibilidad, financiados por inversionistas chinas. Una vez completadas, es casi seguro que el proyecto se proseguirá e involucra no solamente el Canal sino también la construcción de dos puertos de aguas profundas, uno en la costa del Atlántico y uno la costa del Pacífico de Nicaragua.

El canal se acompañará de un oleoducto, quizás también un gasoducto, y una conexión interoceánica por ferrocarril. La economía de Nicaragua se transformará radicalmente porque el país llegará a ser un nodo vital del comercio global en términos de su actividad comercial y su infraestructura. Junto con el proyecto del Canal Interoceánico avanzan los diferentes proyectos de la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA) y de Petrocaribe, dos bloques asociados, que trabajan para fomentar el comercio y desarrollo económico de la región.

De estos proyectos lo más importante es el complejo industrial petroquímico en la costa del Pacífico de Nicaragua. Su primera fase, con capacidad para almacenar combustible de más de un millón de barriles, será listo al fin de 2014. La segunda fase incluye la capacidad de refinar más de 100,000 barriles de petróleo diario, tanto para el consumo nacional en Nicaragua como para su exportación a los países vecinos. Con el tiempo, el complejo también producirá productos de PVC y de plástico para Nicaragua y la región.

Para la oligarquía estadounidense, todos estos acontecimientos representan un punto de inflexión histórico preocupante. La combinación del comercio y la inversión de China y de Rusia en Nicaragua, junto con el impulso hacia el desarrollo del ALBA, que incluye Bolivia, Cuba, Ecuador y Venezuela, señala el final de siglos de la dominación regional por los Estados Unidos y Europa Occidental. En su turno, esto señala un desafío mortal para los corruptos intereses corporativos que dominan los países y pueblos de la OTAN.

Al engañar a su propio pueblo con respecto a la disputa marítima con Nicaragua, el gobierno colombiano ha seguido el cínico mal ejemplo del gobierno estadounidense, dado en una serie de  conflictos en ultramar y a nivel doméstico con el rescate de su corrupto sector financiero. A nivel regional, el incumplimiento del gobierno del Presidente Santos pinta a Colombia como un delincuente aliado de los Estados Unidos. El gobierno colombiano sigue usando el engaño y la amenaza de la fuerza militar en un intento de extraer alguna concesión del gobierno cristiano, socialista y solidaria del Presidente Daniel Ortega en Nicaragua, un aliado consistente de la Federación Rusa.

En el escenario global, es la acción decisiva del Presidente Vladimir Putin y sus colegas que hasta la fecha ha prevenido un desastroso ataque estadounidense contra Siria. Al nivel regional, el Presidente Ortega ha respondido a Colombia con la reafirmación del compromiso de su gobierno con la Paz y la defensa del derecho internacional. En los dos casos, el imperativo moral de un mundo multipolar comprometido con la paz y el derecho internacional no podría ser más claro.

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