Bancos y banqueros (I-II)

Bancos y banqueros (I-II) 

Juan J. Paz y Miño Cepeda

I

EL TELÉGRAFO - Primer Diario Público

Ecuador, lunes 29 de octubre de 2012

El presidente Rafael Correa propuso incrementar el “bono de desarrollo humano” (ayuda a la población más pobre) de 30 a 50 dólares mensuales, financiándolo con las utilidades excepcionales de la banca privada.

Se alarmaron los banqueros y, por supuesto, los opinadores aliados con sus intereses. Sostienen que se “amenaza” a la propiedad privada, la rentabilidad “legítima”, la seguridad de los ahorristas y al sistema financiero en su conjunto.

Pero en la historia ecuatoriana los bancos no han sido el instrumento impecable para la movilización financiera, como supone la teoría clásica. En distintas épocas fueron la base no solo del poder económico, sino del político, como sucedió entre 1912-1925 (“época plutocrática”), o en la década de 1990, con el “neoliberalismo”. La corrupción bancaria fue patente en la crisis de 1999.

Además, por la concentración del capital financiero en una élite  del grueso de los créditos en sectores sociales y empresariales altos, y los abusivos sueldos gerenciales, los bancos han contribuido a reforzar la inequidad social, utilizando a conveniencia de su propia acumulación, el dinero proveniente de los depositantes.

Se suma la experiencia mundial de la hegemonía del capital financiero, determinante de las políticas públicas en la Europa actual y en la América Latina de fines del siglo XX, que ya vivió las nefastas experiencias de los paquetes neoliberales a manos del FMI, para asegurar el pago de las deudas a la banca privada internacional.

En Ecuador, la Revolución Juliana (1925) fue la primera en imponer un impuesto sobre las utilidades del capital, y la Constitución de 1929 pionera en proclamar la “función social” de la propiedad. Hoy tales principios se quedan cortos. Porque la necesidad de regular a la banca privada se ha vuelto un imperativo mundial. Por eso en España se conformó la “Plataforma por la Nacionalización de las Cajas de Ahorro y por una Banca Pública”, grupo que promueve la tesis de que, contra la privada, otra banca pública sí es posible.

Y en la época de cambios latinoamericanos con gobiernos de la Nueva Izquierda es perfectamente legítimo cuestionar el origen y uso de las utilidades bancarias, para ponerlas al servicio de la sociedad, para que contribuyan a superar la inequidad (América Latina es la región más inequitativa del mundo y Ecuador ocupa todavía uno de los primeros lugares) y para que esas rentabilidades no sigan alimentando la concentración de la riqueza en pocas manos. 

II

EL TELÉGRAFO - Primer Diario Público
Ecuador, lunes 05 de noviembre de 2012

La propuesta del presidente Rafael Correa de financiar el “bono de desarrollo humano” con parte de las utilidades de los bancos provocó un terremoto.

Los banqueros, apoyados por sectores empresariales, opinadores y medios aliados con sus intereses, cuestionaron la propuesta en forma amenazante: caerá la liquidez, los créditos, la seguridad de los depositantes y la reinversión productiva de las ganancias.

Al mismo tiempo, Ecuador ha podido conocer las remuneraciones de los “gerentes”, que llegan hasta 78 mil dólares mensuales, es decir, más que el doble de lo que gana al mes el presidente norteamericano Barack Obama (US $ 33.394), mientras el promedio de sueldos de los empleados bancarios bordea un mil dólares.

El país también conoció que, desde hace meses, la Asamblea Nacional había reducido en 10 puntos el porcentaje de impuesto a la renta que debían pagar los bancos (las empresas 25% y los bancos 15%) y que además los exoneró del pago del IVA. La ley que envió el Presidente a la Asamblea suprime tales privilegios y permite la regulación de las remuneraciones de los “gerentes”. Los banqueros alarmaron a la sociedad con consecuencias financieras apocalípticas.

Pero, más allá de las reacciones, ha llegado el momento histórico de repensar sobre una serie de supuestos económicos y sociales.

Si bien bajo el capitalismo, las utilidades empresariales están socialmente legitimadas y legalmente reconocidas, ello no significa que su origen, su uso y su reparto sean algo incuestionable y hasta sacrosanto. Más aún en América Latina, región en la cual la concentración de la riqueza la ha convertido en la más inequitativa del mundo y donde la historia bancaria nunca ha sido color de rosa.

El capitalismo latinoamericano no ha resuelto la contradicción entre la generación social de las utilidades y la apropiación privada de las mismas, que en el caso de los bancos es aún más visible, pues operando con dinero ajeno, los banqueros se apropian de utilidades que, como ha ocurrido en Ecuador, incluso sirven para remunerar a los “gerentes” en forma escandalosa.

América Latina puede perfectamente comenzar a discutir la legitimidad social y jurídica de las ganancias y, sin duda, empezar también a regular las remuneraciones gerenciales, inaugurando así políticas económicas históricamente inéditas, pero que tienen por base la redistribución real y efectiva de la riqueza, para beneficio de la sociedad y no para alimentar su concentración en una elite.

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