Panamá, 26 de octubre de 2012.
Un artículo y dos noticias sobre Colón, Panamá
COLÓN: LA MISERIA DEL
PAÍS HANSEÁTICO
Por Olmedo Beluche
Diez días de tenaz lucha en las
calles duramente reprimida por la policía, con un saldo de, por lo menos, 4
muertos de bala, decenas de heridos y centenares de detenidos, es el resultado
del alzamiento popular del pueblo de Colón, segunda ciudad en importancia
económica y demográfica de la república de Panamá.
Esta sublevación incontenible tiene
dos causas, una manifiesta e inmediata y otra que se hunde en lo profundo de
las razones sociales: la primera, la imposición de la Ley 72, que autoriza la
venta de terrenos en el área de la Zona Libre de Colón, la mayor área de
reexportación del continente americano; la otra, la extrema miseria en que vive
la población de esta ciudad que habita al lado del negocio más próspero del
país. La ciudad de Colón es la fotografía viva y desgarrante del capitalismo
panameño con su extrema polarización de la riqueza en pocas manos y la pobreza
más insultante para las mayorías.
Es un deber de los sectores más conscientes
de la sociedad panameña no perder de vista el problema de fondo en Colón que
explica las verdaderas causas de este "octubre rojo" panameño, rojo
de sangre y banderas. Porque la sola derogación de la Ley 72, que puede
ser conveniente para los comerciantes que han controlado por décadas el negocio
de reexportación, no solucionará el problema de fondo, la injusticia social que
mueve a los colonenses a las calles, dirigidos por el Frente Amplio de Colón
(organismo que agrupa a sindicatos, gremios y organizaciones civiles).
Mientras que, respecto a la
motivación inmediata, la derogación de la Ley 72, la posición firme del Frente
Amplio de Colón ("no hay negociación, sin derogación") está clara y
ya ha empezado a resquebrajar la posición del gobierno; respecto de la segunda
causa, ni el FAC, ni ningún otro sector de la izquierda y el movimiento popular
hemos propuesto todavía una fórmula clara.
Por ello, junto a la demanda de
derogación de la Ley 72, impuesta y sancionada en menos de 6 horas por la
Asamblea nacional y el Ejecutivo, habría que formular una respuesta a la siguiente
pregunta: ¿Cómo la Zona Libre de Colón va a compartir sus enormes ganancias con
el pueblo colonense?
Un poco de historia
La historia de Panamá está marcada
por un determinismo geográfico: un istmo que une los océanos Atlántico y
Pacífico que, desde la aparición del mercado mundial, con la conquista
española, se le asignó el papel de puente de mercancías y gentes. Primero, del
oro y la plata del Perú; luego de paso de la comunicación entre las costas este
y oeste de los Estados Unidos; más recientemente, de las mercancías
"baratas" de Asia (China-Taiwán-Hong Kong-Japón) y América Latina
(Colombia, Venezuela, Brasil, etc.).
Ese peso de la posición geográfica
y su articulación al mercado mundial, dio origen a un concepto formulado por el
historiador Alfredo Castillero Calvo en los años sesenta, que lo define bien:
el transitismo.
El transitismo describe un país
volcado a la zona de tránsito (hoy el eje Panamá-Colón, antes,
Panamá-Portobelo), controlado por ávidos comerciantes agentes de intereses
comerciales foráneos. Ese transitismo ha producido un país dislocado, en el que
la zona de tránsito concentra la mayor parte de la riqueza, dejando casi en el
olvido al resto del estado nacional. Un país con un 80% del PIB cargado hacia
el comercio y los servicios financieros y de transporte, carente casi de
agricultura e industria, cuyo resultado social es una de las peores
polarizaciones de la riqueza social, con altas tasas de desempleo y pobreza.
El transitismo nos habla de un
comercio que no proviene ni está dirigido a la población panameña que, dada su
baja densidad demográfica y escasa industria, no posee un atractivo mercado
interno. Ese comercio está en función de intereses extranjeros, mientras que el
panameño y el colonense sólo ve pasar la riqueza, como antes vio pasar el oro y
la plata del Perú.
Pero el transitismo ha tenido sus
períodos de decadencia. Entre mitad del siglo XVIII y mitad del XIX, los
comerciantes panameños en varias ocasiones soñaron abiertamente con la
construcción de un "país hanseático" que, al estilo de las ciudades
comerciales europeas del medioevo, realizara una alianza comercial con
Inglaterra y su base jamaiquina, para que fuera puente mercancías inglesas
hacia Sudamérica.
El sueño "hanseático"
empezó a tomar forma a partir de la "fiebre del oro" de California,
cuando Panamá fue descubierta por la potencia emergente, Estados Unidos, como
el puente más corto y seguro entre sus costas. El sociólogo Marco Gandásegui ha
dicho en alguna ocasión que Panamá se transformó en una extensión del río Mississippi
que desembocaba en San Francisco.
Así nació la ciudad de Colón,
cuando en 1850, la Pacific Mail empezó la construcción del ferrocarril
de Panamá, el primero que unió ambos océanos. Por su trazado, el ferrocarril
necesitaba una terminal en la costa caribeña de Panamá, así que se procedió a
rellenar la isla de Manzanillo, dando origen a una ciudad que los
norteamericanos llamaron al principio Aspinwall (en honor a uno de los gerentes
de la Panama Railroad Co.).
Como el trazado del posterior Canal
de Panamá corre paralelo al del ferrocarril, Colón se convirtió en el polo
caribeño de asentamiento de los trabajadores antillanos, en su mayoría
afrodescendiente, traídos para excavarlo. La población de Colón pasó de 3.000
habitantes en 1900, a más de 30.000 en 1920.
La construcción del canal por
Estados Unidos trajo aparejada la separación de Panamá de Colombia, de la que
era una provincia, dada la resistencia a aceptar un tratado que imponía la
segregación de una Zona del Canal bajo soberanía norteamericana. Pese a que los
comerciantes panameños creyeron ver cumplido su sueño "hanseático", y
lo pusieron en la divisa del nuevo escudo nacional ("Pro Mundi
Beneficio"), la realidad dura fue su exclusión del negocio canalero
por los norteamericanos, quienes controlaron todo bajo un estricto esquema
militar.
De manera que a mitad del siglo XX,
el sueño "hanseático" de nuestros comerciantes era proveer de
cantinas y burdeles a los soldados acantonados en las bases militares
norteamericanas. Pero, al final de la Segunda Guerra Mundial, esa economía de
cantina entró en crisis, degenerando en una continua serie de conflictos
sociales y políticos, incluso interburgueses, por disputarse el control de los
pocos negocios que producían algo de plusvalía.
El gobierno de Enrique A. Jiménez,
en 1945, contrató los servicios de un grupo de asesores norteamericanos para
que sugirieran algunos remedios a la crisis económica y fiscal. Uno de ellos,
Thomas E. Lyons, funcionario del Departamento de Comercio de EE UU, realizó un
informe en el que propuso la creación de una zona franca de comercio. Así nació
la Zona Libre de Colón, mediante el decreto Ley No. 18 de 17 de junio de 1948,
vigente hasta el viernes 19 de octubre de 2012, cuando fue aprobada y
promulgada la Ley 72.
¿Zona Libre para beneficio de
quién?
Las empresas que se establecen en
la Zona Libre de Colón no pagan ningún tipo de impuestos, ni nacionales, ni
municipales. La última vez que un gobierno intentó cargarles con un leve
impuesto, bajo el gobierno de Ernesto Pérez Balladares (1994-99), los poderosos
comerciantes pegaron el grito al cielo y el gobierno tuvo que retroceder. Lo
único que pagan es un arrendamiento por las instalaciones que usan a un precio
catastral subvalorado.
La Zona Libre de Colón cuenta en
este momento con 1.751 empresas asentadas que reciben 250.000 visitantes al
año. Aunque hay en ella todo tipo de empresas, predominan poderosos capitales
judíos y árabes (que allí se llevan muy bien). Entre los primeros destaca la
familia Motta (cuyas ramificaciones se extienden a la Compañía Panameña de
Aviación, COPA; TVN-Canal 2; y el Banco General, el mayor de capital panameño).
Entre los segundos destaca la familia Waked (con ramificaciones en todos los
puertos libres del continente a través de los almacenes La Riviera y en los
diarios La Estrella y El Siglo).
Se estima que en 2012 la Zona Libre
de Colón manejará un movimiento comercial de 12.447.646 millones de dólares,
5.785.202 en importaciones y 6.662.443 en exportaciones, según la Contraloría
General de la República. Otros cálculos elevan estas cifras por encima de los
16 mil millones de dólares. En un país cuyo Producto Interno bruto Total fue
ponderado en 2011 en 23.253.6 millones de dólares, estamos hablando de una
cifra significativa.
En un artículo reciente, el
economista colonense y precandidato presidencial, Juan Jované, ha estimado el
valor agregado generado por la Zona Libre de Colon en 2.042,6 millones en el
año 2010. Este año la cifra será mayor según los indicadores.
Pese a toda esa riqueza que se
mueve dentro de las 240 hectáreas que ocupa la Zona Libre, la ciudad de Colón
es, a la vista del peor miope, una urbe paupérrima, en que la población camina
en aceras decrépitas por donde corren aguas cloacales, malvive en edificios a
medio caerse, cuya juventud padece el desempleo crónico (15%, según Jované) y
se refugia en las pandillas; con hospitales decadentes y clínicas mal
equipadas; ni hablemos de las escuelas. El desempleo general puede estar cerca
del 25%.
Según datos del propio Ministerio
de Economía (y estimados a la baja por una metodología alevosamente
construida), el 3,2 % de los colonenses sobrevive en la indigencia y el 15,8%
en la pobreza.
A todo lo cual hay que agregar el
desprecio racista de gobiernos, policías y empresarios contra la población
colonense, en su mayoría afrodescendiente. Ese racismo desembozado se expresa
no sólo en el abandono de la provincia (de 220.000 habitantes) pese a su
importancia económica, sino en que los empresarios de la Zona Libre prefieren
traer trabajadores de Panamá a contratar colonenses. Además de que, por
supuesto, los dueños y gerentes no tienen sus residencias en Colón sino en la
ciudad de Panamá.
Como nos comentaba Alberto Barrow,
dirigente de la etnia negra, ese racismo descarado también está en las cabezas
de los policías, y sus jefes que le han ordenado disparar directamente contra
la gente que protesta en Colón, como han mostrado las cámaras de la televisión.
Es el mismo racismo con el cual hace dos años, en julio de 2010, dispararon a
mansalva contra los trabajadores bananeros, en su mayoría del pueblo
Gnabe-Buglé, en Changuinola; y en 2011, de nuevo contra ellos mismos que
luchaban contra el Código Minero y las hidroeléctricas, en el área de San
Félix.
Ese racismo ha sido consuetudinario
en las élites panameñas, pero ha llegado al paroxismo bajo el gobierno
integrado por comerciantes blancos de Ricardo Martinelli y su ministro de
Seguridad José Raúl Mulino. Habría que preguntarle a los organismos de derechos
humanos si no estamos ante una consciente práctica genocida por parte de estos
gobernantes.
Los intereses inconfesables
En la crisis actual se mueven
aviesos intereses. Los intereses del grupo gobernante, que ha impuesto la Ley
72, con la que pretenden matar dos pájaros de un tiro: hacerse con una cifra de
entre 200 y 400 millones de dólares en venta de activos estatales para cuadrar
un presupuesto exorbitante (el mayor de la historia) con el que quieren cerrar
el año preelectoral, con mucho clientelismo y una impresión de bienestar; a la
vez que se apropian para su grupo de valiosas tierras nacionales a precios de
regalo y entran al negocio que les faltaba.
Pero no hay que perder la perspectiva
de que a la oligarquía comercial que controla la Zona Libre de Colón le
conviene que se derogue la Ley 72, no porque ellos tenga algún aprecio por la
propiedad pública, sino porque el decreto de 1948 les permite seguir lucrando
sin compartir un centavo con el pueblo colonense, como han hecho por sesenta
años.
De ahí que no basta con exigir la
derogación de la Ley 72, hay que buscar una propuesta que obligue a esos
comerciantes a compartir un pedazo de la riqueza que genera la Zona Libre de
Colón. Propuesta que debe salir de la dirigencia popular del Frente Amplio de
Colón y de sus mejores intelectuales comprometidos con la causa popular.
Propuesta que, aún manteniendo el negocio capitalista, haga algo de justicia al
pueblo colonense y permita resolver las enormes disparidades sociales que
padece.
Colón es la punta del iceberg, la
vanguardia de un conflicto social que atraviesa todo el país (de ahí que la
solidaridad y las protestas se hayan extendido por todos lados), entre la
riqueza de una casta comercial que ha empezado a ver su sueño hanseático
cumplido, a partir de la reversión del Canal en el año 2000, y esa masa popular
que vegeta en la pobreza más allá de los edificios de la bahía de Panamá. El
problema de fondo que amenaza con estallar, es el capitalismo transitista
panameño y su sueño hanseático, cada vez más inequitativo, injusto y
antidemocrático.
----
Panamá, 25 de octubre de 2012.
EN
APOYO A COLÓN Y POR LA DEROGACIÓN DE LA LEY 72:
¡HUELGA
GENERAL!
MOVIMIENTO POPULAR UNIFICADO
Los trabajadores y el pueblo de
Colón cumplen una semana de lucha en las calles y paro general provincial
contra la inconsulta Ley 72, que pretende vender los terrenos de la Zona Libre.
Pese a la dura represión, no sólo
con gases lacrimógenas y perdigones, sino a balazos directos contra la gente;
pese a las decenas de heridos y varios muertos; pese a los centeneras de
detenidos; el heroico pueblo colonense sigue en las calles, no ha bajado las
banderas y siguen mostrando al resto del país el camino de la lucha consecuente
contra la medidas del gobierno corrupto y oligárquico de Ricardo Martinelli.
La organizaciones populares de
Colón, agrupadas en el Frente Amplio de Colón, no cayeron en la trampa del
"diálogo" amañado que les quisieron tender los ministros el día de
ayer. Los colonenses no mordieron el anzuelo del "diálogo" ni con los
cantos de sirena de los jerarcas de las iglesias católica y evangélica, y de
algunos sectores empresariales, como el CONEP, presidido por el Sr. Díez,
conspicuo miembro del sector empresarial del "opositor" PRD. La
consigna sigue siendo: "No hay negociación sin derogación de la Ley
72".
El ejemplo de Colón ha empezado a
extenderse por todo el país y prepara las condiciones posibles de una
insurrección popular generalizada y una HUELGA GENERAL. El lunes 22 se
produjeron protestas en diversos lugares: los trabajadores de la zona bananera
de Changuinola cerraron el puente de acceso a la ciudad, y hubo manifestaciones
simultáneas allí, en David y en la ciudad de Panamá. En Panamá, convocados por
FRENADESO y SUNTRACS, miles de trabajadores marcharon bajo la lluvia para
expresar su apoyo. La marcha contó con la presencia de organizaciones como la
CGTP, Convergencia Sindical, dirigencia magisterial. Fue la primera marcha
unitaria en varios años.
El martes 23 realizaron protestas
callejeras los estudiantes de secundaria del Instituto Nacional y la
Universidad de Panamá, piqueteos del SUNTRACS en casi todas las provincias, así
como un paro general docente convocado por todos los gremios. El Frente por la
Democracia a su vez ha convocado a una gran marcha para el miércoles 24 en
horas de la tarde, en Panamá, y una caravana para "Romper el cerco de
Colón", para el jueves 25 de octubre.
Lo más importante de la lucha
colonense que se generaliza es que se ha producido un salto en la conciencia
del pueblo panameño, que ha saltado de un descontento larvado, a una crítica
furibunda contra el gobierno de Martinelli al que se identifica como un
gobierno de los ricos contra los pobres, además de profundamente corrompido. Muchos
hablan de que hay que sacarlo del gobierno sin esperar a las elecciones de
2014.
Pero la falencia sigue siendo de
las direcciones mayoritarias del movimiento obrero y popular, las cuales no han
avanzado hacia lo que todo el pueblo empieza a pedir: una HUELGA GENERAL para
forzar la derogación de la Ley 72 y pararle la mano a Martinelli. El MPU
exhorta a Frenadeso, CONATO y el Frente por la Democracia a coordinar la lucha
y convocar conjuntamente la Huelga General.
----Panamá, 24 de octubre de 2012.
SE DERROTÓ LA LEY 72, CON LA HUELGA
GENERAL Y LA MOVILIZACIÓN POPULAR
AHORA: ¡QUE RENUNCIE MARTINELLI!
Al momento de redactar este comunicado la ciudad de Panamá
estaba paralizada. Durante casi toda la mañana las principales avenidas de la
ciudad, Calle 50, Cinta Costera, 12 de Octubre, Vía Tocumen, Transístmica,
estaban cerradas o parcialmente cerradas por tramos, por los trabajadores del
Suntracs, que decretaron un paro nacional el día de hoy. Paro al que se sumaron
los gremios docentes.
Los bancos, almacenes y comercio en general se veían casi
vacíos, los colegios tanto públicos como privados cerrados. La ciudad de Colón
ni se diga, hoy se cumplen casi 7 días de estar completamente paralizada
dejando atrás todo un saldo de muertos, heridos y toda clase de destrozos.
Cerca del mediodía a todo lo largo de la avenida Central y
la avenida Perú y otras arterias importantes de la capital se evidenciaban
saqueos y roturas de vidrios en comercios, bancos y autos, todo esto como
producto del caos originado por las políticas antinacionales del gobierno. Hay,
al menos, 150 detenidos y se habla de un muerto en la ciudad de Panamá.
Desde el primer momento, cuando el presidente Martinelli
sancionó la nefasta Ley 72 en su afán de vender las tierras de la Zona Libre de
Colón, el pueblo colonense salió a luchar a las calles hasta las últimas
consecuencias, bajo una sola consigna: la derogación total de la Ley 72.
El presidente Martinelli en su afán de congraciarse con
algunos gobiernos e inversionistas extranjeros y nacionales ordenó a la
corrupta Asamblea Nacional, aprobar una ley que ya venía siendo repudiada y
altamente cuestionada por la gente de Colón y otros sectores populares del
país. La tenacidad del pueblo colonense, dirigidos en esta lucha por el FRENTE
AMPLIO DE COLÓN, y la participación de organizaciones populares como el
SUNTRACS y la repulsa de otros sectores sindicales (ULIP, CGTP, ANFACSS; etc.),
productores chiricanos, indígenas y pueblo en general han obligado al gobierno
una vez más a echar paso atrás.
Únicamente por medio de las luchas con el pueblo en las
calles es como se pueden derrotar las políticas antipopulares y vende patrias
del presidente Martinelli. Al cierre de este comunicado se anunciaba la
decisión del gobierno de derogar la Ley 72. Lo cual es una victoria de la lucha
popular y, en particular del pueblo colonense.
Pero esta lucha no debe quedar ahí. El pueblo panameño
ahora debe exigir la Renuncia del Presidente Ricardo Martinellli por su
demostrada incapacidad, sus actos ilegales, su venalidad sin límites y su
irrespeto a los derechos humanos. Hay que exigir la convocatoria a una
Asamblea Constituyente.
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