Negociación del FEES: capitulación y entrega al Banco Mundial (IV y final)

Por José Luis Vega Carballo

Domingo, 28 de octubre de 2012

Para finalizar esta serie de análisis sobre las vicisitudes de la firma del convenio para el financiamiento de nuestras universidades públicas (el FEES,) vamos a recalcar y explicar un poco mejor nuestros argumentos acerca de por qué ese convenio es débil en sus fundamentos y proyecciones, así como insuficiente para satisfacer las justas demandas y aspiraciones de las comunidades universitarias; hoy frustradas por sus rectorías y empujadas a un sombrío invierno presupuestario de corte neoliberal, que tendrá la comprometedora característica de elevar los objetivos y compromisos de gestión de las instituciones para el período 2011-15, al mismo tiempo que paradójicamente se les recortan los medios para alcanzarlos, a pesar de todas las promesas y dichos en contra para tapar tan deprimente y dura realidad.

En efecto, en un arrebato de entrega ante la discutible tesis del gobierno acerca cómo superar la actual crisis económica, el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) aceptó en el considerando 8 del acuerdo que las universidades "tendrán que adoptar políticas de austeridad acordes con la disponibilidad de recursos." Es decir, medidas de restricción de una inversión (como es la educación), la cual más bien debía reforzarse ante una recesión que se torna ya en terrible depresión del capitalismo global.

Una vez concedido lo anterior, las autoridades universitarias tuvieron que avenirse a una reducción del nivel de las justas demandas que se habían comprometido a mantener ante sus comunidades. Ese nivel lo habían bajado de un 24% de aporte gubernamental anual al FEES para el período 2011-15 a un 16%, luego a un 13% (moderado promedio del quinquenio anterior) para terminar trazando la línea en un 11%, de la cual descendieron aún más, hasta postrarse al pactar un raquítico 5,5% de crecimiento real promedio para el quinquenio, ¡sólo un 1% por encima de lo ofrecido inicialmente por el gobierno y considerado por el CONARE como un verdadero desastre para las instituciones!

Pero, además, agacharon la cabeza con el inconveniente para las universidades de que, por una parte, tendrán que consentir en que se le recorte a la educación primaria y secundaria la suma de ₵5.500 equivalente a un 2% del total de 7% que se acordó asignar al FEES para los años 2011 y 2012, luego de los cuales se reculará los tres siguientes hasta llegar a un escuálido aporte de solo 4,5% por encima de la inflación. Por otra parte, las autoridades asintieron contratar un empréstito extranjero por US$200 millones para cubrir inversiones en equipo e infraestructura; lo cual implicará que, para los años siguientes al 2012, el crecimiento real indicado de un 4,5% solo se logrará, como lo ha señalado el SINDEU (sindicato de la UCR), deduciendo este préstamo (que las universidades deben devolver) del propio FEES, cuyo nivel se reducirá en esa proporción en beneficio del gobierno y detrimento de los presupuestos universitarios; y si a ello sumamos, como lo ha dicho Héctor Monestel, miembro del Consejo Universitario de esa institución, que se "jinetearán" Fondos del Sistema (FS) del CONARE trasladándolos de renglones propios del presupuesto regular de las universidades al FEES, en realidad lo que el gobierno girará a las universidades no será un 4,5%, sino mucho menos. Sólo les cabe esperar a las pusilánimes rectorías que el gobierno tramite una reforma tributaria para cerrar las enormes brechas financieras en ciernes. Pues se depositó en tal reforma la garantía de que, para el 2015, el gobierno pueda cumplir con trasladar un 1,5%% del producto interno bruto (PIB) al FEES, ¡algo que queda totalmente en la cola de un venado!

Luego de examinar esos detalles del contenido del acuerdo, uno se pregunta cómo es posible que las rectorías sigan prometiendo infundada e irresponsablemente a funcionarios, profesores y estudiantes que no habrá recortes del gasto ni de las inversiones, que se aumentarán las matrículas y cupos de carrera, que se fortalecerán muchas de ellas en las áreas científico-técnicas, que se aumentarán las becas y se mejorarán los servicios estudiantiles, que las operaciones normales de la administración y la academia están garantizadas, que podrá mejorarse la calidad de la enseñanza-aprendizaje aunque aumente la cantidad de estudiantes, que las instituciones entonces crecerán en todo sentido, que, en fin, como lo firmaron en el acápite 7f de los acuerdos se comprometen a que los "regímenes salariales de las instituciones sean siempre atractivos para el ingreso del personal nuevo de alta calificación y para que los sistemas de incentivos respondan primordialmente a consideraciones de calidad y mérito en el desempeño de las funciones", etc., etc.

Y lo más demagógico y falso: que no habrá despidos, sean masivos o selectivos, ni reducciones voluntarias o forzadas de los niveles de la remuneración salarial, al estilo de España y Portugal donde las disminuciones tanto de la planilla vía destituciones como de los sueldos han llegado a un 20% respectivamente (modelo de recorte 20-20), sin que los sindicatos hayan podido detener la terrible tijera del neoliberalismo instalado en las cúpulas que gobiernan los claustros (o lo que va quedando de ellos).

Entonces, no perdamos para nada de vista que esas cúpulas educativas son fieles aliadas aquí también de las gubernamentales y de los partidos de la coalición Arias-Chinchilla. Son las que se hallan bien instaladas en los ministerios de Educación, Ciencia y Tecnología y Hacienda; las que a su vez dependen de las directrices y recursos de los organismos financieros internacionales (OFI), como el Banco Mundial o el BID, ante los cuales responden como élites serviles, embarcadas ahora en la trágica tarea de enfrentar la crisis mediante medidas pro-cíclicas equivocadas; a saber, aplicando fuertes reducciones (desfinanciamientos y desmantelamientos programados) a los servicios sociales públicos, incluidos los educativos y universitarios, a todos los cuales se les hará "terapia de shock" a pesar de que no constituyen gastos, sino productivas inversiones.

Se cierra así y desde allí, desde esos enclaves superiores de poder, el fatal círculo de un poder global-local dirigido a liquidar nuestras universidades públicas, o bien muy empeñado en convertirlas -si lo anterior no se logra- en acríticos y dóciles apéndices de los sectores productivos y empresariales, controlados por los intereses de las corporaciones y finanzas internacionales.

Para terminar, es conveniente que los estudiantes de las universidades públicas sepan, que si no están matriculados en carreras "acreditadas" por el denominado Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES), no hallarán fácilmente a futuro un empleo en el sector público, donde serán discriminados bajo aparentes criterios objetivos y de conveniencia. Esto debido a que las rectorías así lo negociaron para beneficio de la educación superior privada y mercantilizada, donde esa acreditación se realiza bajo condiciones muy expeditas y altamente ventajosas. Así quedó plasmado esto en el acuerdo 8, cundo literalmente CONARE convino en "que se garantice que la contratación de profesionales en instituciones del Estado requerirá que la carrera de la que provienen esté acreditada."

Mediante esa norma, no solo se permitirá a las universidades privadas equipararse y desplazar a las públicas en el mercado de trabajo del sector estatal, sino que también les abrió a sus dueños puertas para reclamar eventualmente fondos estatales del FEES o del MEP, prontos a esgrimir la tesis de que "todas las universidades son públicas", que la "educación superior es una sola", y que todas las entidades deben competir al estilo chileno y banco-mundialista. Un tema sobre el que tendremos de volver más adelante. Pues este escenario bien podría ocurrir en el país, a pesar de que los entes privados son empresas de propiedad exclusiva de unos cuantos ricos, quienes desde hace años hacen clavos de oro a costa de muchas familias de medios y bajos ingresos, cuyos hijos e hijas se ven forzados a caer en sus garras precisamente debido al escaso financiamiento y muy lento aumento de la matrícula en las universidades regidas por el CONARE.

No debe tampoco pasarse por alto que ese tipo de educación superior mercantilizada y privatizada marcará la pauta del futuro si se deja que los altos círculos del progresismo reformista que hoy controlan a las universidades públicas, sigan permitiendo que se debilite el FEES, se impongan las normativas neoliberales del Banco Mundial y demás OFIs, y se les retiren a los estudiantes otras fuentes de financiamiento que no sean las del CONAPE, o las que lleguen a ofrecerles los círculos bancarios y empresariales que desde ya se aprestan a participar más y más agresivamente en el jugoso, aunque poco honroso, negocio de una educación universitaria manejada bajo criterios y condiciones de mercado. No hay duda de que en dichas instancias privatizadoras, en las cámaras patronales y los grandes poderes mediáticos deben estar aplaudiendo con mucho gusto este pacto del CONARE con un gobierno elitista que, debe reconocerse, los representa muy bien en calidad de junta superior administrativa de sus más altos intereses.


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Cortesía de Edgard Blandino Lacayo