Educación: UNA ARGUMENTACION Y DOS PROPUESTAS

UNA ARGUMENTACIÓN Y DOS PROPUESTAS
OLVIN E. RODRIGUEZ

Saludamos la iniciativa de los órganos legislativo y ejecutivo por colocar en su agenda el debate sobre la educación, por cuanto su posición los diferencia de sus predecesores que miraron para otro lado cuando les propusimos abordar este asunto. Desafortunadamente, la preocupación en ambos órganos, pareciera centrarse en ceder a las presiones de la iglesia y de cierto sector privado en sus exigencias de cuotas de poder, de ausencia de controles por parte del Estado y de facilidades para la mercantilización de la educación. 

Reconocemos que el país está en desventaja en su posición regional en relación a la cobertura, calidad, pertinencia y equidad educativa; con una enseñanza y capacitación alejadas de los problemas nacionales y a años luz de las exigencias tecnológicas de la sociedad del siglo XXI; ello ha llevado a que la UNAH sea la institución educativa del país que más se ha transformado en el último quinquenio y, en consecuencia, no se opone a las reformas en educación, pero exige que se transparente el qué, el para qué, el con qué y el cómo de la reforma. 

Aceptamos complacidos participar en este debate si se incorporan temas tales como ampliar la cobertura o acceso de las y los jóvenes al sistema con una mayor responsabilidad e inversión del Estado en educación; mayor exigencia, rigor, calidad, equidad y pertinencia académica; reconstruir la abandonada y devastada estructura física y tecnológica; crear condiciones para una inserción favorable de las universidades en la emergente sociedad del conocimiento fortaleciendo la investigación, la gestión del conocimiento, la innovación tecnológica y el desarrollo con el uso de las TICs; ofrecer mejores opciones para que a través de curricula flexibles se facilite a los jóvenes el tránsito por las estructuras universitarias, se atiendan de modo eficiente sus intereses y vocaciones y el acceso a nuevas modalidades de formación acordes con la evolución de las demandas del mundo del trabajo y así reducir las brechas que separan al nivel de educación superior de Honduras del de otros países. 

La UNAH no se opone a la participación del sector privado en educación, pero por ser ésta uno de los activos más valiosos, un bien público social y un derecho humano fundamental de la sociedad hondureña y por ser un mandato constitucional, sostiene que el Estado debe regularla y conducirla, pero procurando un equilibrio entre regulación y libertad; comparte que se debe facilitar al sector privado la oportunidad de concretar la responsabilidad social empresarial pero contribuyendo a elevar la cobertura, calidad, diversidad y pertinencia de la educación, sobre todo en momentos en que ésta se enfrenta a corrientes que promueven su mercantilización y contra tal pretensión se hace necesario el establecimiento y consolidación de alianzas estratégicas entre las universidades, el gobierno, el sector productivo y las organizaciones de la sociedad civil. 

Estimamos necesario autoevaluar, evaluar, acreditar y certificar permanentemente los procesos, las personas, los programas y carreras y formular diagnósticos que posibiliten la actividad de planificación, administración y gestión académica, la generación de programas de becas a los estudiantes con excelencia académica y de bajos ingresos y la capacitación que garantice el relevo y la superación docente. 

Estamos listos para contribuir con las medidas y planes encaminados a lograr un sistema nacional educativo armónico y coherente en todos los niveles y participar, delineando cursos de acción o escenarios alternativos, con estándares, indicadores, tiempos y responsables. 

Propuesta 1: 

En el Consejo Nacional de Educación proponemos pergeñar una política educativa con visión de Estado y en el Consejo de Educación Superior la aprobación del Plan Decenal de Desarrollo de la Educación Superior, en los cuales la educación se constituya en una verdadera prioridad que obligue al Estado a invertir en educación, ajustando las aspiraciones de cambio con las realidades presupuestarias y evaluando sus costos y consecuencias; una política consensuada, con metas y objetivos comunes, con compromisos y apoyos genuinos de todos los actores relevantes; que propicie las condiciones que permitan impulsar y ordenar el esfuerzo y la creatividad colectiva; según la cual la UNAH integre el Consejo de Ministros como un ministerio sin cartera y de la mano con el gobierno cumpla por primera vez el mandato constitucional de contribuir a la investigación científica, humanística y tecnológica, a la difusión general de la cultura y al estudio de los problemas nacionales y programe su participación en la transformación de la sociedad hondureña, comprometiéndose con el Plan de Nación, el Programa para la Reducción de las Pobreza y al logro de las Metas del Milenio; que cada universidad se involucre en la investigación y solución de un problema concreto pero de amplia incidencia en el desarrollo de Honduras; que el sector privado contribuya al financiamiento de la investigación científica como parte de su responsabilidad social empresarial; planificación en la que se determine qué carreras necesita el país, qué investigaciones deben realizarse (generación de empleo, seguridad alimentaria, desarrollo energético, medio ambiente, cambio climático Etc.) y cuales proyectos de vinculación deban desarrollarse. 

Las exigencias de la política educativa con visión de Estado y del Plan Decenal se deben orientar a que el nivel de educación superior: 

Sea socialmente equitativo en su ingreso; 

Que ofrezca calidad; 

Que promueva la formación cívica y la responsabilidad social del “Capital Humano” que se entrega a la sociedad; 

Que desarrolle capacidades en investigación y forme el “Capital Humano Avanzado” que el país requiere (pertinencia); 

Que se vincule plenamente con la sociedad; 

Que se articule con la enseñanza media, sea ésta científico-humanista y/o técnico-profesional; 

Que contribuya a la regionalización y descentralización efectiva del país; y, 

Que se integre a los procesos de internacionalización de la educación superior en un mundo globalizado. 

Propuesta 2. 

Una de las tres funciones y mandatos del Art. 160 de la Constitución de la Republica para la UNAH es el de ORGANIZAR, DIRIGIR Y DESARROLLAR LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y PROFESIONAL, las otras dos son la de formar profesionales y contribuir a la investigación y solución de los problemas nacionales. 

Respecto a la primera, al emitirse la Ley de Educación Superior se generó una ambigüedad tan grande que dejó sin posibilidad de entendimiento a la UNAH con las demás instituciones del nivel, sean públicas o privadas. Por tal causa en el Congreso Nacional se han introducido tres iniciativas (reforma de los artículos 156, 159, 160 y 163 de la Constitución de la República, Ley de Universidades Privadas y Ley General de Educación) todas encaminadas a huir de la tutela de la UNAH. Si se demandan tales cambios es porque la Ley de Educación Superior tiene debilidades jurídicas y porque más allá de algunos intereses inconfesables que posiblemente tenga la empresa privada o la Iglesia, lo que les importa a las demás universidades interesadas en la calidad, es que su relación con la UNAH sea fluida y que no se les menosprecie. 

Con la aprobación del Artículo 56 de la nueva Ley Orgánica de la UNAH, se crea el Consejo de Educación Superior como órgano auxiliar encargado de cumplir aquel mandato constitucional. 

Dado que hay que bajar de lo general a lo concreto, desde la UNAH estamos consensuando un Reglamento que partiendo directamente de la Ley Orgánica de la UNAH (sin pasar por la Ley de Educación Superior y sin contradecirla) regule por vez primera esa función constitucional, que ofrezca salidas y permita resolver las diferencias dentro del nivel y no en el ámbito de la política sectaria el cual deberá: 

a) Ser claro y preciso y no dejar lugar a interpretaciones diversas; ser coherente al máximo con la Constitución y la Ley Orgánica y, por tratarse del ente regulador para la convivencia y buen régimen de las diferentes universidades del país, ser respetuoso de la autonomía de cada universidad, sea pública o privada, y de sus normales diferencias; 

b) Precisar sólo lo que la Constitución y la Ley Orgánica dejan dicho de forma general, sin mezclarse en las otras dos funciones, ni en lo que la UNAH debe hacer como institución, ni con los fines y propósitos de las demás universidades, pero ha de distinguir con plena claridad lo que cada universidad debe cumplir para ser considerada como de estudios superiores de verdad; 

c) La organización de la Educación Superior ha de ser lo más sencilla y ágil posible y no multiplicar las instancias, garantizando que la UNAH sólo de manera indirecta influiría en los Órganos de Educación Superior, pero que conserva la atribución constitucional. Si de lo que se trata es de dirigir y supervisar, la Dirección de Educación Superior debe contar con un equipo técnico multidisciplinar que sea capaz de: 

- llevar a cabo la tarea de analizar diligentemente las propuestas y problemas que presenten las universidades con ánimo de acompañamiento y no de sancionar; 

- entender que homologar (esto es, hacer equivalencias) es poner en la balanza cosas diferentes. Nadie pide homologar lo mismo por lo mismo. Nadie va al mercado para cambiar un Lempira por otro Lempira; 

- hay que respetar las diferencias mientras cada universidad mantenga el nivel y calidad académica superior, pues tanto las universidades públicas como las privadas están obligadas a ofrecer una educación con calidad, pertinencia y equidad; 

d) Concertar la organización y funcionamiento de los órganos colegiados y unipersonales, principales y auxiliares; los requisitos para la aprobación de planes de estudios y formas curriculares, de organizar las respectivas carreras y estudios universitarios, emitir grados y títulos y mecanismos de acompañamiento para garantizar la calidad, pertinencia de la educación, controles sobre procesos y aprendizajes y la aplicación del régimen disciplinario; 

e) Que el Consejo de Educación Superior (CES), se limite a darle eficaz, riguroso y ágil cumplimiento a los mandatos constitucionales y legales en la materia, generar y concertar las políticas y estrategias de la planificación, administración y gestión educativa del nivel, con visión de mediano y largo plazo. Que esté integrado por autoridades universitarias y para mayor inclusión y permitir mayor diversidad de enfoques e intereses, por estudiantes y representantes de la sociedad; 

f) Que aplicando los principios de subsidiariedad, desconcentración y delegación, se trasladen competencias de unos órganos a otros y que cada nivel jerárquico resuelva los asuntos sometidos a su consideración, sin tener que recurrir a una instancia superior, a menos que sea por la vía de un recurso administrativo; 

g) Establecer criterios claros para que los centros de educación superior se incorporen al CES: número de carreras o campos del conocimiento que se cubren, los niveles de autoevaluación, evaluación o acreditación en que se encuentren, número de estudiantes matriculados y de docentes, ubicación en el ranking de investigación, pertinencia de las carreras que se ofrecen etc.; 

h) Ofrecer respuestas oportunas a los reclamos de universidades estatales y privadas. 

i) Recoger la doctrina y tendencias actuales de la Educación Superior en América Latina y el mundo. 

Amigos de las universidades estatales y privadas, les invitamos a que demos vuelta a la página de ambigüedades, desencuentros, obstáculos y descalificaciones recíprocas del pasado y posibilitemos hacer realidad el mandato constitucional. 

Como se puede advertir, conquistar la historia del futuro todavía está en nuestras manos. 

Ciudad Universitaria 14 de junio del 2011. 

OLVIN E. RODRIGUEZ