EL VOCERO DE LA CASA BLANCA, ROBERT GIBBS AL ADMITIR LOS EXPERIMENTOS QUE REALIZO EE.UU.
Los horrores de la investigación en Guatemala y la hipocresía estadounidense
Stephen Soldz
| 10-10-2010 |
Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández
Según altos funcionarios estadounidenses, abusar de las personas sin su permiso en aras de una investigación es algo horrible, realmente horrible. De hecho, es tan horrible que ha sido necesario que pidan perdón dos funcionarias del gabinete presidencial. Es decir, los abusos se perpetraron hace tanto tiempo que los investigadores que los llevaron a cabo ya no están entre nosotros para exigirles responsabilidades y hay un gobierno extranjero amigo que es probable que se sienta indignado por los abusos. Sin embargo, los funcionarios estadounidenses habían guardado hasta ahora un silencio total sobre una investigación espantosa e inmoral dirigida en el pasado siglo por investigadores del gobierno de EEUU.
Hace poco, la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, y la Secretaria de Sanidad y Servicios Humanos, Kathleen Sebelius, se deshicieron en disculpas por un estudio que había dirigido el Servicio de Sanidad Pública estadounidense y en el que casi 700 presos y soldados en Guatemala fueron, sin su conocimiento, deliberadamente infectados con sífilis y otras enfermedades de transmisión sexual para comprobar si la penicilina podía impedir la infección. Mediante un comunicado, las dos Secretarias del gabinete expresaron su indignación por “tan reprobable investigación”. De hecho, tan afectado está el gobierno estadounidense que, al parecer, el Presidente Obama va a llamar al presidente guatemalteco para pedir de nuevo perdón.
Esta investigación violó los principios éticos fundamentales que se supone tienen que guiar cualquier investigación hecha con seres humanos –“investigación a partir de sujetos humanos”, según la jerga profesional- desde la II Guerra Mundial. Esos principios quedaron plasmados a nivel internacional en el Código de Nuremberg, que contiene los fundamentos jurídicos desarrollados para los juicios celebrados contra los médicos alemanes que dirigieron horrendos experimentos en los campos de concentración nazis, y el número uno de esos principios es el del consentimiento informado:
“Es absolutamente imprescindible que el sujeto humano dé su consentimiento voluntario. Esto significa que la persona implicada debe tener capacidad legal para dar su consentimiento; su situación debe ser tal que pueda ser capaz de ejercer una elección libre, sin intervención de cualquier elemento de fuerza, fraude, engaño, coacción u otra forma de constreñimiento o coerción; debe tener suficiente conocimiento y comprensión de los elementos implicados que le capaciten para hacer una decisión razonable e ilustrada. Este último elemento requiere que antes de que el sujeto de experimentación acepte una decisión afirmativa, debe conocer la naturaleza, duración y fines del experimento, el método y los medios con los que será realizado; todos los inconvenientes y riesgos que pueden ser esperados razonablemente y los efectos sobre su salud y persona que pueden posiblemente originarse de su participación en el experimento…”
Un poco más adelante, el Código de Nuremberg afirma la obligación de los investigadores médicos de minimizar los daños provenientes de los procedimientos de la experimentación:
“El experimento debe ser realizado de forma tal que se evite todo sufrimiento físico y mental innecesario y cualquier daño.”
“No debe realizarse ningún experimento cuando exista una razón a priori que lleve a creer que puede sobrevenir muerte o daño que produzca incapacitación, excepto, quizás, en aquellos experimentos en que los médicos experimentales sirven también como sujetos.”
El estudio realizado en Guatemala violó gravemente ambos principios y merece el más absoluto oprobio. Más que consentimiento informado, el objetivo del estudio era ocultar deliberadamente el objeto, medios y fines del mismo a los infectados. Se infectó a aquellas personas con enfermedades peligrosas, a menudo letales. Esa investigación fue terrible, condenable, incluso espantosa, y nunca debió de considerarse y mucho menos llevarse a cabo. Me complace que haya pasado poco tiempo desde que la historiadora Susan M. Reverby, del Wellesley College, revelara los abusos en un documento que está a punto de publicarse –del que se puede disponerya en la página en Internet de Reberby-, para que los funcionarios del gobierno estadounidense lo condenaran a gritos.
Pero el gobierno de EEUU no necesita mirar hacia atrás casi 65 años para encontrar horrendas investigaciones realizadas por sus investigadores. En junio de 2010, la organización Médicos por los Derechos Humanos (PHR, por su siglas en inglés) publicó un informe: “Experiments in Torture: Human Subject Research and Experimentation in the ‘Enhanced’ Interrogation Program”, que documentaba la investigación y experimentación llevadas a cabo en el presente siglo por los médicos y psicólogos de la CIA en relación con las técnicas abusivas utilizadas como parte del programa de torturas con técnicas mejoradas de interrogatorio.
Esos investigadores observaron las torturas a los prisioneros de la CIA en los denominados “sitios negros” y registraron sus respuestas. Prestaron especial atención a la posibilidad de que la tortura pudiera acabar con sus vidas. A veces recomendaban determinados cambios en las técnicas de tortura, como añadir sal al agua utilizada en la técnica de ahogamiento parcial conocida como “ahogamiento simulado”, para impedir que se produjera la muerte por desequilibrio inducido de electrolitos. Este cambio en el procedimiento permitió sumergir muchas docenas de veces a los prisioneros mientras se les impedía que escapasen hacia la muerte. Como el PHR sostuvo, la principal razón de esta investigación, supuestamente relacionada con la seguridad, no era proteger a los prisioneros sino proporcionar cobertura legal a los torturadores y a quienes tomaban la decisión de torturar al permitirles afirmar que los profesionales médicos estaban garantizando la seguridad de los prisioneros.
PHR informó de esos abusos en el informe sobre el comportamiento de sus colegas del mes de junio (Soy uno de los autores de ese informe). Se notificó por carta de los mismos a la Secretaria de Sanidad y Servicios Humanos Kathleen Sebelius, abusos que violan la ética de los mismos principios de investigación –consentimiento informado y minimización del daño- que en la investigación guatemalteca. Pero, en vez de expresar su indignación ante tan “reprobable investigación”, la Secretaria Sebelius guardó silencio, al igual que todos y cada uno de los funcionarios del gobierno, además del portavoz de prensa de la CIA, que negó nuestras afirmaciones sin presentar ni la más ligera sombra de prueba. El departamento de la Secretaria Sebelius remitió una queja oficial sobre la deshonesta investigación de la CIA a la… mismísima CIA, que había ya negado públicamente las acusaciones. Hasta ahora, ninguna agencia del gobierno se ha comprometido a investigar esos abusos de la CIA, perpetrados mucho más recientemente que los horrores de Guatemala.
En respuesta a los antiguos abusos de hace sesenta años sobre el grupo de guatemaltecos, las Secretarias de Estado y Sanidad anunciaron la creación de una comisión que tratará de asegurar que todas las investigaciones a partir de sujetos humanos llevadas a cabo por investigadores estadounidenses cumplan los más altos estándares éticos. Como NBC News informó:
“Además de pedir perdón, EEUU está creando comisiones para asegurar que las investigaciones médicas a partir de seres humanos por todo el planeta cumplan ‘rigurosos niveles de ética’. Los funcionarios estadounidenses están también poniendo en marcha una serie de investigaciones para descubrir exactamente lo ocurrido durante los experimentos.”
Si el objetivo de tales comisiones fuera realmente “asegurar que las investigaciones…..”, no puede haber dobles raseros. Las mismas reglas deben aplicarse a todos los investigadores, en todas partes y a todos los sujetos de las investigaciones, quienquiera que puedan ser. La ética está para proteger a los humillados y desamparados, no sólo a los que puedan merecerlo. Esos investigadores que ayudan a la CIA o cualquier otra actividad secreta no pueden jamás obtener patente de corso. Estamos en un momento muy importante: o se investigan las inmorales e ilegales investigaciones de la CIA y se exigen responsabilidades a sus autores o todo el sistema para impedir las investigaciones sin ética que se ha venido desarrollando desde que el mundo fue consciente de los horrores nazis, no será sino mera hipocresía. No podemos permitir que eso suceda.
Stephen Soldz es psicoanalista, psicólogo, investigador de la sanidad pública y forma parte del cuerpo docente de la Boston Graduate School of Psychoanalysis. Es editor del blog Psyche, Sciencie and Society. Fue uno de los fundadores de la Coalición por una Psicología Ética, una de las organizaciones que trabajan para cambiar la política de participación de la Asociación Americana de Psicología en interrogatorios abusivos. Es Presidente de Psychologists for Social Responsibility [PsySR, por sus siglas en inglés] y asesor de Physicians for Human Rights. Fue coautor del informe Experiments in Torture: Human Subject Research and Experimentation in the “Enhanced” Interrogation Program del PHR.
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