Raúl Ismán
Septiembre de 2010
Nunca como cuando se despliegan todas las contradicciones y se polariza a los máximos extremos la escena política y social la realidad se muestra y despliega sin claroscuros y ocultamientos de cara a los ciudadanos. Sólo no perciben los acontecimientos los que no desean observarlos; es decir, los peores analfabetos, los ciegos hacia la política (Bertolt Brecht).
A comienzos del siglo XXI en la Argentina, resultaba un sonsonete remanido el proferido por sectores empresariales caracterizados por su reaccionarismo ancestral consistente en reclamar vigencia de los contratos y seguridad jurídica. El citado era una simple figura de retórica vacía de contenido sustancial, como lo prueba una larga lista de acontecimientos ocurridos en la Argentina y en todo el mundo. Para no abusar en su enumeración digamos que es el imperio del norte el que impulsa la difusión de tales discursos. Pero para que realmente pudiera hablarse de seguridad jurídica, semejante garantía debe ser realmente operante para todos. No sólo para inversiones e inversionistas. ¿Y de que seguridad jurídica puede hablar los Estados Unidos, causantes de la muerte de más de un millón de iraquíes durante la rapaz y genocida invasión que realizaron en la milenaria patria de Scherazade? En la Argentina se llenan la boca pomposamente con los citados latiguillos quienes lucraron a expensas de la sangre vertida por militantes populares y trabajadores durante la nefasta dictadura militar (1976-1983) y durante el latrocinio de los ’90, esa orgía organizada en base al saqueo del patrimonio nacional y la pérdida de conquistas laborales. No tuvieron seguridad jurídica los desaparecidos, ni los sujetos del mundo del trabajo, ni los jubilados con haberes más congelados que el polo sur en invierno. Y ninguna entidad empresaria clamó al cielo ni se rasgó las vestiduras por semejantes atentados contra la tan meneada seguridad jurídica. Todo lo contrario se sirvieron de tales circunstancias para incrementar sus ganancias.
Tal vez un ejemplo más que ilustrativo y apodícticamente sintético de todo lo que decimos sea la “venta” de la empresa argentina productora de papel para diarios que se realizó durante la dictadura militar. El máximo ejecutivo de un monopolio mediático le exigía a su dueña- por entonces, recientemente enviudada- que firmase la cesión porqué si no corría severos riesgos su vida y la de su hija de dos años en aquel aciago año 1976. A eso la reacción lo llama libertad de contratos. Y denomina seguridad jurídica garantizar la impunidad para tamaños saqueadores. Simultáneamente, uno de los peores criminales de guerra vivos aún, Henry Kissinger, les ordenaba a los chacales de la dictadura que matasen a todos los que tuvieran que matar… pero rápido. Repítase, asesinen rápido, se les mandaba, de ningún modo se les- al menos- sugería que frenasen la carnicería. Lo dicho, libertad de contratos y seguridad jurídica en las voces del imperio, la reacción interna y sus corifeos políticos son para los negocios. No para los pueblos.
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