OEA: El régimen colombiano juzgará si en Honduras hay democracia y respeto a las personas
El Secretario General de la OEA y Estados Unidos impulsan, entre otros, el regreso hondureño a la Organización. El gobierno encabezado por Porfirio Lobo es producto de un golpe de estado en conocimiento previo de Washington que significó la detención y expulsión del presidente constitucional, asesinatos con impunidad de periodistas y opositores, persecución social.
Los hechos del país de José Manuel Zelaya deberán ser examinados y los políticos de gobierno de Colombia serán uno de los evaluadores. Es importante conocer entonces algunos antecedentes de la realidad política y social colombiana.
Informe del Comité Internacional de la Cruz Roja (CIRC) sobre Colombia: Hay más de 3.300.000 desplazados internos por el conflicto armado, peor que en Irak, situación que no es tema en la actual campaña electoral. Los grupos paramilitares han resurgido, ahora se les llama “bacrim” (bandas criminales), y en relación al período 2006-2008 las consecuencias han empeorado para los campesinos mayoritariamente y comunidades de indígenas y negros, que son asesinados, abusados sexualmente o deben huir perdiendo todo. La cifra de desplazados aumenta cada año. En 2009 el CICR registró 800 casos de violaciones al derecho humanitario, 28 asesinatos y 84 desapariciones, delitos en que uno de los participantes fue el ejército. Una forma de esa violencia son los llamados “falsos positivos” o civiles muertos por las fuerzas armadas y presentados después como guerrilleros caídos en combate.
Declaraciones de colombianos opositores en Europa: Los servicios de seguridad de Colombia los persiguen y crean montajes políticos con la posible complicidad de los servicios secretos de esos países.
Exposición de la senadora Piedad Córdoba en Europa: En Colombia hay 200 mil personas desaparecidas por acción del estado. Los “falsos positivos” son 5 mil. Se han descubierto dos mil fosas comunes, en una había 2.000 cuerpos de campesinos y campesinas asesinados según las investigaciones por miembros de la fuerza pública. Un jefe paramilitar actualmente preso reconoció que construyeron 5 hornos crematorios para desaparecer los restos de víctimas y atemorizar a los campesinos y que mató a dirigentes políticos, periodistas, defensores de derechos humanos, señalados en una lista. Un documento encontrado en allanamientos al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la policía secreta que depende directamente del gobierno de Álvaro Uribe, expone un plan para desarticular a la oposición que contempla la persecución a tres congresistas, un ex candidato a la presidencia, magistrados de las cortes, periodistas y una revista.
Denuncia del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo: En el DAS se elaboraron listas de personas que posteriormente fueron asesinadas por paramilitares.
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