Pensión
reducida: problema de vieja data y de carácter económico
Carlos Fernando Álvarez
Jueves, 20 de Junio 2013 | Carlos Fernando Álvarez
El
problema de la pensión reducida, se remonta a 1994 -durante el primer gobierno
neoliberal, de Violeta Barrios de Chamorro– cuando de una forma que violentaba
la Constitución Política y la Ley de Seguridad Social aprobada en 1982 por la
Revolución Popular Sandinista, se negó ese derecho a los adultos mayores,
advirtió Manuel Ruiz, experto en Seguridad Social, en entrevista a El 19
Digital.
La
pensión reducida, que contaba entre otras asignaciones de jubilación que la ley
mandataba, fue derogada en la década de los 90, bajo el voraz fuego político de
la derecha en el gobierno, arrebatando las conquistas alcanzadas con la
Revolución. Asimismo, recordó que existen unas 30 sentencias en el Poder
Judicial, que desde 2002, hasta 2006, han requerido al INSS el pago de la
pensión reducida.
Problema económico, no jurídico
En
ese orden, dijo que este no es problema de carácter jurídico, sino meramente
económico, pues la cantidad promedio que se debería pagar por la pensión
reducida, a un estimado de un millón de adultos mayores, ascendería a más de
100 millones de dólares si se proyectara a 10 años.
“No
estamos hablando de cosas pequeñas, estamos hablando de mucha cantidad de
dinero, que Nicaragua tiene que resolverlo con una ley, para que se diga de
dónde va a venir este fondo para el pago de estas prestaciones”, aseveró.
“Yo
lo considero que es un problema del Estado de Nicaragua y que de forma integral
se deberían buscar algunas alternativas de solución a la luz del Estado de
Derecho, nada fuera del Estado de Derecho”, señaló.
Es una demanda justa
La
demanda de los adultos mayores es justa, pues corresponde a un derecho que
debió seguir haciéndose efectivo luego de 1994. Valoró además que el reclamo
del pago que se vive actualmente, no es más que una acumulación de casi 20 años
de demandas.
“Esta
es la acumulación realmente, porque del ‘94 a esta parte, efectivamente los
pensionados, los señores de la tercera edad se han visto impotentes, que nadie
les ha escuchado sus quejas, que son justas”, opinó.
A
pesar de eso, afirmó que hoy resulta un asunto complicado de resolver, pues se
refiere a aspectos económicos “muy fuertes”, y cualquier propuesta, en este
momento, tendría una aplicación sumamente complicada.
Cantidad que piden no es la correcta
Por
otra parte, Ruiz señaló que el monto solicitado por la dirigencia de la Unidad
del Adulto Mayor (UNAM) de 3,200 córdobas por la pensión reducida, no es la
cantidad correcta. Expuso en ese sentido que una persona que ha cotizado 250
semanas, tendría derecho a una pensión que comenzaría en 1,600 córdobas y
llegaría como como máximo a 1,800.
“Un
asegurado que trabajó para una empresa privada y a veces hasta pública, el
hecho que no haya acumulado las semanas correspondientes y cotizar muy pocas
semanas, entonces el seguro no puede, sobre las espaldas financieras de los
sujetos de los trabajadores, pagar una prestación”, estimó.
En
ese orden, señaló que el monto que los adultos mayores piden, no es acorde al
cálculo real, pues es una cantidad diseñada para personas que cotizaron 750
semanas ó más.
“Por
lo tanto la pensión reducida no debe pensarse que es un monto enorme (para cada
beneficiario), sino que es un monto módico que inicia con 1,600 pesos y llega
como máximo a 1,700 o 1,800 córdobas”, reiteró.
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