Leyes de indemnización por despido y pago del XIII mes, otro
engaño del gobierno
En Panamá los partidos políticos tradicionales (que son
todos de la burguesía) utilizan al estado como fuente de acumulación mediante contratos
y a los empleados públicos como instrumentos del clientelismo. Para despedir a
su antojo y nombrar a los allegados en los cargos públicos, ningún gobierno ha
respetado la estabilidad de los empleados públicos, ni mucho menos ha
ratificado los Convenios de la OIT sobre el sector.
Cuando falta poco para acabar su mandato, el gobierno de
turno se apresura a legislar en apariencia a favor de la estabilidad laboral de
sus funcionarios, pero todo no pasa de burda maniobra para mantener sus
votantes. Así hizo el gobierno de Martín Torrijos -PRD, que despidió a mansalva y a última hora impuso una
Ley de Carrera Administrativa y unos concursos manipulados. Ahora el gobierno
de Ricardo Martinelli -CD pretende presentarse como el salvador de los
empleados (as) públicos, cuando la Asamblea de Diputados aprobó en sesiones
extraordinarias -para no consultar con los sectores afectados- dos leyes que supuestamente tratan de
hacer justicia a los trabajadores del sector estatal.
Los proyectos de ley 609 y 610 fueron aprobados rápidamente la semana
pasada, uno otorga
indemnización por despido injustificado y el otro autoriza el pago de los xiii
mes atrasados de 1989, 90 y 91.
El proyecto 609, no hace justicia con los empleados públicos
que han esperado 24 años para recibir sus "décimos" adeudados por el
estado, porque no se pagarán en efectivo, sino que se emitirá un
"Certificado de Pago Negociable del Décimo Tercer Mes" (CERDEM), que
se hará efectivo escalonadamente entre 2015 y 2017. Los trabajadores(as) que no
quieren seguir esperando más, tendrán que dejar un porcentaje para los
comerciantes, como sucedió hace algunos años con el denominado CERPAN. Un
negocio redondo para los oligarcas.
Además, este pasivo laboral ya había sido aprobado mediante
la ley 19 de 2009, en donde quedaba pendiente incluirlo en el presupuesto
general del Estado. Consideramos que estos pagos deben ser inmediatos, ya que
es una obligación del Estado el pago de los compromisos laborales de los
gobiernos anteriores; en la
exposición de motivos del 609 expresan que "los recursos del Estado son
primordialmente para la culminación de las estructuras", como si la vida
humana no importara. Además, el monto pendiente no refleja el aumento del costo
de la vida en 24 años, ni los intereses. Durante un cuarto de siglo, los
gobiernos de todos los partidos empresariales han tenido plata para todo
(viajes de lujo, jugosos contratos, partidas discrecionales, etc.) menos para
cumplir esta obligación legal con los trabajadores estatales.
En las leyes aprobadas no mencionan la estabilidad para los
funcionarios(as), pero
nuevamente nos dejan en la indefensión pues la carrera administrativa debía
iniciar desde al 1 de agosto pasado. La sola palabrita "estabilidad"
parece que le da alergia al gobierno.
Según la Constitución y la Ley de Carrera Administrativa, no
deben existir despidos injustificados. Aun cuando es de justicia equiparar las
condiciones laborales entre los trabajadores públicos y privados, lo que no
dicen los Diputados es que esta ley
(Proyecto 610) no tiene esa intención, pues deja la aplicación del pago por
despido para el otro gobierno. De manera que el gobierno de Martinelli puede
continuar con los despidos a conveniencia, como acaba de pasar en muchas
entidades públicas con funcionarios obligados a inscribirse en el partido
oficialista, Cambio Democrático, y que al no ir votar a las primarias de ese
partido han sido despedidos.
Tampoco resuelve el Proyecto 610 el problema de los
procedimientos judiciales eternos cuando los funcionarios apelan por despidos
injustificados, tanto que la mayoría ni siquiera intenta acudir a los
tribunales, y cuando hay la suerte de que un juez falle en una demanda por
despido injustificado, casi siempre es contra el trabajador.
El Proyecto 610, que dice "equiparar" los derechos
de los trabajadores del sector público con los del sector privado, no equipara:
ni el monto del décimo tercer mes, cuyo tope es B/. 400; no se pagan las horas
extras en efectivo, sino en tiempo compensatorio; no se permite la
sindicalización ni negociar convenciones colectivas como lo establece los
convenios 151 y 154 de la OIT, aprobados por la mayoría de los países. En
cambio existe una persecución en contra de numerosos dirigentes sindicales con
llamados a juicio, suspensiones y despidos.
Parece que el gobierno quiere mejorar su imagen para la
reunión en la OIT que se lleva a cabo esta semana, pero si quisieran realmente
mejorar la situación laboral para los funcionarios(as) deberían cumplir con lo
establecido en al carrera administrativa e iniciar los concursos de inmediato y
detener los nombramientos por el clientelismo político.
Para cambiar todo esto debemos movilizarnos y tener una
política y un Plan Nacional
de Lucha de los sectores populares en forma unitaria, como se ha hecho en otras
ocasiones, pues hasta el momento prevalece la atomización de los reclamos, como
por ejemplo, las enfermeras, bomberos, educadores. Tampoco podemos caer en el
carnaval electorero que nos tienen los partidos de la derecha empresarial, que
quieren que dejemos todas las reivindicaciones y luchas en función de las
elecciones del próximo año.
Por todo lo expuesto, desde el M.P.U. exigimos al gobierno
de Martinelli: que estas leyes no sean sancionadas, sino devueltas a la
Asamblea Nacional, para que con un debate verdaderamente democrático en que
participen los gremios del sector público, se hagan las modificaciones que sí
beneficien a los trabajadores.
Panamá, 11 de junio de 2013
Enviado por Olmedo Beluche
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