¿Es pecado
cuestionar las Constituciones Políticas?
Fernando Buen Abad Domínguez
"La Constitución política de la Justicia Social, debiera garantizar que nadie se encarame en el trabajo de otros para explotarlos, saquearlos o humillarlos. Debería garantizar, por todos los medios, que se respete y realice la voluntad democrática de los pueblos. Línea por línea, reglamento por reglamento, código por código, ley por ley. Eso implica expropiarle a la burguesía su poder “superestructural” de inmediato."
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Nuevos temas “tabú” en la geopolítica
latinoamericana / Desafíos para el constitucionalismo del siglo XXI
Rebelión/Universidad de la Filosofía
Ha costado,
incluso golpes de estado y erupciones desestabilizadoras, la
sola idea de convocar a debatir, y rediseñar, los cuerpos constitucionales de
algunos países. Especialmente en aquellos Estados en los que las Constituciones
Políticas han sido deformadas para arrodillarlas a los caprichos más turbios
del neoliberalismo. Simplemente no se toca.
Y es que el
nuevo (viejo) catálogo de “temas tabú” que el neoliberalismo ha histerizado con
sofocos y desmayos reaccionarios, tiene como sus nervios más sensibles el
problema de la “propiedad privada”, el problema del latifundismo, el saqueo de
los recursos naturales, la explotación demencial de la clase trabajadora, los
privilegios represivos de los tres poderes amafiados y la negación sistemática
de nuevas formas del poder emanadas de la voluntad social y del ejercicio
socialista de los nuevos derechos humanos y sociales. Por mencionar sólo lo
obvio.
Pero a la
burguesía le irrita que los pueblos interroguen y debatan su
constitucionalismo. A la burguesa le irrita que los pueblos sean capaces de
identificar los veneros ideológicos, y sus baratijas conceptuales, que se
deslizan para traficar “falsa conciencia” bajo las “sacrosantas” leyes que los
oligarcas imponen. Para un burgués se trata de temas “técnicos” reservados a
especialistas y los pueblos están ahí sólo par agradecer algunas migajas
filantrópicas que inventan los jurisconsultos para hacer pasar
por “Justo” lo que en verdad es una mascarada para legalizar todos los hurtos,
saqueos e injusticias del capitalismo. No hay atenuantes. Para la lógica
burguesa la idea de “sanción” no es otra cosa que la impartición de una moral
hipócrita ideada para arrodillarnos, resignados a su “autoridad” imperecedera y
omnipotente. No van a silenciarnos con chicanas de eruditos ni retruécanos de
leguleyos. No van a silenciarnos con sus parrafadas tóxicas, herederas de
tránsitos abrumadores al reino de toneladas de papeles “teóricos” que son tan
infernales como inútiles y falaces cuando uno mira desnudo el estado real de la
Justicia social.
La lógica
suprema de una Constitución Política debería ser subordinarse como herramienta
para la Justicia Social al servicio del desarrollo sin amos, de la convivencia
armónica y de la igualdad incondicional de las personas. De la felicidad
objetiva, concreta y en avance permanente. ¿Es eso posible en una sociedad
dividida en clases?. La Constitución política de la Justicia Social, debiera
garantizar que nadie se encarame en el trabajo de otros para explotarlos, saquearlos
o humillarlos. Debería garantizar, por todos los medios, que se respete y
realice la voluntad democrática de los pueblos. Línea por línea, reglamento
por reglamento, código por código, ley por ley. Eso implica expropiarle a la
burguesía su poder “superestructural” de inmediato.
Una
Constitución de nuevo género debe ser una herramienta para defender a los
pueblos de todo abuso del poder y de toda forma de concentración del poder y el
capital para esclavizar a los pueblos. Sólo esto ya insinúa la tipificación de
nuevos (viejos) modelos delictivos, por ejemplo, el delito implícito en atentar
contra el poder soberano de los pueblos, el delito implícito en obstaculizar la
voluntad democrática de los pueblos, el delito implícito en usar violencia para
someter a los pueblos a los intereses de alguna secta, mafia o pandilla de
vivales. Locales o globales.
Incluso esa
idea del “monopolio” de las armas –y la violencia- que los Estados Burgueses se
auto-asignan, es un delito si se piensa que no debe haber ejército, fuerza
policíaca ni otras formulas de “seguridad” que no dependan de la voluntad del
interés y de la soberanía popular. Cualquier iniciativa superpuesta a
semejantes condiciones es una usurpación contraria a la lógica de las
relaciones sociales igualitarias. En el súmmum de la situación ha de estar la
democratización socialista de las herramientas de producción, palanca del
crecimiento y el bienestar colectivo, en las que se garantice justicia del
trabajo, calidad y cantidad de la vida laboral, y extensivamente, protección a
la fuente de trabajo para libérala de su carácter alienado y alienante bajo el
capitalismo. Como bien lo explicó Marx.
Sin el
tejido de intereses de clase, subyacentes en el cuerpo ideológico de la mayoría
de las leyes y reglamentos burgueses, la idea de “Justicia”, que financia el
capitalismo, no es más que un circo demagógico, burocrático, tramposo y
corrupto, padre de muchas de las peores injusticias perpetradas contra la
humanidad. Hablar de Justicia no es asunto exclusivo de jueces, abogados o de
“especialistas”. Tampoco es asunto sólo de instituciones gubernamentales. Es
asunto de un pueblo entero y de su revolución social en específico. Hablar de
“Justicia” es parte de la lucha.
Es verdad
irrefutable que los pueblos claman por mejor y más expedita “Justicia”, pero no
claman por la “Justicia” de los amos, no claman por la “Justicia” de los
latifundistas, de los banqueros, de los empresarios y de los clérigos que, por
ejemplo, han instalado su “derecho” a la usura como un principio universal de
privilegios para esquilmar a los pobres y convertirlos, además de víctimas del
capitalismo, en “criminales”. Defender semejante aberración es necesariamente
un delito.
A espaldas
de los pueblos, las oligarquías imperialistas se reparten el botín producto de
explotar a los pueblos, a sus trabajadores y a sus recursos naturales.
Banqueros, empresarios, terratenientes e iglesias con ayuda de no pocos
gobiernos serviles, mueven inmisericordes sumas de “ganancias” delincuenciales,
mientras hunden en la miseria, el desamparo, el desempleo y la desesperación a
pueblos enteros. Eso es un delito. La suma de desocupados a nivel mundial es
hoy monstruosa, el hambre es una amenaza a todo galope, la ignorancia arrasa
generaciones enteras y ya sufrimos un impasse de tristeza desgarradora que
mezclada con desolación y desesperanza configuran un delito universal
incalculable contra la humanidad. Eso es un crimen. ¿Qué “Justicia” toma cartas
en este asunto? Sólo la nueva Justicia socialista que los pueblos deben
impulsar para su salvación plena. Todo lo demás es, ahora mismo, palabrería y
engaño. No alcanza con buenas voluntades filantrópicas.
Que, durante
el esclavismo, la esclavitud no fuese considerada delito no implica que se
acepte, mansamente, una campaña burguesa exculpadora de todo atropello contra
el género humano. Que el capitalismo no considere a la explotación
como un delito, en los hechos punible, no implica que debamos entonces
celebrarlo como un triunfo de la legalidad burguesa ni como un ejemplo de
“fortaleza moral” jurídica. Por lo demás, no podemos ser tan ingenuos como para
seguir confundiendo a la Justicia con las instituciones que se suponen
salvaguarda y activadores de aquella, y que bajo el capitalismo sólo la
degradan confunden y postergan. Hay que combatir a todas las instituciones y
todas las condiciones en las que el ser humano vive como un ser miserable,
explotado, oprimido, alienado… mutilado en suma e incapacitado para desarrollar
todas sus cualidades actuales y futuras. No permitamos que una
aristocracia sustituya a otra por más disfraz revolucionario que se invente. El
problema de la Justicia no es un problema “moral”, todo lo contrario, es un
problema material y concreto vinculado a la distribución de la riqueza física e
intelectual, sus condiciones objetivas de igualdad y acceso a las herramientas
propias de la dialéctica del desarrollo, indisolublemente individual y
colectivo.
No importa
qué tan ingeniosos sean los enredos “lógicos” o
procedimentales que inventen los leguleyos burgueses para hacernos creer que la
Justicia es una utopía ya realizada por el “Derecho” capitalista, la realidad
es contundente, ofensiva, degradante y desafiante. Entre otras cosas porque el
“Derecho” en manos de la burguesía ha sido incapaz de hacer Justicia, su rezago
monstruoso, los millones de expedientes arrumbados en las oficinas de los
jueces… y los millones de inocentes en las cárceles y en la humillación (por
dar un ejemplo parcial) son prueba de su derrota. Es impensable la Justicia, hoy,
sin tocar radicalmente al capital ni a la ganancia, sin pasar por el debate
capital-trabajo.
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Dr.
Fernando Buen Abad Domínguez
Universidad
de la Filosofía
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