Estados Unidos: La guerra contra la educación
pública
3 ENERO 2013
En este país de guerras hay una que
sí -más allá de la retórica oficial- determinará el futuro de esta democracia:
la gran disputa nacional en torno a la educación pública.
La ofensiva de los autoproclamados
reformadores de la educación está compuesta por algunas de las fuerzas más
poderosas del país, entre ellos los hombres más ricos de Estados Unidos, el
gobierno federal, el sector financiero, los grandes medios y cabilderos,
quienes afirman que el problema central de un sistema de enseñanza público en
descomposición son los maestros de baja calidad y sus sindicatos que defienden
el statu quo.
La solución que proponen, financiada
por miles de millones en fondos privados, es sujetar el sistema de educación a
un modelo empresarial guiado por ejecutivos, donde se evalúa a los docentes
exclusivamente en torno a exámenes estandarizados y se mide todo por esquemas
de datos bajo normas que se aplican al sector privado. A la vez, se busca
aplicar el “libre mercado” al sector educativo, con esfuerzos para privatizar
algunos segmentos y contratar cada vez más servicios del sector privado en la
enseñanza pública.
En esta “guerra”, el enemigo son los
maestros y sus sindicatos, a quienes culpan de resistir el cambio, proteger sus
intereses mezquinos, que ponen encima de los de sus estudiantes, y de culpar a
factores socioeconómicos por sus deficiencias.
Tal vez la expresión mejor conocida
de este argumento fue la película documental Esperando a Superman, de 2010, que
presentó un sistema educativo compuesto de maestros mediocres y complacientes,
casi como burócratas, padres de familia frustrados y sindicatos del magisterio
con el solo interés de proteger a sus agremiados. Según la película, la única y
mejor solución son las llamadas escuelas chárter, que reciben fodos públicos,
pero son administradas de manera privada, exentas de varias regulaciones, entre
ellas, la obligación de contratar sólo profesores sindicalizados, y algunas
pueden ser operadas con fines de lucro (hay más de 4 mil chárters en 40 estados
del país, y ahora suman 5 por ciento de las escuelas públicas). Los críticos
acusan que son la punta de lanza de la privatización.
Ineficiencia
y mediocridad
El argumento sobre la mediocridad e
ineficiencia de la educación pública ha sido nutrido por informes de
instituciones y personalidades muy destacadas, desde el secretario del rubro,
Arne Duncan, a algunos de los medios más influyentes del país. Bill Gates se ha
obsesionado con el hecho de que el sistema de enseñanza pública ya no produce
la calidad de trabajadores de alta capacitación técnica que requiere el país
para competir a nivel mundial, algo que Barack Obama ha reiterado al insistir
en que los estudiantes estadunidenses no pueden competir con los coreanos. Un
grupo de trabajo del prestigioso Consejo de Relaciones Exteriores, encabezado
por la ex secretaria de Estado Condoleezza Rice y el ex jefe de educación
pública de la ciudad de Nueva York Joel Klein, dio la alarma de que el pobre
desempeño educacional estadunidense en el contexto global representaba “una
grave amenaza a la seguridad nacional”.
Noventa por ciento de los alumnos
estadunidenses están en planteles públicos, alrededor de 50 millones actualmente.
El gasto federal, estatal y municipal en enseñanza supera 600 mil millones
dólares al año. Como afirma David Denby en The New Yorker, “el debate sobre el
futuro de la educación es en parte sobre empleo, poder y dinero, y ahora es
parte de la lucha ideológica entre el gobierno, como garante del bien
comunitario, y la competencia del mercado como un creador potencial de
excelencia”.
Por lo menos desde hace una década
-algunos dicen que esta guerra empezó hace 20 años- este movimiento reformista
ha sido financiado en gran parte por empresarios y sus fundaciones, la más
sobresaliente la de Bill Gates (Microsoft), la familia Walton (de Walmart),
Mark Zuckerberg (Facebook) y Eli Broad (su fortuna es de la aseguradora Sun
Life) y Michael Bloomberg (de Bloomberg y actual alcalde de Nueva York). Estos
han invertido miles de millones en programas de privatización de escuelas
públicas (las llamadas escuelas chárter), en financiar think tanks,
agrupaciones de cabildeo, centros de expertos, medios y periodistas, y en el
apoyo y cabildeo de autoridades locales, estatales y federales, logrando
imponer su agenda a escala nacional.
Ellos ya definen y determinan en gran
medida el debate sobre las políticas en el sector en este país, y tienen entre
sus filas a los jefes de educación de casi todas las principales ciudades del
país, hasta el propio secretario del rubro, Arne Duncan, y su jefe, Barack
Obama (como también a su antecesor, George W. Bush).
Privatización
o escuelas chárter
Junto con ellos se ha integrado a
este movimiento reformista un sector de nula experiencia y, anteriormente,
ningún interés en la enseñanza pública: el financiero, que ahora también
financia escuelas chárter, promueve reformas para establecer el modelo
empresarial y condiciona sus contribuciones sustantivas a políticos en torno al
apoyo a iniciativas favorecidas por los “reformadores”.
Desde 2002, la pieza central del
movimiento reformista ha imperado sobre el panorama de la enseñanza pública,
cuando el entonces presidente George W. Bush promulgó la ley No child left
behind o NCLB (ningún niño dejado atrás), donde se establece el uso de los
resultados de exámenes estandarizados estatales a estudiantes para medir el
desempeño de maestros y escuelas, que en algunos casos puede llevar al despido
de docentes y hasta la clausura de planteles. Por tanto, con cada año se obliga
a que los maestros y administradores dediquen cada vez más tiempo, esfuerzo y
atención a estos exámenes, ya que determinan, cada vez más, su futuro.
Al llegar Obama a la Casa Blanca, su
secretario de educación formuló un programa, Race to the top o RTTT (Carrera a
la cima), que promueve una competencia entre estados para ampliar el uso de
estos exámenes, la elaboración de más medidas y programas para la evaluación
estadística de estudiantes y maestros con base en los exámenes, y la creación
de más escuelas chárter a cambio de fondos federales.
NCLB y RTTT son las coronas del
movimiento reformista empresarial, y sus consecuencias se sienten a lo largo y
ancho del país. Su argumento fundamental es que, con base en estas reformas,
los maestros por fin serán evaluados [con] objetividad, y con ello hay un proceso de
rendición de cuentas en el sistema.
Mero
negocio: antirreformistas
El problema, según los críticos de
estas “reformas”, es que ni el diagnóstico de los reformadores, ni sus recetas
están basadas en los hechos, lo cual ha llevado a críticos a considerar que las
reformas tienen más que ver con negocios y una visión neoliberal que con la
función y propósito de la educación pública. Citan numerosos estudios,
investigaciones y datos que demuestran que las reformas no han generado los
resultados prometidos, que el diagnóstico está viciado por graves errores en
evaluación. Subrayan que el eje del modelo de reforma, los exámenes
estandarizados, no puede ser usado para medir el desempeño de maestros y
escuelas, según expertos nacionales y hasta directores de algunas de las
empresas que se dedican a eso, incluyendo la Rand Corporation y la agencia de
investigaciones sobre métodos de evaluación escolar de la Academia Nacional de
Ciencias.
Por otro lado, en años recientes se
ha revelado que en Nueva York, Houston, Chicago, Washington y otros lugares los
políticos han inflado y manipulado los resultados de los exámenes que tanto
señalan como pruebas del éxito de sus reformas.
“La educación pública está bajo
ataque de las fuerzas de la privatización, por gente que hace promesas falsas”,
declaró Diane Ravitch, profesora en la Universidad de Nueva York, quien hace
una década fue una de las reformadoras más prominentes del país, ex secretaria
asistente de educación en la presidencia de Bush padre, autora de 10 libros
sobre políticas e historia de educación, entre otros logros destacados, quien
ahora es tal vez la voz nacional más eminente en contra de los reformistas.
En un discurso el año pasado, agregó
que “la profesión magisterial está bajo ataque de aquellos que culpan a los
maestros por condiciones más allá de su control. Desean quitarles su
profesionalismo y convertirlos en técnicos de exámenes”. También advirtió que
“si logran quitar a los maestros el derecho de negociar el contrato colectivo,
silencian sus voces.
Con ello eliminan la única fuerza que
puede detenerlos. Eso deja el camino abierto para recortar fondos; para
entregar más escuelas públicas a las cadenas de escuelas chárter… y para
implementar políticas que dañan a los niños y reducen la calidad educativa. No
permitan que lo hagan”.
Ravitch, en un artículo en The Daily
Beast, pronosticó que “en los próximos años, los alumnos estadunidenses serán
sometidos a más y más exámenes, la industria de los exámenes engordará, y la
calidad de educación sufriría.
Para rescatarse, los maestros
enseñarán sólo en torno a los exámenes malos, los distritos escolares
abandonarán las artes y reducirán el tiempo en materias como historia,
geografía, civismo, ciencias e idiomas para tener más tiempo para los exámenes.
Habrá más escándalos de trampas con las calificaciones de las evaluaciones, que
determinarán las vidas y carreras de maestros y directores, y la sobrevivencia
de sus escuelas”.
Más recientemente, señaló que las
empresas con fines de lucro tienen el objetivo de “lograr ganancias, no buena
educación. La manera en que generan ganancias es cortar costos, y lo hacen
sustituyendo maestros con experiencia con maestros sin experiencia, y con
tecnología. No preguntan si es bueno para los niños o si mejora la educación,
sino si incrementa las ganancias sobre la inversión”.
La fuerza
del mercado
De hecho, para algunos, las reformas
han sido parte de un esfuerzo impulsado por fuerzas conservadoras y
empresariales, que argumentan que la única manera de mejorar todo es aplicar
las “fuerzas del mercado” al sector público. En 2008, la revista Time citó que
Susan Neuman, profesora de educación quien había sido subsecretaria del sector
del presidente George W. Bush y promotora de la ley NCLB, señaló que algunos de
sus colegas en el gobierno veían esa ley como “un caballo de Troya” para
promover su agenda de privatización, demostrar el “fracaso” de la educación
pública y así “hacerla estallar un poco”.
Richard Rothstein, experto en
políticas educativas del Instituto de Política Económica y autor de varias
obras sobre el tema, ha sido un crítico feroz de las reformas implementadas, y
recientemente comentó al New Yorker que “el movimiento de reforma está
destruyendo el sistema de la enseñanza pública”.
Los reformistas acusan a sus críticos
de usar la pobreza y otras condiciones socioeconómicas como justificación para
detener las reformas, las cuales, dicen, son la mejor manera de ofrecer
oportunidades a los sectores más vulnerables. Pero según investigaciones de
varias universidades y expertos como Jonathan Kozol, son los reformistas los
que niegan el impacto de la pobreza sobre los estudiantes. De hecho, la brecha
en desempeño académico entre pobres y ricos se ha ampliado hasta un 50 por
ciento desde 1980.
Rebelión
Hay cada vez más avisos de rebelión
contra la visión tecnócrata y empresarial de la educación. En Texas, casi 80
por ciento de las juntas escolares del estado han aprobado una resolución [en la que] rechazan
los exámenes estandarizados como base de evaluación de maestros y escuelas. En
la ciudad de Nueva York, encuestas registran que las mayorías reprueban las
reformas educativas del alcalde Bloomberg.
El 10 de septiembre del año pasado,
por primera vez en 25 años, el sindicato de maestros de Chicago estalló una
huelga y no fue por la disputa sobre salarios, sino contra la demanda del
alcalde Rahm Emanuel, ex jefe de equipo del presidente Barack Obama, de abrir
más escuelas chárter, mayor evaluación y bonos de maestros con base en los
resultados de estudiantes en exámenes estandarizados. Ocho días después, la
huelga concluyó tras concesiones por ambos lados, pero para muchos maestros
esta acción logró detener, por ahora, la imposición de la agenda empresarial,
una batalla en una guerra que continúa.
Rothstein escribió que la huelga “fue
la primera rebelión abierta de maestros a escala nacional por esfuerzos para
evaluar, castigar y recompensarlos basados en las calificaciones de sus
estudiantes en los exámenes estandarizados… El descontento de los maestros ha
estado burbujeando ahora durante una década, pero se necesitó un sindicato bien
organizado para dar expresión práctica a ese descontento”.
Chicago, dicen unos, sólo es una
primera llamada.
(Con información de La Jornada)
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