Imperio, legalidad y democracia

Imperio, legalidad y democracia

Raul Isman 

 

Junio de 2010

 

La realidad cotidiana de nuestros países puede ser calificada de muchos modos, pero seguramente no de poco clara. El mes anterior se acercaba a su finalización y una fiesta popular pocas veces vista en el país daba el marco condigno a los festejos por el bicentenario argentino. Miles de voces de periodistas, militantes o simpatizantes del gobierno nacional, desmintiendo los vacíos discursos que le achacaban al Kirchnerismo la “crispación“ padecida por la sociedad, resultaron empequeñecidos por la magnífica celebración de más de seis millones de personas, que mandaron al recipiente de los desperdicios tanta construcción de embustes mediáticos. Es que no hay mayor ley (no escrita) a la que debiera someterse un medio de comunicación que la de ser fieles a la verdad. Por cierto, la citada ley de hierro de los Massmedia es pisoteada constantemente por estos verdaderos ejércitos de ocupación al servicio del imperio, como los calificara Emir Sader.

 

Pero los dos últimos días de mayo han sido pródigos en acontecimientos. El domingo 30 en Colombia hubo elecciones. Se trata de un país y su pueblo sometidos a la despótica dictadura de la mafia que la gobierna con beneficiario, apoyo y supervisión imperial desde casi comienzos de su vida “independiente”. Y en el comicio, la porción del pueblo que concurrió a las urnas sufragó por un candidato que había hecho alarde de transgredir toda ley escrita (respeto por las fronteras que guarecen a pueblos limítrofes o por las garantías que asisten a todo detenido, no espiar adversarios políticos y esto es sólo una somera síntesis de cómo Juan Manuel Santos desprecia la Constitución Colombiana, entre otros órdenes jurídicos) o previas a toda norma escrita (no asesinar, los falsos positivos son viles crímenes realizados para ilusionar a la población con que se soluciona un conflicto cuando en rigor no existe resolución ninguna de semejante manera salvaje); es decir, un terrorífico cow-boy convertido en fascista amo y señor de vidas y haciendas en tierras cafetaleras. La desgarradora guerra interna que padece el pueblo de Colombia desde hace más de medio siglo, se halla originada en la orientación fraudulenta de la mafia gobernante allí que excluyó toda posibilidad de verdadera democracia. Tales condiciones prosiguieron con el cinismo y la estulticia con que la oligarquía y el imperialismo trataron siempre estos problemas; al punto que les fueron destacados por destacados derechistas que, por cierto, no es necesariamente sinónimo ser conservador con no respetar la ley. Algunas erróneas actitudes de las FARC que terminan fortaleciendo al Uriburismo no alteran la principal conclusión que enunciamos a continuación: una mínima solución a la guerra civil colombiana pasa necesariamente por el respeto del otro y a la ley, dos condiciones que no practica la mafia en el poder en Colombia.

 

El 31 del citado mes, el ejército israelí -campeón estratosférico en depredación de la ley y pisotear los derechos humanos- atacó de modo pirateril y genocida a un conjunto de navíos que se desplazaba para auxiliar a la martirizada población palestina. Un estado que ha legalizado la tortura y que ha hecho del intento de exterminio de otro pueblo, con derecho a la existencia legítima, su modo de subsistir [lo que] sólo puede tener un espejo en el cual se inspira: el imperialismo gestor de sangre, sudor y lágrimas para sus víctimas en todo el orbe. Por otra parte, la dirigencia israelí no saca las enseñanzas mínimas esperables de la propia historia del pueblo judío; que pese a genocidas persecuciones no fue exterminado ni siquiera por la barbarie nazi, a la cual imita.

 

Se halla más que demostrado que las fuerzas dominantes cuando critican la inseguridad jurídica lo hacen como recurso de vacía retórica. Las enseñanzas que deja el pasado mes de mayo son más que evidentes: las naciones que desearen solucionar sus conflictos y dificultades de modo justo, duradero y sustentable deben prioritariamente respetar los ordenamientos jurídicos, la diversidad nacional, social y cultural y los derechos humanos. 

 

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