LOS MILLONES DE LA POSTERIDAD y el Fondo de Ahorro Panamá
Por Olmedo Beluche
La convocatoria a sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa para aprobar el proyecto de ley que crea el “Fondo de Ahorro Panamá”, propuesto por el Ejecutivo, me produce una sensación de Deja vu. Esto parece que ya lo hemos vivido. Ah! Ya recordé: “Los millones de la posteridad” de 1903, cuando se firmó el Tratado Hay Bunau Varilla. Es que la historia de nuestro canal está empedrada de las intenciones de algunos para desviar a su favor los beneficios que debieran ser de la colectividad.
Hagamos ejercicio de memoria: cuando Estados Unidos impuso la separación de Panamá de Colombia y el Tratado de 1903, firmado por el francés 15 días después, se mantuvieron las mismas cláusulas económicas del Tratado Herrán-Hay (enero 1903) que ya habían sido rechazadas por la opinión pública panameña y colombiana por abusivas. Según dichas cláusulas, Panamá recibiría del gobierno norteamericano 10 millones de dólares por los derechos de construir y administrar el canal, y la Compañía Nueva del Canal (francesa), recibiría 40 millones.
Como bien establece el libro de Ovidio Díaz Espino (El país creado por Wall Street), y corrobora Tomás Arias en sus Memorias, de los diez millones: el primer millón se esfumó en sobornos para ganar adhesiones a la separación (“el fondo de los reptiles”, le llamó Oscar Terán); otros tres millones se entregaron al gobierno de Amador Guerrero para su funcionamiento en 1904; y, a alguno de los “próceres” se le ocurrió que el resto de los 6 millones era demasiada plata para gastárselo en el pueblo panameño.
Así que dispusieron crear el “Fondo Constitucional o los Millones de la Posteridad”. Dinero que se quedó en Estados Unidos para invertirlo en bienes y raíces que sería para “las futuras generaciones” de panameños. Por cierto ese fondo fue administrado por William N. Cromwell, padre putativo de la patria (verdadero genio de la separación), en calidad de agente fiscal y cónsul de Panamá en Nueva York.
El caso es que en 1948-49, en medio de una gran crisis económica, el gobierno de turno se acordó del susodicho fondo para afrontar el déficit fiscal. Pero a ese año, del fondo de los 6 millones sólo quedaban, en depósitos del Chase National Bank, 2 millones a los que recurrir. Según Celestino Araúz y Patricia Pizzurno (Estudios sobre el Panamá republicano), se ideó entonces el “Plan Manero”, por el cual se refundiría la deuda externa, con la “emisión de bonos garantizados con el pago de la anualidad del Canal, con base a la liberación del Fondo Constitucional”.
El caso es que nuestra clase dominante siempre ha buscado de hacer del canal y los beneficios que produce un aprovechamiento lo más privado posible, contrario de la consigna: “el uso más colectivo posible”, que lanzara Omar Torrijos en sus tiempos. De manera que, como me decía recientemente una profesora de Humanidades, los que pusieron el pecho luchando por la soberanía, al final son los menos beneficiados del “canal administrado por panameños”.
Así surgió el título constitucional que creó la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y su ley orgánica, que lo ha desgajado del conjunto del Estado nacional, dotándolo de una súper autonomía que lo ha convertido en una nueva Zona del Canal, pero sin gringos.
En el mismo sentido, quienes nos opusimos al Proyecto de Ampliación del Canal, en 2007, decíamos que, diseñar una obra como las esclusas postpanamax no era urgente ni estaba justificado, cuando lo verdaderamente urgente era resolver la “deuda social” con el pueblo panameño, que aspiraba a que la lucha por la soberanía de cien años, rindiera frutos concretos en su bienestar. Era como si un padre de familia cuyos hijos no tienen zapatos se gastara lo que acababa de ganar en un sobresueldo o la lotería en comprarse un automóvil de lujo.
De manera que, como ya se está viendo, los, por lo menos, 5.200 millones de dólares de la ampliación irían directamente al bolsillo de los bancos que financian la obra y las empresas constructoras. Mientras que el pueblo sólo recibe pocos beneficios indirectos (5.000 empleos, nada que ver con los 200 mil prometidos) y muchas afectaciones directas (como el alza de los precios de los materiales de construcción).
El proceso de apropiación privada del Canal de Panamá continúa y a esa lógica responde el Fondo Soberano llamado “FAP” que ahora se crea. El FAP busca privatizar los ingresos de ese bien público por varias vías:
1. Al usar como capital semilla inmediato el Fondo Fiduciario, creado por Pérez Balladares con las privatizaciones de las empresas públicas durante su gestión (1994-99), el actual gobierno extingue esa ley, y logra por arte de magia proceder a vender el resto de las acciones que quedaron en manos del Estado panameño para usarlas en gastos corrientes durante la actual administración. A este respecto, discrepamos con la posición del PRD, que defiende como bueno el Fondo Fiduciario y malo el FAP. El Fondo Fiduciario es repudiable porque fue producto de unas privatizaciones a las que se opuso el pueblo panameño y porque ese dinero (1.200 millones) está depositado en bancos en el extranjero, en vez de estar disponible para la inversión en el país. El Estado panameño recibe unos milloncitos al año de ese fondo, pero los bancos que lo manejan sacan mucho más.
2. El artículo 3, señala que además del Fondo Fiduciario, el FAP recibirá: “Toda contribución de la ACP al Tesoro Nacional, superior al 3.5% del PIB nominal del año en curso, a partir del año fiscal 2015”.
3. El artículo 6 del proyecto del FAP autoriza a los administradores a invertir “en emisores e instrumentos fuera de Panamá, que hayan mantenido una calificación de riesgo equivalente a AA-..”. Y además: “el F AP podrá invertir hasta un 10% de sus activos en títulos de deuda emitidos por la República de Panamá, a través del mercado secundario de capital internacional o nacional”. Es decir, se podrá especular con ese dinero o usarlo como garantía para los banqueros que han prestado para las mega obras hechas por Martinelli.
4. El artículo 4 establece que el gobierno de turno, a partir de 2015, podrá disponer de los fondos (siempre que no baje del equivalente al 2% del PIB del año anterior), en situaciones como: la declaración del “estado de emergencia”; o “desaceleración económica”; o usar en gastos regulares cada año hasta el equivalente del 0,5% del PIB. Nuestros gobernantes tienen visión de futuro, y saben que hoy estamos como en Grecia hace 10 años, pero que pronto podemos estar como en la Grecia de 2012, sumando los compromisos financieros desorbitados del actual gobierno. Se están preparando para garantizarle a los banqueros su parte del botín cuando lleguen las vacas flacas.
5. El artículo 5 faculta a los admistradores a contratar: “El Fideicomitente podrá contratar “un Seguro Catastrófico, como herramienta de previsión ante posibles desastres naturales, y mantenerlo hasta tanto los activos del F AP no exceda un 5% del PIB del año anterior. El costo máximo y otras condiciones bajo las cuales se podrá contratar este seguro serán reglamentado”. Ya podemos imaginarnos quiénes se pelearán por ser las aseguradoras beneficiarias de este contrato.
Todo lo dicho no significa que quienes proponemos un país alternativo al actual, en que la balanza de la riqueza se inclina a favor de una minoría, y la miseria se queda en las mayorías, seamos unos irresponsables que propongamos gastarnos todos los ingresos del canal de un solo golpe.
Un gobierno popular y antineoliberal propondría la creación de un Fondo de Ahorro, pero administrado por entidades públicas (como la Caja de Seguro Social) para inversiones dentro del país, que generen y multipliquen la riqueza social: apoyo a la agricultura y la industria nacional, que genere empleos bien remunerados, construcción de viviendas populares, etc.
Si nos atenemos a la experiencia: vaticinamos que a la vuelta de un par de décadas, los dineros del FAP se habrán esfumado misteriosamente, como pasó con los “Millones de la Posteridad” de 1903. Nosotros, los panameños y panameños actuales, somos “la posteridad” de aquel entonces, y no hemos visto aquellos beneficios. ¿Haremos lo mismo con nuestra “posteridad”? Parece que los tataranietos de aquellos próceres quieren repetirnos el cuento.
Cortesía de Iria Susana Herrera Murillo
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