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martes, 15 de noviembre de 2011

Votar por la educación pública

Votar por la educación pública 

José Gimeno Sacristán


El autor sostiene que las Administraciones, la clase política, los propios educadores, los medios de comunicación y los expertos han empobrecido el enfoque de los grandes retos de la escuela.

 

José Gimeno Sacristán es catedrático de Didáctica de la Universidad de Valencia.


Sonará a música lejana el canto a favor de la enseñanza pública, el concebirla como un espacio público real, donde los seres humanos se juntan, viven y se relacionan entre ellos de forma parecida a como lo hacen en la vida fuera de las aulas. Es el único espacio controlable que nos queda para socializar a los más jóvenes como ciudadanos diversos, también desiguales, donde se aprende junto a otros las obligaciones de la ciudadanía y el respeto a los derechos de todos.


¿Quién se atreve a proponer estas sutilezas cuando al tratar de educación se habla de ranking entre centros, búsqueda de la excelencia, de competitividad, mercado laboral... que suele acabar conformando una pedagogía conservadora más favorable a los privilegiados? El lenguaje sobre la educación que transmiten las Administraciones (en muchos casos sin distinción), la clase política, los propios educadores, los medios de comunicación y los "expertos" ha empobrecido el enfoque de los grandes retos de la educación. No es raro oír decir a profesores o a algunos de sus representantes: "Para nosotros la enseñanza; para los padres, la educación". Es un ejemplo de un planteamiento educativo empobrecido.


¿Cómo entender la educación pública como una base para asentar una democracia más participativa donde padres y madres, la sociedad en general, colaboren, si los centros no traban estrechas relaciones con su entorno social?


Reducir la imagen de la vida social en los centros a los problemas de indisciplina, buscando la restauración de la autoridad por medio de medidas legales, poco puede favorecer la percepción positiva de los centros públicos, que es donde tienen lugar con más frecuencia los problemas.


Restableceremos la justicia de tener una mejor imagen de la enseñanza pública si recordamos que los mejores resultados en la evaluación que hace PISA los logran países con los más altos porcentajes de enseñanza pública. A la vez, es incontestable el hecho de que España, siendo un país en el que no se obtienen buenos resultados, es el segundo que más enseñanza privada tiene en los niveles no universitarios. Saquemos, pues, las consecuencias.


Quizá no estarán informados los votantes del conflicto profundo que se ha producido en Chile, años después de haber tomado las más radicales medidas neoliberales que privatizaron y municipalizaron la educación hasta extremos no vistos en parte alguna. Por un doctrinarismo privatizador el Estado cedió una función básica cuya reivindicación ahora tiene acorralado a su gobierno.


No se toman en consideración las reiteradas demostraciones de que, cuando en la enseñanza privada los estudiantes obtienen mejores resultados, dicha ventaja desaparece si se resta el efecto positivo sobre los mismos producido por el nivel sociocultural más alto de los padres y madres que llevan a sus hijos a la enseñanza privada.


¿Por qué no indigna al ciudadano de Madrid o Valencia (dos comunidades sutónomas gobernadas desde hace tiempo por el PP) que hayan tomado la privatización como la única bandera y ahora muestren un alto índice de fracaso escolar, aceptando como normal la vida escolar en barracones (en el caso de Valencia)?


Poco le dice a la opinión pública, insuficientemente informada al respecto, el que la ratio alumnos por profesor o el número de alumnos por aula sea más alto en la enseñanza privada, que en ésta sus profesores reciben salarios más bajos y tienen peores condiciones de trabajo que los de la pública o que la dotación de nuevas tecnologías está por debajo de la pública. ¿No deberían reflejarse estas ventajas en la imagen del sector público? La defensa de este último debería atender al análisis de las prácticas reales, demostrando con hechos la vigencia de los principios que dan sentido a la educación pública.


¿Qué puede importar el que en la enseñanza pública pueden encontrar un puesto escolar los hijos de la inmigración cuando ellos no votan y otros muchos del lugar desearían no tener que plantearse, siquiera, ese problema?


En definitiva, si todas las familia tienen asegurado un puesto escolar gratuito para sus hijos e hijas, ¿cómo argumentarles la importancia social, política y cultural del proyecto educativo que significa la educación pública?


Una sociedad instalada en la cultura de las "burbujas" (pues las hay de muchos tipos), que cree todavía en el valor de la educación, no se movilizará mucho por el sector público, cuyo acceso ya es gratuito, si la oferta no es más explícita. Se querrán además otras cosas. Aparte de la dotación de medios, la educación pública deberá mostrar en su funcionamiento su valor moral, democrático, solidario y cultural; aquello que -se dice- la distingue, orientando las actuaciones políticas educativas (incluidas las presupuestarias), el funcionamiento de los centros y las funciones y tareas del profesorado. Estos valores no solo se logran al poder estar todos, sino, muy fundamentalmente, en lo que a partir de ahí ocurra dentro del sistema público.


El País, 12/11/11

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