España. La transformación de la Universidad pública

Manifestación en Sevilla en defensa de la Universidad Pùblica

España

La transformación de la Universidad pública

Alejandro Vidal Álvarez

Rebelión

Contexto histórico y político

 

En los últimos diez años la Universidad pública ha sufrido una transformación sin precedentes. Después de la Transición, en los años 70 y 80 del siglo pasado, la Universidad pública se expandió por todo el territorio del Estado creándose nuevos campus, facultades y departamentos, o ampliándose los existentes, para dar cabida y permitir el acceso a una educación superior a toda una generación de jóvenes estudiantes nacidos durante el “baby boom” de los años sesenta; una generación que buscaba acceder a unos niveles de estudios y de formación superior a los que la gran mayoría de sus padres, la generación anterior, no había podido acceder.

Por tanto, con la llegada de la democracia se produjo también la masificación de la Universidad pública y la apertura de nuevos campus y facultades en ciudades pequeñas donde antes no existían. Este modelo pretendía sobre todo facilitar el acceso universal, para todo el mundo, a una educación superior y, de paso, evitar que  millones de jóvenes sin estudios superiores engrosaran las filas de un paro creciente. Sin embargo, este modelo de acceso masivo, fácil y barato, a los estudios universitarios pronto entró en crisis. El número de estudiantes empezó a disminuir paulatinamente hasta alcanzar mínimos históricos en la primera década del s.XXI. Por otra parte, muchos licenciados se empezaron a encontrar con la dura realidad del paro, o con un puesto de trabajo que no se correspondía con los estudios que habían realizado o que traicionaban sus expectativas laborales. ¡Un título universitario ya no garantizaba un buen puesto de trabajo en los niveles más elevados del escalafón social!

Con este panorama, a partir de los años 90 del pasado siglo, como consecuencia esencialmente de un problema en la estructura económica de España (muy dependiente del sector servicios, del turismo, y cada vez más de la burbuja inmobiliaria), el mercado laboral ofrecía sobre todo empleos de baja cualificación para los cuales no era necesaria ninguna formación universitaria (y mucho menos una formación humanística). Al mismo tiempo, al disminuir el número de alumnos a la vez que se ampliaban algunos campus y servicios públicos asociados a la educación superior, las Universidades comenzaron a tener problemas de financiación, los cuales no fueron compensados ni con una mejora de la gestión y control públicos ni con un aumento de los recursos por parte de las Administraciones Públicas responsables de las mismas: los Gobiernos de las Comunidades Autónomas ¹ . 

Es en este contexto, en el que se da la aparición y desarrollo vertiginoso de la denominada “sociedad del conocimiento” (nuevas tecnologías, telecomunicaciones, informática, internet, etc.), con nuevas exigencias, cuando se produce una crisis de la Universidad pública en España y en toda Europa; una crisis que va a dar lugar a las importantes transformaciones acaecidas en la última década, con el denominado “Plan Bolonia” y su desarrollo posterior, aún en ciernes, llamado “Estrategia 2015”.

Pero ninguno de los cambios espectaculares (y no tan espectaculares) que ha sufrido la Universidad pública en los últimos años se podría comprender sin un adecuado entendimiento de las transformaciones históricas, políticas y económicas, de finales del s.XX. Al fin y al cabo, la Universidad como institución histórica de organización social de la educación superior responde, o –sería mejor dicho– mimetiza las relaciones sociales y económicas, los principios y valores, la ideología dominante de la sociedad a la que pertenece, pues en el fondo es un producto de ésta, aunque en su seno se pueda realizar una cierta función crítica ². Así, en una sociedad que se rige desde los años 70, tanto en lo económico y social como en lo político, por la ideología del capitalismo neoliberal, la estructura y funcionamiento de la Universidad pública ha tendido inexorablemente desde entonces a configurarse de acuerdo con los principios y las reglas de la ideología dominante.

 

Por tanto partimos de una hipótesis, y de una hipótesis razonable: que los profundos cambios de los últimos años sufridos por estudiantes, profesores, investigadores y trabajadores, y por el conjunto de la institución universitaria, nacen y vienen impulsados por unos intereses, por una ideología, dentro de un modelo económico y social determinado con unas necesidades propias: el modelo neoliberal.

El hito clave que marca, muy probablemente, un antes y un después en la implantación de este modelo es el llamado Acuerdo General de Comercio y Servicios de 1995 (GATS)³ celebrado en el ámbito de los países miembros de la OMC, entre los cuales se encuentran los países de la UE, entre ellos España. Este acuerdo de la OMC ha servido y sirve para que ámbitos y servicios gestionados hasta entonces de manera pública, por los Estados de acuerdo con un interés público o general (ya sea sanidad, educación, servicio de aguas, etc.), se abran también al mercado privado (se liberalicen) para que puedan ser gestionados y controlados por empresas privadas, pudiendo obtener de tal manera, así también, beneficios de esas actividades. Es decir, permite, o –mejor dicho– obliga a abrir al negocio y a la inversión privadas ámbitos de la economía que hasta entonces por su interés público (y su relación con derechos humanos fundamentales tales como el derecho de acceso universal a la sanidad o la educación) habían permanecido al margen del mercado y de la lógica del beneficio. 

Como es obvio la Universidad, la educación superior⁴, presionada también por su propia crisis de modelo anterior, se vio directamente afectada por las nuevas reglas de un mercado cada vez más competitivo y desregularizado, donde las empresas multinacionales y los bancos (el sector financiero) buscaban desesperadamente reducir costes y nuevos ámbitos de mercado para recuperar una tasa de beneficio en decadencia. Consecuentemente, con ello deseaban también intervenir la educación a todos los niveles para adaptarla a sus nuevas necesidades globales, tanto en lo que respecta al contenido de la formación académica como a la relación y trasiego del estudiante y sus conocimientos del centro público al sector privado. Necesitaban conformar y apropiarse directamente de un conocimiento exclusivamente afín a sus intereses privados, sin trabas de ninguna índole. Y mientras esto ocurría, al mismo tiempo, el sector público, el Estado social, se debilitaba, adelgazaba su músculo social y económico, reduciendo paulatinamente la financiación de la actividad pública, o vendiendo directamente aquél, a precio de saldo, a los llamados inversores y agentes privados.

Con todo esto, el panorama de la Universidad pública, que perdía alumnos constantemente como consecuencia del bajón de la natalidad y que se negaba a ser financiada adecuadamente por una Administración Pública en retirada, no era muy halagüeño. Además, surgía la necesidad de adaptar los modelos de enseñanza a las nuevas tecnologías, a las nuevas titulaciones, con la mirada puesta en una futura convergencia educativa europea que, supuestamente, permitiría convalidar titulaciones y mejorar la movilidad de estudiantes y personal académico dentro del continente⁵. Con todo esto nadie pone en duda que la Universidad pública necesitaba a finales del siglo pasado, como sigue necesitando, una reforma de calado. Ahora bien, cabe preguntarse qué reformas necesita la Universidad y qué reformas se han hecho, con qué fin, y más importante aún, ¿a quién benefician realmente todas las reformas realizadas al amparo del Plan Bolonia en los últimos años? Resulta pertinente citar aquí el famoso refrán español que dice que “a río revuelto ganancia de pescadores”.

Por tanto, una vez descrito de forma detallada el contexto histórico y político en el que se ha cocinado la gran transformación que ha sufrido la Universidad en la última década es necesario ahora, sin más preámbulos, describir cuáles han sido esas transformaciones y por qué las mismas han perjudicado, sin ninguna duda, a los estudiantes, docentes y trabajadores, y sobre todo a un concepto de educación superior entendido como un servicio público, de acceso a la cultura universal y de calidad, que debe o debería regirse conforme a criterios de interés público, social o general, mediante mecanismos de control y gestión verdaderamente democráticos y participativos, respetando siempre el principio de autonomía universitaria consagrado en el art.27.10 de la Constitución Española (CE)

El inicio de la privatización y mercantilización de la Universidad pública.

El punto de partida, o, si se quiere, el punto de inflexión es la llamada “Declaración de Bolonia” de 16 de junio de 1999⁶, declaración conjunta de los Ministros de Educación de los países miembros de la UE. Esta declaración no es estrictu sensu “un sistema de titulaciones fácilmente comprensible y comparable”“promoción de la movilidad, eliminando los obstáculos para el ejercicio efectivo del libre intercambio” (dice literalmente la Declaración de Bolonia) Por otra parte, aunque la mayoría de las propuestas, ideas u objetivos de esta sucinta declaración (apenas una hoja), era plenamente suscribible por cualquiera, debido sobre todo a su carácter extremadamente general y abstracto, que estaba aún por definir, sin embargo contenía ya algunos objetivos y líneas de actuación que hacían intuir claramente la finalidad inherente a la misma. Así, por ejemplo, la declaración hablaba ya de “competencias” o de “capacidad de obtención de empleo”, concretamente de una “Europa del conocimiento […] capaz de dar a sus ciudadanos las competencias necesarias para afrontar los retos del nuevo milenio,...” y “promocionar la movilidad de los ciudadanos y la capacidad de obtención de empleo...”. Además, se fijaba también como objetivo la transformación del sistema basado en dos ciclos fundamentales. Sin embargo, a pesar de toda esta retórica, la Declaración de Bolonia precedida de los Acuerdos de la OMC de 1995, sirvió de pistoletazo de salida para todos los países de la UE, incluido España, para iniciar una transformación a fondo de la Universidad pública, tanto de cuestiones que tienen que ver con los objetivos manifestados por dicha declaración como de otras cuestiones que no tienen que ver directamente. En realidad, para someterla –estructuras de gobierno incluidas– a los intereses del poder económico y financiero y a las necesidades de un mercado laboral cada vez más precarizado. 

Posteriores declaraciones y reuniones de Ministros de Educación europeos van a hacer un seguimiento continuado de este proceso (Praga, Lisboa, Londres, Berlín).

Se inicia así un largo proceso en España que tiene como punto de partida la entrada en vigor de la LOU, la Ley Orgánica de Universidades de 2001⁷. Esta Ley dictada por el PP sentó las bases y allanó el terreno de las futuras transformaciones, a la espera de una normativa posterior que la desarrollase. Con la LOU se recortó el poder de participación y decisión de los estudiantes en los órganos de gobierno de la Universidad, principalmente el Claustro. Así, los estudiantes perdían un poder de participación ya de por sí exiguo. Al mismo tiempo se sentaban los pilares fundamentales de la colaboración y el entrelazamiento entre la Universidad pública y la empresa privada. Se modificaron las funciones de los Consejos Sociales, hasta entonces meros órganos de consulta donde estaban representadas las empresas privadas y otros agentes sociales como los sindicatos mayoritarios, para dotarles de funciones decisorias sobre la programación anual, las líneas de investigación, la financiación y los presupuestos⁸. La LOU también mantenía y acentuaba los privilegios para la creación y financiación de Universidades privadas vinculadas a la Iglesia Católica, lo que suponía en la práctica una vulneración de la laicidad del Estado y un trato de favor hacia la institución religiosa católica –aunque fundamentado como siempre en los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede de 1979, de dudosa constitucionalidad.

En un principio, el PSOE se opuso a la LOU y convocó, apoyó y participó en múltiples manifestaciones y protestas estudiantiles que por aquel entonces luchaban contra su implantación con el criterio, del todo acertado, de que se iniciaba la mercantilización y privatización de la Universidad pública, además de la pérdida de poder estudiantil. 

En contrapartida, la ocasión tan propicia, por supuesto, sería aprovechada por las grandes empresas y por el sector financiero (bancos, etc...) para hacer un desembarco definitivo en el mundo universitario. El “Informe Universidad 2000” (Informe Bricall) encargado por la Conferencia de Rectores Españoles, pero financiado por la CEOE y bancos y empresas multinacionales como el Banco Santander o Telefónica, da cuenta y y fe del interés de las mismas por el control y participación en las estructuras y financiación de la Universidad pública, configurando nuevos instrumentos de financiación tales como las denominadas “becas-préstamo”. Y es que un nuevo y extenso ámbito de negocio privado se abría para las multinacionales y la banca. Así, el Banco Santander, de Emilio Botín y compañía, se pondría en la vanguardia de este nuevo modelo de control privado empresarial gracias a su extensa red de cooperación universitaria “Universia” y su Fundación, auspiciando y generalizando el paradójico invento de las “becas préstamo” y creando un sistema de búsqueda de empleo privado adaptado a las necesidades de las grandes empresas capitalistas colaboradoras⁹.

Con el cambio de Gobierno del PSOE en 2004 se aceleró este proceso de privatización y mercantilización, llamado Plan Bolonia o Espacio Europeo de Educación Superior.

En esta tesitura, se empezaron a reformar los Consejos Sociales de todas las Universidades públicas tal y como preveía la LOU. En Castilla y León un Reglamento autonómico reformó el Consejo Social de la ULE en 2004¹⁰ . A partir de entonces los Consejos Sociales donde estaban representadas las empresas y los bancos privados pasaron de ser órganos meramente consultivos a tener funciones y competencias decisorias sobre, entre otros aspectos, la creación o modificación de centros o facultades, la programación plurianual de la Universidad, la financiación o el presupuesto, fomentándose la figura del mecenazgo y las fuentes privadas de financiación. De esta forma, se han dado situaciones como las de la Universidad Complutense de Madrid donde un Consejo Social compuesto por multinacionales como Telefónica, Iberdrola o Caja Madrid (hoy Bankia) deciden de manera directa o indirecta la programación o las líneas de investigación, es decir en qué se debe gastar el dinero de un centro de enseñanza público.

Por tanto, esta intervención directa de la empresa privada en la educación superior se produce a través de diferentes mecanismos, además de los Consejos Sociales:

• A través de las “becas-préstamo” de bancos y cajas de ahorro, como novedosa forma de financiación de los estudios. Al principio el Gobierno del PSOE, tratando de no alarmar a los futuros estudiantes, aseguraba que los préstamos serían a interés cero y que, además, en el caso de que el estudiante no pudiera devolver el préstamo el propio Estado se ponía como aval haciendo frente al pago, garantizando así con dinero público la cobertura del préstamo privado y un ámbito de negocio y beneficio seguros para el sector bancario. Sin embargo, con el posterior desarrollo del Plan Bolonia, con la llamada Estrategia 2015, los préstamos ya no son a interés cero, sino a interés fijo, no pudiendo retrasarse además el pago en las condiciones favorables previstas en un principio. En suma, que los estudiantes van a tener que endeudarse hasta las cejas con los bancos para poder pagarse unos estudios cada vez más caros; un modelo, que por otra parte, es copia de un sistema estadounidense de enseñanza universitaria elitista realmente fracasado.
  
  
  

• Con la nueva configuración de la estructura académica en Grado y Postgrado (Máster) a través de un nuevo elenco de másteres de empresa privados, por otra parte con unos precios prohibitivos. También con la financiación de cursos y seminarios, que impiden un ejercicio efectivo del derecho a la libertad de cátedra, además de suponer una forma de censura indirecta puesto que aquellos cursos y seminarios que no interesen a las grandes empresas privadas, porque puedan ser críticos con las mismas o con el sistema económico que defienden, no obtendrán financiación y por tanto no se llevarán a cabo, aunque tengan un interés general para el público.
  
  
  

• Con los Institutos Mixtos de Investigación para favorecer la denominada “transferencia del conocimiento” de la institución pública universitaria a la empresa privada. Ello se garantiza además con unas leyes de propiedad industrial e intelectual que favorecen y promueven la apropiación privada del conocimiento científico y técnico. 
  
  

• A través de las Fundaciones Universidad-Empresa, con becas en empresas privadas. Estas fundaciones son en sí mismas entidades privadas. En la Universidad de León se creó la llamada FEGULEM.
  
  
  

• Con el patrocinio de cátedras, eventos, actos, cursos, seminarios, de la Universidad en sí, etc... Así, en EE.UU., Suecia o China se han rebautizado los nombres de cátedras, facultades o universidades enteras con el nombre de sus empresas patrocinadoras. También en España, por ejemplo, con la Cátedra Repsol de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de la Universidad Politécnica de Madrid. 
  
  

• Con la publicidad en los espacios públicos (pasillos, exteriores, etc...). Esta es una forma de financiación escasa, pero sin embargo muy llamativa y simbólica por cuanto que supone la venta de un espacio público al mercado. Desde hace cuatro años los pasillos de las Universidades públicas están inundados de chocantes anuncios luminosos de multinacionales (El Corte Inglés, Orange, Vodafón, Mapfre, etc...) difuminando cada vez más la diferencia entre un centro comercial y una institución cultural de transmisión y creación de conocimiento como es la Universidad.
  

Una nueva estructura académica: Grado y Postgrado (Máster)

Pero los cambios también iban a afectar a la estructura clásica de los estudios universitarios en España, que dividía los mismos en tres ciclos: diplomatura (3 años – 180 créditos), licenciatura (5 años –300 créditos) y doctorado (de 3 a 5 años)

En el año 2007 el Gobierno dictó un Real Decreto¹¹ configurando la nueva estructura con los nuevos ciclos, dividiendo la enseñanza universitaria en dos niveles principales: 

• GRADO (4 años – 240 créditos ECTs).- Formación general.
  
• POSTGRADO (Máster) (1 o 2 años –60 o 120 ECTs).- Especialización.
  
• DOCTORADO.
  

En realidad no se trataba, como parecían asegurar tantas y tantas declaraciones institucionales, de crear una estructura equivalente para todo el ámbito europeo, sino más bien para adaptar las enseñanzas universitarias a un modelo elitista, a las necesidades y “competencias” de un mercado laboral cada vez más precarizado y “mejorar la empleabilidad”. El Real Decreto 1393/2007 obligaba a adaptar todas las enseñanzas a la nueva estructura antes de 2010. El Gobierno y las autoridades académicas aseguraban que el GRADO (4 años) equivaldría a la antigua licenciatura (5 años), sin embargo esto no es cierto. El GRADO se ha configurado como un título de formación general (tal y como dice el art.9.1 del Real Decreto), un título con unos contenidos devaluados con respecto a la antigua licenciatura, que por sí mismo no habilita para el ejercicio de la mayoría de las prácticas profesionales en cualquier ámbito, y que solo sirve en la mayoría de los casos como llave de entrada a un mercado precarizado. Así, por ejemplo, la carrera de Derecho ha pasado de 5 a 4 años de duración, pero ahora el simple título de GRADO no permite ejercer la abogacía (antes bastaba con colegiarse una vez licenciado) sino que es necesario un máster en la Escuela de Práctica Jurídica. En este sentido, la devaluación del título de la licenciatura se desenmascara aún más con la excepción que supone la carrera de medicina, la cual dura 6 años (360 créditos), y no 4, debido, como es evidente, a las consecuencias catastróficas que supondría reducir la carrera a solo 4 años e imponer la necesidad de un caro máster posterior para poder ser médico. Y es que a pesar de todo los responsables de esta reforma saben que con la vida de las personas no se juega. En contrapartida, otras carreras que antes eran diplomaturas de 3 años (enfermería o magisterio, entre otras) han visto ampliados sus contenidos sin una necesidad real ni un sentido verdaderamente práctico, solo como consecuencia de la imposición de la nueva estructura. No parece tampoco lógico que carreras superiores de 5 años (300 créditos), como Derecho o Biotecnología, se hayan reducido a tan solo cuatro, comprimiendo y minimizando contenidos y asignaturas esenciales para la correcta y completa formación de los futuros profesionales. Esto pone a las claras la irracionalidad de la reforma.

Como consecuencia de esa devaluación, de un título de GRADO cuyos contenidos no aportan los conocimientos suficientes, se impone la necesidad de los másteres, del POSTGRADO. Tenían razón los rectores de las Universidades públicas cuando aseguraban que ahora todos los estudiantes iban a realizar un Máster, pero no porque fueran a ampliar sus licenciaturas ya habilitantes sino porque no les iba a quedar más remedio. Así, el Máster tiene como finalidad la adquisición por el estudiante de una formación avanzada, orientada a la especialización académica o profesional l Máster es el verdadero equivalente de la licenciatura anterior, el verdadero título que habilita para el ejercicio de la práctica profesional (arquitecto, ingeniero superior, veterinario, abogado, profesor de instituto, etc.) y por tanto un paso casi obligatorio para la mayoría de estudiantes universitarios en su formación para poder asegurar una inserción laboral satisfactoria. Sin embargo, el coste prohibitivo de los másteres supone una nueva barrera económica, un filtro, que permite, por una parte, cargar sobre el estudiante la mayor parte, sino todo, el peso del coste de dicho título y, por otra, que las empresas puedan configurar conforme a sus intereses privados un amplio espectro de títulos de POSTGRADO (con precios que van desde 3.000 a 30.000€), puesto que se obliga a convivir a másteres públicos y privados ¹². Esto, de hecho, supone elitizar y privatizar en parte el acceso a un título de grado superior, el cual deja de ser un derecho para convertirse en una mercancía cara, muy cara. Los másteres públicos tienen también un coste desorbitado de entre 1.500 y 1.800€ de media, no comparable en ningún caso con lo que venía siendo un último año de licenciatura (el cual podía costar aproximadamente unos 500 o 600€) Además, con los másteres privados las empresas pueden configurar y controlar los ámbitos de estudio y adaptarlos a sus necesidades corporativas, determinando qué conocimientos son dignos de especialización y cuáles no. 

La nueva estructura se ha implantado con la connivencia absoluta de los responsables universitarios (rectores y vicerrectores) y, lo que es aún más grave, con la vergonzosa connivencia de los representantes estudiantiles institucionales (Junta de Estudiantes) Grandes movilizaciones en 2008 y 2009 de profesores, trabajadores (PAS) y estudiantes concienciados se enfrentaron mediante paros, huelgas, manifestaciones y ocupaciones de facultades a las reformas del Plan Bolonia. Todos los rectores de Universidades públicas –salvo, en un primer momento, el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Berzosa (que después claudicaría también)– pasaron por el aro y transigieron con las exigencias del Ministerio oponiéndose a la mayoría de los estudiantes y profesores que veían con malos ojos, o cuanto menos con desconfianza, la implantación de la nueva estructura y de los nuevos sistemas de financiación. ¡Hasta ahí llegaba la autonomía universitaria! En casi todas las Universidades se recogieron miles de firmas de profesores y estudiantes exigiendo cuanto menos la paralización de la implantación del Plan Bolonia, un referéndum sobre las nuevas medidas y un debate público abierto sobre sus consecuencias y sobre el modelo universitario del futuro, exigencias que en la mayoría de las Universidades ni siquiera recibieron una respuesta.

Sin embargo, sería faltar a la verdad decir que los estudiantes se oponían a todos los aspectos que configuraban el Plan Bolonia. Aunque ciertas cuestiones positivas de tipo metodológico que, supuestamente, pretendían reformarse, como la reducción del número de alumnos por clase o una relación más directa entre alumno y profesor con un seguimiento más personalizado de su trabajo académico, o simplemente el aprovechamiento de las nuevas tecnologías, se han convertido en una mera quimera, ya que, entre otros despropósitos, con el nuevo modelo de financiación y la crisis se han despedido a profesores asociados para ahorrar costes y reducido presupuestos en casi todos los departamentos.

Un nuevo modelo de financiación.

La financiación se ha convertido en el caballo de batalla por excelencia de la Universidad pública –y también en el caballo de Troya de los intereses privados. Agravado si cabe por la crisis económica el problema de la financiación, lejos de resolverse con las nuevas reformas, ha puesto en jaque a todo el sistema universitario, sometiéndolo definitivamente a una dependencia casi vampírica del sector empresarial y financiero. En los últimos tres años la financiación pública de la Universidad se ha reducido drásticamente con la excusa de la crisis económica, sobre todo en las Universidades pequeñas de provincias¹³. Una financiación que procede –no puede olvidarse– de los Gobiernos de las Comunidades Autónomas, gobernadas casi todas por la derecha conservadora neoliberal del PP, y no del Estado central. Por otra parte, en contradicción, resulta difícil imaginar cómo va a salir un país de la crisis económica –supuestamente, según los parámetros productivistas que defienden los actuales políticos y economistas en el poder– si no mejora su capital productivo y humano, la formación académica e intelectual de sus ciudadanos para que estos puedan innovar y aportar una mayor plusvalía a la producción. 

Un informe del Consejo de Coordinación Universitaria encargado por el Ministerio de Educación y Ciencia de 20 de abril de 2007 apuntaba a la necesidad ineludible de aumentar la suficiencia financiera de las universidades en España, cuyos recursos representaban hasta entonces solo un 1,22% del PIB, hasta un 1,5% del PIB, más acorde con las necesidades y estándares de un país desarrollado de la OCDE. Es decir, ello suponía la necesidad de un incremento anual mínimo de cerca de 3.000 Millones de € en recursos para la universidad. Se estimaba que ello era imprescindible para la mejora de la calidad educativa, la equidad en la enseñanza superior y una capacidad de innovación y desarrollo en I+D+i; y se estipulaba también que dicha financiación fuera en un 20% privada y en el 80% restante pública¹⁴. Sin embargo, la realidad posterior ha venido a desmentir radicalmente estos planes, pues la financiación no solo ha disminuido drásticamente en los últimos años (tanto cuantitativamente como en relación con el PIB) sino que además los escasos recursos provienen en una proporción cada vez mayor del sector privado, el cual de esta manera tiene una palanca de control directa sobre la educación e investigación universitarias. 

En el centro del huracán del problema de la financiación se encuentra la investigación. Ante una ausencia cada vez más notable de financiación pública las Universidades, sus departamentos, “deben buscar” sus propios recursos, es decir financiación privada. Como es evidente esta financiación de proyectos de investigación y estudios universitarios sólo podrán hacerla aquellos agentes o empresas privadas que tengan una capacidad económica suficiente para ello; es decir, que solo serán las grandes empresas y los bancos y fondos de inversión los que financien esos proyectos de investigación. Lógicamente, solo financiarán aquellos departamentos o estudios que les interesen, que les reporten beneficios, quedando excluidos y por tanto abocados a la desaparición –más allá de su posible interés social– aquellos que no puedan obtener el beneplácito de sus patrocinadores privados. Esto sucede ya en el sistema universitario de los EE.UU. Por tanto, lo que se considere improductivo para el mercado tenderá a desaparecer de la oferta académica y de los planes de investigación. 

 
¿Existe acaso un ejemplo más claro de esto que la investigación financiada por las multinacionales farmacéuticas? ¿Se dedican acaso éstas a la investigación de las enfermedades que más muertos y trastornos causan en el mundo, o solo a aquellas de entre los países ricos que les reportan beneficios económicos porque sus productos van dirigidos a un consumidor con poder adquisitivo, tales como ansiolíticos o antidepresivos? La respuesta cae por su propio peso.

Pero este control directo de la investigación por parte de las empresas privadas se acentúa todavía más cuando encima se pretende subordinar la financiación pública a la previa obtención de una financiación privada. Esta es una de las “reglas” de financiación que se están implantando con la denominada “Estrategia 2015”. Es decir, que la financiación pública ya ni siquiera va a quedar como una financiación residual que cubra las necesidades de unas Universidades, carreras o departamentos que no han podido obtener recursos privados, que no han sido atractivos para el sector privado, que no han sabido “venderse” lo suficientemente bien, sino que se convertirá en el apoyo y refuerzo directo de aquellas Universidades, carreras o departamentos que interesen solo y exclusivamente a las multinacionales y al sector financiero.

Este modelo es lo que el profesor de pedagogía de la Universidad de León, Enrique J. Díez Gutiérrez, ha denominado “capitalismo académico”. Según sus propias palabras: 

“La financiación pública se subordina a la previa obtención de 'fuentes de financiación externa', es decir, privadas. La asignación presupuestaria ya no se hace en función del número de estudiantes, sino según los resultados obtenidos por la institución universitaria. […] se recorta el presupuesto para proyectos 'improductivos' de orientación humanística y/o crítica.”¹⁵

 

Es fácil imaginar que si la investigación no se ajusta a los resultados deseados por su financiador privado el departamento y las personas que llevaron a cabo ese estudio dejarán de percibir dinero y correrán el riesgo de desaparecer, puesto que tampoco percibirán recursos públicos. La lógica es perversa. Y es, sin duda, una forma directa de intrumentalización y control de los recursos e instalaciones públicas por parte de las empresas privadas.

Por otra parte, una de las máximas del nuevo modelo es el traslado de las costes de la educación superior a los estudiantes. El lenguaje utilizado en documentos oficiales no deja lugar a dudas. Ahora los estudiantes son considerados como “clientes” o “usuarios” que pagan por un título (una mercancía) que en realidad es más una imagen de marca (la imagen de marca de una Universidad que tiene que competir con todas las demás, como si de una empresa se tratara, para ser un “campus de excelencia” que atraiga o “capte” a sus “clientes” en un verdadero mercado del conocimiento). La lógica del mercado que ha provocado la mayor crisis económica de la historia después del Crack del 29 se impone ahora también en la Universidad.

Por tanto, sobre todo desde comienzos del s.XXI, se está dando un paulatino traslado de los costes de la enseñanza universitaria al estudiante, mientras al mismo tiempo la clase trabajadora, sobre todo en los últimos años, ha visto disminuir su poder adquisitivo, su salario real (no salario nominal)¹⁶  Los costes de la enseñanza aumentan mientras que los salarios reales se reducen o se mantienen igual. En la última década las tasas de matriculación de primer año han subido una media aproximada del 55-60%, con variaciones entre Universidades, mientras que en 2º, 3º, 4º y 5º curso el coste total de los créditos ha subido una media del 40-45%; es decir han subido una media aproximada del 5% anual. Esta subida anual del 5% es superior a la subida del IPC (Índice de Precios al Consumo), la cual ha sido en la última década de un 3-3,5% aproximadamente, salvo los dos últimos años (2009, 2010) en los que los precios de la cesta básica han bajado. En principio, en Castilla y León al igual que en otras Comunidades Autónomas, la Ley obliga a las Universidades públicas a actualizar cada año los precios de las matrículas conforme a la subida del IPC, debiendo subirse las tasas un porcentaje igual o superior al del IPC, pero nunca inferior. Y las Universidades, por supuesto, en su afán recaudatorio, han subido las tasas de matrícula un 5% muy por encima del 3% de media del IPC al que estaban obligadas por ley, y por tanto han encarecido aún más el acceso a la educación superior. Pero si además tenemos en cuenta, como hemos dicho anteriormente, que los salarios reales han disminuido o permanecido estancados durante la última década el encarecimiento es aún más notable: en relación al salario real implica una subida de más del 50% del coste para los estudiantes, empobreciendo aún más sus ya de por sí escasos recursos.

A todo ello hay que añadir la subida, a veces repentina y escandalosa, de otras tasas universitarias como las que se pagan por la expedición de títulos o certificados (No es normal, por ejemplo, que por un título de Licenciado en Derecho en la Universidad de León –una simple hoja de papel–, después de todo lo que se ha pagado a lo largo de la carrera, se deban pagar 160€), o también las que se pagan por el Centro de Idiomas de la Universidad, cursos de verano, seminarios, etc. 

A corto plazo se quiere que los estudiantes “clientes” asuman la mayor parte, o incluso la totalidad, del coste de la enseñanza universitaria, lo que supondrá nuevas y significativas subidas de las tasas. Los responsables políticos de la Universidad quieren que el precio del crédito suba en segundas matrículas más de un 50% y en terceras matrículas ¡hasta un 300%!, con la idea de que dicho pago cubra el supuesto coste total individualizado de ese servicio. Un bárbaro retroceso, sin duda alguna, en la universalidad e igualdad de acceso a los estudios superiores.

Las becas

Durante estos últimos años, durante todo el proceso de implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, se ha repetido hasta el hartazgo que el encarecimiento del acceso a la Universidad, a un título superior universitario (como consecuencia del prohibitivo precio de los másteres y de las subidas de las tasas, matrículas, servicios, etc.), vendría compensado por un aumento de las becas. Parecía que el Rey Midas se iba a instalar en la corte y que el Estado y las Comunidades Autónomas serían poco menos que la gallina de los huevos de oro. El propio Ministerio de Ciencia e Innovación (a la sazón el responsable de la reforma universitaria), presionado por las protestas anti-Bolonia, trató de vender la reforma con una campaña publicitaria que llevaba el –solo en apariencia– didáctico título de “ ¿Qué es el Proceso de Bolonia y en qué afecta a los estudiantes?”. Uno de los párrafos explicativos trataba de eliminar la incertidumbre que se había creado en torno a las becas y los préstamos-renta, o becas-préstamo:

¿Desaparecen las becas para ser sustituidas por préstamos renta?

En absoluto. El Gobierno se ha comprometido a mejorar el sistema actual de becas tanto en financiación como en nuevas modalidades. Desde 2007 ofrece también préstamos renta a interés 0 para másteres. Pero es una opción más, que no sustituye a las becas que se seguirán concediendo e incrementándose como hasta ahora.¹⁷

Pero la aciaga realidad pronto vino a desmentir tantas vagas e inconsistentes promesas. Si las becas iban a mejorar, si el acceso a un título superior no se iba a encarecer y los estudiantes iban a tener más libertad y flexibilidad para definir sus estudios, ¿por qué los bancos de pronto percibieron la emergencia de una gran negocio con los préstamos-renta a los estudiantes? ¿Es que de pronto los estudiantes iban a necesitar dinero de los bancos que antes no necesitaban? ¿Si el Estado no tenía dinero para financiar la Universidad iba a aumentar las becas?  La realidad cayó por su propio peso y los jóvenes estudiantes que se incorporaron al nuevo plan el primer año pronto comprendieron el sarcasmo inherente a semejante propaganda.

En los últimos años las becas públicas ya existentes se han reducido cuantitativa y cualitativamente, sobre todo las becas de movilidad SÉNECA y ERASMUS. En general, han disminuido en los tres últimos años con el estallido de la burbuja inmobiliaria en España, curiosamente cuando más falta hacían, puesto que con el paro y la recesión los recursos económicos de las familias y de los trabajadores se redujeron, a veces drásticamente. Por otra parte, las necesidades de financiación de los estudiantes con los másteres y el aumento de las tasas han provocado que muchos de ellos hayan tenido que abandonar sus estudios. 

Sin embargo, aunque las becas de investigación posteriores a la licenciatura (becas de doctorado) no han visto aumentar su número, sí que es cierto que la situación de los becarios de investigación públicos ha mejorado de unos años a esta parte. Durante un tiempo estos becarios de facultad lucharon con denuedo, entre otras cosas, porque se les reconocieran los años de investigación como años cotizados a la Seguridad Social. Y en recompensa a esa lucha se reformó hace poco el estatuto del becario de investigación reconociéndoles al menos los dos últimos años (de los 4 de doctorado) como años cotizados; pudiendo incluso cotizar por los 4 años completos si el propio becario pagaba de su bolsillo las cuotas de los dos restantes.

Por otra parte, el Preámbulo del Real Decreto 1393/2007 hablaba ya de la posibilidad de “introducir prácticas externas” en empresas durante la carrera como una forma de enriquecer la formación de los estudiantes. Esta posibilidad parece repercutir en un principio positivamente sobre la formación del estudiante –una forma de acercarle a la práctica del mundo laboral y adquirir experiencia–, pero al tratarse de prácticas esencialmente no remuneradas, por el contrario, supone en sí mismo un modo apenas encubierto de que los estudiantes trabajen gratis en las empresas aportando sus conocimientos sin ser apenas conscientes de la explotación. Incluso como dichas “prácticas externas” forman parte del currículum académico, y suponen créditos, los estudiantes tendrán, en muchos casos, que pagar por ellas. 

En este sentido se ha terminado de configurar y generalizar uno de los pilares esenciales de la nueva filosofía de colaboración público-privada inherente a la reforma: las Fundaciones universitarias ligadas al mundo empresarial, principalmente Fundaciones Universidad-Empresa, entidades privadas con personalidad jurídica propia que sirven como nexo de vinculación entre el mundo universitario y el mundo empresarial privado¹⁸. Estas entidades tienen un cometido muy específico que se ha visto definitivamente reforzado gracias a las nuevas necesidades de financiación de la Universidad pública, y que no es otro que el de garantizar la adecuada “transferencia de conocimiento” del ámbito público al sector privado. Las mismas han pasado a diseñar, gestionar y en suma controlar directamente áreas tan importantes del ámbito universitario como son las escuelas y cursos de verano, los centros de idiomas, seminarios y la formación del profesorado. Por otra parte, las Fundaciones Universidad-Empresa en colaboración con las entidades públicas ofrecen “becas” para la formación, para trabajar en el sector privado, a los estudiantes recién graduados. La promesa de tener una “beca” remunerada se cumple pero, sin embargo, este sistema encierra una realidad muy distinta y desalentadora para los jóvenes estudiantes. Lo que realmente se esconde tras este sistema de colaboración es un mecanismo para suministrar a las empresas privadas patrocinadoras mano de obra barata precaria recién graduada. Estos becarios de colaboración trabajan, en la mayoría de los casos, realizando las mismas tareas que un trabajador asalariado normal pero cobrando mucho menos, una remuneración inferior al SMI¹⁹, normalmente de apenas unos 500€ al mes (¿se puede vivir con 500€ al mes?) Además, al no tratarse de una relación laboral sino de una “beca” el becario no se rige por el Estatuto de los Trabajadores y por tanto, en principio, no puede ejercer ninguno de los derechos laborales del mismo (horarios, huelga, despido, indemnizaciones, permisos, etc.), los cuales quedan al libre albedrío del empresario y sin posibilidad jurídica de defenderlos ante el Juzgado de lo Social; a este respecto la beca que firma el estudiante se encarga de recordarle que su contrato no es una relación de trabajo con la empresa. El tiempo que el becario pasa en la empresa no cotizaba tampoco hasta ahora a la Seguridad Social, lo que suponía un ahorro también para la empresa en relación con un trabajador normal, al menos hasta noviembre de 2011, aunque el Gobierno del PSOE –sin duda presionado por la creciente contestación social a sus políticas anticrisis– realizó este otoño una reforma legislativa²⁰ para que todas las empresas con becarios empezaran a cotizar a la Seguridad Social a partir del 1 de noviembre, pudiendo rescatarse además el periodo de beca anterior no cotizado.

Sin embargo, a pesar de este guiño a algunas de las reivindicaciones de los estudiantes, este tipo de “becas” para la formación en empresas privadas tienen incuestionables ventajas para el empresario empleador, entre otras, y la más obvia, la del ahorro de costes que supone en detrimento de los trabajadores asalariados de la empresa, además del poder de deshacerse del becario al cabo de los 6 meses o 1 año que dure la beca, sin estar obligado en ningún caso a realizarle un contrato fijo laboral o a pagar indemnización de ningún tipo. Esto supone en la práctica una cadena bien engrasada de trabajo temporal extremadamente precario sin derechos laborales donde los becarios-trabajadores, constantemente renovados, realizan las tareas y funciones de un trabajador normal asalariado (el cual ahora, o será despedido o no será contratado puesto que su trabajo ya lo realiza el becario) con un sueldo inferior al SMI, inferior a los 640,40 € mínimos que exige la ley. De hecho, gran parte de la remuneración de la beca la realiza una entidad pública, por lo que el coste real para la empresa privada de ese becario-trabajador es mínimo²¹; más aún, se puede decir sin riesgo de caer en un sofisma, que la Administración Pública está sufragando la mano de obra de muchas empresas con este invento. Y el porcentaje de estos becarios que se queda luego en la empresa con un contrato –ahora sí– laboral, fijo o eventual, es mínimo, o incluso ridículo. ¡Este es sin duda el glorioso cumplimiento de la gran promesa hecha por los rectores de que todos los estudiantes iban a tener una beca que les iba a permitir acceder al mercado laboral con una experiencia adquirida! Y tal y como está el panorama económico y social los jóvenes seguro que hasta agradecerán ser partícipes de semejante forma de explotación para ausentar, al menos por un año, el fantasma terrible del paro y la exclusión social.

Así, sobre todo en el sector tecnológico, nos encontramos, por ejemplo, con “becarios” (ni siquiera recién salidos de la Universidad) que son puestos al frente de departamentos enteros de grandes empresas, con las mismas funciones y responsabilidades de un trabajador asalariado cualquiera, con el mismo horario y jornada laboral, haciendo horas extras sin cobrar, y realizando en muchos casos proyectos de investigación y desarrollo que luego se apropia dicha empresa a precio de saldo. Pero, claro está, todo ello con la mísera remuneración que perciben, sin derechos laborales y hasta hace dos días sin cotizar tampoco a la Seguridad Social. Existen innumerables ejemplos significativos de esta realidad, generalizada y agravada por la crisis económica, cuyo análisis supera con creces el objeto y los medios de este ensayo. Citaremos tan solo un par de situaciones paradigmáticas. Así, por ejemplo, en Madrid, la empresa aeronáutica ITP, que fabrica componentes de motores Rolls-Royce para avión, ha reducido y reestructurado significativamente departamentos enteros en su sede en Madrid a cambio de aprovechar el trabajo de investigación barato de los becarios que le proporciona la Facultad de Ingeniería Aeronáutica de la Universidad Politécnica de Madrid para proyectos de fin de carrera (los becarios tienen que fichar, minutos incluidos; se les descuenta del sueldo si llegan un minuto tarde; no se les suministra transporte ni comida, etc...) La empresa jamás contratará a nuevos trabajadores mientras estos nuevos “becarios” le proporcionen lo mismo a un precio mucho más barato. Otro ejemplo significativo se encuentra en León, donde la prestigiosa empresa tecnológica INTECO²² (participada públicamente) ha puesto a “becarios” al frente de departamentos enteros de traducción de francés e inglés, como responsables principales y únicos de esos departamentos. No es que se dé una beca a un estudiante, o recién graduado, para que, tutelado por un responsable de la empresa, realice y aprenda tareas sencillas, profundice en una práctica que le permita adquirir una experiencia de otro trabajador más preparado y experimentado, en suma se familiarice con el mundo laboral, sino que se da una beca para que la empresa privada pueda explotar su trabajo sin apenas costes y sin responsabilidad laboral alguna. ¡Una forma interesante, sin duda, de mejorar la competitividad de nuestras empresas! Lástima que el beneficio de todo este entramado sea solo corporativo privado.

Y esta es la desagradable y falseada realidad que se esconde tras estas becas.

La “transferencia de conocimiento”

Finalmente, no podemos dejar sin explicar uno de los conceptos clave de toda esta transformación de la Universidad pública, recogido tanto en las múltiples declaraciones europeas e informes como en las diversas leyes estatales, LOU de 2001, LOMLOU de 2007 y demás normas. Es la denominada “transferencia de conocimiento”, que supone de hecho la privatización del conocimiento, su transferencia del ámbito público al sector privado, y que realmente es el eje y clave de bóveda de esta reforma. En palabras de Enrique J. Díez Gutiérrez que sintetizan a la perfección todo lo que hemos venido diciendo hasta ahora:

“La investigación se convierte así en una apropiación privada de recursos públicos, tanto a través de la subvención pública de los costes de proyectos de investigación, encargados por empresas privadas, como a través de la transferencia de personal, recursos y resultados de la investigación de centros públicos a empresas privadas derivadas de ellos ('spin-off') para la explotación privada de esos resultados de investigaciones financiadas con fondos públicos.²³”

El eufemismo de la “transferencia de conocimiento” encierra simple y llanamente la idea de que el conocimiento científico y técnico desarrollado en una institución pública, son recursos públicos, se transfiere sin apenas contraprestación a manos privadas para su explotación. Esto supone hacer propia la fórmula de inversión pública y beneficios privados.

Esta cooperación y transferencia se hace a través de diversos mecanismos como la financiación directa de la investigación o el llamado “spin-off”. El “spin-off” es un término anglosajón que, aplicado al ámbito de la Universidad, se refiere a la derivación o extensión de un proyecto nacido de la investigación pública universitaria al sector privado mediante el aprovechamiento del trabajo ya hecho. Las “spin-off” son empresas privadas que se crean en el seno de otra entidad ya existente, la Universidad pública o los centros de investigación públicos, sirviendo de apoyo a las mismas y aprovechando sus recursos. Normalmente se produce cuando una persona individual que trabaja en ese ámbito público decide aprovechar los recursos a su alcance para fundar una empresa privada, independiente de la matriz pública de la que nace, y que le reporte a partir de entonces un beneficio privado. Tienen apoyo institucional, pero sin embargo persiguen intereses privados. Es, sin duda alguna, una fórmula ideal para que las Universidades públicas, con dinero de todos, ayuden a “transferir” el conocimiento y la investigación científica al mundo empresarial. Es decir, cómo privatizar un conocimiento científico y técnico que, en principio, es público. Para ello las Leyes de Propiedad Intelectual e Industrial favorecen con su sistema de patentes y modelos de utilidad una apropiación privada para uso y beneficio privado exclusivo de ese conocimiento científico generado con recursos públicos. ¡Excelente inversión pública: pagar de nuestro bolsillo para que otros se enriquezcan! ¿Y por qué no crear empresas públicas con esa investigación pública? Porque legalmente ya casi no se puede, las leyes del mercado y de la libre competencia lo impiden. Y aunque haya personas que defiendan este modelo de las “spin-off”, no se puede negar lo que es.

Con estas fórmulas nuevas de privatización se dice e insiste en que solo se pretende facilitar la transmisión de la cultura y del conocimiento, aunque curiosamente nunca ha sido tan difícil acceder a la Universidad por su alto coste, nunca ha sido tan difícil para los estudiantes y profesores decidir y participar en las decisiones sobre la estructuración de los estudios y el contenido y forma de la investigación (cada vez más dependiente de lo que decidan financiar las empresas privadas) y nunca ha sido tan complicado acceder siquiera al contenido de un simple libro puesto que, desde hace dos años, un estudiante ¡ya ni siquiera puede fotocopiar una hoja de un libro o un código! (tiene que pedir permiso a un profesor o catedrático porque sino vulneraría las espantosas leyes de propiedad intelectual)

Por otra parte, esa relación cada vez más cercana entre los intereses privados empresariales y la Universidad se hizo patente durante el Gobierno del PSOE con el polémico traslado de la Secretaría General de Universidades desde el Ministerio de Educación al Ministerio de Ciencia e Innovación, muy estrechamente vinculado al lobby industrial y tecnológico de capital español, y a otros grupos y empresas privados. Con este traslado la última Ministra de Ciencia e Innovación del PSOE, Cristina Garmendia, quedó como responsable última de la implantación final y definitiva de la reforma universitaria. Lo que mucha gente no sabía es que Cristina Garmendia –hasta el año 2008 en que fue nombrada ministra– era una empresaria con fuertes intereses en el sector biotecnológico y formaba parte de la junta directiva de la CEOE²⁴. De hecho, la incompatibilidad de sus intereses empresariales privados debieron haberla impedido el ejercicio de cualquier cargo público con responsabilidad política. El colocar a una empresaria directiva de una multinacional del sector de la biotecnología y consejera de la patronal CEOE como responsable de la reforma universitaria levantó una sonora polvareda puesto que desenmascaraba, ya sin ningún tapujo, al servicio de quién y de qué intereses se hacía la reforma. Tanta fue la polémica al respecto que el Gobierno, tratando de lavar su imagen, no tardó ni un año en trasladar de nuevo la Secretaria de Universidades al Ministerio de Educación, al frente del cual colocó a un filósofo, Ángel Gabilondo, cuya retórica conciliadora y perfil académico, al margen de sus verdaderas intenciones, pretendió serenar los ánimos caldeados y acallar las críticas²⁵. El baile de ministros venía a ejemplarizar las propias dudas de la “izquierda” institucional del PSOE para justificar el Plan Bolonia.

Por tanto, la insistencia hasta el hartazgo en la expresión “transferencia del conocimiento” por parte de los responsables de estas reformas revela los objetivos reales de las mismas, y pretende convertirse en el leitmotiv que de tanto repetirlo acabe por hacernos asumir dicha “transferencia” como un sacrificio necesario, y hasta positivo, para el desarrollo económico en los años venideros.

Conclusión

Los descontentos sociales que están generando estas reformas, el Plan Bolonia ya implantado y la “Estrategia 2015” que los desarrolla, son innumerables. Se empiezan a percibir los efectos negativos de estas transformaciones. Muchos estudiantes y profesores han reaccionado en toda Europa contra estos cambios; en Francia, Italia y Grecia; en Inglaterra durante 2010 con fuertes movilizaciones en la calle por el aumento del coste, ya de por sí prohibitivo, de la enseñanza universitaria; en Alemania, donde después de varios años de rodaje del nuevo modelo se está demostrando su absoluto fracaso; y en España, donde las movilizaciones alcanzaron su cénit en el curso 2008-2009 con un sin fin de huelgas, parones, ocupaciones, asambleas, debates y puestos de información por toda la geografía del estado. 

Entre las quejas más comunes está la de la bajada del nivel y de los contenidos con los grados (4 años y 240 créditos), lo que obliga en muchos casos a cursar un máster con posterioridad (para obtener una “ventaja competitiva”), puesto que el grado no es equivalente, en absoluto, a la antigua licenciatura de 5 años y 300 créditos. Por otra parte, al convertirse todos los grados en presenciales el alumno está obligado a acudir a todas las clases, como en el instituto, no pudiendo organizar su tiempo de estudio libremente, y dificultando mucho la realización de otras actividades, ya sean de formación complementaria, culturales, políticas, deportivas o de simple ocio. Además, los horarios están ahora sujetos a cambios arbitrarios que obligan al estudiante a amoldar todo su tiempo e intereses a las clases, sin que pueda dedicar su tiempo a otras necesidades o decidir qué clases le interesan y cuáles no. Todo esto es una forma sin duda de atar al estudiante a una rutina arbitraria de obediencia y sumisión que le despoja de herramientas esenciales para su libre formación y desarrollo intelectual y personal, con una finalidad: “prepararle” para un mercado laboral altamente precarizado y exigente. Una de las consecuencias directas de este sistema de clases presenciales –absurdo para la mayoría de las carreras, no tanto para otras como enfermería o medicina en los que ya existía– es que ahora se hace prácticamente imposible compatibilizar el estudio de una carrera con el trabajo. A este respecto hay que tener en cuenta que hasta la entrada en vigor del Plan Bolonia aproximadamente un 30% de los estudiantes compatibilizaba el estudio con algún tipo de trabajo o actividad remunerada, que normalmente les permitía costear la carrera. Ahora con las clases presenciales eso va a ser prácticamente imposible. Entonces, ¿qué harán los jóvenes estudiantes? ¿abandonar los estudios por el trabajo? ¡Pero si no hay trabajo! ¿Dedicarse a estudiar? ¡No van a poder pagárselo! ¿Qué salidas tienen entonces los jóvenes en España? Tres, sin duda: por tierra, por mar y por aire... 

Por otra parte, aunque algunas carreras o estudios hayan podido salir beneficiados coyunturalmente por algún aspecto concreto y aislado del proceso de Bolonia, nadie a estas alturas se atreve a negar que incluso aquellos aspectos de la reforma que mejor supieron venderse –como la mejora de la movilidad, la posibilidad de compatibilizar y convalidar todos los títulos fácilmente, etc...– han sido un completo fraude.

Por último, pero no por ello menos importante, no se puede olvidar al personal asalariado de la Universidad (PAS), que ha sufrido también en carne propia un proceso de privatización y recorte de recursos. La progresiva externalización de servicios universitarios (desde la limpieza, hasta el servicio de fotocopias o de seguridad) es un proceso que viene de largo, pero que se ha agudizado en los últimos años. La externalización ha supuesto la entrada de la subcontratación lo que ha ido en detrimento de la calidad de los servicios, recortándose muchos de ellos y empeorando las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras. Con la excusa de la crisis económica y la merma de recursos financieros se han degradado y recortado, de una manera mísera y cicatera, servicios esenciales para el correcto funcionamiento de una Universidad. Así, por ejemplo, en muchas facultades, sin disminuir el número de alumnos, se ha pasado en apenas un par de años de tener un servicio de fotocopias de mañana y tarde, a solo de mañana, y de tener dos o tres fotocopiadoras en reprografía a solo una, lo que provoca colas, retrasos y problemas que merman la calidad de la enseñanza.

Finalmente, y ya para concluir definitivamente este extenso análisis, hay que decir que las luchas de los estudiantes, profesores y PAS contra el denominado Proceso de Bolonia durante estos últimos años han estado más que justificadas. En este sentido, la denominada “Estrategia 2015” desarrolla y refuerza todos los propósitos y objetivos del Proceso de Bolonia, agravando aún más si cabe la situación: control directo de la gestión y de los órganos de gobierno de la Universidad por las empresas privadas, mayor control de los planes de estudios y de la investigación por las empresas patrocinadoras, elitización con Universidades de primera y de segunda, financiación pública subordinada a los intereses privados, aumento exponencial de las tasas para trasladar el mayor coste posible a los estudiantes, becas-préstamo con intereses, etc... ²⁶ 

En suma una privatización y mercantilización definitiva de la Universidad pública, rendida a los pies de los intereses de los mercados y del mundo privado empresarial.

Por todo ello la lucha debe continuar. Es necesario cambiar por completo el modelo universitario que se está implantando. Es imprescindible defender una educación superior pública de acceso libre y universal, entendida como un servicio público de calidad y gratuito –o al menos con un coste para el estudiante que no le impida por ningún motivo de carácter económico acceder al mismo. Y sobre todo una educación que sirva a los intereses generales de la sociedad, eficiente y racional, con un control democrático y participativo de la misma, donde intervengan y decidan profesores, alumnos y trabajadores junto con los responsables políticos pertinentes en vez de capitalistas y patrocinadores privados.

Notas

1Salvo la UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia, que depende del Estado central.

2Aunque es cierto que la Universidad ha sido desde la fundación de la primera en Bolonia en el s.XI, Italia, una institución de la que han partido casi siempre las grandes ideas que han transformado la sociedad (como por ejemplo la Reforma protestante), no es menos cierto tampoco que, a pesar de su autonomía, esa función crítica que tantas veces se ha desplegado en su seno lo ha hecho lastrada u obstaculizada por unas estructuras, un control y una dependencia, a veces casi absoluta, de los poderes y la ideología dominantes en cada época. La Iglesia Católica en la Edad Media, o el Estado liberal nacionalista a partir del s.XIX.

3GATTS: General Agreement on Trade in Services – Acuerdo General sobre Comercio en los Servicios, de 1995. Acuerdo internacional celebrado entre los países miembros de la OMC –Organización Mundial de Comercio– para abrir al ámbito de la competencia comercial y económica privada los servicios públicos de los Estados. Pretende que se desmantelen esos servicios públicos estatales para que los mismos sean suministrados por empresas privadas con la intención de obtener un beneficio económico de esa actividad, aplicando así las tesis más ortodoxas de liberalización y privatización del neoliberalismo económico.

4Pero también la educación primaria y secundaria.

5Este es el objetivo que han pretendido vender con el intento de conformar el llamado EEES, Espacio Europeo de Educación Superior, basado, entre otras cosas, en un sistema único de créditos europeos: los créditos ECTs. Sin embargo, la realidad es que después de varios años siguen existiendo los mismos problemas para convalidar títulos y asignaturas, incluso ahora también entre Universidades de un mismo Estado por culpa de planes de estudios diferenciados; y, por otra parte, la movilidad enmascara la pretensión de que las Universidades que tengan mayor financiación privada puedan apropiarse de los mejores profesores en detrimento del resto, concentrando así en unas pocas instituciones a la élite académica.

6La Declaración de Bolonia de 1999 tiene, no obstante, un precedente en una declaración anterior, también de Ministros de Educación europeos: la Declaración de la Sorbona de 1998.

7LEY ORGÁNICA 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades; la cual entró en vigor en enero de 2002.

8En el art.14 LOU el Consejo Social se configura ahora como el órgano de participación de la sociedad en la Universidad (léase de las empresas privadas), al cual le corresponde la aprobación del presupuesto y de la programación plurianual de la Universidad, entre otras funciones. Este Consejo Social (con representación empresarial) será el embrión de un futuro órgano de gobierno dominado por las empresas privadas que sustituya en la práctica a los órganos clásicos de representación democrática: el Claustro y el Consejo o Junta de Gobierno.

9Algunas empresas colaboradoras en el proyecto de Universia del Banco Santander en 2011: KPMG, Bankinter, Banco Popular, Banesto, Ericsson, Indra, HP, Vodafone, Accenture, Deloitte, Ersnt & Young, Cepsa, EADS, Eulen, Acciona, entre otras (casi todas grandes multinacionales y empresas financieras, bancos y auditorías)

10Acuerdo 98/2004, de 15 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Social de la Universidad de León (Se puede consultar en BOCYL, nº.139)

11Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (Se puede consultar en BOE nº 260 de martes 30 de octubre de 2007)

12Aunque, si bien es cierto, que los Máster públicos se diferencian de los privados en que aquéllos permiten acceder directamente a otros títulos como los de Doctorado mientras que éstos no. Pero quizás sean diferencias que el tiempo, por otra parte, no tardará en suprimir.

13En la Universidad de León (ULE) el presupuesto ha sufrido una reducción consecutiva del 20% en los dos últimos años, 2009 y 2010.

14Financiación del Sistema Universitario Español, CONSEJO DE COORDINACIÓN UNIVERSITARIA, Comisión de Financiación; Madrid, 20 de abril de 2007, p. 52-56: Propuestas de financiación de la Comisión Universitaria. Se puede consultar en la página de la CRUE: http://www.crue.org/

15DÍEZ GUTIÉRREZ, ENRIQUE J. Mercantilización universitaria y capitalismo académico. León, 2009.- Ponencia realizada en mayo de 2009 en el Aula Magna de la Facultad de Biología y Ciencias Ambientales de la Universidad de León. Se puede consultar en internet un artículo similar basado esencialmente en esta ponencia en la siguiente página web: http://www.revistadefilosofia.com/23-05.pdf

16El “salario nominal” es la cantidad exacta de dinero que cobra un trabajador, en cifras, sin aplicarle ningún factor corrector. Por el contrario el “salario real” es aquel que tiene en cuento el aumento (inflacción) o disminución de precios (entonces se le aplica el factor corrector del IPC), o el aumento o disminución de la producción (en cuyo caso se le aplica el factor de corrección del PIB). El “salario real”, por tanto, refleja de manera clara y directa la pérdida o aumento de poder adquisitivo de los asalariados, es decir su capacidad real de compra, mientras que el “salario nominal” es una mera cifra vacía. Ver el excelente estudio comparativo entre salarios reales y nominales Evolución de los salarios en España (1978-2010): http://www.agarzon.net/?p=949

17Esta campaña salió en toda la prensa escrita nacional. Ver, por ejemplo: EL PAÍS, lunes 9 de marzo de 2009 (p. 37)

18En la Universidad de León se creó en 2007 la FEGULEM (Fundación General de la Universidad de León y de la Empresa). La misma se define como: Fundación docente privada, con personalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro, para la promoción de la cultura, la educación y a la investigación científica y técnica de la Universidad de León, y sus relaciones con la sociedad y el mundo empresarial. (...) pretende convertirse en un instrumento capaz de poner a disposición de la sociedad, todo el potencial de la universidad y sus recursos, tanto humanos como materiales (…) Ver: http://www.fgulem.es/ Entre otras Fundaciones ya existentes con anterioridad destaca la Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid, creada en 1984, y patrocinada entre otras multinacionales y empresas privadas por el Banco Santander, Caja Madrid, ACS, Ferrovial o Iberia. Ver: http://www.ucm.es/info/fgu/

19SMI: Salario Mínimo Interprofesional. Salario mínimo fijado por el Gobierno cada año por debajo del cuál está prohibido contratar a un trabajador a tiempo completo, es decir es el salario que debe cobrar todo trabajador como mínimo por la jornada legal de trabajo . Para el año 2011 el SMI era de 641,40 € al mes.

20Real Decreto 1493/2011, por el que se regula la inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las personas que participan en programas de formación (Se puede consultar en BOE de 27 de octubre de 2011)

21Así, por ejemplo, las becas de la FEGULEM de la Universidad de León la remuneración que recibe el becario es pagada en una proporción de casi el 50% por la Junta de Castilla y León. Por tanto, en realidad a la empresa privada el trabajo del “becario” apenas le cuesta, en muchos casos, más que 200 € escasos (¡por poco le sale gratis!)

22INTECO: Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación.

23DÍEZ GUTIÉRREZ, ENRIQUE J. Op. cit.

24De hecho Cristina Garmendia ha sido presidenta y consejera delegada de Genetrix, una importante empresa biotecnológica española, y ha estado y continúa directamente vinculada al sector empresarial de la biotecnología (a través de fundaciones y acciones, principalmente) Ver: http://es.wikipedia.org/wiki/Cristina_Garmendia

25Ángel Gabilondo, último ministro de educación del Gobierno del PSOE y hermano del conocido periodista y presentador televisivo Iñaki Gabilondo, era el Rector de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) en el momento de su designación para el cargo.

26Para más información sobre la “Estrategia 2015” consultar las siguientes páginas: http://dosmilquince.blogspot.com/   http://www.kaosenlared.net/noticia/estrategia-universidad-2015...a-vueltas-bolonia

*Alejandro Vidal Álvarez. Licenciado en Derecho.

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=139371