La maquinación y el privilegio: el gobierno de las universidades

La maquinación y el privilegio: el gobierno de las universidades

José Carlos Bermejo Barrera

Enviado por admin1 o Dom, 15/05/2011 - 12:18

José Carlos Bermejo Barrera: La maquinación y el privilegio: el gobierno de las universidades

Ediciones Akal, 2001

Todas las profesiones son conspiraciones contra los laicos.

George Bernard Shaw

 

Introducción: Bases para un expolio

Las universidades de todo el mundo económicamente desarrollado están sumidas ahora, en el año 2011, en una muy profunda crisis, consecuencia de la crisis económico-financiera en la que este mundo está inmerso, y resultado también de la propia transformación de la enseñanza superior y de los complejos procesos de la investigación científico-técnica que están teniendo lugar en la actualidad.

Se cierran muchas universidades enteras, o algunas facultades concretas, sobre todo en los campos de las llamadas humanidades, se despiden profesores, se les bajan los salarios, se les precariza el empleo, y los estudiantes ven incrementadas sus tasas de matrícula, se ven obligados a endeudarse hasta niveles extremos con la banca para poder financiar sus estudios y cada vez más se dan cuenta de que sus títulos académicos, que antes les garantizaban un empleo de elite, o por lo menos un salario digno, los llevan también al mundo de subempleo (Newfield, 2008).

Frente a esta situación patente en los EEUU, Japón, y la mayor parte de la Comunidad Europea, España y sus autonomías nos ofrecen un panorama insólito. En España, un país que tiene el mismo número de estudiantes universitarios que Alemania, a pesar de que Alemania la dobla en población y la supera infinitamente en riqueza (Peña, 2010, p. 15), las autoridades políticas y académicas no cesan en sus lamentos, exigiendo que se contraten más profesores y se incremente la financiación de sus universidades, olvidándose de una gigantesca crisis financiera que a ellos no parece afectarles.

Las universidades españolas parecen ser ya no sólo mónadas aisladas en el espacio sin puertas ni ventanas que las comuniquen con el exterior, sino auténticas esferas cristalinas autistas, en las que los más destacados de sus miembros, en lo que al ejercicio de las responsabilidades se refiere, hablan un lenguaje que no tiene apenas nada que ver, no sólo con la realidad circundante, sino con la realidad de sus propias instituciones.

Nadie parece querer ver que las universidades españolas, repartidas entre 17 autonomías, no forman un sistema coherente, que se pueda controlar, organizar o diseñar, mientras que no se cesa de hablar como si ello fuese posible. Y, a la hora de analizar la realidad concreta de las instituciones académicas, podemos observar cómo se apela al lenguaje del mercado en un país en el que apenas hay universidades privadas de calidad en lo que se refiere a la investigación, y en el que la gran banca no muestra el menor interés en invertir su capital en ese posible proceso de creación de unas universidades privadas de elite, como reconocen los propios apologetas del mercado (Peña, 2010, p. 19).

Las universidades españolas dan la impresión de ser el reino de los arbitristas y los pícaros de nuestra Edad Moderna, puesto que en ellas abundan cada vez más organizadores y planificadores que crean sistemas paralelos a la realidad, que permiten la formación de elites de funcionarios, banqueros y políticos que se van a beneficiar del claro proceso de expolio del Estado y las universidades que se dibujará a continuación.

Los planificadores y evaluadores universitarios, tanto en el nivel central como en los autónomicos, han creado sistemas de control insólitos, como aquel que sostiene que se pueden definir nada más ni nada menos que 69 parámetros para diseñar un plan de estudios, parámetros que no tienen nada que ver con el contenido de cada plan y que obvian todos los matices sociales, económicos, ideológicos y de todo tipo que forman pare del proceso educativo (Angulo Rasco y Redon Pantoja, 2010, pp. 13 ss.). Ése es el sistema con el que se ha abordado en España el llamado «proceso de Bolonia», un supuesto proceso de renovación pedagógica integral protagonizado por los mismos profesores que ya había, que cuentan con menos medios para impartir unas titulaciones de calidad inferior -si ello fuera posible- a las que ya había.

Ese sistema de control de los planes de estudio diseñado por la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad) no mejora la realidad de la enseñanza, pero sí permite el control creciente de la mayoría de los profesores funcionarios por parte de una minoría, también formada por funcionarios, como señalan Angulo Rasco y Redon Pantoja (2010, p. 16):

"Las competencias sitúan a los docentes en un plano técnico, es decir, los descualifican profesionalmente; al traducir en forma transparente -medibles, cuantificables y acumulables- las habilidades profesionales, las estamos exponiendo al control de los gestores, a su mercantilización y a la descualificación neoliberal de la profesión docente; una, como decía, vuelta política al más burdo taylorismo".

Estos nuevos sistemas de control, rígidos hasta la esclerosis, se presentan en un lenguaje ideológico, en el sentido clásico de la palabra, es decir, en un lenguaje en el que la realidad aparece invertida. Como cuando Daniel Peña, encargado por el PSOE de elaborar y coordinar un magno estudio, realizado por la Fundación Alternativas y presentado al Congreso de los Diputados, bajo el título Propuestas para la reforma de la universidad española, afirma que con Bolonia «la formación en ciclos hace también posible que un estudiante haga un grado en ingeniería, un máster en psicología y un doctorado en humanidades, favoreciendo los enfoques multidisciplinarios e innovadores» (Peña, 2010, p. 8), a pesar de que este mismo autor afirma que el interés básico de las humanidades consistirá en la formación de los jubilados (p. 10), aunque no se sabe si esos jubilados estudiarán humanidades en el nivel de doctorado o en otros algo más simple.

 

El panorama que se avecina en España es el de una reforma, avalada por el PSOE y el PP, que en nombre del mercado libre y la igualdad intentará conseguir que unos pocos funcionarios se hagan con el control de las universidades públicas y faciliten la entrada en ellas de la banca, mediante los mecanismos del endeudamiento, como se podrá ver en las páginas posteriores.

Para defender esta propuesta se apela a toda clase de argumentos torcidos. Se dice, por ejemplo, que en España los hijos de los universitarios acceden 4,5 veces más a la universidad que los de los no universitarios (Peña, 2010, p. 14), pero no se dan estadísticas de otros países, objeto de admiración de los neoliberales y los nuevos socialistas, como los EEUU. Se sostiene que las tasas académicas bajas son antidemocráticas porque exigen financiación pública y privilegian a los que estudian frente a los que no lo hacen, dando a entender que tasas de 9.000, 10.000 euros o 25.000 dólares, como las de las mejores universidades norteamericanas, son más democráticas si se financian con préstamos.

Por ello, en este documento socialista que pretende anunciar el futuro, se pide claramente que se liberalicen las tasas, porque ello favorece la igualdad, que se acorte la duración de los grados y se privilegien los másteres, que se jerarquicen las universidades y se desfuncionarice a los profesores, de modo tal que una minoría de funcionarios pasaría a desfuncionarizar a la mayoría (Dolado, 2010, pp. 13-27). Y no se habla de privatizar o vender las universidades públicas porque todo el mundo sabe que nadie estaría dispuesto a comprar ninguna.

Se hace demagogia afirmando que en España sobran estudiantes, porque por cada alumno de Formación Profesional hay 2,5 universitarios, mientras que en Alemania la ratio es 1/1, pero no se dice que Alemania posee un gran tejido industrial que absorbe a los alumnos de esa formación profesional, y España no.

Se defiende, y ello se podrá ver con todo detalle a lo largo del libro, que las universidades están demasiado orientadas a la docencia, lo que no es verdad aunque lo diga J. J. Guinovart (Guinovart, 2010, pp. 91-102), y que habría que orientarlas a la investigación, jerarquizarlas y privilegiar a unas pocas, dejando a muchas como universidades meramente locales (se supone que en algunas autonomías poco poderosas).

 

Pero esas jerarquizaciones, que se basan en rankings que los propios defensores de este tipo de propuestas reconocen que son totalmente discutibles, deben ser llevadas a cabo por unas nuevas elites de funcionarios docentes e investigadores, los grupos de excelencia, que se definen de este modo en palabras de D. Peña (2010, p. 149):

"Como el sistema de gobierno es participativo, los grupos de excelencia son muy minoritarios y los votos de todos los que pertenecen a un mismo estamento tienen el mismo peso. Esta heterogeneidad de nuestros centros hace difícil tomar decisiones que favorezcan la excelencia y favorece las alianzas de intereses para hacer prevalecer los intereses generales sobre los particulares".

Los profesores que se conceden a sí mismos la excelencia, pues son a la vez evaluadores y evaluados, se sienten preteridos, amenazados por una especie de rebelión de las masas que les dificulta la consolidación de su control de casi todos los recursos académicos y financieros, y por ello comienzan a pergeñar un nuevo sistema -que se anuncia ya- de universidades públicas, gobernadas por «consejos directivos o de administración» (Ferrer, 2010, pp. 27-37), consejos de administración de unas instituciones públicas cuyos miembros parecen creer que se van a convertir en sus futuros dueños sin pensar en modo alguno en comprarlas.

La pobreza del discurso académico sobre la universidad y la pasión tecnocrática, pseudocientífica y verbal de algunos profesores llega al extremo de intentar analizar, como en el caso de una antigua rectora, a las universidades como dinamizadoras territoriales (Gómez Mendoza, 2010, pp. 61-91), como si las necesidades de la ordenación urbana fuesen variables independientes a las que el diseño de las universidades y su creación debiesen someterse, de acuerdo con la nueva ciencia de la planificación académica.

 

Las universidades españolas tendrán que enfrentarse a la crisis, como todas las del resto del mundo, pero en la realidad de la España de las autonomías y sus universidades públicas, las autoridades políticas y académicas sólo parecen ser capaces de ofrecer soluciones delirantes, como la de D. Peña, cuando diseña las universidades locales, internacionales y orientadas a Latinoamérica (Peña, 0, p. 149) en ese texto magistral del PSOE, sin decir cómo va a conseguir quitarles las competencias en educación a las 17 autonomías españolas y lograr que algunas de ellas consientan en hacerse el haraquiri.

***

Este libro, escrito en el año 2011, es una continuación de otro anterior, La fábrica de la ignorancia. La universidad del como si, escrito en el año 2008, cuando la crisis económica era apenas una amenaza en el horizonte. Las circunstancias básicamente siguen siendo las mismas, pero la continuación del texto anterior está justificada no sólo por lo que hay ya de nuevo, sino también porque lo que ahora se aborda es el problema del gobierno de las universidades y de la legitimidad académica, intentando a la vez hacer una propuesta de mínimos para restaurar el equilibrio académico, propuesta que precisamente por su sencillez y su carácter más que evidente no tiene el menor viso de ser aceptada por quienes desde su verbalismo han conseguido elevar la maquinación académica a la cumbre del sistema de las malas artes.

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