Ecuador: los profetas del desastre comunicacional amenazan
Alberto Maldonado S.*
Con cara de circunstancias, como que anunciaran el fin del mundo o hicieran algún anuncio a nombre del Oráculo del Ecuador, tres asambleistas de ultra derecha (César Montúfar, Cynthia Viteri y Lourdes Tibán) se presentaron en rueda de prensa y anunciaron que, en vista de que la Comisión legislativa que tramita el proyecto de ley de comunicación “no había tomado en cuenta sus propuestas”, se avecinaba para el Ecuador la hecatombe, la “ley mordaza” que se traducirá en un “ataque a la libertad de expresión”.
Desde luego, informadores y comentadores de prensa, radio y televisión sipianos (de la SIP-CIA) se hicieron eco, esa misma tarde (martes 1 de junio/2010) y al siguiente día para “condenar a los asambleistas de mayoría por tamaño desacato”. Y para anunciar, casi con júbilo, que “por fortuna” el sector “gobiernista” (de Alianza País y afines) no tiene los votos necesarios (63) para aprobar la ley, aunque tampoco ellos tienen los votos suficientes para negarlo. En cuyo caso, los sipianos aspiran a que el proyecto de ley de comunicación (un mandato constitucional) quedará en el limbo; y el limbo ya no es reconocido ni siquiera por la Iglesia Católica.
Sin antecedentes, ni históricos ni actuales
¿Podrá darse esa situación de ataque contra la libertad de expresión (la de los medios comerciales, por su puesto) si se aprueba la ley como los sipianos no la quieren? ¿De qué libertad de expresión estamos hablando? De creerles a tan connotados “demócratas y librepensadores” si la ley pasa como está concebida por la mayoría comisional, el Ecuador entraría en esa peligrosa espiral de la censura de prensa, del cierre de medios y quizá la persecución de periodistas y librepensadores. ¿Hay algún síntoma que nos lleve a semejante posibilidad”
Si revisamos muy brevemente la historia nacional, especialmente desde que Eloy Alfaron instauró el estado laico y el liberalismo machetero en nuestro país, no se registra un período dictatorial o tiránico que haya pretendido imponer por las fuerza sus puntos de vista en medios de comunicación, especialmente impresos que han sido los que han imperado en el Ecuador desde fines del siglo 19 y hasta los comienzos del 21. Por supuesto, en Ecuador se han dado situaciones de fuerza contra determinados periódicos y radios, pero han sido hechos aislados como los protagonizados durante los velasquismos. Y no hay que olvidar que el doctor Velasco Ibarra, siendo un conservador pero con una gran formación política liberal, “gozaba de la antipatía” de los principales matutinos hasta el punto que les llegó a calificar de “prensa venal y corrompida”
¿Quizá en los tres años que llevamos del gobierno de Rafael Correa se han dado hechos o síntomas de que trata de imponer su “revolución ciudadana” a sangre y fuego? Si ello hubiese ocurrido, con seguridad, lo hubiéramos sabido y lo hubiésemos denunciado; y con seguridad también, las fuerzas de acción popular se hubiesen movilizado y, a lo mejor, Correa ya no estuviera en el palacio de gobierno. Porque la movilización popular en el Ecuador como que ha adquirido una patente de acción política y, por algo mucho menos impactante que el cierre de un medio (el asesinato de un periodista, la censura previa) habría salido a las calles y hubiese botado al déspota. Como les ocurrió a Abdalá (1997), al democristiano Mahuad (2000), al coronel Lucio Gutiérrez (2005) aunque no precisamente por cuestiones comunicacionales.
¡Qué no hubiesen dado los sipianos porque se dé por lo menos un caso en este sentido! Y provocaciones no han faltado. Solo hay que revisar la auto llamada “prensa seria” y grabaciones de canales de televisión y redes radiales, para determinar que, desde hace tres años, todos los días, a toda hora, han dicho de Correa “samba canuta” como lo comentaría un hombre del pueblo.
Pero Correa, seguramente aguantándose las ganas de reaccionar con furia ante tanta mentira, ha sido mas bien cauto; y se ha limitado a desmentirles y aclararles a los autores de mentiras, tergiversaciones, manipulaciones, interpretaciones, en sus alocuciones sabatinas, agregándole algún calificativo “sonoro” (el “diario el perverso”, por ejemplo, para referirse al diario El Universo de Guayaquil). De manera que a los sipianos no les ha quedado más remedio que endosarle supuestas “agresiones verbales” y una actitud “de riesgo contra la libertad de expresión”.
Esa tarea está a cargo de los asambleistas ultramontanos y de una tal (¿o de un tal? ya que no se sabe si es macho o hembra) Fundamedios, que nadie sabe de dónde apareció, quién lo financia, quién lo ha designado, pero que se ha dedicado a llevar una cuenta de las veces que Correa ha calificado a la prensa de “corrompida” y a los periodistas de “mediocres” y a elaborar un listado de supuestos agravios en contra de los medios. En cambio, esta (¿o este?) Fundamedios no ha llevado la cuenta de las veces que le han mencionado “con cariño pero con pasión” los medios sipianos al Presidente Correa.
Lo uno es un atentado y una amenaza contra la libertad de expresión. Lo otro, un “derecho ciudadano que se inscribe en la libertad de expresión”
Las razones del lobo
Uno de los argumentos más socorridos contra el presidente Correa es compararlo con el Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, a quien califican acá y allá de “tirano” y de enemigo de la libertad de expresión. Se supone que TELESUR es la cadena televisiva programada por la revolución bolivariana para tratar de convencer a los latinoamericanos que la experiencia venezolana es positiva y que lo que nos conviene es el “socialismo siglo 21, y que Globovisión, siendo un canal de la televisión privada venezolana. “se las juega” denunciando las incompetencias y corruptelas del “dictador”.
Da la casualidad que estas dos señales se las puede sintonizar con solo hacer un clic en Direct Tv. Y quienes lo hagan, encontrarán que ni telesur es un cansino boletín del régimen chavista o una ventana en contra de la rabiosa y sobre todo escandalosa oposición ultra derechista venezolana; ni Globovisión es un canal que se mida respecto de sus críticas y denuncias contra el régimen chavista y en sus entrevistas a opositores de Chávez. Lo que quiere decir que en Venezuela no hay un ambiente de sumisión o de retaliación contra medios o periodistas. Igual que en Ecuador.
Por ello y por mucho más, es muy poco probable que se dé el “desastre libertario” anunciado por los tres asambleistas de ultra derecha ya que en este país, pequeño, andino, cercado, sin embargo hay una ya larga historia de respeto al criterio ajeno. Lo que si ha comenzado a advertir es que medios y periodistas sipianos defienden intereses concretos y están muy lejos de ser “independientes” como no sea de los intereses populares y ciudadanos.
¿En qué se basan para augurar el desastre?
No lo dicen, por pudor político y a lo mejor por vergüenza ajena, pero las verdaderas razones de esta oposición a que se apruebe una Ley de Comunicación, que siendo respetuosa de las libertades públicas y privadas, por lo menos establece le rinda cuentas a la ciudadanía y deje de mentir, tergiversar, manipular. Lo contrario si que sería lamentable y reprochable.
Lo que tampoco dicen es que una legislación punitiva para los delitos de injuria, calumnia, acusaciones falsas y otras infracciones de este tipo, existe en el Ecuador desde hace muchos años. Solo que ha sido un recurso judicial tan complejo y caro, en el ámbito de los delitos e infracciones cometidos a través de medios de comunicación, que pocos lo han usado. En consecuencia, lo que persiguen los asambleistas sipianos es aprovecharse de esta ley para “despenalizar” la libertad de expresión, ya que ellos consideran que las mentiras, las tergiversaciones, las acusaciones infundadas, los rumores, las falsas fuentes de información, deben merecer la más absoluta impunidad. De esta manera, ellos pueden sostener el sistema y, sobre todo, la sociedad de consumo
En el Colegio de Periodistas de Pichincha (uno de los organismos creados por Ley) se estima que debe ser lo contrario; que los asambleistas deben aprovechar esta ley para ratificar que es un derecho de los ecuatorianos y ecuatorianas, el poder demandar a un medio comunicacional por injurias, acusaciones infundadas, mentiras; y que más bien, el Estado debe ampliar la base de procedimientos a fin de que cualquier persona pueda interponer un recurso judicial contra medios comunicacionales, demandándoles rectificaciones o indemnizaciones; o penas de cárcel por delitos cometidos (no por cometerse) en el ejercicio de su libertad de expresión y de información.
Pero este es solo un punto de controversia. El otro, es la constitución de un Consejo de Comunicación que sería la instancia administrativa que tendría a su cargo el control y seguimiento de medios de comunicación (no por sus contenidos) y para ejercer sanciones administrativas o pecuniarias que no podrán llegar al cierre ni temporal ni permanente de un medio.
Según los asambleistas sipianos y sus asesores, en este Consejo no debe haber representación alguna del Ejecutivo, como si esta función del Estado fuera de Marte. Es obvio que en un organismo rector de la comunicación debe estar una representación del Ejecutivo ya que este es parte fundamental del haber comunicacional aquí o en la Cochinchina; y por lo tanto no puede estar fuera de él.
El Colegio propone que este organismo, con sus potestades y limitaciones bien definidas, debe estar en manos del Consejo de Participación Ciudadana, un nuevo organismo creado por la Constitución en vigencia, que establece y da funciones específicas a esa entelequia llamada “ciudadanía” que ha sido siempre un membrete en los procesos electorales; y una invocación de los actores políticos, especialmente de la burguesía en el poder, para justificar acciones u omisiones precisamente contrarias a la ciudadanía.
Ésta es pues una experiencia nueva en el Ecuador; por lo tanto, bien pudiera ser el mecanismo idóneo para una tarea semejante. Además, podría ser una experiencia enriquecedora para adjudicar a esta nueva función otras funciones de control y de auditorías.
Otro punto relacionado con estas discrepancias, es el de la profesionalización de los periodistas. Los asambleistas sipianos pretenden también aprovecharse de la ley para dejas sin efecto la Ley de Ejercicio Profesional del Periodista, un cuerpo legal logrado desde septiembre 30/1975. Esta es una importantísima conquista del periodismo ecuatoriano que la gran comunicación sipiana ha tratado de desconocerla desde que fue dictada. En la práctica, esta ley, que propendía la superación académica de los periodistas ecuatorianos (no por gusto el mismo sector privado ha proliferado la formación de escuelas y facultades de comunicación en universidades privadas) ha tropezado con el muy limitado criterio empresarial que pretende mejorar sus réditos (por algo son empresas) sobre la base de una relación laboral con sus periodistas, menos que aceptable, menos que digna. Además, de esta manera, los sipianos se reservan “el derecho” a controlar los contenidos en sus espacios periodísticos.
En fin, una crónica periodística no da para un análisis completo del tema comunicacional. Lo único que podemos decir es que esta oposición rabiosa a una necesidad vital de la sociedad actual tiene sus raíces en matrices que vienen de Miami y en posiciones trogloditas y retardatarias. Además, el sistema imperante, que domina la gran comunicación mercantil,. pretende seguir imponiendo a nuestras sociedades ese veneno que ellos mismos se han encargado de calificarlo de “basura”.
Y en esa tarea, están doña Cynthia, doña Lourdes y con César; este ultimo, la cabeza visible de lo que Eva Golinger ha denunciado, con pelos y señales, en su Telaraña imperial.
* Periodista.
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