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México en el Bicentenario de la Independencia y en el Centenario de la Revolución
Cuauhtémoc Cárdenas
03/01/10
Con motivo del comienzo de los actos conmemorativos del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana, la Barra del Colegio de Abogados de México invitó a disertar al Ing. Cuauhtémoc Cárdenas, quien nos remitió el texto de su conferencia para ser publicado en Sin Permiso. .
Agradezco a los miembros de la Barra Nacional de Abogados la invitación que me han hecho para acompañarlos hoy que dan comienzo a las actividades que llevarán a cabo con motivo del Bicentenario del inicio de la Independencia y del Centenario del inicio de la Revolución Mexicana, aniversarios de dos de los grandes movimientos sociales que registra la historia de nuestro país, decisivos en la conformación de nuestra nación y nuestra nacionalidad.
Con motivo de estos centenarios, hay quienes hablan de celebración y hay quienes hablan de conmemoración, y viendo al México que hoy tenemos, habría que empezar por decirnos, teniendo en mente los objetivos de esos dos grandes movimientos reivindicadores, que poco o nada hay que celebrar, poco o nada que festejar, y mucho que conmemorar, mucha memoria que hacer para revisar cuales de sus objetivos se han cumplido y cuales tenemos aun como pendientes.
De la lucha por la independencia recoge nuestro derecho los principios que la soberanía de la nación reside en el pueblo y que éste la ejerce al través de las instituciones que el mismo se da, principios de los que nacen la propia independencia y nuestra democracia. Esa misma lucha reivindica el derecho de todo hombre a ser libre y reconoce a todos como iguales, a partir de que Hidalgo decretara la abolición de la esclavitud en Guadalajara, el 29 de noviembre de 1810.
Hidalgo mismo empieza a imaginar una nación independiente y justa, así como un orden internacional equitativo y de paz, cuando plantea la constitución de un congreso cuyas leyes “destierren la pobreza, moderando la devastación del reino y la extracción de su dinero; fomenten las artes y la industria para que los mexicanos podamos hacer uso libre de las riquísimas tierras de nuestro país”. (1)
En 1808 España estaba invadida y ocupada por las tropas napoleónicas y los reyes habían sido forzados a abdicar en favor del hermano del Emperador, al que éste sostenía contra el pueblo y sólo con la fuerza de las bayonetas.
El rey y su heredero se habían entregado en actitud pusilánime y derrotista al invasor extranjero, pero las colonias americanas se negaron a reconocer al monarca impuesto y ante la falta de su soberano, reclamaron la restitución de la legitimidad dinástica y sostuvieron que la soberanía residía en el pueblo y se ejercía por las instituciones que éste había constituido. Por otra parte, en sectores importantes de la vida pública se cobró conciencia que la relación de dependencia de la metrópoli se daba al través del rey, de ninguna otra persona y de ninguna otra institución española, por lo que voceros distinguidos de esa corriente declararon que la representación popular radicaba en los Cabildos y reclamaron que éstos debían asumir las plenas funciones de la autoridad, empezando a plantearse la separación de la corona.
Así, en México, Nueva España entonces, Juan Francisco Azcárate y Ledezma, Regidor del Ayuntamiento de la capital, expresaba que “[Por] su ausencia o impedimento [del rey], reside la soberanía, representada, en todo el reino y las clases que lo forman, y con más particularidad en los tribunales superiores que lo gobiernan, administran justicia, y en los cuerpos que llevan la voz pública…” Ideas que recoge el Ayuntamiento en pleno, añadiendo que el nombramiento del virrey correspondía al reino “representado por sus tribunales y cuerpos, y [a] esta metrópoli [la ciudad de México] como su cabeza”. (2)
Melchor de Talamantes, argumentando en apoyo del Ayuntamiento, sostenía que cuando falta el rey, “la nación recobra inmediatamente su potestad legislativa, como todos los demás privilegios y derechos de la corona” y por su parte, Francisco Primo de Verdad, Síndico del Ayuntamiento, declaraba que “[Dos] son las autoridades legítimas que reconocemos: la primera es de nuestro soberano, y la segunda de los ayuntamientos, aprobada y confirmada por aquél. La primera puede faltar, faltando los reyes…, la segunda es indefectible por ser inmortal el pueblo”. (3)
Estas ideas la afinó aun más fray Servando Teresa de Mier, cuando expresó que “conservaron los reyes en su fondo nuestras leyes fundamentales, según las cuales las Américas son reinos independientes de España sin otro vínculo con ella que el rey…, dos reinos que se unen y confederan por medio del rey, pero que no se incluyen”. En efecto, los soberanos –sostenía fray Servando- concedieron a la Nueva España todos los derechos de un reino independiente, la dotaron de sus propias Cortes, de su Consejo de Indias, separado del Consejo de Castilla, de su propia jurisdicción eclesiástica, etc. El único vínculo reconocido entre América y España era el soberano y cada país se gobernaba como si éste no fuera común, sino propio de cada reino. (4)
Estos hombres, Francisco Primo de Verdad, Melchor de Talamantes, Juan Francisco Azcárate y Ledezma, Servando Teresa de Mier, de los que sólo estos dos últimos verían la transformación de la Nueva España en el México independiente, estarían contribuyendo con las razones jurídicas e históricas que darían legitimidad y sustento moral a nuestra independencia y con una muy valiosa aportación al desarrollo ulterior de nuestro derecho constitucional.
Pero volvamos a la colonia, que vivía tiempos revueltos. La autonomía pretendida por el Ayuntamiento lo enfrentó con la Real Audiencia y los intereses de las clases pudientes, que mediante un golpe de mano acabaron por imponerse al enviar a prisión a los autonomistas del Ayuntamiento, depusieron al virrey, designaron nuevo virrey y declarativamente mantuvieron su relación de dependencia con la dinastía destronada.
Es en ese estado de confusión, que el 16 de septiembre de 1810, Hidalgo convoca a restablecer la legitimidad en la nación y a echar abajo al mal gobierno, levantando así a miles de mexicanos que desencadenaron la que habría de ser la primera gran revolución de un pueblo en la América Latina.
Poco dura la lucha de Hidalgo y sus primeros seguidores. La bandera de la independencia la retomaría el gran Morelos, que se propondría ya no recuperar el trono para el monarca destronado, sino lograr la separación plena de la corona, esto es, la independencia de la América mexicana, y daría al movimiento contenido igualitario y democrático.
“Que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales, que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto…” escribió Morelos como punto 12° de sus “Sentimientos de la Nación” , (5) escrito fundacional, cimiento de nuestro derecho constitucional, que tuvo su primera expresión en el Decreto Constitucional de Apatzingán, del 22 de octubre de 1814, en el que se decretó la independencia de la nación y se afirmó que “la soberanía reside originariamente en el pueblo y su ejercicio en la representación nacional compuesta de diputados elegidos por los ciudadanos” (Art. 5°); el que definía a la ley como “la expresión de la voluntad general en orden a la felicidad común” (Art. 18) y explicaba que esa felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos consistía “en el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad…” (Art. 24). (6)
Dando un salto en la historia y cruzando por las Leyes de Reforma, que concedieron la libertad de conciencia a los mexicanos y que tratándose de aniversarios andan ahora por el 150, llegamos a la Revolución Mexicana.
El antecedente ideológico más importante de la Revolución lo constituye sin duda, el Programa del Partido Liberal, del 1 de julio de 1906, que con el sello fuerte de Ricardo Flores Magón deposita su confianza en el proceder del pueblo: “Lo que no es más que un principio, lo que no puede decretarse, sino debe estar siempre en la conciencia de los hombres liberales, no figura en el Programa –se dice en el mismo-, porque no hay objeto para ello… siendo rudimentarios principios de liberalismo que el Gobierno debe sujetarse al cumplimiento de la Ley e inspirar todos sus actos en el bien del pueblo, se sobreentiende que todo funcionario liberal ajustará su conducta a este principio. Si el funcionario no es hombre de conciencia ni siente respeto por la Ley, la violará… No se puede decretar que el gobierno sea honrado y justo: tal cosa saldría sobrando, cuando todo el conjunto de las leyes, al definir las atribuciones del gobierno, le señalan con bastante claridad el camino de la honradez; pero para conseguir que el gobierno no se aparte de ese camino, como muchos lo han hecho, sólo hay un medio: la vigilancia del pueblo sobre sus mandatarios”. (7)
En ese mismo programa se plantea la no reelección del presidente y los gobernadores, la abolición de la pena de muerte, la laicidad y obligatoriedad de la enseñanza, la jornada de trabajo de 8 horas, el salario mínimo, la reglamentación del trabajo doméstico, la obligación de proporcionar vivienda a los trabajadores, la obligación de hacer producir la tierra, la entrega de tierra a quien lo solicitara para ser trabajada, la extensión máxima de la propiedad rural, la creación de un banco agrícola, el establecimiento de lazos de unión con los países latinoamericanos, principios que serán recogidos por otros luchadores revolucionarios y plasmados en lo fundamental en la Constitución de 1917.
Esta Carta, la primera constitución social de nuestros tiempos, delinea un proyecto de país que reafirma que la soberanía de la nación reside en el pueblo y que de éste surge todo poder público, el que instituye para su propio beneficio, que recupera para la nación el dominio pleno de su territorio y de sus recursos naturales, condiciona las modalidades de la propiedad al interés público, restituye las tierras a las comunidades despojadas de ellas, reconoce derechos a los trabajadores, establece la laicidad de la educación pública, prohíbe los monopolios, salvo los que reconoce como instrumentos del Estado, y garantiza el pleno ejercicio de las libertades individuales.
La Revolución Mexicana, que recoge lo esencial de los legados de otras luchas libertarias del pueblo mexicano, de manera destacada del movimiento por la Independencia y de la Reforma, se propuso la edificación de una nación independiente, con capacidad para ejercer con plenitud su soberanía, de un Estado democrático y de una sociedad igualitaria, en un orden internacional equitativo, pacífico y justo.
La Independencia, la Reforma y la Revolución provocaron grandes transformaciones en nuestro país, de sus instituciones, la sociedad y la economía. Ninguno de estos movimientos tuvo un desarrollo lineal. En su devenir, dieron logros positivos a los mexicanos: mejores instituciones, avances políticos y progreso social y económico. Desviaciones impuestas por intereses contrarios a sus objetivos fundamentales los llevaron a puntos ciegos, al estancamiento, a la destrucción al menos parcial de su obra constructiva, repitiendo, con las peculiaridades derivadas de los cambios de época y los reacomodos de fuerzas políticas y económicas en México y en el mundo, las condiciones de descrédito y rechazo al régimen político, deterioro social y retroceso productivo que fueron las chispas que en su momento constituyeron los detonadores de aquellos movimientos.
No quiero con ello decir que nos encontramos al borde de un estallido ni menos, en un sentido determinista, que por la llegada de una fecha deban producirse hechos determinados. En la historia no existen los destinos manifiestos ni las repeticiones mecánicas, pero estaremos de acuerdo, independientemente de nuestras particulares visiones, que México se encuentra en momentos graves en que precisa cambios, cambios profundos en sus condiciones sociales y económicas, en sus instituciones y en sus relaciones con el mundo, que mucho tienen que ver con aspiraciones planteadas por nuestros grandes movimientos sociales que han quedado en eso, en aspiraciones y para decirlo mejor, en aspiraciones no cumplidas.
México es hoy un país sumamente desigual, con una pobreza creciente y una economía estancada como consecuencia de treinta años de neoliberalismo, con fuerte descrédito de sus políticos, con un gobierno distante del pueblo y con su autoridad moral cada vez más disminuida, corroído por la corrupción y una delincuencia cada día más desbordada.
El gobierno reconoce que 47 por ciento de los mexicanos más de 50 millones, no cuentan con ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas y que de éstos, 18 por ciento, casi 20 millones, están incapacitados para adquirir la canasta alimentaria básica. Sólo en los años de la presente administración, hay seis millones más de mexicanos en condiciones de pobreza.
La desigualdad social puede apreciarse en el hecho que el 1 por ciento de los hogares más pobres del país concentra el 0.07 por ciento (7 centésimas) del ingreso, mientras que al 1 por ciento de los hogares más ricos llega el 9.2 por ciento de ese ingreso, esto es 131.43 veces más. (8) Muy lejos se está de la moderación de la opulencia y la indigencia a la que aspiraba Morelos.
En lo que va del siglo, y de hecho desde hace tres décadas en las que se siguen con rigor los lineamientos dictados por los Consensos de Washington, nuestra economía ha crecido con gran lentitud y la actual crisis mundial, sumada a una política económica oficial contraria al interés nacional, harán que en este año se produzca un decrecimiento de alrededor del 8 por ciento respecto al PIB, la mayor caída en la historia moderna del país, que ha provocado ya la pérdida de casi un millón de empleos formales y una desocupación que oficialmente afecta a 2 800 000 personas, aunque a decir de Humberto Musacchio, “[Los] números reales deben ser mucho mayores, pues el INEGI no considera desocupados a los que se incorporan a la economía informal o a quienes laboran unas cuantas horas a la semana, ni tampoco a los seis y medio millones de personas en edad de trabajar que no buscan empleo. Sin embargo, si se suma a este universo el de los jóvenes que llegan a edad laboral pero carecen de ocupación, el total de mexicanos sin empleo anda cerca de los 20 millones”. (9)
Los años de neoliberalismo económico y entreguismo político han sido años de desmantelamiento de sectores productivos clave, como la agricultura y la empresa mediana y pequeña, la mayor generadora de ocupación; de privatización y extranjerización de servicios básicos, como la banca, que ha dejado así de servir al desarrollo del país; de consolidación de poderosos monopolios privados, en el área de la comunicación destacadamente; y de extinción de instituciones y servicios públicos, como la banca de fomento y el extensionismo agrícola, para sólo citar algunos ejemplos, que hoy se ven como indispensables para la recuperación de un crecimiento económico sostenido en el largo plazo y para generar políticas de mejoramiento social.
En la situación por la que atravesamos, es indispensable que el Estado asigne más recursos y tome medidas concretas para la reactivación de la economía, la protección del empleo existente, la creación de nuevos puestos de trabajo, esto es, para elevar las condiciones de bienestar de la gente y para estimular la producción, la economía real.
Iniciada con solidez la recuperación económica, debe ponerse en práctica una política que garantice un crecimiento económico sostenido en el largo plazo, social y ambientalmente sustentable, y coordinadamente, una política social que permita avanzar en la disminución, hasta llegar a eliminarlas, de las desigualdades sociales y las diferencias en la calidad de los desarrollos regionales y urbanos.
Seriamente debe pensarse en una verdadera y profunda reforma fiscal, que sea resultado de un pacto social, llevado a cabo democráticamente entre los factores de la producción –trabajadores, empresa y gobierno-, que aporte los recursos que el país requiere para financiar su desarrollo, que tenga entre sus contraprestaciones para la población, la universalización del sistema de seguridad social (esto es, de atención a la salud, pensión, seguro de desempleo, etc.), financiado con recursos fiscales y consecuentemente desvinculado de la nómina.
Es imprescindible, además, iniciar lo que bien puede llamarse la reconstrucción institucional del Estado, considerando la legislación necesaria para hacer exigible ante el Estado el pleno ejercicio de los derechos constitucionales del ciudadano (al trabajo, a la salud, a la vivienda, etc.), la creación, reconstitución o reorganización de instituciones que den orden a las actividades del gobierno, apoyen el desarrollo de la economía y fomenten el bienestar de la sociedad, así como la desarticulación de los monopolios inhibidores del desarrollo.
Ante abogados no puede omitirse hacer mención a la necesidad de saneamiento de todo el sistema de justicia, de su procuración y administración, lo que se vincula al combate a la inseguridad, la corrupción y a todos los demás tipos de delincuencia. Pero mejor que yo, en este punto, ustedes tienen la palabra.
Estamos frente al reto y con la responsabilidad como generación, no sólo de imaginar, sino de construir una nación como la soñaron –y por la que con denuedo lucharon con las armas, con las ideas, la palabra y la pluma, transformando y construyendo instituciones y acuerdos- los actores que el pueblo libertario puso al frente de los movimientos por la Independencia, la Reforma y la Revolución, actualizando sus visiones para transformarlas en realidades.
Una nación de hombres libres e iguales ante el Estado, la ley y la sociedad, exige no sólo cambiar la situación que actualmente vive México, sino empeñarnos también en lograr un orden internacional equitativo y justo, y en insertarnos en las corrientes positivas de la globalización y de la integración que están teniendo lugar en el mundo y sobre todo, en nuestro continente.
Con el vecino del norte tenemos una estrecha relación, que es indispensable se torne equitativa. Las últimas administraciones, las del neoliberalismo, han deliberadamente ignorado al sur.
México requiere vincularse en los dos sentidos. Plantear un acuerdo continental de desarrollo, que abarque desde el Canadá hasta la Patagonia, que considere instrumentos que fomenten una cooperación para todos ventajosa, que se proponga disminuir hasta eliminar las asimetrías económicas, fomentar la igualdad social y garantizar el libre tránsito de mercancías y personas, y plantear al mismo tiempo la integración política con América Latina, a modo de constituir, en esta época de los grandes bloques político-económico-demográficos, que son los que aprovechan con ventajas las corrientes positivas de la globalización –Estados Unidos, la Unión Europea, China, Rusia, son ejemplos de ello-, un bloque que tenga la capacidad para insertarse y para insertarnos en esas corrientes, que tendrían que ser las de la cooperación y complementación equitativas y solidarias con todos los demás.
Asumir el reto de transformar el presente de degradación y desesperanza en un presente de edificación y optimismo, será garantizar un futuro, inmediato y mediato, de igualdad, progreso y bienestar, y será sobre todo, cumplir como generación de hoy con el legado histórico que hemos recibido de quienes entregaron sangre, vida, talento y esfuerzo en la Independencia, la Reforma y la Revolución para crear un México independiente y soberano, de libertades, democrático, justo y generoso con sus hijos.
Notas: 1/ Agustín Cue Cánovas: “Historia social y económica de México”. Editorial F. Trillas, S. A. México 1967. 2/ Luis Villoro: “La revolución de independencia” en “Historia general de México”. El Colegio de México. 1994. 3/ Luis Villoro: “La revolución de independencia”. 4/ Luis Villoro: “La revolución de independencia”. 5/ José María Morelos y Pavón: “Sentimientos de la Nación” en “Manuscrito Cárdenas”. Instituto Mexicano del Seguro Social. México. 1980. 6/ “Decreto Constitucional para la libertad de la América Mexicana” en “México a través de los siglos”. Obra única en su género publicada bajo la dirección del general don Vicente Riva Palacio. México/Ballescá y Comp. Editores. Barcelona/Espasa y Comp. Editores. 7/ “Programa del Partido Liberal” en “Planes políticos y otros documentos”. Fondo de Cultura Económica. 1954. 8/ José Narro: “Hacia la universalización de la seguridad social”. México, junio del 2009. 9/ “Excelsior”, 6 de agosto del 2009.
Cuauhtémoc Cárdenas, ingeniero, es un dirigente histórico de la izquierda mexicana. Su padre, el general Làzaro Cárdenas tuvo una política de extremada solidaridad con la república española en guerra y, luego, con los republicanos exiliados en México.
http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=3004
Agradezco a los miembros de la Barra Nacional de Abogados la invitación que me han hecho para acompañarlos hoy que dan comienzo a las actividades que llevarán a cabo con motivo del Bicentenario del inicio de la Independencia y del Centenario del inicio de la Revolución Mexicana, aniversarios de dos de los grandes movimientos sociales que registra la historia de nuestro país, decisivos en la conformación de nuestra nación y nuestra nacionalidad.
Con motivo de estos centenarios, hay quienes hablan de celebración y hay quienes hablan de conmemoración, y viendo al México que hoy tenemos, habría que empezar por decirnos, teniendo en mente los objetivos de esos dos grandes movimientos reivindicadores, que poco o nada hay que celebrar, poco o nada que festejar, y mucho que conmemorar, mucha memoria que hacer para revisar cuales de sus objetivos se han cumplido y cuales tenemos aun como pendientes.
De la lucha por la independencia recoge nuestro derecho los principios que la soberanía de la nación reside en el pueblo y que éste la ejerce al través de las instituciones que el mismo se da, principios de los que nacen la propia independencia y nuestra democracia. Esa misma lucha reivindica el derecho de todo hombre a ser libre y reconoce a todos como iguales, a partir de que Hidalgo decretara la abolición de la esclavitud en Guadalajara, el 29 de noviembre de 1810.
Hidalgo mismo empieza a imaginar una nación independiente y justa, así como un orden internacional equitativo y de paz, cuando plantea la constitución de un congreso cuyas leyes “destierren la pobreza, moderando la devastación del reino y la extracción de su dinero; fomenten las artes y la industria para que los mexicanos podamos hacer uso libre de las riquísimas tierras de nuestro país”. (1)
En 1808 España estaba invadida y ocupada por las tropas napoleónicas y los reyes habían sido forzados a abdicar en favor del hermano del Emperador, al que éste sostenía contra el pueblo y sólo con la fuerza de las bayonetas.
El rey y su heredero se habían entregado en actitud pusilánime y derrotista al invasor extranjero, pero las colonias americanas se negaron a reconocer al monarca impuesto y ante la falta de su soberano, reclamaron la restitución de la legitimidad dinástica y sostuvieron que la soberanía residía en el pueblo y se ejercía por las instituciones que éste había constituido. Por otra parte, en sectores importantes de la vida pública se cobró conciencia que la relación de dependencia de la metrópoli se daba al través del rey, de ninguna otra persona y de ninguna otra institución española, por lo que voceros distinguidos de esa corriente declararon que la representación popular radicaba en los Cabildos y reclamaron que éstos debían asumir las plenas funciones de la autoridad, empezando a plantearse la separación de la corona.
Así, en México, Nueva España entonces, Juan Francisco Azcárate y Ledezma, Regidor del Ayuntamiento de la capital, expresaba que “[Por] su ausencia o impedimento [del rey], reside la soberanía, representada, en todo el reino y las clases que lo forman, y con más particularidad en los tribunales superiores que lo gobiernan, administran justicia, y en los cuerpos que llevan la voz pública…” Ideas que recoge el Ayuntamiento en pleno, añadiendo que el nombramiento del virrey correspondía al reino “representado por sus tribunales y cuerpos, y [a] esta metrópoli [la ciudad de México] como su cabeza”. (2)
Melchor de Talamantes, argumentando en apoyo del Ayuntamiento, sostenía que cuando falta el rey, “la nación recobra inmediatamente su potestad legislativa, como todos los demás privilegios y derechos de la corona” y por su parte, Francisco Primo de Verdad, Síndico del Ayuntamiento, declaraba que “[Dos] son las autoridades legítimas que reconocemos: la primera es de nuestro soberano, y la segunda de los ayuntamientos, aprobada y confirmada por aquél. La primera puede faltar, faltando los reyes…, la segunda es indefectible por ser inmortal el pueblo”. (3)
Estas ideas la afinó aun más fray Servando Teresa de Mier, cuando expresó que “conservaron los reyes en su fondo nuestras leyes fundamentales, según las cuales las Américas son reinos independientes de España sin otro vínculo con ella que el rey…, dos reinos que se unen y confederan por medio del rey, pero que no se incluyen”. En efecto, los soberanos –sostenía fray Servando- concedieron a la Nueva España todos los derechos de un reino independiente, la dotaron de sus propias Cortes, de su Consejo de Indias, separado del Consejo de Castilla, de su propia jurisdicción eclesiástica, etc. El único vínculo reconocido entre América y España era el soberano y cada país se gobernaba como si éste no fuera común, sino propio de cada reino. (4)
Estos hombres, Francisco Primo de Verdad, Melchor de Talamantes, Juan Francisco Azcárate y Ledezma, Servando Teresa de Mier, de los que sólo estos dos últimos verían la transformación de la Nueva España en el México independiente, estarían contribuyendo con las razones jurídicas e históricas que darían legitimidad y sustento moral a nuestra independencia y con una muy valiosa aportación al desarrollo ulterior de nuestro derecho constitucional.
Pero volvamos a la colonia, que vivía tiempos revueltos. La autonomía pretendida por el Ayuntamiento lo enfrentó con la Real Audiencia y los intereses de las clases pudientes, que mediante un golpe de mano acabaron por imponerse al enviar a prisión a los autonomistas del Ayuntamiento, depusieron al virrey, designaron nuevo virrey y declarativamente mantuvieron su relación de dependencia con la dinastía destronada.
Es en ese estado de confusión, que el 16 de septiembre de 1810, Hidalgo convoca a restablecer la legitimidad en la nación y a echar abajo al mal gobierno, levantando así a miles de mexicanos que desencadenaron la que habría de ser la primera gran revolución de un pueblo en la América Latina.
Poco dura la lucha de Hidalgo y sus primeros seguidores. La bandera de la independencia la retomaría el gran Morelos, que se propondría ya no recuperar el trono para el monarca destronado, sino lograr la separación plena de la corona, esto es, la independencia de la América mexicana, y daría al movimiento contenido igualitario y democrático.
“Que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales, que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto…” escribió Morelos como punto 12° de sus “Sentimientos de la Nación” , (5) escrito fundacional, cimiento de nuestro derecho constitucional, que tuvo su primera expresión en el Decreto Constitucional de Apatzingán, del 22 de octubre de 1814, en el que se decretó la independencia de la nación y se afirmó que “la soberanía reside originariamente en el pueblo y su ejercicio en la representación nacional compuesta de diputados elegidos por los ciudadanos” (Art. 5°); el que definía a la ley como “la expresión de la voluntad general en orden a la felicidad común” (Art. 18) y explicaba que esa felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos consistía “en el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad…” (Art. 24). (6)
Dando un salto en la historia y cruzando por las Leyes de Reforma, que concedieron la libertad de conciencia a los mexicanos y que tratándose de aniversarios andan ahora por el 150, llegamos a la Revolución Mexicana.
El antecedente ideológico más importante de la Revolución lo constituye sin duda, el Programa del Partido Liberal, del 1 de julio de 1906, que con el sello fuerte de Ricardo Flores Magón deposita su confianza en el proceder del pueblo: “Lo que no es más que un principio, lo que no puede decretarse, sino debe estar siempre en la conciencia de los hombres liberales, no figura en el Programa –se dice en el mismo-, porque no hay objeto para ello… siendo rudimentarios principios de liberalismo que el Gobierno debe sujetarse al cumplimiento de la Ley e inspirar todos sus actos en el bien del pueblo, se sobreentiende que todo funcionario liberal ajustará su conducta a este principio. Si el funcionario no es hombre de conciencia ni siente respeto por la Ley, la violará… No se puede decretar que el gobierno sea honrado y justo: tal cosa saldría sobrando, cuando todo el conjunto de las leyes, al definir las atribuciones del gobierno, le señalan con bastante claridad el camino de la honradez; pero para conseguir que el gobierno no se aparte de ese camino, como muchos lo han hecho, sólo hay un medio: la vigilancia del pueblo sobre sus mandatarios”. (7)
En ese mismo programa se plantea la no reelección del presidente y los gobernadores, la abolición de la pena de muerte, la laicidad y obligatoriedad de la enseñanza, la jornada de trabajo de 8 horas, el salario mínimo, la reglamentación del trabajo doméstico, la obligación de proporcionar vivienda a los trabajadores, la obligación de hacer producir la tierra, la entrega de tierra a quien lo solicitara para ser trabajada, la extensión máxima de la propiedad rural, la creación de un banco agrícola, el establecimiento de lazos de unión con los países latinoamericanos, principios que serán recogidos por otros luchadores revolucionarios y plasmados en lo fundamental en la Constitución de 1917.
Esta Carta, la primera constitución social de nuestros tiempos, delinea un proyecto de país que reafirma que la soberanía de la nación reside en el pueblo y que de éste surge todo poder público, el que instituye para su propio beneficio, que recupera para la nación el dominio pleno de su territorio y de sus recursos naturales, condiciona las modalidades de la propiedad al interés público, restituye las tierras a las comunidades despojadas de ellas, reconoce derechos a los trabajadores, establece la laicidad de la educación pública, prohíbe los monopolios, salvo los que reconoce como instrumentos del Estado, y garantiza el pleno ejercicio de las libertades individuales.
La Revolución Mexicana, que recoge lo esencial de los legados de otras luchas libertarias del pueblo mexicano, de manera destacada del movimiento por la Independencia y de la Reforma, se propuso la edificación de una nación independiente, con capacidad para ejercer con plenitud su soberanía, de un Estado democrático y de una sociedad igualitaria, en un orden internacional equitativo, pacífico y justo.
La Independencia, la Reforma y la Revolución provocaron grandes transformaciones en nuestro país, de sus instituciones, la sociedad y la economía. Ninguno de estos movimientos tuvo un desarrollo lineal. En su devenir, dieron logros positivos a los mexicanos: mejores instituciones, avances políticos y progreso social y económico. Desviaciones impuestas por intereses contrarios a sus objetivos fundamentales los llevaron a puntos ciegos, al estancamiento, a la destrucción al menos parcial de su obra constructiva, repitiendo, con las peculiaridades derivadas de los cambios de época y los reacomodos de fuerzas políticas y económicas en México y en el mundo, las condiciones de descrédito y rechazo al régimen político, deterioro social y retroceso productivo que fueron las chispas que en su momento constituyeron los detonadores de aquellos movimientos.
No quiero con ello decir que nos encontramos al borde de un estallido ni menos, en un sentido determinista, que por la llegada de una fecha deban producirse hechos determinados. En la historia no existen los destinos manifiestos ni las repeticiones mecánicas, pero estaremos de acuerdo, independientemente de nuestras particulares visiones, que México se encuentra en momentos graves en que precisa cambios, cambios profundos en sus condiciones sociales y económicas, en sus instituciones y en sus relaciones con el mundo, que mucho tienen que ver con aspiraciones planteadas por nuestros grandes movimientos sociales que han quedado en eso, en aspiraciones y para decirlo mejor, en aspiraciones no cumplidas.
México es hoy un país sumamente desigual, con una pobreza creciente y una economía estancada como consecuencia de treinta años de neoliberalismo, con fuerte descrédito de sus políticos, con un gobierno distante del pueblo y con su autoridad moral cada vez más disminuida, corroído por la corrupción y una delincuencia cada día más desbordada.
El gobierno reconoce que 47 por ciento de los mexicanos más de 50 millones, no cuentan con ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas y que de éstos, 18 por ciento, casi 20 millones, están incapacitados para adquirir la canasta alimentaria básica. Sólo en los años de la presente administración, hay seis millones más de mexicanos en condiciones de pobreza.
La desigualdad social puede apreciarse en el hecho que el 1 por ciento de los hogares más pobres del país concentra el 0.07 por ciento (7 centésimas) del ingreso, mientras que al 1 por ciento de los hogares más ricos llega el 9.2 por ciento de ese ingreso, esto es 131.43 veces más. (8) Muy lejos se está de la moderación de la opulencia y la indigencia a la que aspiraba Morelos.
En lo que va del siglo, y de hecho desde hace tres décadas en las que se siguen con rigor los lineamientos dictados por los Consensos de Washington, nuestra economía ha crecido con gran lentitud y la actual crisis mundial, sumada a una política económica oficial contraria al interés nacional, harán que en este año se produzca un decrecimiento de alrededor del 8 por ciento respecto al PIB, la mayor caída en la historia moderna del país, que ha provocado ya la pérdida de casi un millón de empleos formales y una desocupación que oficialmente afecta a 2 800 000 personas, aunque a decir de Humberto Musacchio, “[Los] números reales deben ser mucho mayores, pues el INEGI no considera desocupados a los que se incorporan a la economía informal o a quienes laboran unas cuantas horas a la semana, ni tampoco a los seis y medio millones de personas en edad de trabajar que no buscan empleo. Sin embargo, si se suma a este universo el de los jóvenes que llegan a edad laboral pero carecen de ocupación, el total de mexicanos sin empleo anda cerca de los 20 millones”. (9)
Los años de neoliberalismo económico y entreguismo político han sido años de desmantelamiento de sectores productivos clave, como la agricultura y la empresa mediana y pequeña, la mayor generadora de ocupación; de privatización y extranjerización de servicios básicos, como la banca, que ha dejado así de servir al desarrollo del país; de consolidación de poderosos monopolios privados, en el área de la comunicación destacadamente; y de extinción de instituciones y servicios públicos, como la banca de fomento y el extensionismo agrícola, para sólo citar algunos ejemplos, que hoy se ven como indispensables para la recuperación de un crecimiento económico sostenido en el largo plazo y para generar políticas de mejoramiento social.
En la situación por la que atravesamos, es indispensable que el Estado asigne más recursos y tome medidas concretas para la reactivación de la economía, la protección del empleo existente, la creación de nuevos puestos de trabajo, esto es, para elevar las condiciones de bienestar de la gente y para estimular la producción, la economía real.
Iniciada con solidez la recuperación económica, debe ponerse en práctica una política que garantice un crecimiento económico sostenido en el largo plazo, social y ambientalmente sustentable, y coordinadamente, una política social que permita avanzar en la disminución, hasta llegar a eliminarlas, de las desigualdades sociales y las diferencias en la calidad de los desarrollos regionales y urbanos.
Seriamente debe pensarse en una verdadera y profunda reforma fiscal, que sea resultado de un pacto social, llevado a cabo democráticamente entre los factores de la producción –trabajadores, empresa y gobierno-, que aporte los recursos que el país requiere para financiar su desarrollo, que tenga entre sus contraprestaciones para la población, la universalización del sistema de seguridad social (esto es, de atención a la salud, pensión, seguro de desempleo, etc.), financiado con recursos fiscales y consecuentemente desvinculado de la nómina.
Es imprescindible, además, iniciar lo que bien puede llamarse la reconstrucción institucional del Estado, considerando la legislación necesaria para hacer exigible ante el Estado el pleno ejercicio de los derechos constitucionales del ciudadano (al trabajo, a la salud, a la vivienda, etc.), la creación, reconstitución o reorganización de instituciones que den orden a las actividades del gobierno, apoyen el desarrollo de la economía y fomenten el bienestar de la sociedad, así como la desarticulación de los monopolios inhibidores del desarrollo.
Ante abogados no puede omitirse hacer mención a la necesidad de saneamiento de todo el sistema de justicia, de su procuración y administración, lo que se vincula al combate a la inseguridad, la corrupción y a todos los demás tipos de delincuencia. Pero mejor que yo, en este punto, ustedes tienen la palabra.
Estamos frente al reto y con la responsabilidad como generación, no sólo de imaginar, sino de construir una nación como la soñaron –y por la que con denuedo lucharon con las armas, con las ideas, la palabra y la pluma, transformando y construyendo instituciones y acuerdos- los actores que el pueblo libertario puso al frente de los movimientos por la Independencia, la Reforma y la Revolución, actualizando sus visiones para transformarlas en realidades.
Una nación de hombres libres e iguales ante el Estado, la ley y la sociedad, exige no sólo cambiar la situación que actualmente vive México, sino empeñarnos también en lograr un orden internacional equitativo y justo, y en insertarnos en las corrientes positivas de la globalización y de la integración que están teniendo lugar en el mundo y sobre todo, en nuestro continente.
Con el vecino del norte tenemos una estrecha relación, que es indispensable se torne equitativa. Las últimas administraciones, las del neoliberalismo, han deliberadamente ignorado al sur.
México requiere vincularse en los dos sentidos. Plantear un acuerdo continental de desarrollo, que abarque desde el Canadá hasta la Patagonia, que considere instrumentos que fomenten una cooperación para todos ventajosa, que se proponga disminuir hasta eliminar las asimetrías económicas, fomentar la igualdad social y garantizar el libre tránsito de mercancías y personas, y plantear al mismo tiempo la integración política con América Latina, a modo de constituir, en esta época de los grandes bloques político-económico-demográficos, que son los que aprovechan con ventajas las corrientes positivas de la globalización –Estados Unidos, la Unión Europea, China, Rusia, son ejemplos de ello-, un bloque que tenga la capacidad para insertarse y para insertarnos en esas corrientes, que tendrían que ser las de la cooperación y complementación equitativas y solidarias con todos los demás.
Asumir el reto de transformar el presente de degradación y desesperanza en un presente de edificación y optimismo, será garantizar un futuro, inmediato y mediato, de igualdad, progreso y bienestar, y será sobre todo, cumplir como generación de hoy con el legado histórico que hemos recibido de quienes entregaron sangre, vida, talento y esfuerzo en la Independencia, la Reforma y la Revolución para crear un México independiente y soberano, de libertades, democrático, justo y generoso con sus hijos.
Notas: 1/ Agustín Cue Cánovas: “Historia social y económica de México”. Editorial F. Trillas, S. A. México 1967. 2/ Luis Villoro: “La revolución de independencia” en “Historia general de México”. El Colegio de México. 1994. 3/ Luis Villoro: “La revolución de independencia”. 4/ Luis Villoro: “La revolución de independencia”. 5/ José María Morelos y Pavón: “Sentimientos de la Nación” en “Manuscrito Cárdenas”. Instituto Mexicano del Seguro Social. México. 1980. 6/ “Decreto Constitucional para la libertad de la América Mexicana” en “México a través de los siglos”. Obra única en su género publicada bajo la dirección del general don Vicente Riva Palacio. México/Ballescá y Comp. Editores. Barcelona/Espasa y Comp. Editores. 7/ “Programa del Partido Liberal” en “Planes políticos y otros documentos”. Fondo de Cultura Económica. 1954. 8/ José Narro: “Hacia la universalización de la seguridad social”. México, junio del 2009. 9/ “Excelsior”, 6 de agosto del 2009.
Cuauhtémoc Cárdenas, ingeniero, es un dirigente histórico de la izquierda mexicana. Su padre, el general Làzaro Cárdenas tuvo una política de extremada solidaridad con la república española en guerra y, luego, con los republicanos exiliados en México.
http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=3004
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