José Carlos Bermejo Barrera
Tasas, mentiras y el deshaucio de la Universidad Pública
Por poco que nos asomemos a los medios de comunicación, sea cual sea su tipo, en todas partes nos encontramos con un lema: existen los mercados. Y esos mercados se rigen por leyes casi físicas, como la ley de la gravedad que explica el movimiento de los planetas, unas leyes que estudian con primor las agencias de calificación de riesgos, que periódicamente vaticinan las más o menos inminentes quiebras de algunos países. Dichas agencias, que no fueron capaces de prever el estallido de la burbuja financiera, son capaces de poner de rodillas a la mayor parte de los gobiernos, en tanto que disfrutan de la credibilidad de esos mismos gobiernos y de casi todos los partidos políticos europeos, que están dispuestos a diseñar sus políticas económicas al albur de sus recomendaciones y de sus amenazas.
Una agencia de calificación de riesgos es una empresa privada que analiza las rentabilidades futuras de las inversiones financieras en todo el mundo a un plazo corto o medio. Las agencias de calificación asesoran a los inversores cosmopolitas que invierten su dinero en cualquier parte del mundo, en lo que sea, a condición de que les proporcione una alta rentabilidad. No importa que se trate de compraventa de moneda, de deuda pública, o de todo tipo de acciones y bonos, sean sanos o tóxicos, mientras sean rentables. Las agencias de calificación son una parte esencial del llamado capitalismo de casino, en el que la economía financiera especulativa asfixia a la economía productiva, al consumo, intentando acaparar los beneficios del capital de la forma más rápida y eficaz posible.
Se dice que, como la economía la rigen esos mercados (los financieros, porque la economía solo es inversión de capital), los mercados necesitan confianza, seguridad. Hay que tener tranquilos y contentos a los mercados y diseñar las políticas nacionales en ese sentido. De tal modo que los especuladores financieros internacionales y los grandes bancos - responsables de la crisis financiera- compren la deuda pública de unos estados que reflotaron a esos mismos bancos cuando hizo falta, para que se lucren de los intereses de la deuda que esos mismos estados les venden, con los que los estados se endeudan, desviando cada vez más sus recursos a la emisión de deuda pública y al pago de los intereses de esa misma deuda, a costa de cualquier otro tipo de gasto: social, productivo, sanitario, educativo…
Una de las últimas consecuencias de la necesidad de aplacar la ira de los mercados por parte del gobierno español, aunque quizás no sea la más grave, ha sido la subida de las tasas académicas, llevada a cabo bajo un lema económico muy sencillo: quien compra algo debe pagarlo, y consecuentemente si la educación universitaria tiene un coste deberá pagarlo en su totalidad o en parte quien la adquiere, puesto que, dado que el consumo de la educación superior está reservado a unos pocos ciudadanos, sufragarla totalmente a costa del erario público sería discrimatorio para todos los demás, tal y como ha señalado J.J. Dolado (Dolado, 2010) en un documento presentado por la Fundación Alternativas y el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso a finales del año 2010.
De acuerdo con este autor y los demás responsables de este estudio sufragado por el PSOE, cuyas ideas sobre la educación superior son idénticas a las del PP, aunque ahora en la oposición intente ocultarlo, hay que conseguir el objetivo de cubrir el coste real de la educación superior con la matrícula o las becas y los préstamos bancarios, que son esencialmente democráticos, según el coordinador socialista de este libro, Daniel Peña (Peña, 2010, p.14), ya que todo el mundo puede pedirlos, aunque unos puedan pagarlos mejor que otros y algunos de ninguna manera.
Hay pues un acuerdo en lo fundamental entre el PSOE, el PP, y la mayoría de los partidos en este sentido y se establece a base simplemente de repetir que el coste real de cada alumno universitario español anualmente es de 6.000 euros, lo que se calcula diviendo el coste total de las universidades públicas por el número de sus alumnos.
Este cálculo es una falacia, ya que si nos situásemos en la perspectiva de los mercados académicos habría que ver qué es lo que el alumno compra realmente y cuál es su precio. Veámoslo.
Primera parte: el cliente nunca tiene la razón
En contra de lo que se afirma por parte de nuestros políticos y de nuestras autoridades académicas, ninguna universidad de calidad puede mantenerse con el coste de sus matrículas. Las universidades necesitan diferentes fuentes de ingresos, y podríamos poner como ejemplo a la Universidad de Harvard, que disfruta del prestigio casi mítico de ser la mejor universidad del mundo.
Pues bien, Derek Bok (Bok, 2010), ex presidente de la Universidad de Harvard, ha dedicado un libro al estudio de la financiación de esa universidad, y en el mundo anglosajón otros autores, como Christopher Newfield (Newfield, 2003; 2008) han analizado este problema con rigor. Partiendo de sus estudios podríamos esbozar las siguientes conclusiones.
Todas las universidades privadas de gran calidad no son viables sin una parte de financiación pública, pues todas son deficitarias, aunque dispongan de distintos sistemas de ingresos. En el caso de Harvard, son los siguientes:
a) las tasas de matrícula, que pueden superar con creces los 20.000 dólares anuales y para cuyo pago algunos bancos concedían créditos;
b) las donaciones de los grandes protectores, a cambio de las cuales obtienen diferentes favores para sus familias o empresas o logran con ellas beneficios fiscales;
c) los ingresos derivados del deporte univesitario, que ya se han convertido en déficits por el coste de los equipos y entrenadores. Bok reconoce que un entrenador de baloncesto universitario gana más que un rector o presidente de la Universidad;
d) los beneficios de la investigación y la colaboración con empresas, que se han convertido en pérdidas (Newfield, 2008, pp. 125-129), puesto que las empresas solo encargan investigación a las universidades cuando les resulta más barata que hacerla ellas mismas;
e) la publicidad de la marca;
f) la venta de paquetes educativos en Internet, que comenzó siendo rentable, pero acabó por ir en contra de los interes de la universidad que los vende, ya que esa misma universidad demuestra que se puede prescindir de su docencia y de la mayor parte de sus profesores si casi toda la docencia pasa a ser virtual.
Derek Bok concluye que todos estos sistemas de financiación comenzaron dando beneficios y terminaron por dar pérdidas, y acaba reivindicado el papel básicamente docente de las universidades (¡estamos hablando de Harvard!) y la necesidad de la mejora de la educación superior. Y ello es así porque esa educación, como señala tambien Christopher Newfield (Newfield, 2003; 2008) está sufriendo un duro ataque en los EE.UU en aras de los valores del neoliberalismo. Un ataque cuyas piezas clave son:
a) necesidad de restringir el acceso a la educación superior;
b) redefinir los valores en los que se ha de asentar la universidad, que han de ser los valores del mercado y de la política norteamericana tradicional, frente al igualitarismo, el multiculturalismo y la crítica de los valores sociales tradicionales;
c) diferenciar la educación superior pública de baja calidad de la educación privada (aunque subvencionada) de alta calidad, destinada a la formación de élites políticas, económicas y científicas, a la que se accede básicamente por criterios económicos: matrículas o créditos para financiar másteres, que es donde se logra la educación de calidad;
d) asumir la pérdida constante del valor de los salarios de los científicos, profesores, ingenieros, médicos…, con los que pueden competir profesionales provinientes de países menos desarrollados, que están dispuestos a trabajar por esos salarios reducidos.
Todo ello es así en los EE.UU., un país en el que las mejores universidades son las universidades privadas, y en el que el acceso a la educación superior hasta ahora se venía considerando un privilegio y un signo de distinción social. En los EE.UU. la educación superior puede comprarse, o no, en un mercado libre, en el que las universidades fijan sus precios y seleccionan o captan a sus estudiantes. Ahí sí que puede hablarse de un mercado con universidades caras o baratas, públicas y privadas y de mayor o menor prestigio.
Por el contrario, en España la mayor parte de las universidades son públicas y sólo en ellas se paga a los profesores por su investigación. Sus tasas de matrícula son fijadas en una horquilla no muy amplia por el gobierno, con lo que la situación de mercado es radicalmente diferente a la de los EE.UU.
A continuación analizaremos desde el punto de vista del mercado qué compra un alumno de la universidad y qué recibe de ella. Y esto es aplicable a los casi 1.500.000 alumnos de grados y licenciaturas de las universidades públicas españolas, a los que atienden unos 105.000 profesores.
Tomaremos como ejemplo un Grado de Humanidades, en el que el coste de la matrícula es más bajo, por no tener prácticas de laboratorio, por ejemplo. Se dice que ese alumno cuesta al año al estado 6.000 euros; veamos si es cierto.
Un Grado se compone de 240 créditos ECTS. Cada crédito ECTS se compone de 25 horas, 10 de clase y 15 de trabajo, por las que se supone que el alumno no tiene que pagar a otro por trabajar para sí mismo, pues ello sería absurdo. En ese Grado solo puede haber como máximo 234 créditos de tipo presencial, lo que supone 2.340 horas de clase (234 x10).
Tomemos un grupo de 50 alumnos, lo que sería el mínimo exigible, según la reforma. En él cada alumno compra 2.340 horas de clase, cuyo coste debe ser dividido entre él y sus 49 compañeros de aula.
Si la clase dura una hora, consecuentemente el alumno compra 60 minutos de clase divididos por 50, o sea 1,2 minutos de clase del profesor. Por lo tanto el coste total del Grado por cada alumno será de 2.808 minutos de trabajo de sus profesores, o lo que es lo mismo, 46,8 horas de trabajo de sus profesores. Si, por ejemplo, su grupo de clase fuese de 100 alumnos, lo que ocurre en muchos casos, entonces compraría la mitad, o sea 23,4 horas de trabajo.
Como un alumno de humanidades lo que recibe básicamente es docencia, podríamos calcular el coste de lo que compra de la siguiente manera:
Sean 2.500 euros el salario medio mensual de un profesor universitario. Tiene que trabajar 37,5 horas semanales, siendo el coste de cada hora de su trabajo de 16,66 euros. Pero hay que tener en cuenta que de todo su trabajo anual solo dedica 240 horas a la docencia, por lo que en este cálculo el alumno compra no solo el porcentaje de docencia por hora de salario, sino tambien las correspondiente tutorías, y la parte alícuota del trabajo investigador y la labor administrativa de sus profesores.
Narturalmente, si los profesores fuesen contratados únicamente para impartir docencia por asignaturas sueltas, lo que cada vez se está haciendo más, entonces el coste de la docencia sería aun mucho menor.
El Coste del Grado para cada alumno sería , pues:
46,8 horas x 16,66 euros la hora = 779,88 euros en grupos de 50; y 389,94 euros en grupo de 100.
Si se le cobran 1.500 euros al año al alumno, el beneficio para la universidad será de:
1.500 euros por cuatro años del grado= 6.000 euros
Lo que restado de los 780 que cuesta todo el grado da un beneficio de: 5.220 euros
Es decir, que a ese coste la universidad está haciendo negocio, y ya no digamos a 6.000 euros anuales, o sea 24.000 por cada grado, lo que supondría un beneficio de 23.220 euros. Siempre que sigamos en el módulo mínimo de 50 alumnos, por debajo del cual un grado no es viable (Wert dixit).
Podríamos añadir otros costes, como las horas de tutoría por asignatura y profesor, aunque ello no sería necesario, ya que en el coste calculado el alumno paga la parte alícuota de toda la dedicación de su profesor y la tutoría va unida a la hora de clase. Aun así, hagásmolo, como si el alumno comprase otro servicio aparte.
Suponiendo que un profesor dedique 8 horas semanales a las tutorías de sus alumnos y siendo el coste de su hora de trabajo 16,66 euros, sus tutorías cuestan 133,28 euros. Y si esas son las horas de tutoría para cuatro asignaturas de 50 alumnos, el alumno comprará:
50 x 4= 200 fracciones de la tutoría total.
Si el coste de la tutoría semanal de cada profesor es de 133,28, el alumno adquiere:
133,28 / 200=0,6664
Dado que el curso tiene 30 semanas de clase, el coste de la tutoría que podría recibir el alumno serían 19,992 euros al año. Como el grado tiene cuatro años, el total supondría 79,96 euros, que habría que sumar al coste de los créditos del curso si el alumno no hubiese pagado la parte alícuota de las horas totales del trabajo del profesor, lo que ya ha hecho.
Sea, cobrémosle dos veces las horas de trabajo, por clase y tutoría, y aun así como el grado cuesta 780 euros, el coste anual por alumno será de 199,92 euros, a los que hay que sumar 19,992 de las tutorías, es decir, un total de 219,912 euros anuales. Muy lejos de los 900 actuales, de los nuevos 1.500 y de los 6.000 que se pretenden cobrar en el futuro.
Se me dirá que el alumno no solo compra horas de trabajo, sino servicios, como bibliotecas, aulas de informática, incluidos en la matrícula. Es cierto, pero no se le podría imputar más que la parte alícuota de la inversión anual en ellos, pues un alumno no tiene, por ejemplo, que pagar el coste total de todos los fondos de las bibliotecas de su universidad, que si es antigua, como Salamanca, Santiago, Valencia y otras, puede tener incunables y libros de gran valor que, por una parte el alumno no utilizará nunca en su grado, y por otra forman parte del patrimonio de esa universidad, no siendo imputables a su balance de ingresos y gastos contables anuales.
Aunque se incluyesen toda clase de costes (administrativos, por los que ya se paga una tasa aparte en la matrícula para cubrir su costo, de calefacción, luz, etc.), es evidente que de ninguna manera se puede justificar ese coste supuesto de 6.000 euros al año, desde la perspectiva del interés económico del alumno en el mercado académico.
Pero es que además de ello, toda la política económica de las universidades en los últimos años se ha orientado a disminuir las inversiones de interés común y desviar el dinero a los gastos administrativos y a los procesos de control, de utilidad casi nula, y a financiar la investigación de los profesores, a la vez que se promueve la creación de empresas dentro de las universidades, a la par que sedegrada la docencia, como veremos a continuación (sumado todo ello al pago de los interes y las deudas con los que los bancos tienen asfixiadas a muchas universidades).
Segunda parte: coge el sexenio y corre.
Las universidades españolas, al igual que las de la mayor parte de los países desarrollados, se han caracterizado en los últimos veinte años por entrar en lo que Benjamin Ginsberg ha llamado la universidad omniadministrativa (Ginsberg, 2011). En la universidad omniadministrativa se dispara el gasto de este tipo. En el caso español, el economista A. Galindo Lucas (Galindo Lucas, 2010, pp. 20-32) calcula que se ha multiplicado por tres el gasto administrativo, sin que ello suponga una mejora de la calidad de la docencia ni de la investigación gracias al mismo.
El gasto administrativo se dispara, se incrementa el número de administrativos y de profesores dedicados a la administración en docenas de cargos menores (Ginsberg los llama los nuevos deanlets, decanitos). Pero se empeoran los servicios comunes, como las bibliotecas.
En todo el mundo la publicación académica ha entrado en picado, como señala Lindsay Waters, editora de Harvard University Press (Waters, 2004), debido sobre todo a que las propias bibliotecas universitarias -de las universidades de élite, ¡ojo, estamos otra vez en Harvard!- están dejando de comprar monografías. Si eso es verdad en Harvard, en los EE.UU., la realidad es mucho peor en España.
En España no sólo ha caído en picado la compra de libros en las bibliotecas universitarias, sino que hay una auténtica cruzada por parte de las autoridades académicas en contra de los libros. Se ha impuesto lo que Mark Helprin llama la barbarie digital (Helprin, 2009), solidaria de la ola omniadministrativa según la cual todo es controlable por protocolos sencillos que se puedan procesar en un ordenador y sean mecánicos.
En España, políticos y autoridades académicas han conseguido convertir las universidades en rebaños digitales, siguiendo la denominación acuñada precisamente por un informático, Jaron Lanier (Lanier, 2011). En el rebaño digital es necesario simplificar el pensamiento, a lo que están contribuyendo en España las TIC, que en vez de ser herramientas utilísimas han pasado a convertise en un fin en sí mismas. En el rebaño digital, encarnado en la docencia en el aula en el PowerPoint, se está consiguiendo, tal y como ha analizado Frak Frommer (Frommer, 2011), volver cada véz más estúpidos, dixit Frommer, a docentes y alumnos, que están llegando a creer que el aula o es virtual o no es nada. Además, por el desprecio del libro, del texto complejo, de la narración estructurada, del argumento en varios niveles, y por la omnipresencia de la imagen, el esquema y el cuadro, alumnos y profesores se están volviendo cada vez más superficiales, tal y como ha señalado Nichols Carr (Carr, 2011).
Se está perdiendo la capacidad de lectura porque Internet, mal utilizado, favorece la conexión en paralelo, el linkeado, frente a la visión compleja de los conjuntos, estructuras y problemas. Se está llegando a creer que Internet es el mundo en donde está todo: “es que lo dice Internet” es una frase cada vez más frecuente en el alumnado. Se obvia decir que todo lo que está en Internet ha sido metido allí por alguien, que los textos tienen autor, aunque sean plagios, porque el plagiario también quiere ser autor, y se obvia decir que en un corpus de información dado, un buscador de Internet, que se basa en unos algoritmos, siempre encontrará la misma información para los mismos usuarios. Y que si eso fuese así y no existiesen otros medios de búsqueda y análisis de la información, no solo desaparecería la idea de autor y de originalidad, sino que cualquier clase de innovación sería imposible.
En Harvard, Derek Bok analiza cómo la venta de paquetes docentes originales protegidos por derechos de autor acaba yendo en contra de los intereses de los que los venden. En España, esos paquetes ni siquiera son originales. En la universidad española Internet es la noche en donde todos los gatos son pardos, es el reino del anonimato, del corta y pega, del protocolo impuesto y del formato obligatorio, porque sólo los que diseñan el formato son originales. Son originales para imponer su voluntad por medios digitales, sean ellos administrativos, profesores evaluadores, rectores o ministros. Y por eso en la universidad española se desprecia cada vez más la docencia, como se puede ver en el Real Decreto del 20 de abril de 2012.
En él se decide castigar con más docencia a los peores profesores y premiar a los mejores rebajando su esfuerzo docente. Porque la docencia es un castigo, es en realidad degradante en la carrera académica, y lo es porque la propia docencia está degradada, simplificada, burocratizada, diseñada y controlada por moldes rígidos, basados en conceptos y palabras vacíos y apta para que la imparta cualquiera.
Por eso la docencia es un castigo, por eso no hacen falta verdaderos profesores originales. Por eso se favorece la docencia virtual, porque permite prescindir del profesor y convertirlo en tutor con salario reducido y situación precaria, como señala D. Bok, y porque permite contratar taxi professors, como señala Frank Donoghue (Donoghue, 2008). Profesores sumisos, sometidos a evaluaciones constantes por parte de otros profesores privilegiados, por sus autoridades académicas y por sus gobernantes.
Esos profesores perpetuamente evaluados y premiados con menos docencia van a conocer un verdadero paroxismo evaluador con este decreto aprobado por el Consejo de Ministros. Un decreto que se basa en los siguientes puntos.
a) los profesores que no tienen ningún sexenio, a pesar de que la LOU les reconoce su plena capacidad docente e investigadora y en ello son iguales a los demás, son lo más bajo de la escala académica, por lo que se los castiga con una docencia de 320 horas anuales frente a las 240 de los restantes;
b) si un profesor consigue un sexenio impartirá 240 horas – lo que casi nadie hace por exceso de plantilla. Pero ojo, si no pide otro, o si se le deniega uno, caerá en el pozo de los profesores torpes sólo aptos para enseñar, dado que enseñar, lo que se dice enseñar, lo puede hacer cualquiera (si de lo que se trata es de enseñar de forma degradada);
c) sólo si un profesor ha logrado sus cinco sexenios, podrá dormir en paz, puesto que ya no podrá ser de nuevo arrestado a dar más clases por parte de otros profesores evaluadores, en algunos casos con muchos menos sexenios que el degradado. Aunque naturalmente siempre se podrá inventar otra nueva evaluación para poder tener siempre dominado a todo el profesorado.
El profesor ideal será pues aquel que considere que su docencia es un obstáculo para su carrera y que tenga casi todo su tiempo para investigar y poder pedir los sexenios que lo liberen de la mazmorra docente, le permitan formar empresas en su universidad, ahorrando costes y maximizando beneficios, a la vez que ir acaparando para su grupo el dinero de investigación que cada vez será más escaso. El profesor superexcelente puede además cobrar dos veces sus horas de trabajo como profesor, su nómina paralela por actividades investigadoras y obtener beneficios empresariales en su propia universidad.
Los alumnos sin embargo han de pagar el supuesto coste total de sus estudios con sus 1.500 euros anuales y con sus 6.000 euros ideales para que este sistema funcione de acuerdo con el:
Teorema de Ignacio Wert:
Toda docencia universitaria puede mejorarse incrementando sus costes e incentivando a todos los profesores para que progresivamente dejen de impartirla.
EPÍLOGO
a) En el mercado ideal todo agente económico ha de intentar minimizar sus gastos e incrementar sus beneficios mediante el estudio de los precios. Por ello si el incremento del precio de una mercancía no se corresponde con un incremento de su utilidad, un agente económico racional deberá optar por no comprarla.
Por esta razón, es evidente que el incremento sucesivo de las tasas de las universidades públicas hará que progresivamente los alumnos españoles decidan irse cambiando a las universidades privadas, pensando que los atenderán mejor, siempre y cuando la diferencia de los precios entre unas y otras sea cada vez menor.
b) Si una o varias personas, mediante los mecanismos que fueren (ocultando información o utilizando la coerción), alteran el precio de las mercancías, se puede decir que están practicando la maquinación para alterar el precio de las cosas.
c) Las Agencias de calificación de riesgos pueden maquinar cada día el precio de todos lo valores bursátiles, el gobierno puede establecer de la forma que desee, sin tener en cuenta los costes reales, los precios de las tasas universitarias. Los únicos que no pueden maquinar para alterar el precio de las cosas son los estudiantes universitarios españoles.
BIBLIOGRAFÍA
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