¡Quieto todo el mundo! ¡Esto es Bolonia!

¡Quieto todo el mundo! ¡Esto es Bolonia!

José Carlos Bermejo Barrera

Sáb, 18/12/2010 - 23:47.

¿Podríamos imaginarnos un comando fuertemente armado de toda una panoplia de competencias y habilidades irrumpiendo violentamente en un organismo que se rige por ley? ¿Y que además que el jefe del comando advirtiese a todos los presentes que pronto iba a llegar una autoridad, “pedagógica por supuesto”, que se haría cargo de la situación? Quizás si, y quizás no. Mucha gente podría decir que esto solo puede ser el fruto de la imaginación de alguna mente cuyo gusto por la exageración quizás fuese el síntoma de algún posible trastorno cerebral. Sin embargo hay que reconocer que tras esta hispánica alegoría podría esconderse algo de verdad.

Y es que, en efecto, uno de los aspectos más sorprendentes del llamado proceso de Bolonia es observar cómo a través de él se ha conseguido conculcar los derechos básicos del profesorado en lo que se refiere al desarrollo de su plena capacidad docente e investigadora – reconocida por un artículo de una ley orgánica-, gracias a la introducción de un sistema de control que no tiene reconocimiento legal alguno, puesto que se basa en una serie de pseudo-conceptos que jamás podrán alcanzar reconocimiento jurídico alguno.

Es enormemente llamativo que la supuestamente mayor y radical reforma de la enseñanza superior española se haya hecho sin crear un marco legislativo integral nuevo, sino manteniendo las leyes anteriores, creadas para un marco económico, social e histórico diferente. Ahora bien, esas leyes se mantienen no porque se las quiera respetar, sino porque no se tiene el valor de crear un marco jurídico global que de amparo claro y rotundo a los procesos de patrimonialización de las universidades por parte de empresas privadas, que reconozca los valores del pensamiento liberal como bases esenciales de las instituciones académicas, y que de barra libre al proceso de adelgazamiento y reconversión de las universidades que está teniendo lugar en todo el mundo.

 España esto se está haciendo de modo solapado. Es curioso comprobar cómo en un documento clave como el presentado por la Fundación Alternativas y el Grupo Parlamentario Socialista, titulado Propuestas para la reforma de la universidad española, (Madrid, 2010; puede verse en http://firgoa.usc.es/drupal/node/47905) varios de su autores, destacados ideólogos en el marco del socialismo español, insisten en la necesidad de no crear nuevas leyes, sino redes de normas, mediante las cuales ir cambiando el sistema entero poco a poco. Yo diría que además de un modo artero y ladino.

Un buen ejemplo de ello lo tenemos en la introducción de los pseudo conceptos de competencias y habilidades como base de la estructura de los planes de estudio y la enseñanza. Como han señalado F. Angulo Blasco y S. Redón Pantoja (Competencias y contenidos: cada uno en su sitio en la formación docente, http://firgoa.usc.es/drupal/node/47760), ambos conceptos, estructurados en el abanico de las 69 competencias que rigen los actuales planes de estudio, no tienen ningún valor cognoscitivo y solo sirven para crear un mecanismo taylorista de control formalizado y cuantificable de los cuerpos de profesores.

Y no deja de ser curioso que estas dos vagas ideas, fruto del modelo más simplista imaginable de conductismo, además de carecer de una definición formal precisa, tampoco tienen necesariamente nada que ver ni con los contenidos reales, ni con los procedimientos de la investigación, ni con los procesos de construcción de conceptos, ni con los diferentes instrumentos (lingüísticos, lógico-formales, hermenéuticos, o de recopilación, procesamiento y análisis de los datos) que son necesariamente diferentes en cada campo de estudio y en cada titulación.

 

El discurso de las competencias y habilidades permite gritarle a los profesores “quieto todo el mundo” de una manera que es algo más que una siniestra metáfora, puesto que les obliga – sin base legal alguna- a perder su plena capacidad docente e investigadora específica de su campo de conocimiento y que solo los profesores titulados poseen, en función de sus capacidades intelectuales y de su condición legal de profesores de la universidad española, y someterse al control no sólo de profesores evaluadores, sino incluso de funcionarios que no tienen ningún tipo de capacidad ni competencia docentes e investigadoras, pero que, como buenos funcionarios, aplican las normativas que progresivamente se van aprobando.

Como se han elaborado planes de estudio basándose solo en requerimientos formales, la rígida rejilla normativa impone que todos los profesores acepten sumisamente pseudo conceptos que no tienen nada que ver con los contenidos intelectuales de sus materias, y a los que se les da un reconocimiento jurídico, a pesar de que no son conceptos legales definibles.

Por poner un ejemplo, se le puede exigir a un profesor que de a conocer, ponga por escrito en papel o en soporte digital la materia qua va a impartir, que regule la forma en que va a examinar a sus alumnos y que deje muy claras las reglas del juego docente, porque la relación entre un profesor y un alumno en una universidad pública esta regulada y sujeta al derecho administrativo, que es el que regula las relaciones jurídicas entre el estado y sus ciudadanos.

El profesor y el alumno tienen derechos y deberes, el profesor debe saber cuáles son sus derechos y obligaciones y tiene que dejar claro qué enseña, a quién se lo enseña y bajo qué condiciones. La administración así debe exigírselo. Sin embargo, lo que no se le puede imponer es la forma y el modo bajo los cuales ha de impartir su docencia.

Ello es así porque forma y contenido van unidos, razón por la cual controlar la calidad de la docencia con procedimientos formales y sin entrar nunca en el análisis de los contenidos es un sinsentido, un sinsentido básico promovido por la ANECA, no ingenuamente, sino concebido como un instrumento de control.

Si a un profesor se lo obliga a impartir su materia en módulos iguales para cada titulación, o para todas ellas, con los medios y las técnicas - supuestamente neutras – establecidas por los creadores de la enseñanza sin contenido; si le imponen, como en el caso de algunas universidades, unos módulos horarios rígidos que establecen divisiones discutibles, cuando no ridículas entre expositivo, práctico, interactivo…, etc., se le está obligando a repensar su materia, su función como profesor e incluso su forma de expresión de un modo arbitrario.

Los profesores deben ser controlados, han de cumplir sus obligaciones, que siempre han de estar claras. Como funcionarios tienen obligaciones laborales, docentes e investigadoras, pero sólo ellos tiene el conocimiento acreditado de su propio campo del saber. Un conocimiento que no se controla ya, puesto que no se les exige conocer los contenidos reales de sus materias en sus concursos de acceso. Y sobre todo porque quienes crean estos nuevos sistemas de control no tienen conocimiento de casi ninguna materia específica, lo que no les importa en absoluto, ya que saben que si lo tuviesen ellos sólo podrían controlar su propio campo de conocimiento, pero no todos los demás, que es a lo que ellos aspiran.

Conozco casos en los que funcionarios ha llamado la atención a profesores porque sus programaciones docentes no se ajustan a los módulos establecidos. Esos funcionarios tienen razón, en tanto que actúan como funcionarios y cumplen su deber. Pero no la tienen en tanto que al obrar así pretenden actuar como controladores de la calidad de la docencia, lo que no pueden hacer de ninguna manera, porque esos funcionarios no tienen ningún tipo de capacidad docente e investigadora, y consecuentemente están de hecho usurpando la capacidad docente de los profesores.

En el mundo cada vez más paralegal de “Bolonia” están naciendo nuevas figuras de profesores de profesores. Y son esos profesores universales, a veces autoridades académicas nombradas o elegidas, quienes sentencian y dictaminan sobre cómo deben enseñar o investigar los demás, utilizando a veces el curioso latiguillo de: “bueno esto es así en mi campo, los demás no los conozco, pero es evidente que esto podría aplicársele”.

El profesor universal puede ser un cargo académico que confunde responsabilidad administrativa con sabiduría docente, un evaluador, un pedagogo diseñador de sistemas de control, o un profesor encargado de coordinar una titulación que, si pierde el sentido común y se siente investido de esta nueva suprema autoridad pedagógica universal, no solo intentará corregir las “programaciones” de su compañeros para que se ajusten al módulo universal, convirtiéndose en una auténtica señorita Rottenmeier de la burocracia docente, sino que - y de esto también se han dado casos en España-, podrá intentar controlar a otros profesores e incluso imponerles sus libros de texto, los materiales, e incluso la forma en la que han de impartir su docencia. Se dicen los pecados, pero no los pecadores.

La negativa a cambiar el marco jurídico global de las universidades, unida a la proliferación de normas de todo tipo, constantemente cambiantes y contradictorias entre sí, ha conseguido no solo generar un caos real, sino crear el caldo de cultivo para que en un mundo académico aparentemente regulado por normas hasta el detalle más nimio, se esté produciendo un asombroso crecimiento del poder personal.

Un poder personal primero de los Rectores, los únicos cargos administrativos que resuelven los recursos contra sus propios equipos de gobierno, ya que en ellos se agota la vía administrativa en cada universidad, al no poder ser recurridas su resoluciones antes los niveles administrativos de los gobiernos autonómicos de los que ellos dependen. Y al tener el poder de enviar a los reclamantes no conformes a la vía judicial contencioso-administrativa, cuya lentitud y escasa eficacia es de todos conocida.

Y también de muchos cargos académicos de menor entidad, de algunos funcionarios, de muchos pequeños cargos que reciben la encomienda de aplicar las normas del control abusivo – a lo que algunos acceden con un entusiasmo rayano en el frenesí –, e incluso de los evaluadores de la investigación y la docencia, fervientes creyentes en las virtudes de un sistema que les atribuye un gran poder discrecional.

La creación de complejos sistemas normativos horizontales que interfieren e incluso violan leyes de superior jerarquía es el caldo del cultivo de lo que podríamos llamar el nuevo golpismo académico. Un metafórico golpismo que, como todos los golpismos, considera periclitado el marco legal vigente, y en lugar de pedir nuevas leyes, decide cambiarlo, no por la fuerza de las armas, sino por una nueva artera astucia administrativa, que está consiguiendo destruir las garantías jurídicas sin las cuales el estado de derecho deja de existir.

Al grito de “¡quieto todo el mundo, esto es Bolonia!”, metafóricos comandos de golpistas parecen querer apoderarse de la universidad pública. De momento han conseguido dejar paralizados a muchos profesores que parecen haberse escondido debajo de su mesa. Lo más curioso de todo ello es que no se hayan dado cuenta aun de que esas relucientes armas negras que se exhiben para amedrentarnos en realidad no son de hierro, a Dios gracias: son de regaliz. Hasta nos las podríamos comer y dejar a los metafóricos golpistas en el más supremo de los ridículos.