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miércoles, 12 de junio de 2013

Leyes de indemnización por despido y pago del XIII mes, otro engaño del gobierno




Leyes de indemnización por despido y pago del XIII mes, otro engaño del gobierno
 MOVIMIENTO POPULAR UNIFICADO


En Panamá los partidos políticos tradicionales (que son todos de la burguesía) utilizan al estado como fuente de acumulación mediante contratos y a los empleados públicos como instrumentos del clientelismo. Para despedir a su antojo y nombrar a los allegados en los cargos públicos, ningún gobierno ha respetado la estabilidad de los empleados públicos, ni mucho menos ha ratificado los Convenios de la OIT sobre el sector.


Cuando falta poco para acabar su mandato, el gobierno de turno se apresura a legislar en apariencia a favor de la estabilidad laboral de sus funcionarios, pero todo no pasa de burda maniobra para mantener sus votantes. Así hizo el gobierno de Martín Torrijos -PRD, que despidió a  mansalva y a última hora impuso una Ley de Carrera Administrativa y unos concursos manipulados. Ahora el gobierno de Ricardo Martinelli -CD pretende presentarse como el salvador de los empleados (as) públicos, cuando la Asamblea de Diputados aprobó en sesiones extraordinarias -para no consultar con los sectores afectados-  dos leyes que supuestamente tratan de hacer justicia a los trabajadores del sector estatal.


Los proyectos de ley 609 y 610 fueron aprobados rápidamente la semana pasada,  uno otorga indemnización por despido injustificado y el otro autoriza el pago de los xiii mes atrasados de 1989, 90 y 91. 


El proyecto 609, no hace justicia con los empleados públicos que han esperado 24 años para recibir sus "décimos" adeudados por el estado, porque no se pagarán en efectivo, sino que se emitirá un "Certificado de Pago Negociable del Décimo Tercer Mes" (CERDEM), que se hará efectivo escalonadamente entre 2015 y 2017. Los trabajadores(as) que no quieren seguir esperando más, tendrán que dejar un porcentaje para los comerciantes, como sucedió hace algunos años con el denominado CERPAN. Un negocio redondo para los oligarcas.


Además, este pasivo laboral ya había sido aprobado mediante la ley 19 de 2009, en donde quedaba pendiente incluirlo en el presupuesto general del Estado. Consideramos que estos pagos deben ser inmediatos, ya que es una obligación del Estado el pago de los compromisos laborales de los gobiernos anteriores;  en la exposición de motivos del 609 expresan que "los recursos del Estado son primordialmente para la culminación de las estructuras", como si la vida humana no importara. Además, el monto pendiente no refleja el aumento del costo de la vida en 24 años, ni los intereses. Durante un cuarto de siglo, los gobiernos de todos los partidos empresariales han tenido plata para todo (viajes de lujo, jugosos contratos, partidas discrecionales, etc.) menos para cumplir esta obligación legal con los trabajadores estatales.


En las leyes aprobadas no mencionan la estabilidad para los funcionarios(as),  pero nuevamente nos dejan en la indefensión pues la carrera administrativa debía iniciar desde al 1 de agosto pasado. La sola palabrita "estabilidad" parece que le da alergia al gobierno.


Según la Constitución y la Ley de Carrera Administrativa, no deben existir despidos injustificados. Aun cuando es de justicia equiparar las condiciones laborales entre los trabajadores públicos y privados, lo que no dicen los Diputados es que esta  ley (Proyecto 610) no tiene esa intención, pues deja la aplicación del pago por despido para el otro gobierno. De manera que el gobierno de Martinelli puede continuar con los despidos a conveniencia, como acaba de pasar en muchas entidades públicas con funcionarios obligados a inscribirse en el partido oficialista, Cambio Democrático, y que al  no ir votar a las primarias de ese partido han sido despedidos.


Tampoco resuelve el Proyecto 610 el problema de los procedimientos judiciales eternos cuando los funcionarios apelan por despidos injustificados, tanto que la mayoría ni siquiera intenta acudir a los tribunales, y cuando hay la suerte de que un juez falle en una demanda por despido injustificado, casi siempre es contra el trabajador.


El Proyecto 610, que dice "equiparar" los derechos de los trabajadores del sector público con los del sector privado, no equipara: ni el monto del décimo tercer mes, cuyo tope es B/. 400; no se pagan las horas extras en efectivo, sino en tiempo compensatorio; no se permite la sindicalización ni negociar convenciones colectivas como lo establece los convenios 151 y 154 de la OIT, aprobados por la mayoría de los países. En cambio existe una persecución en contra de numerosos dirigentes sindicales con llamados a juicio, suspensiones y despidos.


Parece que el gobierno quiere mejorar su imagen para la reunión en la OIT que se lleva a cabo esta semana, pero si quisieran realmente mejorar la situación laboral para los funcionarios(as) deberían cumplir con lo establecido en al carrera administrativa e iniciar los concursos de inmediato y detener los nombramientos por el clientelismo político.


Para cambiar todo esto debemos movilizarnos y tener una política  y un Plan Nacional de Lucha de los sectores populares en forma unitaria, como se ha hecho en otras ocasiones, pues hasta el momento prevalece la atomización de los reclamos, como por ejemplo, las enfermeras, bomberos, educadores. Tampoco podemos caer en el carnaval electorero que nos tienen los partidos de la derecha empresarial, que quieren que dejemos todas las reivindicaciones y luchas en función de las elecciones del próximo año.


Por todo lo expuesto, desde el M.P.U. exigimos al gobierno de Martinelli: que estas leyes no sean sancionadas, sino devueltas a la Asamblea Nacional, para que con un debate verdaderamente democrático en que participen los gremios del sector público, se hagan las modificaciones que sí beneficien a los trabajadores.



Panamá, 11 de junio de 2013

Enviado por Olmedo Beluche

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